Sentencia AC-400-16 — Registro 7185
Resumen
Resolución declaró con lugar recurso de apelación contra sentencia dictada por juzgado de primera instancia que desestimó demanda de reivindicatoria de dominio de un inmueble, en segunda instancia se declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir de la audiencia del dos de junio del dos mil quince
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido carece de la motivación suficiente, a efecto de adquirir en las partes procesales la convicción necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión, tal es así que la resolución que se impugna por medio de esta vía constitucional, se limita a transcribir los artículos 3 y 177 inciso e) del Código Procesal Civil, sin realizar un razonamiento claro del fundamento de derecho que invoca en la decisión adoptada, que declara la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia de fecha dos de junio del año dos mil quince, celebrada por el A-quo; concluyendo sin mas razonamiento o argumentación jurídica, que la sentencia impugnada y dictada por el A-quo no es conforme a derecho y es procedente declarar su nulidad, vulnerando con ello los derechos que aduce el amparista, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una sentencia carente de motivación suficientemente razonada, con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución –específicamente el artículo 90- y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, a favor del señor AQUILINO LAGOS COLINDRES, contra la resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán departamento de El Paraíso, en fecha tres de junio del año dos mil quince, con relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio de un Inmueble, promovida por el señor GUADALUPE SANCHEZ COLINDRES, contra el señor AQUILINO LAGOS COLINDRES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 1, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 303 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, el señor GUADALUPE SANCHEZ COLINDRES, en su condición personal, promoviendo Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio de un inmueble, contra el señor AQUILINO LAGOS COLINDRES. (Folios del 1 al 5 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha tres de junio del año dos mil quince, el Juzgado antes referido, dictó sentencia en la cual falló: (Sic) “PRIMERO: QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO: 1) Desestimar íntegramente la Demanda de Acción Reivindicatoria de Dominio, formulada por la Abogada NELLY YOLANDA ESCOTO CACERES, en su condición de Representante Procesal del señor GUADALUPE SANCHEZ COLINDRES, contra el señor AQUILINO LAGOS COLINDRES.- 2) Desestimar la Indemnización de Daños y Perjuicios solicitados por la Abogada NELLY YOLANDA ESCOTO CACERES, en su condición de Representante Procesal del señor GUADALUPE SANCHEZ COLINDRES, contra el señor AQUILINO LAGOS COLINDRES. SEGUNDO: Absuelve de toda responsabilidad Civil al señor AQUILINO LAGOS COLINDRES, de la acción civil promovida en su contra. TERCERO: No se condena al demandante señor GUADALUPE SANCHEZ COLINDRES, a pagar las costas procesales causadas en esta instancia.…” (Folios 175 al 182fv de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por la Abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES, contra la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual fallo: “1) CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, interpuesto por la Abogada NELY YOLANDA ESCOTO CACERES, Apoderada Legal del señor GUADALUPE SÁNCHEZ CRUZ, contra la Sentencia Definitiva dictada en fecha tres de Junio del dos mil quince por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscaràn, El Paraíso. 2) Declarar NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir de la Audiencia del dos de junio del dos mil quince, visible a folio 170 del expediente….” (Folios del 07 al 26 de la pieza de antecedentes de segunda instancia).4) Que el recurrente Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del señor AQUILINO LAGOS COLINDRES, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre del año dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 303 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional declaró por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido al recurrente para que formalizara su acción; asimismo y desprendiéndose del escrito de interposición del recurso de amparo que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo que consideró procedente continuar con el procedimiento, dando vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 45 de la pieza de Amparo) 6) Que en fecha diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para emitir dictamen el Fiscal del Despacho, asimismo rechazar por extemporáneo el escrito contentivo del dictamen presentado. (Folio 56 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil quince (2015), que declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Nelly Yolanda Escoto Cáceres, en su condición de Apoderada Legal del señor GUADALUPE SÁNCHEZ CRUZ, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yucarán, Departamento de El Paraíso, en fecha tres (3) de junio del año dos mil quince (2015), que declara Desestimar íntegramente la Demanda de Acción Reivindicatoria de Dominio, formulada por la Abogada NELLY YOLANDA ESCOTO CACERES, en su condición de Representante Procesal del señor GUADALUPE SÁNCHEZ COLINDRES, contra el señor AQUILINO LAGOS COLINDRES. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta entre otros derechos, el debido proceso, defensa y la responsabilidad de los servidores públicos, contenidos en los preceptos constitucionales 1, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 303 y 321 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 21, 115, 122, 132, 133, 135, 180, 194, 196, 206, 207, 208, 211, 212-4, 229-3, 239, 240, 444, 445, 447, 463, 466, 467, 469, 705, 710 y 712 del Código Procesal Civil. En sendas argumentaciones el impetrante relaciona el por qué de la incomparecencia de la parte demandante a la audiencia probatoria señalada para el dos de junio del año dos mil quince y que culminó con la sentencia definitiva que desestima la demanda presentada de reivindicación de dominio de un inmueble. CONSIDERANDO (4): Que en relación a la vulneración del articulo 1 constitucional, el impetrante refiere que la Corte de Apelaciones esta atentando de manera evidente contra este principio fundamental del Estado, al negar el goce a la justicia a través de la imposición del criterio personalísimo de sus miembros sobre el sentido y sobre la letra que de la ley emana, aduce que lo irónico es que, es de parte del órgano creado precisamente para garantizarla a través de su aplicabilidad. La vulneración al articulo 80 constitucional lo explica en cuanto a los plazos que deben ser observados por los órganos judiciales conforme lo establecido en la ley, ello en relación al tiempo transcurrido hasta el momento de celebrarse la audiencia probatoria, habiendo transcurrido ocho meses desde la celebración de la audiencia preliminar. Arguye el recurrente que se considera amenazado el artículo 82 constitucional, que refiere al derecho de defensa, ello porque la Corte Tercera de Apelaciones en su resolución ha dejado el principio de ecuanimidad al margen de su decisión al hacer valoraciones eminentemente parciales a favor de la parte recurrente, acto que entraña duda y disconformidad en la manera como se imparte justicia en Honduras; sostiene asimismo el impetrante que cuando se observa que los jueces y magistrados lejos de hacer sus labores de la manera mas apropiada lo que genera es duda, lo expuesto deviene del hecho que la Corte a manera de rajas tablas resolvió declarar con lugar el recurso de apelación impetrado, sin hacer el mas minino esfuerzo por valorar lo expuesto por la parte recurrida, en esto consiste precisamente la capital importancia que juega las motivaciones en las resoluciones, motivaciones que la Corte omite, porque es a través de ellas por las cuales los juzgadores dan la explicación razonada del porque consideran que lo resuelto por ellos es conforme a ley. CONSIDERANDO (5): Que la vulneración al artículo 90 constitucional, los relaciona con los artículos 303 y 321, indicando que la celebración de la audiencia probatoria debe realizarse dos meses después de celebrada la audiencia preliminar, reitera asimismo la obligación que impone la ley a los juzgadores a motivar sus resoluciones, que dicha omisión voluntaria por parte de la Corte de Apelaciones, irrespeta el trabajo realizado por el A-quo, quien ha procedido en apego a la ley procesal, por otra parte esta omisión la ha conducido a desvelar su malicia al tergiversar el sentido real que emana de la letra del articulo 177 inciso e) del Código Procesal Civil, en virtud que esta norma procesal categóricamente establece que la celebración de las audiencias en el día y hora señalado solo podrán suspenderse:… e) Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta del profesional del derecho de la parte que pidiere la suspensión, justificada suficientemente. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que la recurrente considera vulnerados son los siguientes: artículo 1: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 303 “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes…”; artículo 321 párrafo primero “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley.”; artículo 323 párrafo primero “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.” CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la sentencia impugnada, de lo dispuesto en los artículos 177 literal e) y 207 del Código Procesal Civil que establecen textualmente en el orden: “SUSPENSIÓN DE LAS AUDIENCIAS. 1. La celebración de las audiencias en el día señalado sólo podrá suspenderse: a)… b)… c)… d)… e) Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta del profesional del derecho de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, a juicio del órgano jurisdiccional, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento”; y, “MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”.CONSIDERANDO (8): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[2]. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha diez de diciembre del año dos mil quince, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido carece de la motivación suficiente, a efecto de adquirir en las partes procesales la convicción necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión, tal es así que la resolución que se impugna por medio de esta vía constitucional, se limita a transcribir los artículos 3 y 177 inciso e) del Código Procesal Civil, sin realizar un razonamiento claro del fundamento de derecho que invoca en la decisión adoptada, que declara la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia de fecha dos de junio del año dos mil quince, celebrada por el A-quo; concluyendo sin mas razonamiento o argumentación jurídica, que la sentencia impugnada y dictada por el A-quo no es conforme a derecho y es procedente declarar su nulidad, vulnerando con ello los derechos que aduce el amparista, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una sentencia carente de motivación suficientemente razonada, con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución –específicamente el artículo 90- y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras.CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 177.e) y 207 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva en el deber de los jueces de motivar las resoluciones que dictaren. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la sentencia dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de motivación razonada y suficiente, vulnerando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.CONSIDERANDO (13): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207, 208, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, a favor del señor AQUILINO LAGOS COLINDRES, contra la resolución de fecha diez de diciembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES, DE TEGUCIGALPA, DEL DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .-LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Numero 0400=2016
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.