Sentencia AC-404-17 — Registro 9305
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo interlocutorio que declaró con lugar incidente de nulidad de actuaciones en relación a una providencia y acta de tasación de costas procesales, se declaró sin lugar la suspensión de señalamiento de audiencia de remate en relación a demanda ejecutiva de pago contra él
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en el presente juicio ejecutivo en el cual está consignado un derecho real (hipoteca) las partes renunciaron expresamente a los trámites del Juicio ejecutivo previo a la audiencia de remate, por lo que el requerimiento de pago esta válidamente hecho, no obstante es menester manifestar que esta Sala, de acuerdo con lo expuesto por el Ad-quen, conoció en sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, de los incidentes plateados por el recurrente en amparo, sobreseyendo la acción constitucional, por recurrir de cuestiones de mera legalidad, sin embargo el impetrante continúa recurriendo de las mismas resoluciones, concluyendo que tales actuaciones no son más que acciones para dilatar el proceso y evitar por este medio que se realice la escritura traslaticia de dominio..."..."en fecha dieciocho de agosto se señaló fecha para la audiencia de remate, notificándosele esta resolución a la parte recurrente el veinticinco de agosto de ese mismo año, sin apelar de la misma, por lo que al no haber impugnado consintió su celebración, llevándose a cabo el remate el veintisiete de octubre de aquel año. Que esta sala de lo Constitucional estima que no se acreditó en el proceso de amparo la vulneración al derecho fundamental a la defensa y consecuentemente a una vulneración a un debido proceso. .."..."se aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su disposición, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 457 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, a favor de los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho de enero del dos mil diecisiete, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ejecutiva promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC-BAMER), contra los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN.- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MELVIN ALCIDES GOMEZ PEREZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC-BAMER), interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago, contra los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN, siendo admitido el mismo en fecha veintiocho de junio de dos mil diez.- (Folio 01 al 23 de la pieza del Juzgado). 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente, el referido Juzgado dicto sentencia en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD de actuaciones, promovido por el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ en su condición de apoderado legal de los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN como parte ejecutada.- SEGUNDO: En consecuencia, se declara SIN LUGAR la nulidad del acta de requerimiento de pago o consignación levantada en fecha 27 de enero del 2011 que corre agregada a folio 25 y se declara CON LUGAR la nulidad de actuaciones en relación a la providencia de fecha 14 de octubre de 2013 que corre agregada a folio 64, así como del acta de tasación de costas procesales y del acta de vista de costas que corren agregadas a folio 65 de los presentes autos, dejando subsistente las demás actuaciones.- TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la suspensión de señalamiento de audiencia de remate ordenado mediante auto de fecha 18 de agosto del 2016 que corre agregado a folio 123 siempre y cuando se cumplan los requisitos ordenados por este Tribunal.-…” (Folio 187 al 192 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN, LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN en fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dicto sentencia en la cual, “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación del que se ha hecho merito.- 2) CONFIRMAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil dieciséis (2016) dictada por el Juzgado de letras Civil de Francisco Morazán,…; 3):…; Y MANDA:…” (Folio 17 al 21 de la pieza del Corte). 4) Que el recurrente Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN, contra sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha quince (15) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por el abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que en la formalización del recurso, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, manifiesta que en la demanda ejecutiva promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC-BAMER), contra los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN; en fecha 24 de agosto de 2016, se presentó ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, un incidente de nulidad absoluta de actuaciones; en vista de que dicha instancia emitió un Acta de Requerimiento mediante la cual el Juez otorga el termino de DOCE HORAS (12) PARA QUE EL AHORA RECURRENTE PAGUE O CONSIGNE LA CANTIDAD QUE SE LE RECLAMA EN LA DEMANDA EJECUTIVA.- Término que vulnera lo dispuesto en el artículo 457 del Código de Procedimientos Civiles, el que manda un término de 24 horas y doce como lo ordenó el Juez. Expone que a folio 31 vuelto, consta un auto de fecha nueve de marzo de 2011, en el cual manda entre otros: “…declárese caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término de veinticuatro horas concedido a los señores HENRY GEOVANNY RAMOS CRUZ y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN, como parte ejecutada por sí. - Decrétese embargo sobre el bien inmueble…NOTIFIQUESE…”. Señala el recurrente que la vulneración al derecho de defensa y el derecho a un debido proceso, consiste en la falta de notificación de dicho auto, omitiendo la notificación por la Tabla de avisos del Tribunal, en desobediencia a lo mandado por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles. Alega como una violación más al debido proceso, la falta de sello y firma del Secretario del Tribunal contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que estima que no puede ni debe causar efecto alguno, como ocurre en la tasación de costas hecha por la Secretaria del Tribunal. Asimismo, señala que a folio 64 de la primera pieza, consta el Auto de fecha catorce de octubre de dos mil trece, mediante el cual el Juzgado tuvo por presentadas las costas personales presentadas por el compareciente, y en esta resolución en la cual el A-quo también ordenó que la Secretaría proceda a tasar las costas procesales y ordena al mismo tiempo que de ambas se de vista a la parte ejecutada, para que en el término de tres días proceda a aprobarlas o impugnarlas. Termina con la fórmula CUMPLASE y carece de firma y sello de la Secretaria del Tribunal por lo cual solicita la nulidad absoluta de todas las actuaciones. CONSIDERANDO (3): Que la pretensión del recurrente, tanto en su expresión de agravios intentado en el recurso de apelación, como de la sentencia dictada por el tribunal de alzada y que ahora se analiza, es que se decrete la Nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha nueve de marzo del año dos mil once, o en su defecto se decrete de oficio Nulidad absoluta de actuaciones a partir de la providencia de fecha nueve de marzo del año dos mil once, dejando sin valor ni efecto la audiencia de remate celebrada en fecha veintisiete de octubre del año en curso. Al respecto la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de octubre dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, motivando su sentencia en las siguientes razones: Que en relación a la fecha referida providencia de fecha nueve de marzo del año dos mil once y dando respuesta a los agravios expresados por el recurrente visto los antecedentes del proceso, pudimos establecer lo siguiente: a) que el ejecutado y ahora recurrente, mediante escrito de personamiento en juicio de fecha 20 de septiembre de 2013, ya había promovido a nombre de los demandados INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, b)- que en aquel momento solo alegó como única causal de la referida nulidad, la falta de notificación por tabla de avisos del Despacho en virtud según el de habérsele declarado a su representado en REBELDÍA.- c)- Que el A-quo mediante auto de fecha 23 de septiembre del año 2013, declaró sin lugar el relacionado incidente, por estimar que los demandados, no se les había declarado en REBELDÍA. D)- Que sobre esta ultima resolución conoció vía apelación esta Corte de apelaciones y la Honorable Corte Suprema de Justicia, vía recurso de amparo; y por su respectiva resolución, nosotros CONCLUIMOS lo siguiente: Que aquel auto de fecha 9 de marzo del año 2011, cuya nulidad se sigue solicitando insistentemente, hasta con el actual recurso de apelación que resolvemos, quedó desde aquella fecha, vigente y válido. Por lo que, también contrariamente lo dicho por el recurrente que la “AUDIENCIA DE REMATE DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS”, visible a folio doscientos del proceso, tiene valor y efecto. Que respecto a la nulidad del acta del requerimiento de fecha 25 de enero de 2011, solicitada, por el abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, con el escrito de fecha 20 de septiembre del año 2016, mediante el cual promovió hasta ahora el último incidente de nulidad absoluta de actuaciones, pudimos establecer que en su oportunidad dicha ACTA, aun y cuando fue hecha anterior al personamiento en juicio de los ejecutados no fue objeto de ningún cuestionamiento que implicara su nulidad; quedando convalidada aun con el defecto de que adolece, por eso y por las consiguientes actuaciones del ejecutado. Sigue argumentando la Corte de Apelaciones en su sentencia, que en lo concerniente a la “NULIDAD DE ACTUACIONES”, relativas a la TASACION DE COSTAS PERSONALES, solicitadas por la parte ejecutante y declaradas así por el juzgado de primera instancia, mediante la sentencia interlocutoria que se recurre, desde el auto de fecha 14 de octubre del año 2013 visible al folio 64 de la pieza principal y hasta el 65 de esta misma pieza de autos, consideramos lo siguiente: Que esa nulidad así como están dadas las cosas, solo afecta el interés de la parte que las solicita y que no incide en manera alguna con la suspensión o no del juicio, y que nada tiene que ver con la pretensión principal del mismo. CONSIDERANDO (4): Que en el presente juicio ejecutivo en el cual está consignado un derecho real (hipoteca) las partes renunciaron expresamente a los trámites del Juicio ejecutivo previo a la audiencia de remate, por lo que el requerimiento de pago esta válidamente hecho, no obstante es menester manifestar que esta Sala, de acuerdo con lo expuesto por el Ad-quen, conoció en sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, de los incidentes plateados por el recurrente en amparo, sobreseyendo la acción constitucional, por recurrir de cuestiones de mera legalidad, sin embargo el impetrante continúa recurriendo de las mismas resoluciones, concluyendo que tales actuaciones no son más que acciones para dilatar el proceso y evitar por este medio que se realice la escritura traslaticia de dominio.- CONSIDERANDO (5): Que aun con todo, en fecha dieciocho de agosto se señaló fecha para la audiencia de remate, notificándosele esta resolución a la parte recurrente el veinticinco de agosto de ese mismo año, sin apelar de la misma, por lo que al no haber impugnado consintió su celebración, llevándose a cabo el remate el veintisiete de octubre de aquel año. Que esta sala de lo Constitucional estima que no se acreditó en el proceso de amparo la vulneración al derecho fundamental a la defensa y consecuentemente a una vulneración a un debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que se aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su disposición, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 109, 110, y 471 del Código Procesal Civil. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, a favor de los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho de enero del dos mil diecisiete, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ejecutiva promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC-BAMER), contra los señores HENRY YOVANY RAMOS RUIZ Y BRENDA JULISSA ESCOBAR MONTALVAN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA-.-NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Numero 0404=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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