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Sentencia AC-383-18 — Registro 9333

Resumen

Acto recurrido que declara sin lugar apelación contra actuaciones del a-quo con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil dieciocho. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARIO AGÜERO NAVARRO a favor del señor OSCAR THOMPSON VELASQUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por la señora MIRIAM AIDA LOPEZ DOMINGUEZ, contra el señor ÓSCAR THOMPSON VELASQUEZ. CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que con la misma se ha violentado el debido proceso en virtud de que el Juzgado del que proviene no tiene competencia objetiva para haber conocido el asunto en cuestión, estando totalmente viciado el procedimiento que se llevó a cabo, tanto en la tramitación de la demanda principal como con la ejecución del título ejecutivo, porque el Juzgado que ha conocido y está ejecutando el título, nunca ha tenido ni tiene competencia para conocer del caso, ya que se trata de un arrendamiento de un terreno rústico sin construcción alguna, en el cual su representado ha invertido millones de lempiras en edificaciones. CONSIDERANDO (2): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se declara sin lugar y confirma el auto de fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán; ya que estima que aquellas circunstancias de falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia alegadas por el recurrente bajo los mismos argumentos desde la demanda principal y hasta ahora, no son útiles de resolver el asunto en cuestión, sobre si dicho órgano jurisdiccional tiene competencia o no para conocer de la ejecución del título judicial de condena que el mismo Juzgado ha emitido, en cuanto que a estas alturas del proceso, ya que existe una sentencia firme, la competencia para conocer dicha ejecución forzosa, viene atribuida por ley al Juez que la hubiere dictado en primera instancia. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara sin lugar el recurso de apelación, interpuesto a favor del señor OSCAR THOMPSON VELASQUEZ, en virtud del recurso de Apelación interpuesto por el abogado MARIO AGÜERO NAVARRO, contra la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, en la demanda de ejecución forzosa de título judicial, siendo dicha sentencia, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO 6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARIO AGÜERO NAVARRO a favor del señor OSCAR THOMPSON VELASQUEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. VISTO: el escrito de reposición presentado por el Abogado MARIO AGÜERO NAVARRO contra la resolución dictada por esta Sala en fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete; con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por la señora MIRIAM AIDA LOPEZ DOMINGUEZ, contra el señor OSCAR THOMPSON VELASQUEZ. CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado MARIO AGÜERO NAVARRO en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por apreciar que no se le ha dado el estudio que amerita a los hechos alegados, al haber sobreseído la Garantía de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (2): Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que está instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que tal como se expresó en el auto de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho dictado por esta Sala, la resolución emitida por el Ad-Quem en donde se declara sin lugar el recurso de apelación, contra la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada por Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán se encuentra motivada de manera precisa y razonada; observando que con la emisión de la misma se ha garantizado en todo momento el ordenamiento jurídico vigente sin existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas como violadas, siendo que el pronunciamiento de la Sala debe versar exclusivamente sobre la violación de garantías, derechos y principios. CONSIDERANDO (4): Que del análisis in extenso de los antecedentes y en específico de las alegaciones formuladas por el recurrente tanto en la interposición del amparo como en la reposición; puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la falta de competencia del Tribunal, misma que correspondía ser decidida por el Juzgado ante el cual se planteó y posteriormente por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO (5): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MARIO AGÜERO NAVARRO contra la resolución dictada por esta Sala en fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de las resoluciones de fechas quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), respectivamente, recaídas en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0383-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.