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Sentencia AC-266-18 — Registro 7740

Resumen

Resoluciones dictadas por Juzgado de primera instancia resolvieron sin lugar por ahora el embargo solicitado y ordena librar oficios instituciones bancarias para que informen si el ejecutado posee cuentas bancarias y declaró sin lugar Recurso de Reposición de ejecutada por considerar que no tiene ninguna relación con la providencia que interpone recurso con relación a demanda de ejecución forzosa de título judicial de sentencia arbitral extranjera firme de condena promovida por Volvo Construcción Equipment AB y Volvo Do Brasil Veiculos Ltda contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera ..."vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se vulnera el debido proceso, al carecer de requisitos el título que se pretende ejecutar, sencillamente la sentencia arbitral es inejecutable, por lo que al ordenar el tribunal de primera instancia la averiguación de bienes o de cuentas bancarias a su representado, se violenta el principio constitucional que es el derecho de defensa, porque no pueden seguirse las actuaciones de ejecución, cuando se encuentra pendiente en primer termino el Incidente de Nulidad del acto de comunicación, porque de haberse realizado el acto de comunicación de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Civil, su representada hubiera presentado en tiempo y forma la declaración jurada de bienes, por ser la misma solvente; y aun a sabiendas de ello el Juez violenta el derecho de defensa y peor aun cuando se encuentra pendiente de su tramitación la oposición planteada..."..."esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria,... en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el considerando (6): (Sic) “Acontecidas así las cosas como las hemos vertido y reseñado, se hace de manifiesto que la resolución recurrida de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), fue dictada en infracción primariamente del Código Procesal Civil; por lo siguiente A)- El fundamento jurídico en que fue principalmente amparada contenido en el articulo 815 del citado cuerpo legal, no es el que acertadamente se debió aplicar ya que tal y como esta redactado da pie a lo que legalmente se conoce en el Código, como “AVERIGUACION DE BIENES” y si esa era la intencionalidad del decreto recurrido, el Juzgador debió para emitirlo sujetarse a lo que para el caso especifico de librar oficios a las instituciones bancarias, estipula, el articulo 806 numeral “2” del aludido Código Procesal Civil y ello en relación inmediata con el articulo 805 de esa misma ley; ya que según entendemos, esta disposición da la oportunidad al Ejecutado para que antes de proceder a solicitar informe a directamente a los bancos, sea el propio ejecutado que brinde dicho informe mediante una declaración jurada en la cual ha de relacionar bienes y derechos de los que sea titular, y resulten para hacer frente a la ejecución concediéndole para ello el Órgano Judicial, el plazo de 5 días contados a partir de la notificación del mandamiento de ejecución, y en lo demás según el caso brinde o no el mencionado informe, proceder como lo mandan las demás disposiciones legales que correspondan…”..."esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declara con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil; aunado a ello el A-quo declara sin lugar el Recurso de Reposición promovido por la parte ejecutada, cuando de la lectura del relacionado recurso se aprecia que se dirige específicamente a la resolución de fecha 22 de septiembre del año dos mil diecisiete, argumentando en forma amplia el recurrente, el porqué la relacionada resolución debe reponerse; actuaciones éstas que vulneran el debido proceso que proclama el artículo 3 de la referida normativa procesal civil..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, que otorgó el recurso presentado por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ); contra las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial de Sentencia Arbitral Extranjera Firme de Condena, promovida por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de las Sociedades Mercantiles VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB y VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (LAEISZ). Estimando el recurrente que el acto reclamado, contraviene, disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ), contra las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por considerar el recurrente que el acto reclamado, contraviene, disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: OTORGAR por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por la RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS accionando a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. conocida como (LAEISZ), contra las resoluciones de fechas veintidós (22) y veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL DE SENTENCIA ARBITRAL EXTRANJERA FIRME DE CONDENA, promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB y de VOLVO DO BRASIL VEHICULOS LTDA, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. conocida como (LAEISZ).- SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios del 41 al 44 de la pieza de antecedentes de Amparo).- 3) Que en fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ), dando estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, contra las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre, del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial de Sentencia Arbitral Extranjera Firme de Condena, promovida por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de las Sociedades Mercantiles VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB y VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (LAEISZ).- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que los actos contra los cuales se reclama, de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, contraviene, disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve la primera sin lugar por ahora el embargo solicitado y ordena se libre oficios dirigidos a diferentes instituciones bancarias, para que informen a la mayor brevedad posible si el ejecutado posee cuentas bancarias ya sea en moneda nacional o extranjera, deposito a plazo fijo y certificados de inversión; y la segunda declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la parte ejecutada, bajo el argumento expuesto por el A-quo, que de la lectura del escrito de reposición presentado no tiene ninguna relación con lo resuelto en la providencia que interpone recurso y tomando en consideración que lo que manifiesta en su escrito de recurso de reposición, consta en autos que se resolvió sobre la oposición a la ejecución.- CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se vulnera el debido proceso, al carecer de requisitos el título que se pretende ejecutar, sencillamente la sentencia arbitral es inejecutable, por lo que al ordenar el tribunal de primera instancia la averiguación de bienes o de cuentas bancarias a su representado, se violenta el principio constitucional que es el derecho de defensa, porque no pueden seguirse las actuaciones de ejecución, cuando se encuentra pendiente en primer termino el Incidente de Nulidad del acto de comunicación, porque de haberse realizado el acto de comunicación de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Civil, su representada hubiera presentado en tiempo y forma la declaración jurada de bienes, por ser la misma solvente; y aun a sabiendas de ello el Juez violenta el derecho de defensa y peor aun cuando se encuentra pendiente de su tramitación la oposición planteada.- CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el considerando (6): (Sic) “Acontecidas así las cosas como las hemos vertido y reseñado, se hace de manifiesto que la resolución recurrida de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), fue dictada en infracción primariamente del Código Procesal Civil; por lo siguiente A)- El fundamento jurídico en que fue principalmente amparada contenido en el articulo 815 del citado cuerpo legal, no es el que acertadamente se debió aplicar ya que tal y como esta redactado da pie a lo que legalmente se conoce en el Código, como “AVERIGUACION DE BIENES” y si esa era la intencionalidad del decreto recurrido, el Juzgador debió para emitirlo sujetarse a lo que para el caso especifico de librar oficios a las instituciones bancarias, estipula, el articulo 806 numeral “2” del aludido Código Procesal Civil y ello en relación inmediata con el articulo 805 de esa misma ley; ya que según entendemos, esta disposición da la oportunidad al Ejecutado para que antes de proceder a solicitar informe a directamente a los bancos, sea el propio ejecutado que brinde dicho informe mediante una declaración jurada en la cual ha de relacionar bienes y derechos de los que sea titular, y resulten para hacer frente a la ejecución concediéndole para ello el Órgano Judicial, el plazo de 5 días contados a partir de la notificación del mandamiento de ejecución, y en lo demás según el caso brinde o no el mencionado informe, proceder como lo mandan las demás disposiciones legales que correspondan…”.- CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declara con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil; aunado a ello el A-quo declara sin lugar el Recurso de Reposición promovido por la parte ejecutada, cuando de la lectura del relacionado recurso se aprecia que se dirige específicamente a la resolución de fecha 22 de septiembre del año dos mil diecisiete, argumentando en forma amplia el recurrente, el porqué la relacionada resolución debe reponerse; actuaciones éstas que vulneran el debido proceso que proclama el artículo 3 de la referida normativa procesal civil.- CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ); contra las resoluciones de fechas veintidós (22) y veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-

Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0266-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, que otorgó el recurso presentado por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ); contra las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial de Sentencia Arbitral Extranjera Firme de Condena, promovida por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de las Sociedades Mercantiles VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB y VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (LAEISZ). Estimando el recurrente que el acto reclamado, contraviene, disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ), contra las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por considerar el recurrente que el acto reclamado, contraviene, disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: OTORGAR por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, por la RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS accionando a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. conocida como (LAEISZ), contra las resoluciones de fechas veintidós (22) y veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL DE SENTENCIA ARBITRAL EXTRANJERA FIRME DE CONDENA, promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB y de VOLVO DO BRASIL VEHICULOS LTDA, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. conocida como (LAEISZ).- SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios del 41 al 44 de la pieza de antecedentes de Amparo).- 3) Que en fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ), dando estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, contra las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre, del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial de Sentencia Arbitral Extranjera Firme de Condena, promovida por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de Apoderado Legal de las Sociedades Mercantiles VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB y VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA, contra la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (LAEISZ).- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que los actos contra los cuales se reclama, de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, contraviene, disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones y garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo las resoluciones de fechas veintidós y veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve la primera sin lugar por ahora el embargo solicitado y ordena se libre oficios dirigidos a diferentes instituciones bancarias, para que informen a la mayor brevedad posible si el ejecutado posee cuentas bancarias ya sea en moneda nacional o extranjera, deposito a plazo fijo y certificados de inversión; y la segunda declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la parte ejecutada, bajo el argumento expuesto por el A-quo, que de la lectura del escrito de reposición presentado no tiene ninguna relación con lo resuelto en la providencia que interpone recurso y tomando en consideración que lo que manifiesta en su escrito de recurso de reposición, consta en autos que se resolvió sobre la oposición a la ejecución.- CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se vulnera el debido proceso, al carecer de requisitos el título que se pretende ejecutar, sencillamente la sentencia arbitral es inejecutable, por lo que al ordenar el tribunal de primera instancia la averiguación de bienes o de cuentas bancarias a su representado, se violenta el principio constitucional que es el derecho de defensa, porque no pueden seguirse las actuaciones de ejecución, cuando se encuentra pendiente en primer termino el Incidente de Nulidad del acto de comunicación, porque de haberse realizado el acto de comunicación de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Civil, su representada hubiera presentado en tiempo y forma la declaración jurada de bienes, por ser la misma solvente; y aun a sabiendas de ello el Juez violenta el derecho de defensa y peor aun cuando se encuentra pendiente de su tramitación la oposición planteada.- CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el considerando (6): (Sic) “Acontecidas así las cosas como las hemos vertido y reseñado, se hace de manifiesto que la resolución recurrida de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), fue dictada en infracción primariamente del Código Procesal Civil; por lo siguiente A)- El fundamento jurídico en que fue principalmente amparada contenido en el articulo 815 del citado cuerpo legal, no es el que acertadamente se debió aplicar ya que tal y como esta redactado da pie a lo que legalmente se conoce en el Código, como “AVERIGUACION DE BIENES” y si esa era la intencionalidad del decreto recurrido, el Juzgador debió para emitirlo sujetarse a lo que para el caso especifico de librar oficios a las instituciones bancarias, estipula, el articulo 806 numeral “2” del aludido Código Procesal Civil y ello en relación inmediata con el articulo 805 de esa misma ley; ya que según entendemos, esta disposición da la oportunidad al Ejecutado para que antes de proceder a solicitar informe a directamente a los bancos, sea el propio ejecutado que brinde dicho informe mediante una declaración jurada en la cual ha de relacionar bienes y derechos de los que sea titular, y resulten para hacer frente a la ejecución concediéndole para ello el Órgano Judicial, el plazo de 5 días contados a partir de la notificación del mandamiento de ejecución, y en lo demás según el caso brinde o no el mencionado informe, proceder como lo mandan las demás disposiciones legales que correspondan…”.- CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declara con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil; aunado a ello el A-quo declara sin lugar el Recurso de Reposición promovido por la parte ejecutada, cuando de la lectura del relacionado recurso se aprecia que se dirige específicamente a la resolución de fecha 22 de septiembre del año dos mil diecisiete, argumentando en forma amplia el recurrente, el porqué la relacionada resolución debe reponerse; actuaciones éstas que vulneran el debido proceso que proclama el artículo 3 de la referida normativa procesal civil.- CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado RAUL ROLANDO SUAZO BARRILLAS, a favor de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A., conocida como (LAEISZ); contra las resoluciones de fechas veintidós (22) y veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictadas por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.-

Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0266-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.”

CEDV