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Sentencia AC-345-16 — Registro 7216

Resumen

Acto recurrido que confirma la sentencia del a-quo, con relación a la demanda de restitución de la posesión de un bien inmueble promovida por impetrantes/demandantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia o en el transcurso de un proceso, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la sentencia emitida por el A-quo..." ..." Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración a diversos derechos y garantías constitucionales, incluidos en ellos el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y petición, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Segunda Instancia, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..." ..." Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, a favor de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de restitución de la posesión de un bien inmueble, promovida por el Abogado Percy Fernando Elvir Landa, en su condición de Representante Procesal de los señores DOLORES LAGOS ARAUJO, ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, JULIO CESAR LAGOS CASTELLON Y PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ.- Estima el recurrente que el acto que recurre en amparo, violenta garantías constitucionales como ser el debido proceso, derecho de petición y derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la contradicción, igualdad y legalidad procesal, contenidos en los artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, relativo al principio del debido proceso.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres (03) de junio del año dos mil catorce (2014), se personó el abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda para la Restitución de la Posesión de un bien inmueble, a favor de los señores DOLORES LAGOS ARAUJO, ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, JULIO CESAR LAGOS CASTELLON Y PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ, siendo admitido la misma en fecha trece de agosto del año dos mil catorce. (Folios del 1 al 10 y 59fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido que fue el trámite, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva mediante la cual Falló: (Sic) “Declarando SIN LUGAR la demanda vía proceso abreviado para la restitución de la posesión de un bien inmueble promovida por el Abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA en su condición de representante procesal de los señores DOLORES LAGOS ARAUJO, ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, JULIO CESAR LAGOS CASTELLON Y PORFILIO ERNESTO LAGOS ARAUJO contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ, todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente sentencia; EN CONSECUENCIA: ABSUELVE al señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ, de la pretensión deducida en dicha demanda; Sin perjuicio de la acción de dominio que podrían entablar en su momento los demandantes conforme al proceso declarativo correspondiente.-SIN COSTAS….” (Folios del 135 al 139fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia por Unanimidad de Votos, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LÓPEZ, en su condición de representante procesal de la parte apelante demandante, en la demanda de proceso abreviado de interdicto posesorio, promovida por el Abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA, como representante procesal de los señores ANGEL DE JESÚS LAGOS ARAUJO, ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMÓN JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFÍA DOLORES LAGOS CASTELLÓN Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELÁSQUEZ.- SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida venida en apelación, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio de dos mil quince.- TERCERO: Con costas en esta instancia….” (Folios del 10 al 24 de la pieza de antecedentes de segunda instancia)- 4) Que el recurrente Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, de la que se ha hecho referencia en el acápite que antecede, la cual considera violatoria de garantías constitucionales como ser el debido proceso, derecho de petición y derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la contradicción, igualdad y legalidad procesal, contenidos en los artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, relativo al principio del debido proceso. Habiéndose declarado caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término para formalizar en tiempo y forma su acción constitucional de amparo mediante providencia de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), no obstante siendo que del escrito de interposición se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordena continuar con el procedimiento. (Folio 39 de los autos que forman el Amparo)- 5) Que con fecha once (11) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de no existir vulneración de las garantías del derecho de petición, derecho de defensa, debido proceso y el derecho a la propiedad privada invocadas por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Obed Alejandro Rivera López, en su condición de Representante Procesal de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015), que resuelve declarar Sin Lugar la Demanda vía Proceso abreviado para la Restitución de la Posesión de un Bien Inmueble, promovida por el Abogado Percy Fernando Elvir Landa, en su condición de Representante Procesal de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, en contra del señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), exponiendo en sendos acápites que el acto que se recurre en Amparo violenta garantías constitucionales como ser el debido proceso, derecho de petición y derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la contradicción, igualdad y legalidad procesal, contenidos en los artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, relativo al principio del debido proceso- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura del escrito de interposición de la acción de Amparo, esta Sala de lo Constitucional observa que el argumento toral expuesto por el impetrante es en relación a no darle el valor probatorio a la prueba aportada por la parte demandante; es así que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia impugnada básicamente en los siguientes puntos: 1) Que tanto el A-quo como el A-quem faltaron al principio de de la Valoración de la Prueba, que debía hacerse de manera precisa y razonada en la sentencia conforme a las reglas de la sana critica, del conocimiento, del criterio humano y razonamiento lógico, situaciones que tanto el A-quo como el A-quem estaban en la obligación ineludible de exponer en sus sentencias; 2) Que la sentencia hace alusión a que el despojo de la parte demandante, del bien inmueble que se reclama su posesión, fue realizada por la “fuerza”, aseveración que no ha sido dicha por ellos, asimismo hace alusión a la prescripción en cuanto a los interdictos posesorios de “Restablecimiento” y “Restitución”, estando debidamente interpuesta la demanda en tiempo y forma y no alegada dicha excepción de Prescripción por la contraparte en el momento procesal oportuno; y 3) Falta de valoración en su conjunto de la prueba aportada, como ser prueba documental, prueba testifical y reconocimiento judicial, haciendo caso omiso el A-quo a los hechos probados por la parte demandante, pero si le dio valor probatorio a la escasa y casi nula prueba presentada por la parte contraria. Asimismo sostiene el recurrente que las partes ostentan el derecho a que se haga la valoración de la prueba aportada al proceso en forma completa y no en forma mutilada tal como sucedió en el caso concreto.- CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: artículo 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés publico establezca la Ley.”, asimismo el impetrante hace alusión a la vulneración del derecho al debido proceso establecido en el artículo 3 del Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[2], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, explícitamente reconocido en el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, trae causa directa del derecho individual de –libre acceso a los tribunales- que toda persona tiene –para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes-. Ese libre acceso a los tribunales para que sea efectivo, comprende una pluralidad de derechos procesales tales como el acceso a la justicia, la obtención de una resolución motivada sobre el fondo del asunto, el acceso a los recursos legalmente establecidos, la ejecución de lo juzgado e incluso la tutela jurisdiccional cautelar.[3]- CONSIDERANDO (9): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[4].- CONSIDERANDO (10): Que el impetrante en los sendos argumentos planteados en relación a la vulneración de derechos constitucionales, enfoca los mismos en advertir a este Alto Tribunal que no se le dio el valor probatorio a los hechos probados ante el A-quo, quien hizo caso omiso a los mismos, pero si le dio valor probatorio a la escasa y casa nula prueba presentada por la contraparte; al igual el Ad-quem no le dio el trato a la prueba presentada y que fueron puntos fijados en el debate, debiendo hacerse el razonamiento y fundamentación de ley, es por ello que faltaron al Principio de Valoración de la Prueba. En relación a la valoración de la prueba allegada a un proceso, es importante establecer que el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[5] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.- CONSIDERANDO (11): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia o en el transcurso de un proceso, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la sentencia emitida por el A-quo.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración a diversos derechos y garantías constitucionales, incluidos en ellos el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y petición, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Segunda Instancia, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (13): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, a favor de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil), registrado en este Tribunal bajo el número 0345-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, a favor de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de restitución de la posesión de un bien inmueble, promovida por el Abogado Percy Fernando Elvir Landa, en su condición de Representante Procesal de los señores DOLORES LAGOS ARAUJO, ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, JULIO CESAR LAGOS CASTELLON Y PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ.- Estima el recurrente que el acto que recurre en amparo, violenta garantías constitucionales como ser el debido proceso, derecho de petición y derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la contradicción, igualdad y legalidad procesal, contenidos en los artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, relativo al principio del debido proceso.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres (03) de junio del año dos mil catorce (2014), se personó el abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA al Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda para la Restitución de la Posesión de un bien inmueble, a favor de los señores DOLORES LAGOS ARAUJO, ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, JULIO CESAR LAGOS CASTELLON Y PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ, siendo admitido la misma en fecha trece de agosto del año dos mil catorce. (Folios del 1 al 10 y 59fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido que fue el trámite, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva mediante la cual Falló: (Sic) “Declarando SIN LUGAR la demanda vía proceso abreviado para la restitución de la posesión de un bien inmueble promovida por el Abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA en su condición de representante procesal de los señores DOLORES LAGOS ARAUJO, ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, JULIO CESAR LAGOS CASTELLON Y PORFILIO ERNESTO LAGOS ARAUJO contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ, todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente sentencia; EN CONSECUENCIA: ABSUELVE al señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ, de la pretensión deducida en dicha demanda; Sin perjuicio de la acción de dominio que podrían entablar en su momento los demandantes conforme al proceso declarativo correspondiente.-SIN COSTAS….” (Folios del 135 al 139fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, en su condición de Apoderado Legal de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CASTELLON, Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia por Unanimidad de Votos, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LÓPEZ, en su condición de representante procesal de la parte apelante demandante, en la demanda de proceso abreviado de interdicto posesorio, promovida por el Abogado PERCY FERNANDO ELVIR LANDA, como representante procesal de los señores ANGEL DE JESÚS LAGOS ARAUJO, ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMÓN JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFÍA DOLORES LAGOS CASTELLÓN Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON contra el señor JERSON DAVID ROSALES VELÁSQUEZ.- SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida venida en apelación, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio de dos mil quince.- TERCERO: Con costas en esta instancia….” (Folios del 10 al 24 de la pieza de antecedentes de segunda instancia)- 4) Que el recurrente Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, de la que se ha hecho referencia en el acápite que antecede, la cual considera violatoria de garantías constitucionales como ser el debido proceso, derecho de petición y derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la contradicción, igualdad y legalidad procesal, contenidos en los artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, relativo al principio del debido proceso. Habiéndose declarado caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término para formalizar en tiempo y forma su acción constitucional de amparo mediante providencia de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), no obstante siendo que del escrito de interposición se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordena continuar con el procedimiento. (Folio 39 de los autos que forman el Amparo)- 5) Que con fecha once (11) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de no existir vulneración de las garantías del derecho de petición, derecho de defensa, debido proceso y el derecho a la propiedad privada invocadas por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[6]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Obed Alejandro Rivera López, en su condición de Representante Procesal de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015), que resuelve declarar Sin Lugar la Demanda vía Proceso abreviado para la Restitución de la Posesión de un Bien Inmueble, promovida por el Abogado Percy Fernando Elvir Landa, en su condición de Representante Procesal de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, en contra del señor JERSON DAVID ROSALES VELASQUEZ.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), exponiendo en sendos acápites que el acto que se recurre en Amparo violenta garantías constitucionales como ser el debido proceso, derecho de petición y derecho a la propiedad privada, así como el derecho a la contradicción, igualdad y legalidad procesal, contenidos en los artículos 80, 82 y 103 de la Constitución de la República y artículo 3 del Código Procesal Civil, relativo al principio del debido proceso- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura del escrito de interposición de la acción de Amparo, esta Sala de lo Constitucional observa que el argumento toral expuesto por el impetrante es en relación a no darle el valor probatorio a la prueba aportada por la parte demandante; es así que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia impugnada básicamente en los siguientes puntos: 1) Que tanto el A-quo como el A-quem faltaron al principio de de la Valoración de la Prueba, que debía hacerse de manera precisa y razonada en la sentencia conforme a las reglas de la sana critica, del conocimiento, del criterio humano y razonamiento lógico, situaciones que tanto el A-quo como el A-quem estaban en la obligación ineludible de exponer en sus sentencias; 2) Que la sentencia hace alusión a que el despojo de la parte demandante, del bien inmueble que se reclama su posesión, fue realizada por la “fuerza”, aseveración que no ha sido dicha por ellos, asimismo hace alusión a la prescripción en cuanto a los interdictos posesorios de “Restablecimiento” y “Restitución”, estando debidamente interpuesta la demanda en tiempo y forma y no alegada dicha excepción de Prescripción por la contraparte en el momento procesal oportuno; y 3) Falta de valoración en su conjunto de la prueba aportada, como ser prueba documental, prueba testifical y reconocimiento judicial, haciendo caso omiso el A-quo a los hechos probados por la parte demandante, pero si le dio valor probatorio a la escasa y casi nula prueba presentada por la parte contraria. Asimismo sostiene el recurrente que las partes ostentan el derecho a que se haga la valoración de la prueba aportada al proceso en forma completa y no en forma mutilada tal como sucedió en el caso concreto.- CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: artículo 80 “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”; Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés publico establezca la Ley.”, asimismo el impetrante hace alusión a la vulneración del derecho al debido proceso establecido en el artículo 3 del Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.”- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[7], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.- CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, explícitamente reconocido en el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, trae causa directa del derecho individual de –libre acceso a los tribunales- que toda persona tiene –para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes-. Ese libre acceso a los tribunales para que sea efectivo, comprende una pluralidad de derechos procesales tales como el acceso a la justicia, la obtención de una resolución motivada sobre el fondo del asunto, el acceso a los recursos legalmente establecidos, la ejecución de lo juzgado e incluso la tutela jurisdiccional cautelar.[8]- CONSIDERANDO (9): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[9].- CONSIDERANDO (10): Que el impetrante en los sendos argumentos planteados en relación a la vulneración de derechos constitucionales, enfoca los mismos en advertir a este Alto Tribunal que no se le dio el valor probatorio a los hechos probados ante el A-quo, quien hizo caso omiso a los mismos, pero si le dio valor probatorio a la escasa y casa nula prueba presentada por la contraparte; al igual el Ad-quem no le dio el trato a la prueba presentada y que fueron puntos fijados en el debate, debiendo hacerse el razonamiento y fundamentación de ley, es por ello que faltaron al Principio de Valoración de la Prueba. En relación a la valoración de la prueba allegada a un proceso, es importante establecer que el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[10] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.- CONSIDERANDO (11): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia o en el transcurso de un proceso, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la sentencia emitida por el A-quo.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración a diversos derechos y garantías constitucionales, incluidos en ellos el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y petición, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Segunda Instancia, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (13): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado OBED ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, a favor de los señores ANGEL DE JESUS LAGOS ARAUJO, MARCIAL ADALBERTO LAGOS ARAUJO, RAMON JULIO LAGOS ARAUJO, PORFIRIO ERNESTO LAGOS ARAUJO, SOFIA DOLORES LAGOS CSATELLON Y JULIO CESAR LAGOS CASTELLON, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciséis (2016); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil), registrado en este Tribunal bajo el número 0345-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[3] L. Alfredo De Diego Díez, Teoría general de los recursos, OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 15.

[4] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.

[5] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.

[6] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[7] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[8] L. Alfredo De Diego Díez, Teoría general de los recursos, OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 15.

[9] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.

[10] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.