Sentencia AC-426-17 — Registro 9336
Resumen
Sentencia decretó nulidad de actuaciones desde admisión de demanda ordinaria de pago de indemnización por daños y perjuicios promovida por recurrente contra Corporación Municipal, por considerar que pretensión no está dentro de la esfera del derecho privado y debe ser conocido por el juzgado de letras de lo contencioso administrativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en su resolución expone que resulta innecesario pronunciarse sobre los aspectos puntuales referentes a los agravios presentados por el recurrente, así como al resto de motivos de nulidad denunciados ya que, al verificar este Tribunal que efectivamente la pretensión en juicio es un reclamo de daños y perjuicios, por daño ocasionado a la sociedad mercantil R. CUELLAR &ASOCIADOS S.A. DE C.V. por parte de una entidad del Estado, como es la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que implica una pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras o de las entidades estatales derivada de acciones u omisiones, no dentro de la esfera del derecho privado, sino del derecho público, debe ser conocido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se decreta la nulidad de actuaciones desde el auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, que admite a trámite la demanda de daños y perjuicios promovida por la abogada GLORIA MARINA BONILLA DE GUEVARA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil R. CUELLAR & SUCESORES S.A., contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central..."..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARINA BONILLA DE GUEVARA a favor de la sociedad mercantil denominada “R CUELLAR & SUCESORES S.A. DE C.V.”, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha uno de julio de dos mil dieciséis; con relación a la demanda vía proceso ordinario para el pago de indemnización por daños y perjuicios promovida por la sociedad mercantil denominada “R CUELLAR & SUCESORES S.A. DE C.V.” contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.). CONSIDERANDO (1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos relativos a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y de petición y principio de legalidad, contentivos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que del estudio del acto reclamado, puede apreciarse que el Ad-Quem, decreta la nulidad de actuaciones desde el auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, que admite a trámite la demanda de daños y perjuicios promovida por la abogada GLORIA MARINA BONILLA DE GUEVARA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada “R CUELLAR & SUCESORES S.A. DE C.V.”, sustentando la demandante su pretensión en el pago de daños y perjuicios en el hecho de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central, le ha perjudicado en el desarrollo y comercialización de su proyecto habitacional por los obstáculos que le ha puesto en no querer entregar la licencia final del proyecto que ya había sido aprobado en el 2010. CONSIDERANDO (3): Que continúa manifestando la impetrante, que solicita la nulidad de actuaciones por considerar que no corresponde a la jurisdicción civil el conocimiento del asunto, ya que no se trata de un asunto de derecho privado, sino de derecho público dentro de la esfera del Derecho Administrativo; sin embargo, la Corte de Apelaciones, se encuentra debidamente facultada para revisar de oficio la competencia objetiva, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 214.3 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en su resolución expone que resulta innecesario pronunciarse sobre los aspectos puntuales referentes a los agravios presentados por el recurrente, así como al resto de motivos de nulidad denunciados ya que, al verificar este Tribunal que efectivamente la pretensión en juicio es un reclamo de daños y perjuicios, por daño ocasionado a la sociedad mercantil R. CUELLAR &ASOCIADOS S.A. DE C.V. por parte de una entidad del Estado, como es la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que implica una pretensión de responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras o de las entidades estatales derivada de acciones u omisiones, no dentro de la esfera del derecho privado, sino del derecho público, debe ser conocido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se decreta la nulidad de actuaciones desde el auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, que admite a trámite la demanda de daños y perjuicios promovida por la abogada GLORIA MARINA BONILLA DE GUEVARA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil R. CUELLAR & SUCESORES S.A., contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central. CONSIDERANDO (5): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARINA BONILLA DE GUEVARA a favor de la sociedad mercantil denominada “R CUELLAR & SUCESORES S.A. DE C.V.”, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal con el número 0426-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.