Sentencia AC-460-17 — Registro 10115
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente en relación a oposición de ejecución de título judicial en demanda de ejecución provisional de título judicial promovida contra éste; fallo en consulta se basó en causal de inadmisibilidad por tener recurrente expeditos recursos o acción legales contra acto impugnado, pero sus consideraciones del fallo más se dirigen a causal de inadmisibilidad por acto consentido de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado,estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…”la Alzada estimó que el recurrente tuvo (sic): “…la oportunidad de hacer valer sus derechos a través de ejercitar el recurso de reposición en contra de la resolución de fecha siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017)…”. Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER, S. A. DE C. V., tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito…”…”consta que contra la resolución reclamada de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, además de la acción constitucional de amparo que nos ocupa, fue a su vez recurrida en vía ordinaria por medio de un recurso de apelación, el cual fue interpuesto por el mismo recurrente, GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, como representante procesal del señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ, gerente de la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER, S. A. DE C. V., recurso que fue implantado en fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete y admitido a trámite al día siguiente por el juzgado de primera instancia, el cual, según consta de los antecedentes, aún se encuentra pendiente de ser fallado, siendo que no figura en autos la resolución del mismo por parte del respectivo Tribunal de Alzada…”…”esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado;…”…”esta Sala advierte entonces que al ser objeto de ulterior recurso la resolución dictada por el A-Quo que constituyó el acto reclamado en el recurso de amparo que nos ocupa, se ha instado por parte del recurrente un recurso legal efectivo por medio del cual procura obtener la subsanación del acto contra el cual ha recurrido por vía de amparo, por ende, al no haberse agotado todos los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten al quejoso, el acto cuyo cumplimiento reclama no alcanza a tener un carácter definitivo que justifique en todo caso el inicio de un juicio de garantías…”…”esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado…”…”como acontece en el caso de autos, al estar pendiente de ser resuelto un recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por parte del quejoso en contra de la resolución de fecha siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con lo cual se advierte la concurrencia de la causal de inadmisibilidad apuntada….”…”del examen in extenso de las diligencias se observa que si bien el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 7º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las consideraciones en las que fundó su pronunciamiento giraron en torno a una argumentada falta de agotamiento por parte del impetrante de un recurso de reposición en contra del acto reclamado en amparo, con lo cual pareciera aludirse más a un consentimiento del acto impugnado en el asunto que nos ocupa, que en todo caso implicaría la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contemplada en el ordinal 3º del mismo artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no obstante, esta Sala no encuentra que este razonamiento sea de recibo, siendo que resulta claramente establecido en los antecedentes que el impetrante hizo uso de un recurso de apelación que se encuentra pendiente de ser resuelto, al menos de lo que se ha hecho constar ante este Alto Tribunal, con lo cual resulta aplicable la causal de inadmisión apuntada, pero en base a las consideraciones que han sido expuestas por esta Sala en el presente fallo….”…”al evidenciarse en el trámite de mérito la causal de inadmisibilidad ya antes relacionada, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones por las consideraciones anteriormente relacionadas; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada…”
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciocho. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, a favor del señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ, contra el auto de fecha siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la oposición a la ejecución provisional de titulo judicial alegada en la demanda promovida por la señora CLAUDIA ROSARIO MURILLO TORRES, en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA YAMI, contra la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER S.A DE C.V, representada por el referido señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos consignados en los artículos 60 y 80 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la señora CLAUDIA ROSARIO MURILLO TORRES, en su condición personal, interponiendo demanda de ejecución provisional de un titulo judicial, solicitando que se dictara despacho de ejecución, requerimiento de pago y que se practicara medida de averiguación de bienes del deudor. (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado) 2) Que verificado que fue el trámite de ley, en fecha siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, emitió auto mediante el cual RESOLVIÓ declarar SIN LUGAR la oposición planteada por el señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHÉ, en virtud de no haber establecido ninguno de los motivos de oposición enunciados en el artículo 775 del Código Procesal Civil. 3) Que en fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil diecisiete (2017), compareció ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ, contra el mencionado auto de fecha siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al estimar el recurrente que el mismo es violatorio de los artículos 60 y 80 de la Constitución de la República. 4) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017) emitió su sentencia, mediante la cual FALLÓ: “…PRIMERO: Por recibida la nota de remisión de fecha 31 de mayo de 2017, junto con la comunicación emitida por esta Corte el 25 de mayo de 2017 y el expediente número 0801-2016-09392- CPPR, proveniente del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, en su condición de representante procesal del señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHÉ quien es representante legal de la Sociedad Mercantil denominada FARMACIAS PHARMASTER S.A DE C.V, quien a vez recurre contra el auto de fecha 7 de marzo de 2017, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: …”.- NOTIFÍQUESE.” (Folios 42 al 43 de la pieza de segunda instancia) 4) Que en fecha (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3):Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha cinco de junio de dos mil diecisiete por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el ya referido abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, contra el auto proferido por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el trámite de una demanda de ejecución provisional de un título judicial promovida por la señora CLAUDIA ROSARIO MURILLO TORRES, en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA YAMI, contra la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER, S. A. DE C. V, representada por el mencionado señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que el recurrente tuvo (sic): “…la oportunidad de hacer valer sus derechos a través de ejercitar el recurso de reposición en contra de la resolución de fecha siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017)…”. Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER, S. A. DE C. V., tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito. CONSIDERANDO (6):Que de la vista de los antecedentes consta que contra la resolución reclamada de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, además de la acción constitucional de amparo que nos ocupa, fue a su vez recurrida en vía ordinaria por medio de un recurso de apelación, el cual fue interpuesto por el mismo recurrente, GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, como representante procesal del señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ, gerente de la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER, S. A. DE C. V., recurso que fue implantado en fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete y admitido a trámite al día siguiente por el juzgado de primera instancia, el cual, según consta de los antecedentes, aún se encuentra pendiente de ser fallado, siendo que no figura en autos la resolución del mismo por parte del respectivo Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO (7):Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado,estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala advierte entonces que al ser objeto de ulterior recurso la resolución dictada por el A-Quo que constituyó el acto reclamado en el recurso de amparo que nos ocupa, se ha instado por parte del recurrente un recurso legal efectivo por medio del cual procura obtener la subsanación del acto contra el cual ha recurrido por vía de amparo, por ende, al no haberse agotado todos los recursos y medios ordinarios de defensa que asisten al quejoso, el acto cuyo cumplimiento reclama no alcanza a tener un carácter definitivo que justifique en todo caso el inicio de un juicio de garantías. CONSIDERANDO (9):Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, al estar pendiente de ser resuelto un recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por parte del quejoso en contra de la resolución de fecha siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con lo cual se advierte la concurrencia de la causal de inadmisibilidad apuntada. CONSIDERANDO (10): Que del examen in extenso de las diligencias se observa que si bien el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 7º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las consideraciones en las que fundó su pronunciamiento giraron en torno a una argumentada falta de agotamiento por parte del impetrante de un recurso de reposición en contra del acto reclamado en amparo, con lo cual pareciera aludirse más a un consentimiento del acto impugnado en el asunto que nos ocupa, que en todo caso implicaría la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contemplada en el ordinal 3º del mismo artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no obstante, esta Sala no encuentra que este razonamiento sea de recibo, siendo que resulta claramente establecido en los antecedentes que el impetrante hizo uso de un recurso de apelación que se encuentra pendiente de ser resuelto, al menos de lo que se ha hecho constar ante este Alto Tribunal, con lo cual resulta aplicable la causal de inadmisión apuntada, pero en base a las consideraciones que han sido expuestas por esta Sala en el presente fallo. CONSIDERANDO (11):Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (13):Queal evidenciarse en el trámite de mérito la causal de inadmisibilidad ya antes relacionada, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones por las consideraciones anteriormente relacionadas; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral7), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVÁN, a favor del señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHÉ, contra el auto de fecha siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la oposición a la ejecución provisional de titulo judicial alegada en la demanda promovida por la señora CLAUDIA ROSARIO MURILLO TORRES, en su condición de Gerente Propietaria de la FARMACIA YAMI, contra la sociedad mercantil FARMACIAS PHARMASTER S.A DE C.V, representada por el referido señor JESUS FUAD HADUN TOUCHÉ; EN SU LUGAR SE SOBRESEE el recurso de amparo referido, por la misma causal de inadmisibilidad advertida por la Alzadaestablecida en el artículo 46 numeral 7º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pero por las razones que se han dejado establecidas en el presente fallo; Y MANDA: Que con certificación dela presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello- Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0460=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL