Sentencia AC-342-17 — Registro 9304
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra auto definitivo dictado por juzgado de primera instancia que inadmitió a trámite demanda, ordenó archivar el expediente con relación a demanda de ejecución de título judicial promovida por recurrente contra sociedad mercantil; en apelación se ordenó continuar actuaciones por normas que rigen la ejecución de sentencias
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se aprecia que en la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, que declaró Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por la sociedad SEGUROS CONTINENTAL, S.A., contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S.A., se concluye que es inadecuada la postura del apelado, quien aduce e interpreta de la norma, que basta únicamente con la interposición de la demanda para interrumpir la prescripción, se estima que con dicha posición se daría apertura de la puerta peligrosa al fraude de ley, en el sentido que cualquier parte incluso irrespetando normas jurisdiccionales o de competencia, le bastaría acreditar la presentación de una acción mediante los libros de entrada que llevan los Juzgados o Tribunales de la República, con la posibilidad de ir adaptando a sus intereses dichas presentaciones e incluso previendo eventuales acrecentamientos de intereses y costas, sin que el eventual demandado ni siquiera tuviera conocimiento de la misma, con lo cual se vulneraria entre otros el derecho de defensa e igualdad entre las partes..."..."En el presente caso si bien es cierto consta el requerimiento de pago respecto al ejecutado, no es menos cierto que dicha diligencia no constituye en este tipo de juicios especiales la notificación propiamente dicha de la demanda aludida, al grado que hasta ese momento procesal no se le puede considerar parte demandada, sino hasta que la misma sea citada para oposición, en donde se la hace de conocimiento pleno y preciso del contenido de la demanda y más argumentos, en el caso de méritos dicha situación jurídica aconteció con posterioridad a los tres años y más propiamente dicha el día 5 de noviembre de 2012..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por la sociedad SEGUROS CONTINENTAL, S.A., contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S.A.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUBAL VALERIO HERNANDEZ, a favor de la señora BLANCA CONCEPCION PERLA DAU, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra el Auto Definitivo de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Judicial, promovida por la señora BLANCA CONCEPCION PERLA DAU contra la Sociedad Mercantil JORGE J. LARACH & COMPAÑÍA S. de R.L. SUCESORES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han infringido las garantías consagradas en los artículos 82 párrafo 1o, y 90 párrafo 1o, de la Constitución de la República, referentes al principio de legalidad o del debido proceso y al derecho de defensa y a través de las mismas la infracción de los principios de Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora BLANCA CONCEPCION PERLA DAU, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Judicial, contra la Sociedad Mercantil JORGE J. LARACH & COMPAÑÍA S. de R.L. SUCESORES, representada por la señora MARTA SILVIA LARACH LARACH. (Folios del 1 al 8 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Auto definitivo mediante el cual resuelve: (Sic) “1. Téngase a la comparecencia en el carácter con que actúa; 2. INADMITASE a trámite la Demanda presentada por el compareciente por las razones expuestas en los fundamentos de derecho; 3. Se le hace un llamado de atención al Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ en virtud que no se ha apegado a lo establecido en el artículo 6 del Código Procesal Civil; 4. Ordenase el archivo del expediente y la devolución de los anexos….” (Folios 37 y 38 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictó resolución mediante la cual falla: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ en su condición de apoderado judicial de la señora BLANCA COCEPCION PERLA DAU conocida también por los nombres BLANCA CONCEPCION PERLA, BLANCA C. PERLA DAU, BLANCA PERLA DAU y BLANCA PERLA DE ZELAYA, contra el auto definitivo de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis(F37), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda de ejecución de titulo judicial, promovida contra la empresa mercantil denominada JORGE J LARACH Y COMPAÑÍA S DE RL SUCESORES representada por su gerente general, al señora MARTA SILVIA LARACH LARACH, SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto definitivo de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis(F37), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, agregada al expediente de merito….” (Folios 60 y 61fv de la pieza de amparo, folios 6 y 7 certificación de sentencia en los antecedentes de segunda instancia). 4) Que el recurrente Abogado JUBAL VALERIO HERNANDEZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de la señora BLANCA CONCEPCION PERLA DAU, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera infringe las garantías consagradas en los artículos 82 párrafo 1o, y 90 párrafo 1o, de la Constitución de la República, referentes al principio de legalidad o del debido proceso y al derecho de defensa y a través de las mismas la infracción de los principios de Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Teniendo este Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma el recurso relacionado, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 42 de los autos) 5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Agente Fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de Amparo; argumenta la Agente Fiscal que del análisis, el Ministerio Público puede determinar que el amparista se ha centrado en atacar los agravios causados por las actuaciones acorridas en la demanda de ejecución del título extrajudicial y no en desarrollar con precisión el concepto de la violación de la normativa constitucional causada por la sentencia venida en amparo. (Folios del 45 al 49 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Eustaquio Sabillon Cruz, en su condición de Apoderado Legal de la señora BLANCA CONCEPCION PERLA DAU, contra la Resolución Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis, que inadmite a trámite la Demanda de Ejecución de Título Judicial promovida por la señora BLANCA CONCEPCION PERLA DAU, en contra de la Sociedad Mercantil JORGE J. LARACH & COMPAÑÍA S. de R.L. SUCESORES. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, argumentando que el acto que se recurre en Amparo infringe las garantías consagradas en los artículos 82 párrafo 1o, y 90 párrafo 1o, de la Constitución de la República, referentes al principio de legalidad o del debido proceso y al derecho de defensa y a través de las mismas la infracción de los principios de Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Sostiene el impetrante que es inexplicable e incomprensible que la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés haya optado por vulnerar diversidad de garantías y principios constitucionales y legales para dictar una sentencia que confirma un auto del Juzgado de Letras Civil de la misma ciudad cuyos conceptos constituyen cabalmente un insulto a la ley y particularmente un insulto a la mismísima Honorable Corte mencionada, pues en base a unos desafortunados razonamientos la A-quo descalifica como Título Judicial de ejecución una sentencia dictada por la aludida Honorable Corte, firme y ejecutoria en que desestima las excepciones interpuestas en el juicio por la parte demandada y por ende, desestimando su oposición a la ejecución, ordenando el Ad-quem además en su sentencia lo siguiente: “…debiéndose continuar las actuaciones por las normas que rigen la ejecución de las sentencias”. CONSIDERANDO (4): Que continuando con sus alegaciones, el amparista aduce que en el fondo con la sentencia ahora recurrida el Ad-quem ha revocado tornado ilusoria su propia sentencia del 22 de febrero del 2016 y con ello ha revocado también la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 11 de enero del 2016, lo cual también es temerario; se pregunta el recurrente ¿Qué entenderá la juez por sentencia firme?, que él considera que es aquella contra la cual ya no caben recursos y es el caso que contra la sentencia o Título Judicial que se ejecuta de fecha 22 de febrero de 2016, el único recurso que interpuso la parte ejecutada fue una solicitud de aclaración de fecha 2 de marzo del 2016, que al día siguiente (3/3/2016) le fue declarada sin lugar, y en reconocimiento de que tal sentencia ya es firme, el apoderado demandado presentó garantía bancaria por L. 5,117,426.64 mediante escrito donde admite que la Corte de Apelaciones civil revocó la sentencia definitiva pronunciada en dicho juicio. CONSIDERANDO (5): Que sostiene el impetrante que esas expresiones abstractas del Ad-quem, de ninguna manera constituyen la suficiente motivación de una sentencia, considerando que el deber de motivación exige que las sentencias y resoluciones sean claras, es decir, sus pronunciamientos por si mismos evidentes; precisas; exhaustivas, resolviendo todos los puntos litigiosos que han sido sometidos a debate; a continuación procede el recurrente a transcribir el texto de los Artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil. Al respecto señala el pedidor de Amparo, que del mencionado precepto se disciplina el alcance y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución, siendo necesario que en estos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a cada uno de los extremos alegados en apoyo a las pretensiones respectivas. Sostiene el impetrante que hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoger el Artículo 3 del Código Procesal Civil[2]; asimismo la practica forense hondureña ha establecido que cuando la motivación de una sentencia es defectuosa se ofende la garantía constitucional del debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la sentencia impugnada, de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Procesal Civil que determina: “CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)…., b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse….”; asimismo la inobservancia de lo establecido en el Artículo 207 del Código Procesal Civil que textualmente preceptúa: “MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”. CONSIDERANDO (8): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, debe ser de obligatorio cumplimiento por los Jueces civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[3]. CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, en la motivación fáctica y jurídica el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante y con ello sustentando el porque de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte demandante, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida, que exigen los Artículos 200 y 207 del CPC, como lo indica el recurrente; acorde a lo establecido en el artículo 90 constitucional, referente al debido proceso. Del estudio de los autos, el Tribunal de segunda instancia en el fallo emitido, inter alia establece que: “TERCERO: En el presente caso, se ha observado concretamente que si bien, el abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ en la condición en que actúa, interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, no es menos cierto que el mismo, no puntualizo concretamente cuales son los agravios que le origino el auto definitivo venido en apelación, siendo imposible para este tribunal determinar cual fue el daño o la violación que le produjo indefensión o que de alguna manera violento sus derechos y cuya enmienda pretende a través del presente recurso….”, respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 200 y 207 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva en el deber de los jueces de motivar las resoluciones que dictaren. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que en la sentencia dictada en segunda instancia, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JUBAL VALERIO HERNANDEZ, a favor de la señora BLANCA CONCEPCIÓN PERLA DAU, contra la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0342-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] En adelante CPC.
[3] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.