Sentencia AC-235-17 — Registro 9462
Resumen
Acto recurrido que declara nulidad absoluta de las actuaciones del a-quo a partir e inclusive del auto de admisión , se declara la incompetencia del tribunal por carecer de jurisdicción, con relación a la Demanda Ordinaria de Daños y Perjuicios interpuesta por el impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." No habiéndose evidenciado en el presente reclamo de amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; pues no se le ha lesionado el principio derecho del debido proceso, ni en lo que respecta al principio de legalidad administrativa; limitándose la resolución del Tribunal Ad Quem, a establecer una ordenación legal de la competencia,[1] permitiéndose reparar por sí mismo; “… los vicios o errores ´in procedendo´ de que se hallen afectados los actos procesales que condujeron a la resolución o Sentencia que puso fin al proceso..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor ERNESTO DAVID HOGG ELVIR a favor de la Sociedad Mercantil NEXUS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por la Sociedad Mercantil NEXUS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ERNESTO DAVID HOGG ELVIR, quien actúa como Representante Legal de la Sociedad Mercantil NEXUS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., interponiendo, tras su subsanación, DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), solicitando que se declare CON LUGAR la demanda y se ordene el pago de la indemnización de daños y perjuicios , y se condene al demandado al pago de costas. (Folios 1–98 de la Primera Pieza de los antecedentes). 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria de indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Apoderado Legal del Señor ERNESTO DAVID HOGG ELVIR, en su condición personal y como Representante Legal de la Sociedad Mercantil NEXUS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Representante Legal el Señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo, por no haberse probado los daños y perjuicios reclamados en este proceso.- SEGUNDO: SE ABSUELVE a la Parte Demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) representada por el Señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, de la acción deducida en su contra por la Parte Demandante.- TERCERO: SIN COSTAS, conforme a lo expuesto en el fundamento décimo primero.- CUARTO: Que la Secretaria del Despacho proceda a dar estricto cumplimiento al artículo 202 del CPC, sobre la notificación, publicación, archivo y registro de la presente resolución y una vez firme la misma expídase certificación íntegra a las partes en juicio.- QUINTO: Contra la presente sentencia definitiva cabe Recurso de Apelación que deberá interponerse y formalizarse dentro del plazo de diez (10) días contados al día siguiente a la notificación de la misma, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma procesal vigente.-” (Folios 289–296 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de Apoderado Legal del Señor ERNESTO DAVID HOGG ELVIR, quien actúa como Representante Legal de la Sociedad Mercantil NEXUS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de fecha VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Se declara la incompetencia del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, para conocer la demanda incoada y descrita en el encabezamiento de este fallo, por carecer de jurisdicción.- TERCERO: Señalando la jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este departamento, como el juzgado competente para conocer esta demanda.” (Folios 9–16 de la Segunda Pieza de los antecedentes). 4) Que el señor ERNESTO DAVID HOGG ELVIR, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil NEXUS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., contra la sentencia de fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folio 1–38 y 53 de la presente Recurso). 5) Que en fecha primero (1) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Publico, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de amparo, por concurrir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folio 56–61 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual, conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el apoderado del señor ERNESTO DAVID HOGG ELVIR, en su condición personal y como representante legal de la sociedad mercantil denominada: NEXUS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), emitió el siguiente fallo: “PRIMERO: Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de admisión de fecha VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Se declara la incompetencia del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, para conocer la demanda incoada y descrita en el encabezamiento de este fallo, por carecer de jurisdicción.- TERCERO: Señalando la jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este departamento, como el juzgado competente para conocer esta demanda”; lo cual tuvo justificativo en el debido proceso, principio constitucional según el cual nadie puede ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: “… y es competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales, en el caso de autos, se reclama una indemnización de daños y perjuicios por la privación de la libertad de que fue objeto el demandante, originada por una denuncia que hiciera a través de las autoridades de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), lo que es propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no de la Jurisdicción Civil”. Refiere la Corte de Apelaciones, que, de haber analizado el Juez de instancia lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Civil, con relación al precitado debido proceso constitucional, y a lo establecido en el artículo 3 inciso b) y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, habría declinado conocimiento sobre el caso; fundamentando la Corte de Apelaciones recurrida su disposición, inter alia, a lo prescrito en los artículos 212.1, 214.3, 701.3 y 715.1 del Código Procesal Civil, pues: “… no es posible conocer la demanda interpuesta, por estar sometido el asunto a la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo”; como razón suficiente para declarar la nulidad absoluta de actuaciones. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición del recurso de amparo por parte del Abogado ERNESTO DAVID HOGG ELVIR, se invocaron como violentadas o amenazadas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República - los cuales da por sentados -, transcribiendo con anterioridad la preceptiva penal y procedimental que considera infringida con el tenor de la resolución recurrida en amparo; según la cual, el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán resultaría incompetente para conocer de esta Demanda, sobre la evidencia de falta de Jurisdicción o de Competencia Genérica de la misma, interpretación adoptada sobre errónea fundamentación jurídica, a juicio del recurrente. Conceptualiza, asimismo, el peticionario de amparo, que se le han inferido los siguientes agravios a la parte representada por el recurrente y en su condición personal: 1. Que en la sentencia recurrida se ha violentado el debido proceso, ya que la Corte ha arribado a unos hechos probados, que demuestran supuestamente la incompetencia del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán para conocer de la demanda interpuesta, por carecer de jurisdicción; lo cual no fue óbice para que declararan inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, con lo cual los Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, con su errado criterio, dejan en evidencia que no manejan el área procesal penal, misma que tiene pertinente relación con el caso bajo juzgamiento. 2. Que es un principio constitucional que nadie puede ser juzgado por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y es competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y las Entidades estatales. En el caso de autos se reclama una Indemnización de Daños y Perjuicios por la privación de libertad de que fue objeto el Demandante, originada en la denuncia que se hiciera a través de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), lo cual está siendo conocido también en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de Demanda formulada para deducir la responsabilidad patrimonial en que incurrió HONDUTEL, en lo cual no advierte el recurrente incompatibilidad alguna; pues la indemnización reclamada representa únicamente los Daños y Perjuicios, no el Daño Real Sufrido por la persona del Demandante de Amparo en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil precitada, constando en autos su absolución penal de los hechos denunciados y habiéndose realizado, inclusive, lo pertinente a la reclamación administrativa previa que resulta del cumplimiento estricto al artículo 414 del Código Procesal Civil y que enmarcan la procedencia de la Demanda Civil incoada, una vez desestimado y declarado sin lugar el Reclamo Administrativo; por todo lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional, se otorgue amparo por las infracciones constitucionales denunciadas en sede judicial. CONSIDERANDO (5): Que para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, resulta importante reafirmar su pacífica línea jurisprudencial, acorde la cual el procedimiento administrativo se encuentra, en general, sujeto tanto como en sede administrativa, como en sede judicial, a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en la preceptiva convencional, constitucional y legal del Estado de Honduras; tal el alcance efectivo de la garantía de amparo para dilucidar el mérito de los alegatos jurídicos promovidos por el garantista. CONSIDERANDO (6): Que como fundamento legal de la resolución de mérito, atendiendo las razones por la cuales procedería el dictado de la nulidad absoluta de actuaciones, por parte del tribunal de Alzada, como objeto del cual se recurre en amparo; se invoca el artículo 3 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual prescribe como ámbito de conocimiento jurisdiccional: “… las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales”; mientras que el artículo 34 de la referida Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo prescribe, en concordancia a lo anterior, que la parte demandante legitimada podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma: “… entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda”. CONSIDERANDO (7): Que los dispositivos legales antes mencionados incumben al caso bajo estudio; pues, son de aplicación congruente y en aplicación del principio iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, a la luz del artículo 701 del Código Procesal Civil, en lectura integral y armónica; no habiéndose evidenciado en el presente reclamo de amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; pues no se le ha lesionado el principio derecho del debido proceso, ni en lo que respecta al principio de legalidad administrativa; limitándose la resolución del Tribunal Ad Quem, a establecer una ordenación legal de la competencia,[1] permitiéndose reparar por sí mismo; “… los vicios o errores ´in procedendo´ de que se hallen afectados los actos procesales que condujeron a la resolución o Sentencia que puso fin al proceso (…)”.[2] CONSIDERANDO (8): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulneradas con el tenor de la resolución motivada de apelaciones, recurrida ahora en amparo; desprendiéndose más bien, de su lectura razonada, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en todos y cada uno de sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho positivo vigente; pronunciada, además, en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación,[3] en vías del recurso ordinario en mención y acorde las facultades anulatorias que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelaciones, en caso de apreciarse la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de actuaciones.[4] CONSIDERANDO (9): Que el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria, que ésta deja a salvo las acciones civiles o penales que en derecho procedan contra el autor del agravio alegado y no prejuzga sobre ninguna materia. CONSIDERANDO (10): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede, por ende, dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 reformado, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y fallo. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y fallo. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad d Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo Civil, registrado en este Tribunal con el número 0235-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Acorde las reglas para la nulidad de los actos procesales, precavida en los artículos 212.1 y 214.3 del Código Procesal Civil, inter alia.
[2] Parafraseando en lo conducente, a modo ilustrativo, la STS 35/2003, de 25 de febrero, en: MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José. Amparo Constitucional y Proceso Civil (2° edición), Tirant lo blanch, Valencia, 2008, Pág. 327.
[3] HERNÁNDEZ ESPINOZA, Juan A. “Anotaciones sobre el Principio-Derecho del Debido Proceso” (Documento Electrónico de Consulta) Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa M.D.C., 2014, Pág. 6 y ss.
[4] Ver: Artículo 715.1 del Código Procesal Civil: “Alcance de la decisión de la apelación. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó”.