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Sentencia AC-346-17 — Registro 7217

Resumen

Recurso de amparo contra resolución que confirma y declara sin lugar demanda de proceso abreviado por especialidad de pretensión derivada de accidente de tránsito para el pago de daños y perjuicios personales y materiales,interpuesta por impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(8): Que el Libro Quinto del Código Procesal civil, desarrolla lo relativo a los Medios de Impugnación y específicamente el Título Tercero en el Capítulo I, establece disposiciones comunes a la Apelación y a la Casación, que son los recursos llamados con efectos devolutivos, que es precisamente en la disposición contenida en el precepto 700.1 que el Tribunal de Segunda Instancia fundamenta su fallo, al señalar que el recurrente en los agravios expone cuestiones que considera constituyen vicios procesales, cuyo propósito es la nulidad de actuaciones, como consecuencia de desaciertos, tanto en la aplicación o interpretación de normas de índole procesal que producen nulidad o indefensión; de la lectura de la resolución impugnada, esta Sala de lo constitucional advierte que el Tribunal de Segunda Instancia no acepta que efectivamente se hayan producido vicios de nulidad en el proceso, lo que hace es establecer en forma genérica el por qué los vicios procesales, generan la nulidad de las actuaciones realizadas en el desarrollo de un juicio, a efecto de aplicar o fundamentar su fallo en lo que dispone el Artículo 715.1) del Código Procesal Civil, como pretende el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, en los fundamentos de derecho, la normativa legal aplicable al caso concreto y que le sirvió de base para declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y con ello sustentando el porque de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte demandante, lo que se aleja de ser una sentencia violatoria de los derechos fundamentales a que alude el recurrente, pues el acceso a los recursos que la ley pone a disposición de las partes, se hará siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos que la misma ley establece y conforme a ello proceder a conocer el fondo del asunto, dando las respuestas a las pretensiones de la partes, sin alejarse de la observancia del principio de legalidad que manda la Constitución de la República, como imperativo a todos los servidores del Estado. CONSIDERANDO(10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, acceso a los recursos establecidos, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO(12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el impetrante lo ha relacionado con vulneración al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de segunda instancia ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en la interpretación realizada, haciendo prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso, no vulnerando en ningún momento garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representados. CONSIDERANDO (13): Que para finalizar esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente fue escuchado en sus pretensiones, tanto en primera como en segunda instancia, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos. CONSIDERANDO (14): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, al observar esta Sala de lo Constitucional que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, a favor de los señores JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA y JORGE ELIAS FLEFIL LARACH, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de proceso abreviado por especialidad de pretensión derivada de accidente de tránsito para el pago de daños y perjuicios personales y materiales, promovida por los señores JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA y JORGE ELIAS FLEFIL LARACH contra la sociedad mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V. (PRODECON S.A. de C.V.), a través de su Representante legal la señora SONIA ENRIQUETA GAMEZ PANCHAME.- Estima el recurrente que el acto que se impugna, constituye una flagrante violación a los derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República, en los artículos 82 Derecho humano fundamental de Defensa y 90 Derecho Fundamental del Debido proceso, en virtud que los Derechos Humanos son inviolables y no puede intentarse la utilización de ningún acto contrario a la ley, so pretexto de hacer cumplir la ley, sin incurrir en una contradicción fundamental. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil doce (2012), comparecieron ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, los señores JORGE LUIS FLEFIL MUNGUÍA y JORGE ELIAS FLEFIL LARACH, interponiendo Demanda de Proceso Abreviado por Especialidad de Pretensión Derivada de Accidente de Tránsito para el Pago de Daños y Perjuicios personales y Materiales, contra la sociedad mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V. (PRODECON S.A. de C.V.), a través de su Representante legal la señora SONIA ENRIQUETA GAMEZ PANCHAME. 2) Que seguido que fue el trámite correspondiente, el referido Juzgado dictó sentencia en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló: (Sic) “1) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda vía proceso abreviado por especialidad de pretensión derivada de accidente de transito para el pago de daños y perjuicios personales y materiales, interpuesta por los señores JORGE LUIS FLEFIL LARACH Y JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA, contra la Sociedad Mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON)…. 2) ABSUELVE A LA PARTE DEMANDADA de la acción deducida en su contra; 3) CON COSTAS para la parte demandante….-” (Folios del 176 al 182fv de la pieza de antecedentes del primera instancia) 3) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, en su condición de Representante procesal de los señores JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA Y JORGE ELIAS FLEFIL LARACH, contra la sentencia dictada por el A-quo y que se deja relacionada en el acápite que antecede, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN dictó sentencia por Unanimidad de Votos, mediante la cual falla: (Sic) “PRIMERO: Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2015.- SEGUNDO: Se confirma el fallo recurrido.- TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS AL RECURRENTE….” (Folios del 09 al 12fv de la pieza de antecedentes de segunda instancia) 4) Que el recurrente Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de los señores JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA Y JORGE ELIAS FLEFIL LARACH, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete(2017), de la que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria del derecho de defensa y el debido proceso, contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que mediante providencia de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el recurrente, pero en virtud de que en el escrito de interposición del recurso el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se dispuso continuar con el procedimiento, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 29 de la pieza de Amparo)

  2. Que con fecha diez (10) de enero del dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión QUE SE DENIEGUE la acción promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. (Folios del 32 al 37 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, solicitando amparo en contra de la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento Francisco Morazán, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, confirmando el Fallo recurrido; en relación a la sentencia que declara Sin Lugar la Demanda vía Proceso Abreviado por especialidad de pretensión derivada de accidente de tránsito para el pago de daños y perjuicios, promovida por los señores JORGE LUIS FLEFIL LARACH y JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA, contra la Sociedad Mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V. (PRODECON S.A. de C.V.), a través de su Representante legal la señora SONIA ENRIQUETA GAMEZ PANCHAME. CONSIDERANDO(4): Que el impetrante, en la exposición de sus alegatos, en contra de la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, arguye que el acto que se impugna, constituye una flagrante violación a los derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República, en los artículos 82 Derecho humano fundamental de Defensa y 90 Derecho Fundamental del Debido Proceso, en virtud que los Derechos Humanos son inviolables y no puede intentarse la utilización de ningún acto contrario a la ley, so pretexto de hacer cumplir la ley, sin incurrir en una contradicción fundamental; sostiene el impetrante que le expresó a la Corte de Apelaciones que la sentencia dictada por el A-quo en fecha 23 de marzo del 2015 es contraria a derecho y debe ser revocada, porque en relación al medio de prueba solicitado por la parte demandada de Libramiento de Oficio, se readecuo el mismo y se admitió como reconocimiento Judicial, para realizar el mismo en las oficinas de SOPTRAVI, para verificar en los registros que tienen, si existe alguna multa a PRODECON, por no tener señales o por incumplimiento de contrato; señala el recurrente que claramente le relacionó a la Corte de Apelaciones que la Juez A-quo al modificar y admitir dicho medio probatorio, que la parte demandada propuso en la Audiencia de procedimiento Abreviado, infringió lo dispuesto en el Código Procesal Civil en su artículo 229 de la iniciativa probatoria. CONSIDERANDO(5): Que en refuerzo de sus argumentos el impetrante aduce que la Corte de Apelaciones reconoce que en el juicio relacionado se han violentado tanto el Derecho Humano Fundamental del Debido Proceso y Defensa, pero desestima el agravio que le causó a sus representados, como si lo que se hubiere promovido y formalizado fuese un Recurso de Casación, fundamentándose en el Artículo 700.1) del Código Procesal Civil, pero de ninguna forma relaciona lo que prescribe el artículo 715.1) de la misma normativa procesal; reafirma que cuando la Corte deja de apreciar lo que expresamente le ordena la Ley, violenta como ya ha relacionado el derecho fundamental del debido proceso y el derecho fundamental de defensa. CONSIDERANDO(6): Que en el libelo de la acción constitucional impetrada, el recurrente se centra en afirmar que se ha vulnerado el debido proceso al inobservar el A-quo lo dispuesto en los artículos 243.3), 344.4) y 589 en relación al Artículo 715.1) del Código Procesal Civil; en ese orden de ideas el impetrante centra su alegato toral exponiendo que el Ad-quem debió declarar procedente la Nulidad Absoluta de Actuaciones y ordenar la retroacción de las actuaciones a la Audiencia de Juicio, que es cuando se produjo la infracción procesal; como bien lo apunta De Diego Diez[1], el derecho a la tutela judicial efectiva, explícitamente reconocido en el Artículo 1.1 del Código Procesal Civil, trae causa directa del derecho individual de <> que toda persona tiene <<para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes>>. Ese libre acceso a los tribunales, para que sea efectivo, comprende una pluralidad de derechos procesales tales como el acceso a la justicia, la obtención de una resolución motivada sobre el fondo del asunto, el acceso a los recursos legalmente establecidos, la ejecución de lo juzgado e incluso la tutela jurisdiccionales cautelar; indica el referido autor que ese derecho de acceso a los recursos forma parte de la tutela judicial efectiva. Pero al tratarse de un derecho de configuración legal –obsérvese la remisión que el texto constitucional hace a lo que <<señalen las leyes>>- se precisa, además, que el legislador lo haya desarrollado legalmente: <<su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador>>. CONSIDERANDO(7): Que tradicionalmente, cuando se habla de efectos de los recursos, se está haciendo referencia a los llamados efectos devolutivo y suspensivo; la Alzada fundamenta su resolución en parte, en lo dispuesto en el Artículo 700.1 del Código Procesal Civil, el que señala: PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES. 1. Cuando en los procesos devolutivos se alegue la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, si ello era posible y que, en su caso, reprodujo la denuncia en la apelación. Que los recursos con efecto devolutivo son aquellos en los que el asunto pasa a ser resuelto por un tribunal diferente y superior del que dictó la resolución recurrida. En ese sentido el órgano judicial superior, llamado ad quem, asume la competencia sobre el proceso conociendo de la nueva fase que se inicia, mientras que el órgano judicial que dictó la resolución recurrida pierde la competencia sobre dicho proceso o, si se prefiere, su competencia que da en suspenso a la espera de que se resuelva el recurso. Este efecto es una manifestación de la competencia funcional y de la existencia de una estructura jerarquizada de órganos jurisdiccionales[2]. CONSIDERANDO(8): Que el Libro Quinto del Código Procesal civil, desarrolla lo relativo a los Medios de Impugnación y específicamente el Título Tercero en el Capítulo I, establece disposiciones comunes a la Apelación y a la Casación, que son los recursos llamados con efectos devolutivos, que es precisamente en la disposición contenida en el precepto 700.1 que el Tribunal de Segunda Instancia fundamenta su fallo, al señalar que el recurrente en los agravios expone cuestiones que considera constituyen vicios procesales, cuyo propósito es la nulidad de actuaciones, como consecuencia de desaciertos, tanto en la aplicación o interpretación de normas de índole procesal que producen nulidad o indefensión; de la lectura de la resolución impugnada, esta Sala de lo constitucional advierte que el Tribunal de Segunda Instancia no acepta que efectivamente se hayan producido vicios de nulidad en el proceso, lo que hace es establecer en forma genérica el por qué los vicios procesales, generan la nulidad de las actuaciones realizadas en el desarrollo de un juicio, a efecto de aplicar o fundamentar su fallo en lo que dispone el Artículo 715.1) del Código Procesal Civil, como pretende el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, en los fundamentos de derecho, la normativa legal aplicable al caso concreto y que le sirvió de base para declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y con ello sustentando el porque de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte demandante, lo que se aleja de ser una sentencia violatoria de los derechos fundamentales a que alude el recurrente, pues el acceso a los recursos que la ley pone a disposición de las partes, se hará siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos que la misma ley establece y conforme a ello proceder a conocer el fondo del asunto, dando las respuestas a las pretensiones de la partes, sin alejarse de la observancia del principio de legalidad que manda la Constitución de la República, como imperativo a todos los servidores del Estado. CONSIDERANDO(10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, acceso a los recursos establecidos, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO(12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el impetrante lo ha relacionado con vulneración al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de segunda instancia ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en la interpretación realizada, haciendo prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso, no vulnerando en ningún momento garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representados. CONSIDERANDO (13): Que para finalizar esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente fue escuchado en sus pretensiones, tanto en primera como en segunda instancia, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos. CONSIDERANDO (14): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, al observar esta Sala de lo Constitucional que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 215, 700.1) del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, a favor de los señores JORGE LUIS FLEFIL MUNGUIA y JORGE ELIAS FLEFIL LARACH, contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Numero 0346=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] L. ALFREDO DE DIEGO DIEZ, Teoría general de los recursos, O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera Edición 17 de febrero de 2014. Pág. 15.

[2] L. ALFREDO DE DIEGO DIEZ, Teoría general de los recursos, O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera Edición 17 de febrero de 2014. Pág. 39.