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Sentencia AC-275-17 — Registro 8900

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación a favor de recurrente e invalidó fallo dictado por juzgado de primera instancia que estimó excepción de falta de agotamiento de procedimiento y precluyó la acción del demandante que opuso la autoridad estatal demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el pronunciamiento del Tribunal de Alzada versó sobre la impugnación de una resolución que estimaba una excepción procesal de falta de agotamiento opuesta por la parte demandada, en este caso el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), precisamente porque esa era la cuestión a ser resuelta en este momento procesal. No se observa por parte de esta Sala que en el trámite de instancia se haya puesto en discusión la competencia de la jurisdicción civil para conocer del asunto, que en todo caso bien pudo haber sido alegado como una declinatoria, tal y como lo dispone el artículo 31. 5 del Código Procesal Civil, al referirse a la falta de competencia objetiva, que es el argumento que ahora presenta la representante del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por vía de amparo, pero habiendo omitido hacer lo propio ante la instancia ordinaria que es en donde correspondía ser planteada tal cuestión. Así, la Alzada no emitió veredicto sobre la señalada incompetencia del juez civil porque simplemente no fue ese el reclamo en el que se basó la apelación interpuesta, la cual tuvo que ver, como ya se ha reiterado, con la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y la decisión del juez de instancia de precluir la acción del demandante que opuso la autoridad estatal demandada. Esta decisión del A-Quo fue invalidada, al estimarse que el artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo no determina que la acción que se pretenda entablar contra el Estado debe ser caducada si la demanda no se presenta dentro del plazo de SESENTA (60) días que establece la norma, por ende declaró con lugar la apelación e invalidó la decisión del A-Quo..."..."En el trámite de la demanda de mérito, la representante de la entidad estatal demandada no cuestionó la competencia del juez en el trámite, sino que opuso en su momento una excepción procesal porque consideró que el demandante no había agotado la vía administrativa, toda vez que la ley determina que no podrá demandarse judicialmente en materia de Derecho privado al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva, ello según lo dispone el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo..."..."del estudio de la tramitación de la excepción de mérito y de las actuaciones instadas en el procedimiento ordinario correspondiente a la demanda que nos ocupa, no se observa que la demandada haya cuestionado la competencia del juez civil, sino que su defensa se centró en principio en la excepción previamente aludida, y en la preclusión de la acción para demandar. Ahora resulta que la impetrante cuestiona la competencia de la instancia ordinaria ante esta Sala y denuncia como violatorio al debido proceso el hecho que no tal incompetencia no fue así declarada por el Tribunal de Apelación, llegando a peticionar que sea esta Sala quien la declare, según logra observarse del petitum tanto de su escrito de interposición, como en el de la formalización de su recurso..."..."esta Sala encuentra que alegar la existencia de una violación constitucional bajo estos parámetros resulta absolutamente insubsistente pues la Corte de Apelaciones denunciada no ha desechado ninguna pretensión sobre este respecto porque ésta sencillamente no fue alegada. Como ya se dijo, la entidad demandada pudo presentar tal reclamo ante la instancia ordinaria en la forma de una declinatoria, lo cual no hizo, esto más, consta que la demandada se sometió en forma incuestionada a la competencia del juzgado civil en todo momento, al punto que entabló una excepción a trámite y resolución del mismo. Por otro lado, la propia ley que invocó la demandada para justificar esa excepción, esto es, la Ley de Procedimiento Administrativo, prevé la posibilidad de demandar en materia de Derecho Privado al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, tal y como lo establece el artículo 146 de dicha ley, como ya lo ha relacionado previamente esta Sala. Asimismo, la recurrente equivoca su argumentación al señalar que las decisiones del Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario solamente pueden ser impugnadas mediante recurso de amparo presentado ante este Supremo Tribunal, puesto que el artículo 150 que ha citado claramente refiere que el recurso de amparo procede contra las resoluciones del CONSEJO NACIONAL AGRARIO, que es el órgano que por ley puede conocer del recurso de apelación que puede ser interpuesto y que se ha previsto en contra de las decisiones de la autoridad agraria.[1]..."..."resulta evidente para esta Sala que la violación alegada es inexistente, no previéndose de la decisión recurrida ninguna disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional, se han limitado a la aplicación de las normas atinentes al caso, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio de la parte opositora..."..."como lo ha reiterado esta Sala en distintas decisiones, es menester recalcar que la acción de amparo no se constituye como un recurso de instancia tendiente a un nuevo examen de las cuestiones fácticas y jurídicas abordadas y previamente resueltas, y evidentemente tampoco le compete el conocimiento de cuestiones de competencia ordinaria que corresponden ser conocidas y decididas por la autoridad jurisdiccional correspondiente, menos aún si ni siquiera ha sido alegado en las etapas procedimentales previas por quien se ha considerado agraviado..."..."este Tribunal estima que la resolución de la autoridad recurrida contiene una motivación limitada pero suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra el derecho de propiedad, o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERÓN a favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, que invalidó una resolución dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, de fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria de nulidad de un título definitivo de propiedad de dominio pleno promovida por los señores KEVIN DEL CID RAMÍREZ, KARLA IVONNE DEL CID RAMÍREZ y TULIO RICARDO DEL CID RAMÍREZ, contra el señor MIGUEL ÁNGEL DEL CID, y contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante el JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, el Abogado ROBERTO CARLOS ECHENIQUE SALGADO, en su condición de Apoderado Legal de los señores KEVIN DEL CID RAMÍREZ, KARLA IVONNE DEL CID RAMÍREZ y TULIO RICARDO DEL CID RAMÍREZ, promoviendo demanda civil para la nulidad de un título definitivo de propiedad de dominio pleno, contra el señor MIGUEL ÁNGEL DEL CID y contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). (Folios uno (01) al diez (10) de la primera pieza de antecedentes). 2) Que durante el trámite de la demanda la entidad demandada promovió una excepción procesal de FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, la cual fue en principio estimada por el JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, el cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR (la) excepción procesal DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, interpuesta por la ABOGADA MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERO, en representación de EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, (I.N.A), representada por el director ejecutivo RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO.- Por haber transcurrido más de dos años desde la finalización del agotamiento de la vía administrativa previa a la acción jurisdiccional. (Folios 113 y vuelto de la primera pieza de antecedentes). 3) Que la referida resolución fue recurrida en apelación por la parte demandante ante la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, la cual emitió sentencia en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, y cuya parte dispositiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declaramos con lugar el recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO: INVALIDAMOS LA RESOLUCIÓN RECURRIDA DE FECHA 15-11-2016 POR FALTA DE CLARIDAD, PRECISIÓN Y CONGRUENCIA.” (Folios del 07 al 09 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que la recurrente Abogada MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERÓN, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho. 5) Que en fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, se tuvo emitido el dictamen de la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, la precitada sentencia de la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, mediante la cual se declaró HA LUGAR el recurso de apelación presentado por el Abogado MARIO AMÍLCAR PORTILLO CONTRERAS, en su condición de Apoderado Legal de los señores KEVIN DEL CID RAMÍREZ, KARLA IVONNE DEL CID RAMÍREZ y TULIO RICARDO DEL CID RAMÍREZ, con lo cual se invalidó la decisión del Juez A-Quo, el cual había estimado una excepción procesal de falta de agotamiento del procedimiento previo a instar la vía judicial, según lo requiere la ley, no obstante, la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA invalidó dicha decisión, al declarar con lugar un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. ALEGACIONES DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que según la recurrente, la decisión de la Alzada es violatoria de la garantía del debido proceso, sosteniendo que la jurisdicción en el ámbito civil no es la competente para conocer del asunto planteado ante ella, peticionando a esta Sala que se declare incompetente a la autoridad recurrida por carecer ésta de (sic) “competencia objetiva”, siendo afirmado que contra las resoluciones definitivas dictadas por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, solamente puede conocer por vía de amparo la Corte Suprema de Justicia, ello conforme lo manda el artículo150 de la Ley de Reforma Agraria. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO (7): Que como se advierte de su sentencia, el pronunciamiento del Tribunal de Alzada versó sobre la impugnación de una resolución que estimaba una excepción procesal de falta de agotamiento opuesta por la parte demandada, en este caso el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), precisamente porque esa era la cuestión a ser resuelta en este momento procesal. No se observa por parte de esta Sala que en el trámite de instancia se haya puesto en discusión la competencia de la jurisdicción civil para conocer del asunto, que en todo caso bien pudo haber sido alegado como una declinatoria, tal y como lo dispone el artículo 31. 5 del Código Procesal Civil, al referirse a la falta de competencia objetiva, que es el argumento que ahora presenta la representante del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por vía de amparo, pero habiendo omitido hacer lo propio ante la instancia ordinaria que es en donde correspondía ser planteada tal cuestión. Así, la Alzada no emitió veredicto sobre la señalada incompetencia del juez civil porque simplemente no fue ese el reclamo en el que se basó la apelación interpuesta, la cual tuvo que ver, como ya se ha reiterado, con la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y la decisión del juez de instancia de precluir la acción del demandante que opuso la autoridad estatal demandada. Esta decisión del A-Quo fue invalidada, al estimarse que el artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo no determina que la acción que se pretenda entablar contra el Estado debe ser caducada si la demanda no se presenta dentro del plazo de SESENTA (60) días que establece la norma, por ende declaró con lugar la apelación e invalidó la decisión del A-Quo. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que la violación alegada por la impetrante se funda en una cuestión que no le fue planteada a la autoridad recurrida. En el trámite de la demanda de mérito, la representante de la entidad estatal demandada no cuestionó la competencia del juez en el trámite, sino que opuso en su momento una excepción procesal porque consideró que el demandante no había agotado la vía administrativa, toda vez que la ley determina que no podrá demandarse judicialmente en materia de Derecho privado al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva, ello según lo dispone el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y según la tesis planteada en instancia, al no haberse presentado la demanda en el término que fija el artículo 149 de la precitada ley procesal administrativa, se debía caducar la acción, pues ésta no podía ser ejercida ya, según fue argumentado. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de la tramitación de la excepción de mérito y de las actuaciones instadas en el procedimiento ordinario correspondiente a la demanda que nos ocupa, no se observa que la demandada haya cuestionado la competencia del juez civil, sino que su defensa se centró en principio en la excepción previamente aludida, y en la preclusión de la acción para demandar. Ahora resulta que la impetrante cuestiona la competencia de la instancia ordinaria ante esta Sala y denuncia como violatorio al debido proceso el hecho que no tal incompetencia no fue así declarada por el Tribunal de Apelación, llegando a peticionar que sea esta Sala quien la declare, según logra observarse del petitum tanto de su escrito de interposición, como en el de la formalización de su recurso. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala encuentra que alegar la existencia de una violación constitucional bajo estos parámetros resulta absolutamente insubsistente pues la Corte de Apelaciones denunciada no ha desechado ninguna pretensión sobre este respecto porque ésta sencillamente no fue alegada. Como ya se dijo, la entidad demandada pudo presentar tal reclamo ante la instancia ordinaria en la forma de una declinatoria, lo cual no hizo, esto más, consta que la demandada se sometió en forma incuestionada a la competencia del juzgado civil en todo momento, al punto que entabló una excepción a trámite y resolución del mismo. Por otro lado, la propia ley que invocó la demandada para justificar esa excepción, esto es, la Ley de Procedimiento Administrativo, prevé la posibilidad de demandar en materia de Derecho Privado al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, tal y como lo establece el artículo 146 de dicha ley, como ya lo ha relacionado previamente esta Sala. Asimismo, la recurrente equivoca su argumentación al señalar que las decisiones del Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario solamente pueden ser impugnadas mediante recurso de amparo presentado ante este Supremo Tribunal, puesto que el artículo 150 que ha citado claramente refiere que el recurso de amparo procede contra las resoluciones del CONSEJO NACIONAL AGRARIO, que es el órgano que por ley puede conocer del recurso de apelación que puede ser interpuesto y que se ha previsto en contra de las decisiones de la autoridad agraria.[1] CONSIDERANDO (11) Que, por estas razones, resulta evidente para esta Sala que la violación alegada es inexistente, no previéndose de la decisión recurrida ninguna disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional, se han limitado a la aplicación de las normas atinentes al caso, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio de la parte opositora. CONSIDERANDO (12): Que como lo ha reiterado esta Sala en distintas decisiones, es menester recalcar que la acción de amparo no se constituye como un recurso de instancia tendiente a un nuevo examen de las cuestiones fácticas y jurídicas abordadas y previamente resueltas, y evidentemente tampoco le compete el conocimiento de cuestiones de competencia ordinaria que corresponden ser conocidas y decididas por la autoridad jurisdiccional correspondiente, menos aún si ni siquiera ha sido alegado en las etapas procedimentales previas por quien se ha considerado agraviado. CONSIDERANDO (13): Que este Tribunal estima que la resolución de la autoridad recurrida contiene una motivación limitada pero suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra el derecho de propiedad, o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (14): Que de todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUITIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERÓN a favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0275-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 150………..Contra las resoluciones definitivas que emita el Director Ejecutivo cabrá el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación ante el Consejo Nacional Agrario. Dichos recursos se substanciarán de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos. Contra las resoluciones que adopte el Consejo Nacional Agrario solamente cabrá el recurso de amparo, el que deberá interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. Si se admite este recurso, no se concederá la suspensión del acto reclamado. La Corte Suprema de Justicia tramitará y resolverá tales recursos de amparo con preferencia a cualquier otro asunto.