Sentencia AC-419-14 — Registro 7809
Resumen
Sentencia impugnada que declaró infundado recurso de queja interpuesto en virtud de denegatoria del recurso de apelación y reposición de éste,con relación a la solicitud e impugnación de tasación de costas personales,en la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Juicio Ejecutivo interpuesto contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(16): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia, que el recurrente ha interpuesto un recurso de queja en virtud de haberse inadmitido un recurso de apelación contra el auto que establece la tasación de costas, estudiado cada uno de los actos procesales realizados a lo largo del proceso, específicamente la Tasación de Costas, se ha seguido estrictamente, el procedimiento previamente establecido en el Código Procesal Civil, de tal manera que al ser impugnada dicha tasación de costas se remitió el Extracto del Expediente de mérito, a la comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, quien remitió dicho extracto con la certificación del informe respectivo donde se pronuncia de acuerdo a lo dispuesto en dicho arancel de los Profesionales del Derecho, explicando en cada una de sus partes lo que conforme a derecho corresponde en materia de tasación de Costas. Es así que una vez que se devolvió al Tribunal de su Procedencia, siguiendo el procedimiento establecido, el Secretario del mismo procedió a realizar las modificaciones respectivas, y con lo actuado se pronunció el Juez A-Quo, todo ello conforme lo previsto en la ley. Siendo Así esta Sala no encuentra en el quehacer jurisdiccional del A-Quo quebranto a los derechos de los recurrentes, ya que resulta evidente que éste solamente se ha ceñido a la ley.- CONSIDERANDO (17): Que el recurrente considera una vulneración de Derechos el haber declarado infundada la queja interpuesta contra la inadmisión del recurso de apelación; tal motivo no es de recibo, puesto que la resolución de la que pretendió el Recurso de Apelación, no es RECURRIBLE, el artículo 227 numeral 1) lo establece taxativamente que “el Secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndose al Tribunal para que éste resuelva mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso. Dichas disposiciones son de orden público no están al arbitrio de los particulares, las normas no pueden ni deben aplicarse o adecuarse a los intereses de los particulares, puestos que una de sus características es que son de aplicación general, en ese orden de ideas se aprecia que el procedimiento se ha ceñido a lo prescrito en la ley, dando cumplimiento a las exigencias, solemnidades y requisitos previamente establecidos en la ley, para finalmente emitir la resolución, en consecuencia no se aprecia vulneración al debido proceso.-"...."CONSIDERANDO (20): Que del estudio de la foliada esta Sala aprecia que todos los ciudadanos (as) deben sujetarse a lo establecido en la Constitución, la ley y normas de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, todo ello implica que las peticiones deben presentarse bajo el cumplimiento de las solemnidades y exigencias previamente establecidas en la ley, esto en cumplimiento del Principio de legalidad, inherente al Debido Proceso, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva, en el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto en la ley el recurrente esta obligado a saber que resoluciones son susceptibles de apelación, en el caso de estudio la resolución contra la que se interpone el recurso de apelación ES IRRECURRIBLE, así lo dispone la ley, en consecuencia la resolución dictada por el Ad-Quem es conforme a derecho. Con respecto al Derecho de Defensa de los recurrentes, NO se ha quebrantado, que las partes, han intervenido activamente acorde a sus pretensiones durante el proceso, así como que han hecho uso de la acción recursiva, y si sus pretensiones no han sido satisfechas conforme a sus intereses es porque no se enmarcan dentro de las normas de procedimiento invocadas, en consecuencia la resolución dictada por la Corte recurrida NO vulnera el derecho de Defensa y demás derechos invocados por los recurrentes.- CONSIDERANDO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 227, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 227, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar Sentencia los Recursos de Amparo Civiles acumulados interpuestos I.- Por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0419-2014); II.- Por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en su condición de Procurador Judicial a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0477-2014), ambos contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, con relación a la solicitud de tasación de costas personales, promovida por el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NÚÑEZ MURILLO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V. (TEXHONSA), contra del ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NÚÑEZ MURILLO en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V. (TEXHONSA), interponiendo solicitud de tasación de costas personales por existir condena dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, con respecto al proceso comprendido en el expediente 0801-2007-19185, que contiene la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Juicio Ejecutivo e interposición de excepciones por la vía ordinaria, contra del ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece, dictó Auto mediante la cual procedió a fijar la tasación de costas procesales y personales, las cuales ascienden a la cantidad de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.15,449,587.54).- (Folio setenta y cinco (F-75) de la pieza de primera instancia).- 3) Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el antecedente anterior; a lo cual el A-Quo resolvió en fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, lo siguiente: “PRIMERO: Inadmítase a Tramite el Recurso de Apelación interpuesta por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución emitida por este Juzgado en fecha Treinta (30) de Octubre del año Dos Mil Trece (2013), en vista de que dicha resolución no es recurrible según lo establecido en el artículo 227 del Código Procesal Civil.- (Folio ochenta y cinco (F-85) de la pieza de primera instancia).- 4) Que conociendo de el Recurso de Queja promovido por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, quien actúa en su condición de procurador judicial por delegación del ESTADO DE HONDURAS, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Téngase por recibidas las copias debidamente autenticas del expediente registrada bajo el número 0801-2013-03497-CPCV, procedentes del Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, venido en virtud del Recurso de Queja interpuesto por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLÉN, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de Noviembre del año dos mil trece (2013). SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en los fundamentos de derecho, que se notifique éste fallo a las partes y al Juzgado de primera instancia para los efectos pertinentes.-” (Folios ciento veintisiete (F-127) al ciento veintiocho (F-128) de la pieza de segunda instancia).- 5) Que el recurrente, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 6) Que el recurrente, el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha doce de mayo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 7) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional presentada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0419-2014).- 8) Que en fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional presentada por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0477-2014); y observando que las diligencias que se están sustanciando en el Recurso de Amparo con Registro No. SCO-0419-2014, y apreciar que dicho Recurso de Amparo se dirige contra una misma resolución y relacionan los mismos hechos, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, se ordenó acumular los amparos descritos para dictar una sola sentencia en su oportunidad; constando ya en el expediente ahora acumulado el pronunciamiento de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, se ordena la continuación del proceso. (Folio ochenta y seis (F-86) de la pieza de amparo).- 9) Que con fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada Yulibeth Garay Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión QUE SE OTORGUE el presente amparo, por existir vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual declaró infundado un recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por dicha autoridad en fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, el cual, inadmitió a trámite un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DELO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de octubre del año dos mil trece, en relación a la solicitud de Tasación de Costas promovida por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S. A., DE C.V., (TEXHONSA), en la demanda ordinaria de nulidad de un juicio ejecutivo e interposición de excepciones por la vía ordinaria posterior, contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala deviene obligada ajustar sus decisiones dentro del marco constitucional respetando los derechos fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho, así como los principios que rectoran los procesos sin importar la materia de que se trate. Siendo así, si bien es cierto a lo largo de la exposición de la Acción de amparo el recurrente se hace valer de todas las actuaciones procesales desde sus inicios, las que según los mismos recurrentes han llegado a sentencia, misma que adquirió carácter de firme cuando se hizo uso de la acción recursiva inclusive la Casación, de allí el carácter de firme de tales actuaciones, por todo ello esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, NO se pronunciará sobre los mismos, considerando que la justicia constitucional nunca hará pronunciamientos sobre cuestiones de fondo que atañen a la justicia ordinaria y menos cuando han adquirido el carácter de cosa juzgada, ya que ha sido concebida como guardián de los derechos fundamentales, su respeto, garantía del libre ejercicio de tales derechos pronunciándose solamente sobre si existe quebrante o no a los mismos.- CONSIDERANDO (5): Que habiendo sometido a estudio los antecedentes del proceso, esta Sala aprecia hay dos recurrentes a favor del Estado de Honduras, por una parte, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA según expediente Amparo Civil No. SCO 0419-2014 y por otra el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, según expediente Amparo Civil No. SCO 0477-2014. En la formalización de la Acción de Amparo Civil No. No. SCO 0419-2014 el recurrente expone los antecedentes del proceso, señalando que el Estado de Honduras presentó demanda Ejecutiva de Pago contra la Sociedad Mercantil TEXTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (TEXHONSA, ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán; señala como cuantía de la demanda L. 41, 446,416.96, en moneda nacional, más $3,000.000.00 en moneda extranjera, deuda que consta en Escritura pública que suscribieron las partes en fecha 24 de septiembre de 1991.- CONSIDERANDO (6): Que el Recurrente expone que al considerar la presunta firmeza de la Sentencia de Nulidad del Juicio Ejecutivo el apoderado legal de TEXHONSA, presentó en mayo del 2013, la Solicitud de Tasación de Costas ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, basando su liquidación en la cuantía de L. 102,881,916.95 del juicio Ejecutivo anulado; pese a que ellos adujeron en la Demanda Ordinaria de Nulidad de Juicio Ejecutivo que solo adeudan al Estado L: 28,490,586.22”. Sigue manifestando que injustamente se tasó las costas personales en QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, tomando como base la cuantía de L.102.8 millones del juicio ejecutivo y no la cuantía de L. 28.4 millones del juicio ordinario de nulidad. Manifiesta que “a través de la Procuraduría General de la República, presentó Recurso de Apelación contra el auto de fecha 30 de octubre del 2013, ante el mismo juzgado por tratarse de un Auto Definitivo, el cual fue inadmitido mediante auto de fecha 21 de noviembre del 2013” con fundamento en los artículo 227, 705, 706 y 707 del Código Procesal Civil, como si el Recurso de Apelación fue mal presentado porque era un simple Auto”, señala que la Juez aparentemente consideró que no procedía el Recurso de Apelación como si el mismo no fuera un auto definitivo, pero es claro que aunque se trata de una cuestión incidental, el asunto se trata de una Tasación de Costas, ESTE ES UN AUTO DEFINITIVO QUE PONE FIN AL PROCESO, ya que resolvía en forma definitiva la condena en costas, en tal sentido lo que procedía contra dicha resolución era un Recurso de Apelación de conformidad a lo señalado en el artículo 707 del Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que ante la Denegatoria del Recurso de Apelación, interpuso un Recurso de Queja ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, señalando que el tribunal de alzada sin hacer un análisis minucioso del recurso hizo suyo prácticamente lo resuelto por el A-Quo. Señala que el Recurso fue rechazado por la Corte impugnada, mediante resolución de fecha cinco (5) de febrero del dos mil catorce (2014), con fundamento los artículos 227 numeral 1), 732 y 733 del Código Procesal Civil “Declaró Infundada la Queja”, posteriormente se interpuso el recurso de reposición contra dicha resolución.- CONSIDERANDO (8): Que el impetrante expone que el representante de la sociedad Mercantil TEXHONSA, al considerar la presunta firmeza de la Resolución de Tasación de Costas Personales de fecha 30 de octubre del 2013, presentó solicitud de ejecución de Título Judicial, del que ya fue notificado el Procurador General de la República del auto de mandamiento judicial en el que se ordena pagarla cantidad de 15,449,587.54, a lo cual se presentó la ejecución del título judicial por el motivo de plus petición y por carecer el título de los Requisitos Legales.- CONSIDERANDO (9): Que el impetrante considera que se han vulnerado los siguientes artículos constitucionales: artículo 82 que dispone que el Derecho de defensa es inviolable, siendo del parecer que el derecho a la defensa de su representado fue quebrantado por la resolución dictada por la Corte de Apelaciones impugnada, al emitir el auto resolutivo de fecha 5 de febrero del año 2014 en el Recurso de queja que consideró infundada, dejando en indefensión a su defendido y que procede la impugnación por honorarios indebidos y excesivos según el artículo 225 numeral 1)del código Procesal Civil y fueron impugnados oportunamente, pero no fue tomada en cuenta dicha impugnación. Quebrantamiento del artículo 90 párrafo primero Constitucional, dice el recurrente que no se ha respetado el debido proceso porque el juicio ejecutivo original promovido en el año 2000, fue anulado en otro juicio incoado en el año 2007, en la Demanda de Nulidad por las Excepciones Procesales o Cuestiones Incidentales de Falta de Personalidad o Representación Legal en el Demandado, anulándose el juicio, pero no el fondo del asunto, ni porque la deuda no exista, posteriormente en el Recurso de apelación se impusieron Costas el Estado de Honduras, por las excepciones mencionadas y siendo que las cuestiones incidentales generan costas inferiores a la tarifa corriente según lo señalado en el Artículo 36 del Arancel del Profesional de Derecho y de conformidad a lo señalado en el artículo 223 numeral 3) del Código Procesal Civil, que regula “tampoco se incluirán en la tasación las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida… señalando que el proceso no se ha juzgado con las formalidades derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (10): Que formalizada la acción de amparo que corre bajo el expediente 477-2014, el recurrente invoca los mismos hechos y quebranto de derechos constitucionales, contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales, ya relacionados de manera detallada, en los considerandos que anteceden. En consecuencia, esta Sala prosigue con el estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida.- CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a los antecedentes, los hechos, actos procesales, resoluciones y sentencia relacionados por el impetrante corresponden a hechos que ya han sido juzgados, en los que tuvo la oportunidad del ejercicio de la actividad recursiva, hasta el Recurso de Casación inclusive, y siendo que no es menester de esta Sala pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones controvertidas y menos aún conocer y resolver sobre el fondo de cuestiones que ya tiene el carácter de cosa juzgada, sino que velar por el respeto y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, reconocidos internacionalmente como derechos humanos; es ese orden de ideas que ésta Sala con estricto apego a las normas constitucionales, de procedimiento, y las normas de los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno del Estado por lo que son de obligatorio cumplimiento, tal como lo dispone el artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se pronunciará sobre si existe o no quebranto de los derechos invocados por los recurrentes, en la resolución dictada el cinco de febrero del año dos mil catorce por el Tribunal de alzada ahora impugnado.- CONSIDERANDO (12): Que consta en autos la solicitud de tasación de costas personales presentada por el representante de la sociedad TEXTILES DE HONDURAS, S.A., DE C.V., (TEXHONSA), que para tal pretensión se consideró que el proceso fallado tuvo la finalidad de obtener mediante sentencia definitiva la nulidad del juicio ejecutivo, cuya cuantía es de L. 41,446,416.95 más US$. 3,000.000.00, cuantía que constituye la trascendencia económica del litigio, señalando detalladamente el factor de cambio de Dólar, así como que se trata de un juicio ordinario con oposición, por lo que aplica la tarifa corriente plena del artículo 36 del Arancel del Profesional del Derecho, desglosando los porcentajes que corresponden según el monto de la demanda, Haciendo un total de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.- CONSIDERANDO (13): Que al representante del Estado, se le dio vista en legal y debida forma para que dentro del término de cinco (5) días proceda a impugnar o aprobar la tasación de costas de fecha 27 de junio del año 2013 (Folio 27 del expediente 0801-2013-03497, Juzgado de Letras de lo civil de Francisco Morazán). En fecha 26 de julio del año 2013, el representante de TEXTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V., (TEXHONSA) impugnó la tasación de costas realizada por el Secretario del Despacho judicial, por considerar que fueron calculadas de manera equivocada, resultando deficitarias (Folios 28 al 30 del expediente 0801-2013-03497, CPCV). En la misma fecha 26 de julio del mismo año el representante del Estado impugnó la tasación de costas por considerar que son imaginarias e inexistentes además de excesivas (Folios 32 al 35 del expediente 0801-2013-03497, CPCV). En fecha cinco de septiembre del año dos mil trece de parte del Juzgado de Letras de lo Civil se procedió a remitir a la honorable Comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras el EXTRACTO del expediente registrado bajo el número 0801-2013-03497-CPV CONTENTIVO DE LA SOLICITUD DE Tasación de costas presentada por el representante procesal de TEXTILES DE HONDURAS, S.A., (TEXHONSA) y practicada por el Secretario del Despacho judicial, impugnadas por ambas partes (F. 56. Expediente número 0801-2013-03497-CPV). En fecha 04 de octubre del año 2013, La Comisión del Arancel del Colegio de Abogados, entregó el extracto del expediente número 0801-2013-03497-CPV y Certificación del Informe requerido sobre la Tasación de costas solicitada por el órgano jurisdiccional, que corre a folios sesenta y siete (67) al sesenta y nueve (69), en el que consta una análisis de la tasación de costas practicada por el Secretario del Juzgado de Letras de lo civil, así como las sumas de capital reclamado en la cuantía de la demanda ejecutiva, señalando el tanto el valor en Lempiras como el cálculo de la conversión de la cuantía en Dólares a Lempiras de acuerdo a la constancia emitida por el Banco de Occidente en relación al precio de la compra y venta del Dólar. Exponiendo que el Arancel del Profesional del Derecho regula los honorarios mínimos que podrá cobrar en concepto de honorarios los Profesionales de Derecho, quienes no podrán cobrar sumas menores que las establecidas en el arancel y cuando existan costas personales las cantidades que servirán para determinar el importe serán las tarifas que señala dicho arancel y le corresponden exclusivamente al Profesional del Derecho. Invoca además el artículo 21 del Arancel del Profesional del Derecho que establece “REVISIÓN POR DESLIZAMIENTO DE LA MONEDA: En caso de suscitarse un deslizamiento sustancial de la moneada nacional con relación al dólar y ya se hubiere suscrito el respectivo contrato, el mismo será objeto de revisión a solicitud del profesional del derecho y será asimilado al nuevo valor de la moneda…” por lo que aplicando analógicamente este artículo al presente caso, el valor de la porción de moneda extranjera ya determinada es decir TRES MILLONES DE DOLARES AMERICANOS multiplicado por L.20.4785 que era el factor de precio de venta del dólar regido por el Banco Central de Honduras se convierten en SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPRAS EXACTOS, para un gran total de CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS, que será en definitiva el valor del litigio. Además señala los porcentajes establecidos en el artículo 26 del Profesional del Derecho, para los asuntos de cuantía determinada, que dispone que deben calcularse los honorarios sobre el importe total de la demanda, sin perjuicio del importe total de la condenatoria o de producirse una absolución, pero debe entenderse como cuantía determinada para fines de costos o juicios terminados por sentencia la fijada por el Órgano Jurisdiccional respectivo en el fallo, conforme la tarifa previamente establecida. Deja plenamente señalados los valores que corresponde a cada una de las instancias. Finalmente la Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de la Comisión del Arancel del Profesional de Derecho es del parecer que el Estado de Honduras adeuda al Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO la cantidad de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 15,488,787.54) por la primera instancia Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 3,862.196.88). Con la Certificación antes relacionada realizadas las modificaciones señaladas por la Comisión del Arancel del Profesional del Derecho, la Secretaría del Juzgado de Letras de lo Civil dictó resolución en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil trece, mediante la cual deja establecida la Tasación de Costas, de acuerdo a los valores arriba señalados (F.76. Expediente número 0801-2013-03497-CPV). Contra ésta resolución el recurrente interpone Recurso de Apelación, mismo que es Inadmitido “en vista de que dicha resolución no es recurrible según lo establecido en el artículo 227 del Código Procesal Civil. Interponiendo contra esta resolución el recurso de reposición que también le fue denegado de acuerdo a lo “ordenado en el artículo 227 numeral primero del Código Procesal Civil, que dispone que contra el auto que resuelva respecto a la tasación de Costas de acuerdo a lo actuado y a los dictámenes emitidos por el Colegio de abogados de Honduras, no es procedente interponer recurso alguno”.- CONSIDERANDO (14): Que contra la resolución citada en el considerando que antecede el recurrente interpuso Recurso de Queja, misma que fue declarado INFUNDADA, señalando el tribunal de alzada como “Fundamento de Derecho Primero: De conformidad al Artículo 227 del Código Procesal Civil en su numeral 1 establece que el Secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndose al Tribunal para que éste resuelva mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso, en consecuencia la resolución por la cual se pretende recurrir en apelación de acuerdo a la norma prescrita es irrecurrible”, (Folio 102 Expediente número 0801-2013-03497-CPV).- CONSIDERANDO (15): Que el Código Procesal Civil ordena y desarrolla el proceso, de tal manera que en cada momento procesal deben las partes sujetarse al procedimiento, como el cause de sustanciación previsto por la ley a efecto de lograr la efectividad del derecho material, establece los principios y normas aplicables a los casos concretos de tal manera que se garantizan los derechos de las partes, recayendo en el Juez conocedor de la controversia realizar o materializar la tutela judicial efectiva, lo que implica el cumplimiento de las normas que hacen al proceso legal, lo contrario permitiría la arbitrariedad convirtiendo el proceso en lesivo e inútil, dilatado innecesariamente.- CONSIDERANDO (16): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia, que el recurrente ha interpuesto un recurso de queja en virtud de haberse inadmitido un recurso de apelación contra el auto que establece la tasación de costas, estudiado cada uno de los actos procesales realizados a lo largo del proceso, específicamente la Tasación de Costas, se ha seguido estrictamente, el procedimiento previamente establecido en el Código Procesal Civil, de tal manera que al ser impugnada dicha tasación de costas se remitió el Extracto del Expediente de mérito, a la comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, quien remitió dicho extracto con la certificación del informe respectivo donde se pronuncia de acuerdo a lo dispuesto en dicho arancel de los Profesionales del Derecho, explicando en cada una de sus partes lo que conforme a derecho corresponde en materia de tasación de Costas. Es así que una vez que se devolvió al Tribunal de su Procedencia, siguiendo el procedimiento establecido, el Secretario del mismo procedió a realizar las modificaciones respectivas, y con lo actuado se pronunció el Juez A-Quo, todo ello conforme lo previsto en la ley. Siendo Así esta Sala no encuentra en el quehacer jurisdiccional del A-Quo quebranto a los derechos de los recurrentes, ya que resulta evidente que éste solamente se ha ceñido a la ley.- CONSIDERANDO (17): Que el recurrente considera una vulneración de Derechos el haber declarado infundada la queja interpuesta contra la inadmisión del recurso de apelación; tal motivo no es de recibo, puesto que la resolución de la que pretendió el Recurso de Apelación, no es RECURRIBLE, el artículo 227 numeral 1) lo establece taxativamente que “el Secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndose al Tribunal para que éste resuelva mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso. Dichas disposiciones son de orden público no están al arbitrio de los particulares, las normas no pueden ni deben aplicarse o adecuarse a los intereses de los particulares, puestos que una de sus características es que son de aplicación general, en ese orden de ideas se aprecia que el procedimiento se ha ceñido a lo prescrito en la ley, dando cumplimiento a las exigencias, solemnidades y requisitos previamente establecidos en la ley, para finalmente emitir la resolución, en consecuencia no se aprecia vulneración al debido proceso.- CONSIDERANDO (18): Que el recurrente invoca como vulnerados el Derecho al debido Proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO(19): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (20): Que del estudio de la foliada esta Sala aprecia que todos los ciudadanos (as) deben sujetarse a lo establecido en la Constitución, la ley y normas de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, todo ello implica que las peticiones deben presentarse bajo el cumplimiento de las solemnidades y exigencias previamente establecidas en la ley, esto en cumplimiento del Principio de legalidad, inherente al Debido Proceso, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva, en el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto en la ley el recurrente esta obligado a saber que resoluciones son susceptibles de apelación, en el caso de estudio la resolución contra la que se interpone el recurso de apelación ES IRRECURRIBLE, así lo dispone la ley, en consecuencia la resolución dictada por el Ad-Quem es conforme a derecho. Con respecto al Derecho de Defensa de los recurrentes, NO se ha quebrantado, que las partes, han intervenido activamente acorde a sus pretensiones durante el proceso, así como que han hecho uso de la acción recursiva, y si sus pretensiones no han sido satisfechas conforme a sus intereses es porque no se enmarcan dentro de las normas de procedimiento invocadas, en consecuencia la resolución dictada por la Corte recurrida NO vulnera el derecho de Defensa y demás derechos invocados por los recurrentes.- CONSIDERANDO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por los Abogados ABRAHAM ALVARENGA URBINA Y ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLÉN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL, del departamento de Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo los números 0419 y 0477-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar Sentencia los Recursos de Amparo Civiles acumulados interpuestos I.- Por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0419-2014); II.- Por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en su condición de Procurador Judicial a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0477-2014), ambos contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, con relación a la solicitud de tasación de costas personales, promovida por el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NÚÑEZ MURILLO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V. (TEXHONSA), contra del ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NÚÑEZ MURILLO en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V. (TEXHONSA), interponiendo solicitud de tasación de costas personales por existir condena dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, con respecto al proceso comprendido en el expediente 0801-2007-19185, que contiene la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Juicio Ejecutivo e interposición de excepciones por la vía ordinaria, contra del ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece, dictó Auto mediante la cual procedió a fijar la tasación de costas procesales y personales, las cuales ascienden a la cantidad de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.15,449,587.54).- (Folio setenta y cinco (F-75) de la pieza de primera instancia).- 3) Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el antecedente anterior; a lo cual el A-Quo resolvió en fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, lo siguiente: “PRIMERO: Inadmítase a Tramite el Recurso de Apelación interpuesta por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución emitida por este Juzgado en fecha Treinta (30) de Octubre del año Dos Mil Trece (2013), en vista de que dicha resolución no es recurrible según lo establecido en el artículo 227 del Código Procesal Civil.- (Folio ochenta y cinco (F-85) de la pieza de primera instancia).- 4) Que conociendo de el Recurso de Queja promovido por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, quien actúa en su condición de procurador judicial por delegación del ESTADO DE HONDURAS, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Téngase por recibidas las copias debidamente autenticas del expediente registrada bajo el número 0801-2013-03497-CPCV, procedentes del Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, venido en virtud del Recurso de Queja interpuesto por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLÉN, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de Noviembre del año dos mil trece (2013). SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en los fundamentos de derecho, que se notifique éste fallo a las partes y al Juzgado de primera instancia para los efectos pertinentes.-” (Folios ciento veintisiete (F-127) al ciento veintiocho (F-128) de la pieza de segunda instancia).- 5) Que el recurrente, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 6) Que el recurrente, el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha doce de mayo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 7) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional presentada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0419-2014).- 8) Que en fecha tres de noviembre del año dos mil catorce, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional presentada por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN a favor del ESTADO DE HONDURAS (Registro No. SCO-0477-2014); y observando que las diligencias que se están sustanciando en el Recurso de Amparo con Registro No. SCO-0419-2014, y apreciar que dicho Recurso de Amparo se dirige contra una misma resolución y relacionan los mismos hechos, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, se ordenó acumular los amparos descritos para dictar una sola sentencia en su oportunidad; constando ya en el expediente ahora acumulado el pronunciamiento de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, se ordena la continuación del proceso. (Folio ochenta y seis (F-86) de la pieza de amparo).- 9) Que con fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada Yulibeth Garay Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión QUE SE OTORGUE el presente amparo, por existir vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual declaró infundado un recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por dicha autoridad en fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, el cual, inadmitió a trámite un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DELO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de octubre del año dos mil trece, en relación a la solicitud de Tasación de Costas promovida por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S. A., DE C.V., (TEXHONSA), en la demanda ordinaria de nulidad de un juicio ejecutivo e interposición de excepciones por la vía ordinaria posterior, contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala deviene obligada ajustar sus decisiones dentro del marco constitucional respetando los derechos fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho, así como los principios que rectoran los procesos sin importar la materia de que se trate. Siendo así, si bien es cierto a lo largo de la exposición de la Acción de amparo el recurrente se hace valer de todas las actuaciones procesales desde sus inicios, las que según los mismos recurrentes han llegado a sentencia, misma que adquirió carácter de firme cuando se hizo uso de la acción recursiva inclusive la Casación, de allí el carácter de firme de tales actuaciones, por todo ello esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, NO se pronunciará sobre los mismos, considerando que la justicia constitucional nunca hará pronunciamientos sobre cuestiones de fondo que atañen a la justicia ordinaria y menos cuando han adquirido el carácter de cosa juzgada, ya que ha sido concebida como guardián de los derechos fundamentales, su respeto, garantía del libre ejercicio de tales derechos pronunciándose solamente sobre si existe quebrante o no a los mismos.- CONSIDERANDO (5): Que habiendo sometido a estudio los antecedentes del proceso, esta Sala aprecia hay dos recurrentes a favor del Estado de Honduras, por una parte, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA según expediente Amparo Civil No. SCO 0419-2014 y por otra el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, según expediente Amparo Civil No. SCO 0477-2014. En la formalización de la Acción de Amparo Civil No. No. SCO 0419-2014 el recurrente expone los antecedentes del proceso, señalando que el Estado de Honduras presentó demanda Ejecutiva de Pago contra la Sociedad Mercantil TEXTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (TEXHONSA, ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán; señala como cuantía de la demanda L. 41, 446,416.96, en moneda nacional, más $3,000.000.00 en moneda extranjera, deuda que consta en Escritura pública que suscribieron las partes en fecha 24 de septiembre de 1991.- CONSIDERANDO (6): Que el Recurrente expone que al considerar la presunta firmeza de la Sentencia de Nulidad del Juicio Ejecutivo el apoderado legal de TEXHONSA, presentó en mayo del 2013, la Solicitud de Tasación de Costas ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, basando su liquidación en la cuantía de L. 102,881,916.95 del juicio Ejecutivo anulado; pese a que ellos adujeron en la Demanda Ordinaria de Nulidad de Juicio Ejecutivo que solo adeudan al Estado L: 28,490,586.22”. Sigue manifestando que injustamente se tasó las costas personales en QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, tomando como base la cuantía de L.102.8 millones del juicio ejecutivo y no la cuantía de L. 28.4 millones del juicio ordinario de nulidad. Manifiesta que “a través de la Procuraduría General de la República, presentó Recurso de Apelación contra el auto de fecha 30 de octubre del 2013, ante el mismo juzgado por tratarse de un Auto Definitivo, el cual fue inadmitido mediante auto de fecha 21 de noviembre del 2013” con fundamento en los artículo 227, 705, 706 y 707 del Código Procesal Civil, como si el Recurso de Apelación fue mal presentado porque era un simple Auto”, señala que la Juez aparentemente consideró que no procedía el Recurso de Apelación como si el mismo no fuera un auto definitivo, pero es claro que aunque se trata de una cuestión incidental, el asunto se trata de una Tasación de Costas, ESTE ES UN AUTO DEFINITIVO QUE PONE FIN AL PROCESO, ya que resolvía en forma definitiva la condena en costas, en tal sentido lo que procedía contra dicha resolución era un Recurso de Apelación de conformidad a lo señalado en el artículo 707 del Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que ante la Denegatoria del Recurso de Apelación, interpuso un Recurso de Queja ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, señalando que el tribunal de alzada sin hacer un análisis minucioso del recurso hizo suyo prácticamente lo resuelto por el A-Quo. Señala que el Recurso fue rechazado por la Corte impugnada, mediante resolución de fecha cinco (5) de febrero del dos mil catorce (2014), con fundamento los artículos 227 numeral 1), 732 y 733 del Código Procesal Civil “Declaró Infundada la Queja”, posteriormente se interpuso el recurso de reposición contra dicha resolución.- CONSIDERANDO (8): Que el impetrante expone que el representante de la sociedad Mercantil TEXHONSA, al considerar la presunta firmeza de la Resolución de Tasación de Costas Personales de fecha 30 de octubre del 2013, presentó solicitud de ejecución de Título Judicial, del que ya fue notificado el Procurador General de la República del auto de mandamiento judicial en el que se ordena pagarla cantidad de 15,449,587.54, a lo cual se presentó la ejecución del título judicial por el motivo de plus petición y por carecer el título de los Requisitos Legales.- CONSIDERANDO (9): Que el impetrante considera que se han vulnerado los siguientes artículos constitucionales: artículo 82 que dispone que el Derecho de defensa es inviolable, siendo del parecer que el derecho a la defensa de su representado fue quebrantado por la resolución dictada por la Corte de Apelaciones impugnada, al emitir el auto resolutivo de fecha 5 de febrero del año 2014 en el Recurso de queja que consideró infundada, dejando en indefensión a su defendido y que procede la impugnación por honorarios indebidos y excesivos según el artículo 225 numeral 1)del código Procesal Civil y fueron impugnados oportunamente, pero no fue tomada en cuenta dicha impugnación. Quebrantamiento del artículo 90 párrafo primero Constitucional, dice el recurrente que no se ha respetado el debido proceso porque el juicio ejecutivo original promovido en el año 2000, fue anulado en otro juicio incoado en el año 2007, en la Demanda de Nulidad por las Excepciones Procesales o Cuestiones Incidentales de Falta de Personalidad o Representación Legal en el Demandado, anulándose el juicio, pero no el fondo del asunto, ni porque la deuda no exista, posteriormente en el Recurso de apelación se impusieron Costas el Estado de Honduras, por las excepciones mencionadas y siendo que las cuestiones incidentales generan costas inferiores a la tarifa corriente según lo señalado en el Artículo 36 del Arancel del Profesional de Derecho y de conformidad a lo señalado en el artículo 223 numeral 3) del Código Procesal Civil, que regula “tampoco se incluirán en la tasación las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida… señalando que el proceso no se ha juzgado con las formalidades derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (10): Que formalizada la acción de amparo que corre bajo el expediente 477-2014, el recurrente invoca los mismos hechos y quebranto de derechos constitucionales, contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales, ya relacionados de manera detallada, en los considerandos que anteceden. En consecuencia, esta Sala prosigue con el estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida.- CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a los antecedentes, los hechos, actos procesales, resoluciones y sentencia relacionados por el impetrante corresponden a hechos que ya han sido juzgados, en los que tuvo la oportunidad del ejercicio de la actividad recursiva, hasta el Recurso de Casación inclusive, y siendo que no es menester de esta Sala pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones controvertidas y menos aún conocer y resolver sobre el fondo de cuestiones que ya tiene el carácter de cosa juzgada, sino que velar por el respeto y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, reconocidos internacionalmente como derechos humanos; es ese orden de ideas que ésta Sala con estricto apego a las normas constitucionales, de procedimiento, y las normas de los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno del Estado por lo que son de obligatorio cumplimiento, tal como lo dispone el artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se pronunciará sobre si existe o no quebranto de los derechos invocados por los recurrentes, en la resolución dictada el cinco de febrero del año dos mil catorce por el Tribunal de alzada ahora impugnado.- CONSIDERANDO (12): Que consta en autos la solicitud de tasación de costas personales presentada por el representante de la sociedad TEXTILES DE HONDURAS, S.A., DE C.V., (TEXHONSA), que para tal pretensión se consideró que el proceso fallado tuvo la finalidad de obtener mediante sentencia definitiva la nulidad del juicio ejecutivo, cuya cuantía es de L. 41,446,416.95 más US$. 3,000.000.00, cuantía que constituye la trascendencia económica del litigio, señalando detalladamente el factor de cambio de Dólar, así como que se trata de un juicio ordinario con oposición, por lo que aplica la tarifa corriente plena del artículo 36 del Arancel del Profesional del Derecho, desglosando los porcentajes que corresponden según el monto de la demanda, Haciendo un total de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.- CONSIDERANDO (13): Que al representante del Estado, se le dio vista en legal y debida forma para que dentro del término de cinco (5) días proceda a impugnar o aprobar la tasación de costas de fecha 27 de junio del año 2013 (Folio 27 del expediente 0801-2013-03497, Juzgado de Letras de lo civil de Francisco Morazán). En fecha 26 de julio del año 2013, el representante de TEXTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V., (TEXHONSA) impugnó la tasación de costas realizada por el Secretario del Despacho judicial, por considerar que fueron calculadas de manera equivocada, resultando deficitarias (Folios 28 al 30 del expediente 0801-2013-03497, CPCV). En la misma fecha 26 de julio del mismo año el representante del Estado impugnó la tasación de costas por considerar que son imaginarias e inexistentes además de excesivas (Folios 32 al 35 del expediente 0801-2013-03497, CPCV). En fecha cinco de septiembre del año dos mil trece de parte del Juzgado de Letras de lo Civil se procedió a remitir a la honorable Comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras el EXTRACTO del expediente registrado bajo el número 0801-2013-03497-CPV CONTENTIVO DE LA SOLICITUD DE Tasación de costas presentada por el representante procesal de TEXTILES DE HONDURAS, S.A., (TEXHONSA) y practicada por el Secretario del Despacho judicial, impugnadas por ambas partes (F. 56. Expediente número 0801-2013-03497-CPV). En fecha 04 de octubre del año 2013, La Comisión del Arancel del Colegio de Abogados, entregó el extracto del expediente número 0801-2013-03497-CPV y Certificación del Informe requerido sobre la Tasación de costas solicitada por el órgano jurisdiccional, que corre a folios sesenta y siete (67) al sesenta y nueve (69), en el que consta una análisis de la tasación de costas practicada por el Secretario del Juzgado de Letras de lo civil, así como las sumas de capital reclamado en la cuantía de la demanda ejecutiva, señalando el tanto el valor en Lempiras como el cálculo de la conversión de la cuantía en Dólares a Lempiras de acuerdo a la constancia emitida por el Banco de Occidente en relación al precio de la compra y venta del Dólar. Exponiendo que el Arancel del Profesional del Derecho regula los honorarios mínimos que podrá cobrar en concepto de honorarios los Profesionales de Derecho, quienes no podrán cobrar sumas menores que las establecidas en el arancel y cuando existan costas personales las cantidades que servirán para determinar el importe serán las tarifas que señala dicho arancel y le corresponden exclusivamente al Profesional del Derecho. Invoca además el artículo 21 del Arancel del Profesional del Derecho que establece “REVISIÓN POR DESLIZAMIENTO DE LA MONEDA: En caso de suscitarse un deslizamiento sustancial de la moneada nacional con relación al dólar y ya se hubiere suscrito el respectivo contrato, el mismo será objeto de revisión a solicitud del profesional del derecho y será asimilado al nuevo valor de la moneda…” por lo que aplicando analógicamente este artículo al presente caso, el valor de la porción de moneda extranjera ya determinada es decir TRES MILLONES DE DOLARES AMERICANOS multiplicado por L.20.4785 que era el factor de precio de venta del dólar regido por el Banco Central de Honduras se convierten en SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPRAS EXACTOS, para un gran total de CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS, que será en definitiva el valor del litigio. Además señala los porcentajes establecidos en el artículo 26 del Profesional del Derecho, para los asuntos de cuantía determinada, que dispone que deben calcularse los honorarios sobre el importe total de la demanda, sin perjuicio del importe total de la condenatoria o de producirse una absolución, pero debe entenderse como cuantía determinada para fines de costos o juicios terminados por sentencia la fijada por el Órgano Jurisdiccional respectivo en el fallo, conforme la tarifa previamente establecida. Deja plenamente señalados los valores que corresponde a cada una de las instancias. Finalmente la Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de la Comisión del Arancel del Profesional de Derecho es del parecer que el Estado de Honduras adeuda al Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO la cantidad de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 15,488,787.54) por la primera instancia Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 3,862.196.88). Con la Certificación antes relacionada realizadas las modificaciones señaladas por la Comisión del Arancel del Profesional del Derecho, la Secretaría del Juzgado de Letras de lo Civil dictó resolución en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil trece, mediante la cual deja establecida la Tasación de Costas, de acuerdo a los valores arriba señalados (F.76. Expediente número 0801-2013-03497-CPV). Contra ésta resolución el recurrente interpone Recurso de Apelación, mismo que es Inadmitido “en vista de que dicha resolución no es recurrible según lo establecido en el artículo 227 del Código Procesal Civil. Interponiendo contra esta resolución el recurso de reposición que también le fue denegado de acuerdo a lo “ordenado en el artículo 227 numeral primero del Código Procesal Civil, que dispone que contra el auto que resuelva respecto a la tasación de Costas de acuerdo a lo actuado y a los dictámenes emitidos por el Colegio de abogados de Honduras, no es procedente interponer recurso alguno”.- CONSIDERANDO (14): Que contra la resolución citada en el considerando que antecede el recurrente interpuso Recurso de Queja, misma que fue declarado INFUNDADA, señalando el tribunal de alzada como “Fundamento de Derecho Primero: De conformidad al Artículo 227 del Código Procesal Civil en su numeral 1 establece que el Secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndose al Tribunal para que éste resuelva mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso, en consecuencia la resolución por la cual se pretende recurrir en apelación de acuerdo a la norma prescrita es irrecurrible”, (Folio 102 Expediente número 0801-2013-03497-CPV).- CONSIDERANDO (15): Que el Código Procesal Civil ordena y desarrolla el proceso, de tal manera que en cada momento procesal deben las partes sujetarse al procedimiento, como el cause de sustanciación previsto por la ley a efecto de lograr la efectividad del derecho material, establece los principios y normas aplicables a los casos concretos de tal manera que se garantizan los derechos de las partes, recayendo en el Juez conocedor de la controversia realizar o materializar la tutela judicial efectiva, lo que implica el cumplimiento de las normas que hacen al proceso legal, lo contrario permitiría la arbitrariedad convirtiendo el proceso en lesivo e inútil, dilatado innecesariamente.- CONSIDERANDO (16): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia, que el recurrente ha interpuesto un recurso de queja en virtud de haberse inadmitido un recurso de apelación contra el auto que establece la tasación de costas, estudiado cada uno de los actos procesales realizados a lo largo del proceso, específicamente la Tasación de Costas, se ha seguido estrictamente, el procedimiento previamente establecido en el Código Procesal Civil, de tal manera que al ser impugnada dicha tasación de costas se remitió el Extracto del Expediente de mérito, a la comisión de Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, quien remitió dicho extracto con la certificación del informe respectivo donde se pronuncia de acuerdo a lo dispuesto en dicho arancel de los Profesionales del Derecho, explicando en cada una de sus partes lo que conforme a derecho corresponde en materia de tasación de Costas. Es así que una vez que se devolvió al Tribunal de su Procedencia, siguiendo el procedimiento establecido, el Secretario del mismo procedió a realizar las modificaciones respectivas, y con lo actuado se pronunció el Juez A-Quo, todo ello conforme lo previsto en la ley. Siendo Así esta Sala no encuentra en el quehacer jurisdiccional del A-Quo quebranto a los derechos de los recurrentes, ya que resulta evidente que éste solamente se ha ceñido a la ley.- CONSIDERANDO (17): Que el recurrente considera una vulneración de Derechos el haber declarado infundada la queja interpuesta contra la inadmisión del recurso de apelación; tal motivo no es de recibo, puesto que la resolución de la que pretendió el Recurso de Apelación, no es RECURRIBLE, el artículo 227 numeral 1) lo establece taxativamente que “el Secretario, a la vista de lo actuado y de los dictámenes emitidos, mantendrá la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que deban hacerse, remitiéndose al Tribunal para que éste resuelva mediante auto, lo que proceda sin ulterior recurso. Dichas disposiciones son de orden público no están al arbitrio de los particulares, las normas no pueden ni deben aplicarse o adecuarse a los intereses de los particulares, puestos que una de sus características es que son de aplicación general, en ese orden de ideas se aprecia que el procedimiento se ha ceñido a lo prescrito en la ley, dando cumplimiento a las exigencias, solemnidades y requisitos previamente establecidos en la ley, para finalmente emitir la resolución, en consecuencia no se aprecia vulneración al debido proceso.- CONSIDERANDO (18): Que el recurrente invoca como vulnerados el Derecho al debido Proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO(19): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (20): Que del estudio de la foliada esta Sala aprecia que todos los ciudadanos (as) deben sujetarse a lo establecido en la Constitución, la ley y normas de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, todo ello implica que las peticiones deben presentarse bajo el cumplimiento de las solemnidades y exigencias previamente establecidas en la ley, esto en cumplimiento del Principio de legalidad, inherente al Debido Proceso, a fin de que las partes obtengan una tutela judicial efectiva, en el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto en la ley el recurrente esta obligado a saber que resoluciones son susceptibles de apelación, en el caso de estudio la resolución contra la que se interpone el recurso de apelación ES IRRECURRIBLE, así lo dispone la ley, en consecuencia la resolución dictada por el Ad-Quem es conforme a derecho. Con respecto al Derecho de Defensa de los recurrentes, NO se ha quebrantado, que las partes, han intervenido activamente acorde a sus pretensiones durante el proceso, así como que han hecho uso de la acción recursiva, y si sus pretensiones no han sido satisfechas conforme a sus intereses es porque no se enmarcan dentro de las normas de procedimiento invocadas, en consecuencia la resolución dictada por la Corte recurrida NO vulnera el derecho de Defensa y demás derechos invocados por los recurrentes.- CONSIDERANDO (21): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por los Abogados ABRAHAM ALVARENGA URBINA Y ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLÉN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL, del departamento de Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo los números 0419 y 0477-2014.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ
CALIX, Secretario Sala Constitucional.”