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Sentencia AC-362-17 — Registro 7598

Resumen

Sentencia anuló fallo definitivo dictado por juzado de primera instancia con relación a incidente de oposición en demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por Préstamos del Atlántico, S.A. contra Club Deportivo y Social VIDA como deudor principal la recurrente y otro demandado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que tanto en su interposición como en su formalización, la censora no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. En este sentido, por el principio de lesividad, el vicio procesal para que sea de recibo en amparo debe producir lesión o daño. En complemento a esta idea, no basta la mera infracción o inobservancia de una disposición procesal. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que la censora en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a su poderdante, señalándole a la recurrente que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo, no constando en forma clara ese extremo. Asimismo, esta Sala de lo Constitucional al examinar el contenido del artículo 711 del Código Procesal Civil, logra apreciar que el mismo no contiene ninguna consecuencia jurídica que derive en la declaratoria de desierto del recurso de Apelación por la ausencia de personamiento, por lo que no existe norma procesal que establezca la consecuencia jurídica pretendida por la recurrente, no se vislumbra la existencia de una aplicación incorrecta de la normativa procesal utilizada en la resolución cuestionada. Además, se puede apreciar que la resolución recurrida en Amparo es el fallo emitido por el Órgano de Alzada, contra el cual no se hace ninguna crítica, ya que el aspecto criticado es el haberle dado tramite al recurso de Apelación, decisión judicial que no ha sido impugnada, por ende, fue consentida por el ahora Amparista, en ese sentido incurre la cusa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte recurrente en amparo ha tenido acceso al proceso judicial sin traba alguna, en ellas han alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Resolución; y, mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."en el caso que nos ocupa se puede apreciar que la resolución recurrida en Amparo es el fallo emitido por el Órgano de Alzada, contra el cual no se hace ninguna crítica, ya que el aspecto criticado es el haberle dado tramite al recurso de Apelación, decisión judicial que no ha sido impugnada, por ende, fue consentida por el ahora Amparista..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de mayo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la señora CARLA BELINDA DIP ALVARADO, a favor de SI MISMA, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que anula la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a un incidente de oposición, alegado en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PRESTAMOS DEL ATLANTICO S.A., contra el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VIDA, como deudor principal, y contra los señores CARLA BELINDA DIP ALVARADO y ARMANDO CARIAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado ELVIN IVAN ALEMAN FUENTES, actuando en su condición de Representante Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL PRESTAMOS DEL ATLANTICO S.A., promoviendo Demanda de Ejecución de un Titulo Extrajudicial, Despacho de Ejecución Requisitos de Pago, habilitación de días y horas Inhábiles, Embargo Precautorio, Declaración Jurada de Bienes del Demandado, Medida de Averiguación de Bienes del Ejecutado.-(Folios uno (01) al tres (03) de la primera pieza de Juzgado).- 2) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó Sentencia mediante la cual FALLA: Con lugar la oposición por falta de representación o legitimación del demandado; Sin lugar con respecto a la pluspetición planteada pues no se acreditó la relación contractual del actor y el demandado y DECLARA: 1) Al no haberse presentado el titulo de donde surge la obligación de pagar cantidad liquida y exigible del Club Deportivo y Social VIDA de pagar a la sociedad ejecutante la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.6.936.226.81) se declara sin lugar la demanda de ejecución de titulo extrajudicial interpuesta contra el Club Deportivo Y Social VIDA, quedando a salvo el derecho de la Sociedad Prestamos del Atlántico S.A para promover el proceso contra quien corresponda y por la vía que según los documentos que tenga en su poder pueda recaer…(Folios 248 al 252 del tomo II de la pieza del Juzgado).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: ANULANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis.- SEGUNDO: ORDENA al A-quo que nuevamente decida sobre el fondo del pleito, estimando o desestimando cada una de las causas de oposición planteadas… (Folios 9 al 19 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que la recurrente Abogada CARLA BELINDA DIP ALVARADO, compareció ante este Tribunal, en fecha doces (12) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de SI MISMA, contra sentencia Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que el termino de cuarenta y ocho (48) horas concedidos a la Abogada VILMA CLEMENTINA ZUNIGA D´VICENTE, para formalizara su acción de amparo venció sin que la recurrente hiciera uso del mismo, en consecuencia se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar, asimismo conforme se desprende del escrito de interposición la Sala aprecia que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual consideró procedente continuar con el procedimiento, dando vista de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen en el presente asunto. (Folio 44 de la pieza de amparo)- 6) Que en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conocen en Amparo las actuaciones emitidas por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: ANULANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis.- SEGUNDO: ORDENA al A-quo que nuevamente decida sobre el fondo del pleito, estimando o desestimando cada una de las causas de oposición planteadas… (Folios 9 al 19 de la pieza de Corte de Apelaciones).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la impetrante en la formalización del recurso interpuesto, señala que: 1.- Al momento de tramitación del Recurso de Apelación, la Secretaria del Órgano de Alzada en fecha 09 de febrero de 2017 (folio 5 de la segunda pieza de autos), informó que el personamiento del Representante Legal de la Sociedad Mercantil Préstamos del Atlántico se realizó de manera extemporánea, situación que fue así establecida por la Corte de Apelaciones. 2.-En la misma fecha, 09 de febrero de 2017, el Ad-Quem ordena la continuación del proceso (folios 8 de la segunda pieza de autos), procediendo a dictar la resolución correspondiente en fecha 17 de marzo de 2017. 3.- Que dicha actividad judicial irrespeta lo preceptuando en el artículo 711 del Código Procesal Civil, en cuanto no declara desierto el recurso de apelación y decreta la confirmación del fallo dictado por el Ad-Quo, sino que dicta un fallo resolviendo la apelación, y vulnerando la Garantía Constitucional del Debido Proceso.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República, por concurrir la causa de inadmisibilidad estipulada en el Artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que tanto en su interposición como en su formalización, la censora no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. En este sentido, por el principio de lesividad, el vicio procesal para que sea de recibo en amparo debe producir lesión o daño. En complemento a esta idea, no basta la mera infracción o inobservancia de una disposición procesal. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que la censora en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a su poderdante, señalándole a la recurrente que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo, no constando en forma clara ese extremo. Asimismo, esta Sala de lo Constitucional al examinar el contenido del artículo 711 del Código Procesal Civil, logra apreciar que el mismo no contiene ninguna consecuencia jurídica que derive en la declaratoria de desierto del recurso de Apelación por la ausencia de personamiento, por lo que no existe norma procesal que establezca la consecuencia jurídica pretendida por la recurrente, no se vislumbra la existencia de una aplicación incorrecta de la normativa procesal utilizada en la resolución cuestionada. Además, se puede apreciar que la resolución recurrida en Amparo es el fallo emitido por el Órgano de Alzada, contra el cual no se hace ninguna crítica, ya que el aspecto criticado es el haberle dado tramite al recurso de Apelación, decisión judicial que no ha sido impugnada, por ende, fue consentida por el ahora Amparista, en ese sentido incurre la cusa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte recurrente en amparo ha tenido acceso al proceso judicial sin traba alguna, en ellas han alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Resolución; y, mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; y, en el caso que nos ocupa se puede apreciar que la resolución recurrida en Amparo es el fallo emitido por el Órgano de Alzada, contra el cual no se hace ninguna crítica, ya que el aspecto criticado es el haberle dado tramite al recurso de Apelación, decisión judicial que no ha sido impugnada, por ende, fue consentida por el ahora Amparista.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.- FALLA: SOBRESEYENDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la señora CARLA BELINDA DIP ALVARADO, a favor de SI MISMA, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que anula la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a un incidente de oposición, alegado en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PRESTAMOS DEL ATLANTICO S.A., contra el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VIDA, como deudor principal, y contra los señores CARLA BELINDA DIP ALVARADO y ARMANDO CARIAS.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0362-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de mayo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la señora CARLA BELINDA DIP ALVARADO, a favor de SI MISMA, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que anula la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a un incidente de oposición, alegado en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PRESTAMOS DEL ATLANTICO S.A., contra el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VIDA, como deudor principal, y contra los señores CARLA BELINDA DIP ALVARADO y ARMANDO CARIAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado ELVIN IVAN ALEMAN FUENTES, actuando en su condición de Representante Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL PRESTAMOS DEL ATLANTICO S.A., promoviendo Demanda de Ejecución de un Titulo Extrajudicial, Despacho de Ejecución Requisitos de Pago, habilitación de días y horas Inhábiles, Embargo Precautorio, Declaración Jurada de Bienes del Demandado, Medida de Averiguación de Bienes del Ejecutado.-(Folios uno (01) al tres (03) de la primera pieza de Juzgado).- 2) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó Sentencia mediante la cual FALLA: Con lugar la oposición por falta de representación o legitimación del demandado; Sin lugar con respecto a la pluspetición planteada pues no se acreditó la relación contractual del actor y el demandado y DECLARA: 1) Al no haberse presentado el titulo de donde surge la obligación de pagar cantidad liquida y exigible del Club Deportivo y Social VIDA de pagar a la sociedad ejecutante la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.6.936.226.81) se declara sin lugar la demanda de ejecución de titulo extrajudicial interpuesta contra el Club Deportivo Y Social VIDA, quedando a salvo el derecho de la Sociedad Prestamos del Atlántico S.A para promover el proceso contra quien corresponda y por la vía que según los documentos que tenga en su poder pueda recaer…(Folios 248 al 252 del tomo II de la pieza del Juzgado).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado TEODORO VALESTER GALLO, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: ANULANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis.- SEGUNDO: ORDENA al A-quo que nuevamente decida sobre el fondo del pleito, estimando o desestimando cada una de las causas de oposición planteadas… (Folios 9 al 19 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que la recurrente Abogada CARLA BELINDA DIP ALVARADO, compareció ante este Tribunal, en fecha doces (12) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de SI MISMA, contra sentencia Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que el termino de cuarenta y ocho (48) horas concedidos a la Abogada VILMA CLEMENTINA ZUNIGA D´VICENTE, para formalizara su acción de amparo venció sin que la recurrente hiciera uso del mismo, en consecuencia se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar, asimismo conforme se desprende del escrito de interposición la Sala aprecia que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual consideró procedente continuar con el procedimiento, dando vista de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen en el presente asunto. (Folio 44 de la pieza de amparo)- 6) Que en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conocen en Amparo las actuaciones emitidas por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: ANULANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis.- SEGUNDO: ORDENA al A-quo que nuevamente decida sobre el fondo del pleito, estimando o desestimando cada una de las causas de oposición planteadas… (Folios 9 al 19 de la pieza de Corte de Apelaciones).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la impetrante en la formalización del recurso interpuesto, señala que: 1.- Al momento de tramitación del Recurso de Apelación, la Secretaria del Órgano de Alzada en fecha 09 de febrero de 2017 (folio 5 de la segunda pieza de autos), informó que el personamiento del Representante Legal de la Sociedad Mercantil Préstamos del Atlántico se realizó de manera extemporánea, situación que fue así establecida por la Corte de Apelaciones. 2.-En la misma fecha, 09 de febrero de 2017, el Ad-Quem ordena la continuación del proceso (folios 8 de la segunda pieza de autos), procediendo a dictar la resolución correspondiente en fecha 17 de marzo de 2017. 3.- Que dicha actividad judicial irrespeta lo preceptuando en el artículo 711 del Código Procesal Civil, en cuanto no declara desierto el recurso de apelación y decreta la confirmación del fallo dictado por el Ad-Quo, sino que dicta un fallo resolviendo la apelación, y vulnerando la Garantía Constitucional del Debido Proceso.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 80, 82 Y 90 de la Constitución de la República, por concurrir la causa de inadmisibilidad estipulada en el Artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que tanto en su interposición como en su formalización, la censora no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. En este sentido, por el principio de lesividad, el vicio procesal para que sea de recibo en amparo debe producir lesión o daño. En complemento a esta idea, no basta la mera infracción o inobservancia de una disposición procesal. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que la censora en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a su poderdante, señalándole a la recurrente que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo, no constando en forma clara ese extremo. Asimismo, esta Sala de lo Constitucional al examinar el contenido del artículo 711 del Código Procesal Civil, logra apreciar que el mismo no contiene ninguna consecuencia jurídica que derive en la declaratoria de desierto del recurso de Apelación por la ausencia de personamiento, por lo que no existe norma procesal que establezca la consecuencia jurídica pretendida por la recurrente, no se vislumbra la existencia de una aplicación incorrecta de la normativa procesal utilizada en la resolución cuestionada. Además, se puede apreciar que la resolución recurrida en Amparo es el fallo emitido por el Órgano de Alzada, contra el cual no se hace ninguna crítica, ya que el aspecto criticado es el haberle dado tramite al recurso de Apelación, decisión judicial que no ha sido impugnada, por ende, fue consentida por el ahora Amparista, en ese sentido incurre la cusa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte recurrente en amparo ha tenido acceso al proceso judicial sin traba alguna, en ellas han alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Resolución; y, mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; y, en el caso que nos ocupa se puede apreciar que la resolución recurrida en Amparo es el fallo emitido por el Órgano de Alzada, contra el cual no se hace ninguna crítica, ya que el aspecto criticado es el haberle dado tramite al recurso de Apelación, decisión judicial que no ha sido impugnada, por ende, fue consentida por el ahora Amparista.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.- FALLA: SOBRESEYENDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la señora CARLA BELINDA DIP ALVARADO, a favor de SI MISMA, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que anula la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a un incidente de oposición, alegado en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PRESTAMOS DEL ATLANTICO S.A., contra el CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL VIDA, como deudor principal, y contra los señores CARLA BELINDA DIP ALVARADO y ARMANDO CARIAS.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0362-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.”