Sentencia AC-460-18 — Registro 8750
Resumen
La Sala Constitucional en un caso de condena en costas en un proceso de violencia doméstica llega a la conclusión de que no cabe imponer la regla de vencimiento y pago de costas a la mujer que acude ante esta jurisdicción; como tampoco cabe trasladar esa responsabilidad a quien le representa en el proceso, como ocurre en el presente caso, el Ministerio Público o el Estado de Honduras, sin embargo, se desestima, en virtud de que a juicio de la Sala, la presente acción no debía dirigirse en protección del Estado sino en tutela de la denunciante.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Para garantizar la gratuidad a la denunciante, las instituciones ya sean de derecho público o privado que ejecuten programas o proyectos de atención legal a mujeres afectadas por violencia doméstica, como: Ministerio Público, profesionales del derecho de las Consejerías de Familia o cualquier institución estatal u organización no gubernamental, deberán atender y suministrar a las denunciantes los servicios legales oportunos, para lo cual todos los días y horas son hábiles. En el caso de las (os) fiscales mediante personamiento en juicio, actuaran en representación de la afectada…"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 6, Preámbulo 7b y f (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1, 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 30 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 31 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219, 4 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."este Tribunal ha establecido que los Estados tienen “el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia […] conforme a las obligaciones específicas que le imponen las Convenciones especializadas […] en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer. [D]ichas disposiciones […] especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana”, así como “el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal”. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que no cabe imponer la regla de vencimiento y pago de costas a la mujer que acude ante la jurisdicción de violencia doméstica; como tampoco cabe trasladar esa responsabilidad a quien le representa en el proceso, como ocurre en el presente caso, el Ministerio Público o el Estado de Honduras. La última parte del párrafo anterior se refuerza con lo dispuesto de manera expresa por el artículo 219.4 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: “En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de ley.” Para la Sala entonces, resulta evidente que la disposición de condena a costas en el fallo que se impugna fue dictada contra legem, tomando en cuenta lo que dispone de manera expresa el artículo 4 reformado de la Ley contra la Violencia Doméstica; y más aún es inconstitucional por cuanto quebranta normas contenidas en la Carta Magna e instrumentos internacionales de derechos humanos (bloque de constitucionalidad). Sin embargo, se desestima la presente garantía de amparo, en virtud de que, a juicio de la Sala, la presente acción no debía dirigirse en protección del Estado, sino de la señora Ruth Abigail Chávez Torres, porque en todo caso habría sido ella, la persona afectada por la resolución de la honorable corte de apelaciones.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 6, preàmbulo 7b y f (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1, 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 30 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 31 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219, 4 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Por consiguiente, el artículo 4 reformado de la Ley contra la Violencia Doméstica constituye el cumplimiento de las obligaciones que imponen las reglas antes citadas y transcritas, debido a que la gratuidad, que incluye la dispensa de pagar costas, es una efectiva herramienta que viabiliza el acceso a los tribunales en búsqueda de protección cuando estima que ha sido víctima de violencia doméstica; si no fuera así, el pago de costas en los términos que indica el Código Procesal Civil, sería un valladar, un obstáculo que la disuadiría de acudir a la protección mencionada, por el temor de tener que pagar en caso de que no prosperara su pretensión. El Estado tiene la obligación reforzada de proteger de manera especial a sectores vulnerables de la población, como el caso que nos ocupa; esto incluye evitar que la mujer sufra de discriminación, que se traduce en estos casos en dispensar de pagos a quienes acuden en auxilio judicial, cumpliendo de esta manera con las reglas 30 y 31 que dispone la obligación de que el Estado provea asistencia de calidad, gratuita y especializada. En este mismo sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado: “207. La Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que “la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”, así como que “la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género.” “258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 6, Preàmbulo 7by f (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1, 1.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 30 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 31 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Ministerio Público, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219, 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 7, b y f (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, doce de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia de la garantía constitucional de amparo interpuesto por la fiscal, abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la resolución dictada en fecha veintiuno de marzo dos mil dieciocho por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución dictada en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete por el honorable JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora RUTH ABIGAIL CHÁVEZ TORRES contra el señor MELVIN RONEY RODRÍGUEZ NÚÑEZ. Estima la amparista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 80 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, compareció ante el honorable Juzgado especial contra la violencia doméstica del departamento de Francisco Morazán, la señora RUTH ABIGAIL CHÁVEZ TORRES, interponiendo denuncia en contra del señor MELVIN RONEY RODRÍGUEZ NÚÑEZ, manifestando que éste le quitó a su hija de dos años, ya que le dijo que no quería estar con él, corriéndola de la casa y sin dejarla sacar sus pertenencias. (Folio 1 de la primera pieza de los antecedentes). 2. Seguido el trámite legal correspondiente, el citado juzgado, dictó sentencia en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual falló: “a) Declarando SIN LUGAR, la denuncia de VIOLENCIA DOMÉSTICA, promovida por la señora RUTH ABIGAIL CHÁVEZ TORRES, contra el señor MELVIN RONEY RODRÍGUEZ NÚÑEZ, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. b) Los mecanismos de protección impuestos están vencidos en virtud de haber transcurrido el plazo legal. c) Notificar el Certificación de la Sentencia recaída en el Recurso de Amparo Civil No.0460=2018 de fecha 12 de diciembre de 2018. presente fallo dentro del plazo que manda la ley a las representantes procesales de las partes a través de la secretaria adjunta de este despacho judicial.” (Folios 79–82 de la primera pieza de los antecedentes). 3. Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada MIRIAN YANET DOMÍNGUEZ MURILLO, adscrita a la Unidad contra la violencia domestica de la Fiscalía especial de la mujer del Ministerio Público, en su condición de representante procesal de la señora RUTH ABIGAIL CHÁVEZ TORRES, la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual falló: “1) Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación, interpuesto por la abogada MIRIAN YANET DOMÍNGUEZ MURILLO, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante procesal de la señora RUTH ABIGAIL CHÁVEZ TORRES, contra la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado especial contra la violencia doméstica del departamento de Francisco Morazán. 2) SE CONFIRMA la sentencia recurrida. 3) CON COSTAS para el recurrente.” (Folios 7–14 de la segunda pieza de los antecedentes). 4. En fecha quince de junio de dos mil dieciocho, compareció la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ, ante este alto tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho por la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado la garantía de mérito, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho. (Folio 1–8 y 32 de la presente garantía constitucional). ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le Certificación de la Sentencia recaída en el Recurso de Amparo Civil No.0460=2018 de fecha 12 de diciembre de 2018. mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos de petición y principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 80 y 321 de la Constitución de la República. La impetrante en su condición de fiscal refiere que la decisión de la honorable corte de apelaciones de condenar en costas al Estado mediante el fallo dictado en fecha veintiuno de marzo del presente año violenta el derecho de petición y el principio de legalidad, exponiendo las razones que a continuación se resumen. Disiente de la decisión de condena en costas porque de las actuaciones se colige que la decisión de denunciar y acudir en apelación no se hizo de manera infundada, ni al margen de la legalidad o por razones ajenas a los principios reguladores del Ministerio Público, sino que por el contrario, la agente fiscal actúa en representación de los intereses generales de la sociedad, en cumplimiento de sus funciones asignadas por la ley y como interviniente de buena fe. Es por ello, que las actuaciones del ente fiscal no deben conllevar la imposición de tal sanción. Establece que la actividad de la fiscalía se ampara en los principios contenidos en los artículos 1.1, 15, 16 numerales 1 y 3 de la Ley Ministerio Público. Asimismo, de manera expresa el artículo 219.4 del Código Procesal Civil establece en cuanto a la imposición de costas, que en ningún caso se impondrán al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de la ley. La agente de tribunales estima que la corte de apelaciones se ha excedido en el ejercicio de sus atribuciones, desconociendo el contenido del artículo 15 de la Ley del Ministerio Público que establece que esta entidad actúa como parte de buena fe. Así, de esta manera, la fiscal explica la violación del principio de legalidad contenido ene le artículo 321 constitucional y el derecho de petición, éste último en virtud de que con la condena en costas, limita el ejercicio de este derecho, materializado en la interposición de un recurso, dejando la posibilidad de que exista indefensión. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Consta en autos que la honorable Corte Primera de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán dictó la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en cuya parte dispositiva o de fallo confirmó la decisión del a quo, mandando el pago de costas. No existe en la parte de fundamentos jurídicos, argumentos que se puedan relacionar con la disposición de condena a costas. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente hacer algunas reflexiones que vienen al caso sobre el thema decidendi que propone la censora en sus escritos de interposición y formalización de la garantía constitucional de amparo. La expresión, “con costas”, que se encuentra en el fallo de segunda instancia, podría indicar el pago de éstas por parte de quien fue vencido en el proceso, o podría indicar otra cosa, puesto que el juzgador no hace señalamiento alguno de quien debe pagar dicho concepto. Esa falta de pronunciamiento de la corte de apelaciones hace que el agente de tribunales incurra en el error de asumir que las costas del proceso deben ser pagadas por el Estado de Honduras; cuando en todo caso, a quien le correspondería cubrir el importe de dicho concepto, según opinión de este alto tribunal, es a la parte, o sea la señora Ruth Abigail Chávez Torres, y no quien la representó procesalmente en juicio. No obstante, a juicio de la Sala de lo Constitucional, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil con relación al pago de costas y en el caso específico de la mujer, debe hacerse siguiendo las reglas que brinda la Ley contra la Violencia Doméstica, la cual dispone expresamente en el artículo 4 reformado, lo siguiente: “Para la presentación de una denuncia e imposición de medidas de seguridad a que se refiere esta Ley, no se requerirá la representación de un profesional del Derecho; no obstante, en la substanciación procesal posterior si serán necesarios los servicios de dichos profesionales. Para garantizar la gratuidad a la denunciante, las instituciones ya sean de derecho público o privado que ejecuten programas o proyectos de atención legal a mujeres afectadas por violencia doméstica, como: Ministerio Público, profesionales del derecho de las Consejerías de Familia o cualquier institución estatal u organización no gubernamental, deberán atender y suministrar a las denunciantes los servicios legales oportunos, para lo cual todos los días y horas son hábiles. En el caso de las (os) fiscales mediante personamiento en juicio, actuaran en representación de la afectada…”[4] La
disposición legal anterior y el artículo 3 de la misma Ley, de manera expresa y contundente declaran la gratuidad como derecho de las que denuncian ante la jurisdicción de violencia doméstica; de manera que sería un contrasentido o contradicción imponerles, en caso de ser vencidas en juicio, el pago de costas, como ha hecho en el presente caso, la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. La gratuidad para las mujeres, del acceso a la jurisdicción de violencia doméstica es esencial para que dicho ámbito protector sea efectivo y eficaz en la defensa de su integridad personal, garantizada por el artículo 68 constitucional y demás normas contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente para este caso lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belém do Pará”.[5] Por otra parte, la presente interpretación de la Sala se encuentra informada por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,[6] instrumento que constituye una importante guía para orientar a los servidores judiciales, especialmente jueces y magistrados en las actuaciones que tengan relación con la mujer en su condición de sector vulnerable, en este caso violencia de género o doméstica. Las reglas en mención, tienen como objetivo principal, garantizar el acceso a la justicia de sectores considerados vulnerables, así como la defensa efectiva de sus derechos fundamentales.[7] Es entonces una herramienta dispuesta para erradicar la discriminación de que son objeto, y así robustecer la efectiva defensa y ejercicio de sus derechos humanos. Entre los beneficiarios de las mencionadas reglas, se encuentran aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ante el sistema de justicia.[8] Dentro de este grupo, para efectos de esta resolución se destaca a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia doméstica; para lo cual es propicio tomar conciencia de las reglas siguientes: Regla 11. “Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta.” Regla 17. “La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad.” Regla 19. “Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. Regla 20. “Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.” Por consiguiente, el artículo 4 reformado de la Ley contra la Violencia Doméstica constituye el cumplimiento de las obligaciones que imponen las reglas antes citadas y transcritas, debido a que la gratuidad, que incluye la dispensa de pagar costas, es una efectiva herramienta que viabiliza el acceso a los tribunales en búsqueda de protección cuando estima que ha sido víctima de violencia doméstica; si no fuera así, el pago de costas en los términos que indica el Código Procesal Civil, sería un valladar, un obstáculo que la disuadiría de acudir a la protección mencionada, por el temor de tener que pagar en caso de que no prosperara su pretensión. El Estado tiene la obligación reforzada de proteger de manera especial a sectores vulnerables de la población, como el caso que nos ocupa; esto incluye evitar que la mujer sufra de discriminación, que se traduce en estos casos en dispensar de pagos a quienes acuden en auxilio judicial, cumpliendo de esta manera con las reglas 30 y 31 que dispone la obligación de que el Estado provea asistencia de calidad, gratuita y especializada. En este mismo sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado: “207. La Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que “la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”, así como que “la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género.”[9] “258. De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención.”[10] El incumplimiento de las obligaciones estatales con referencia a proveer de políticas, mecanismos y medios de protección eficaces a la mujer, para erradicar la violencia que se produce por razón de su género, le haría incurrir en responsabilidad por incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con relación a los artículos 8 y 25 de la misma Convención y 7.b, 7.f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belém do Pará”. 11[11] 12[12] Al respecto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “193. En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. En el mismo sentido: Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 177.”[13] “213. La Corte reitera que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima en todas las etapas. En un caso como el presente en el que la víctima, mujer e indígena, ha tenido que enfrentar diversos obstáculos en el acceso a la justicia, el Estado tiene el deber de continuar proporcionando los medios para que acceda y participe en las diligencias del caso, para lo cual debe asegurarle la provisión de intérprete y apoyo desde una perspectiva de género, en consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad. Finalmente, en caso que la señora Rosendo Cantú preste su consentimiento, los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca la verdad de los hechos.”[14] “222. Al respecto, la Corte considera pertinente señalar que la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos violatorios de los derechos humanos no se deriva solamente de la Convención Americana. En determinadas circunstancias y dependiendo de la naturaleza de los hechos, esta obligación también se desprende de otros instrumentos interamericanos en la materia que establecen la obligación a cargo de los Estados Partes de investigar las conductas prohibidas por tales tratados. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Así, este Tribunal ha establecido que los Estados tienen “el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia […] conforme a las obligaciones específicas que le imponen las Convenciones especializadas […] en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer. [D]ichas disposiciones […] especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana”, así como “el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal”.[15] Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que no cabe imponer la regla de vencimiento y pago de costas a la mujer que acude ante la jurisdicción de violencia doméstica; como tampoco cabe trasladar esa responsabilidad a quien le representa en el proceso, como ocurre en el presente caso, el Ministerio Público o el Estado de Honduras. La última parte del párrafo anterior se refuerza con lo dispuesto de manera expresa por el artículo 219.4 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: “En ningún caso se impondrán costas al Ministerio Público en los procesos en que intervenga como parte por mandato de ley.” Para la Sala entonces, resulta evidente que la disposición de condena a costas en el fallo que se impugna fue dictada contra legem, tomando en cuenta lo que dispone de manera expresa el artículo 4 reformado de la Ley contra la Violencia Doméstica; y más aún es inconstitucional por cuanto quebranta normas contenidas en la Carta Magna e instrumentos internacionales de derechos humanos (bloque de constitucionalidad). Sin embargo, se desestima la presente garantía de amparo, en virtud de que, a juicio de la Sala, la presente acción no debía dirigirse en protección del Estado, sino de la señora Ruth Abigail Chávez Torres, porque en todo caso habría sido ella, la persona afectada por la resolución de la honorable corte de apelaciones. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 68, 80, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7.b y 7.f de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belém do Pará; 1, 3, 4, 11, 17, 19, 20, 30 y 31 de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 reformado y 4 reformado de la Ley contra la Violencia Doméstica; 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la fiscal, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, a favor del Estado de Honduras, en contra de la resolución dictada en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Esto en relación con la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Ruth Abigail Chávez Torres, en contra del señor Melvin Roney Rodríguez Núñez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0460=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] El artículo 4 original de la Ley contra la Violencia Doméstica (Decreto legislativo No. 132-1997), fue reformado por el Decreto Legislativo No. 250-2005 promulgado el sábado once de marzo de dos mil seis mediante publicación en La Gaceta Diario oficial de la República de Honduras, número 30,950.
[5] Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
[6] Adoptadas en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días del 4 al 6 de marzo de dos mil ocho en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil. El Poder Judicial de nuestro país las adopta en el Pleno celebrado por la honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha nueve de septiembre de dos mil quince, mediante acuerdo número 05-15 , que consta en el punto de acta número 70; y las ratifica como política pública de obligatorio cumplimiento. Las Reglas de Brasilia desarrollan los principios recogidos en la Carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio judicial Iberoamericano (Cancún 2002); específicamente, los que se incluyen en la parte titulada “Una justicia que protege a los más débiles.”
[7] Vid. Regla 1. “Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.”
[8] Vid. Reglas 3 y 4. “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.”
[9] Cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, Párr. 207.
[10] Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
[11] Vid. “Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […] b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;[…] f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;…”
[12] Honduras, firmó esta Convención el seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; la ratificó el siete de julio de mil novecientos noventa y cinco e hizo el depósito el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
[13] Cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Ob. Cit., Párr. 193.
[14] Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, Párr. 213.
[15] Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, Párr. 222.