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Sentencia AC-216-17 — Registro 9051

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó motivos de oposición y ordenó procedimiento de apremio contra deudor en relación a demanda de título extrajudicial por responsabilidad civil promovida por el Estado de Honduras contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa y los alegatos jurídicos promovidos por el garantista, resulta claro que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto - tanto como el procedimiento en sede judicial - en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras; procediendo el dilucidar, cuáles formalidades, derechos y garantías contentivas del debido proceso habrían sido menoscabadas al agraviado, en su condición de ciudadano que ejerciera funciones públicas; sujetas, por ende, a control de probidad administrativa..."..."examinada en el fondo la presente Acción de Amparo, no se encuentra que los derechos constitucionales invocados como violentados por el recurrente, como son la incolumidad del derecho a la defensa y al debido proceso, así como el principio de legalidad hayan sido irrespetados por la autoridad competente a la parte que se considera agraviada; desprendiéndose más bien, de la lectura de la misma, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por el órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en todos y cada uno de sus fundamentos jurídicos, además de motivada razonablemente; es decir, una resolución pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación,[3] como formalidad propia e inherente al debido proceso en vías del recurso ordinario en mención..."..."constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional y de flexibilización del procedimiento, en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; lo cual se considera razonablemente probado y argumentado en la sentencia; procediendo, por lo tanto, el dictado de un fallo denegatorio a la presente vista de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, a favor del señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis, que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRA JUDICIAL promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra el señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES. Estimando el recurrente en interposición de su recurso que los derechos y garantías constitucionales que considera violentados están contenidos en los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, promoviendo DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRA JUDICIAL y solicitando a la vez DESPACHO DE EJECUCIÓN a favor del ESTADO DE HONDURAS contra el señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, en su condición de deudor de la parte demandante, en concepto de responsabilidad civil formulada y confirmada por el Tribunal Superior de Cuentas, más los intereses calculados desde que la Resolución 1085/2011-SG-TSC, de fecha 22 de noviembre de dos mil once, adquirió carácter de firme, más las costas procesales del presente juicio.- (Folios 01 al 21 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la oposición planteada por el señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES el ABOGADO MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO en su condición de representante procesal del señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES como parte ejecutada.- SEGUNDO: En consecuencia, desestimar las causales de oposición: 1) Nulidad del mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos y 2) pluspetición.- TERCERO: Seguir adelante con el procedimiento de ejecución de titulo extrajudicial promovido por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra el señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES.- CUARTO: Con COSTAS en esta instancia…”. (Folios 70 al 79 de la pieza del Juzgado).

  1. Que en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, en su condición de Apoderado Legal del señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó el siguiente pronunciamiento: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, en su condición de Apoderado Legal del señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, SEGUNDO: Confirmando la sentencia recurrida dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán el ocho de febrero de dos mil dieciséis, ordenando que se continúe adelante con las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada de (L.371,250.00) más intereses y costas de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de la sentencia; TERCERO: Con costas al apelante en esta instancia.-Y MANDA:…”. (Folios 09 al 27 de la pieza de apelaciones). 4) Que el recurrente Abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria a lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha dieciocho (18) de octubre del dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los artículos de la Constitución de la República señalados por el amparista, a través de argumentos imprecisos que no fueron alegados en la oposición; siendo que las actuaciones y demás intervenciones procesales del Juzgador solo entran al ámbito de la Jurisdicción Constitucional cuando afecten derechos o garantías, y no cuando se tomen decisiones correspondientes a la instancia: “(…) tal y como aconteció en el presente caso donde el Juzgador en uso de su facultad hace su valoración jurídica del hecho sometido a enjuiciamiento y tomó la decisión correspondiente, estimándose que de las diligencias se desprende que el recurrente tuvo a su disposición todos los instrumentos legales correspondientes, en tanto no se le ha vedado su derecho a la defensa, ni tampoco el debido proceso que se debe garantizar a las partes, por lo que al respecto consideramos que dicha sentencia ha sido dictada conforme a derecho, al haberse emitido una sentencia de fondo, razonable, congruente y justa, siendo una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial”. (Folios 173 al 181 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) que declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRA JUDICIAL promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra el señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES; fundamentándose la oposición planteada por el ABOGADO MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, en su condición de representante procesal del señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, como parte ejecutada, en la existencia de dos (2) causales legales de oposición, como son: 1) Nulidad del mandamiento por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, en virtud que se ha procedido únicamente contra él, mas no contra otros responsables solidarios; mediando una notificación defectuosa, sin indicarle que recursos procedían contra la misma, violentando con ello su derecho de petición, defensa y debido proceso; en contravención a los artículos 792 numerales 3), 6) y 7) del Código Procesal Civil, entre otras formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; asimismo, haber incurrido el Estado de Honduras en: 2) pluspetición, a través de una tasa de interés máxima y desproporcionada, no autorizada por el Banco Central de Honduras ni por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; agravios que fueron contestados en su oportunidad legal por la parte apelada, señalando - entre otras consideraciones -, que dichas violaciones debieron ser argüidas ante el Tribunal Jurisdiccional competente, lo cual fue omiso por el apelante, obviando así lo establecido en el artículo 94 del Tribunal Superior de Cuentas, que establece: “Resolución Firme y Ejecutoriada. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando el o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales”, responsabilidad personal que se formula por la autoridad, de acuerdo al grado de participación que tiene cada ciudadano en el ilícito administrativo. CONSIDERANDO (4): Que ha considerado la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, en su resolución, las siguientes argumentaciones desestimatorias a los agravios anteriormente impetrados, en su orden: a) Que el propio recurrente señala en su escrito de impugnación, que los demás responsables solidarios, lo son en cuotas distintas a la que se le imputan al agraviado, quien conserva el derecho que le concede la solidaridad de incoar la acción contra uno, o todos los deudores; que el pliego de responsabilidad civil sí reúne los requisitos formales de validez, situación que ni siquiera es alegada por el recurrente, quien sí alega, en cambio, que no impugnó la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas por no habérsele informado que recurso cabía contra la misma, situación que equivale a alegar ignorancia de la ley para excusar el tácito consentimiento. b) Que en cuanto al alegato de la pluspetición en un juicio de ejecución de título extrajudicial de una obligación de dar cantidad liquida, significa el reconocimiento que adeuda al acreedor una cantidad determinada de lo reclamado, y, por otra parte, que rechaza el resto de la cuantía cobrada. En tal sentido, los alegatos presentados por el recurrente son ambiguos, porque por un lado reconoce la existencia de la obligación, objetando únicamente la pluspetición, mientras que por otro reclama la nulidad del mandamiento de ejecución por no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales exigidos, situación que no fue aclarada ante la primera instancia judicial, ni advertida por el Juez conocedor de la causa; siendo procedente la demanda interpuesta: “… en tanto el ejecutado no desvaneció su responsabilidad civil, ante el órgano administrativo competente, ni acreditó ante el A quo, que la tasa de interés aplicada por el ejecutante es equivocada”.[1] Con relación a los demás agravios formulados por la Corte de Apelaciones, considera que lo alegado son irregularidades procesales que, de ser ciertas, han resultado convalidadas por la propia parte ejecutada, pues las nulidades deben atacarse en las etapas procesales y no esperar el recurso de apelación para reproducirlas, en observancia de los principios de preclusión y debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que en formalización de su recurso, manifiesta el Abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO que ratifica en su totalidad los conceptos de la violación desarrollados en el escrito de interposición del recurso de mérito presentado en esta Sala, a favor de su representado, señor HERNAN ANTONIO SOSA VALLADARES, los cuales se han reseñado sintéticamente con relación a la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRA JUDICIAL que le ha impetrado el ESTADO DE HONDURAS, a su representado; refiriendo, asimismo, el Abogado impetrante, que las actuaciones constitutivas de la Resolución Número 1085-2011-SG-TSC de fecha 22 de septiembre de 2015, si bien han adquirido carácter de firmeza, no son óbice para que en la etapa jurisdiccional, pueda el recurrente en forma autónoma optar, oponerse y accionar las diligencias y recursos ordinarios y extraordinarios que le otorgan las leyes y la Constitución de la República en esta etapa, en aras de obtener la revocatoria de lo actuado por indebido proceso administrativo, mismo que ha generado la indefensión, discriminación y persecución de que fue objeto, en tal tramitación administrativa, el demandado recurrente; investigación inducida por algunos empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, bajo consideraciones de encono personal y político en contra del mismo, persona de reconocida transparencia y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones públicas; por lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional, se otorgue amparo por las infracciones constitucionales denunciadas, particularmente por la infracción del debido proceso que asiste a su representado. CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa y los alegatos jurídicos promovidos por el garantista, resulta claro que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto - tanto como el procedimiento en sede judicial - en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras; procediendo el dilucidar, cuáles formalidades, derechos y garantías contentivas del debido proceso habrían sido menoscabadas al agraviado, en su condición de ciudadano que ejerciera funciones públicas; sujetas, por ende, a control de probidad administrativa. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 90 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), dispone: REPOSICIÓN. Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá recursos de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación…; el artículo 94 de la referida Ley (LOTSC), en concordancia a lo anterior, prescribe: RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando él o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales; mientras que, el artículo 95 de la LOTSC, alude a la acción civil consiguiente a la firmeza de la resolución; dispositivos legales todos ellos que incumben al caso bajo estudio; pues, tal lo motivado por la Alzada, al dejar de utilizar el propio interesado los recursos ordinarios que le faculta la ley y no promover acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dio lugar el agraviado a que se tuviese por agotada la vía administrativa; por firme o ejecutoriada la resolución del Tribunal Superior de Cuentas, y; y que se procediese, por lo tanto, a dar traslado del expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), a efecto de entablar la acción civil correspondiente. CONSIDERANDO (8): Que con atención especial a la garantía constitucional del debido proceso, cabe citar al jurista Arturo Hoyos, quien conceptúa a las notificaciones en el núcleo del debido proceso en su aspecto más procedimental, manifestando que éste: “… ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción gubernamental”,[2] esto es: “… que las personas no sean privadas de vida, libertad o propiedad por aplicación judicial de la Ley (adjudication) sin que ello no sea precedido por una notificación y oportunidad de una audiencia apropiada a la naturaleza del caso”;lo cual mostraría razonable cumplimiento en el caso, visto el tiempo transcurrido entre la emisión de la resolución y el de remisión a la Procuraduría General de la República, a la luz de disposiciones legales y reglamentarias que así lo autorizan; sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulneradas con el tenor de la resolución motivada de apelaciones, recurrida ahora en amparo. CONSIDERANDO (9): Que examinada en el fondo la presente Acción de Amparo, no se encuentra que los derechos constitucionales invocados como violentados por el recurrente, como son la incolumidad del derecho a la defensa y al debido proceso, así como el principio de legalidad hayan sido irrespetados por la autoridad competente a la parte que se considera agraviada; desprendiéndose más bien, de la lectura de la misma, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por el órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en todos y cada uno de sus fundamentos jurídicos, además de motivada razonablemente; es decir, una resolución pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación,[3] como formalidad propia e inherente al debido proceso en vías del recurso ordinario en mención. CONSIDERANDO (10): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional y de flexibilización del procedimiento, en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; lo cual se considera razonablemente probado y argumentado en la sentencia; procediendo, por lo tanto, el dictado de un fallo denegatorio a la presente vista de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 82, 90, 183, 222, 232, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0216-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver: Fundamento Jurídico Décimo, de la resolución bajo estudio.

[2] Ver del autor citado, “El Debido Proceso en la Sociedad Contemporánea”, aporte a: LIBER AMICORUM: HÉCTOR FÍX-ZAMUDIO (Vol. II), Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, p. 911-3.

[3] HERNÁNDEZ ESPINOZA, Juan A. “Anotaciones sobre el Principio-Derecho del Debido Proceso” (Documento Electrónico de Consulta) Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa M.D.C., 2014, Pág. 6y ss.