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Sentencia AC-167-17 — Registro 9516

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia en incidente de nulidad absoluta de actuaciones en demanda ordinaria de nulidad absoluta de contrato de arrendamiento y subarrendamiento sobre una fracción de terreno, de los instrumentos públicos, cancelación de sus inscripciones registrales y devolución del bien objeto de la demanda promovida por recurrente que alega la nulidad por haberse dirigido la acción y contestada por quien no es parte en el proceso; en apelación se considera que se trata de una información que el recurrente maneja desde la contestación de la demanda, tal señalamiento fue consentido por las partes por lo que no acarrea la nulidad alegada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso y el principio de legalidad que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, quien en respuesta a la solicitud de nulidad absoluta planteada por la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Código de Procedimientos Comunes ha declarado sin lugar el incidente promovido, indistintamente que también se regule la cuestión de nulidad de actos en el Código Civil, pues como bien lo señala la Alzada las leyes procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento y aunado a ello la nulidad que se invoca no vulnera derechos fundamentales, como expresa el recurrente en Amparo..."..."en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en la interpretación realizada, haciendo prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso, no vulnerando en ningún momento garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representado..."..."el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 130 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 131 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 286 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 288 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAVID VASQUEZ CHAVEZ, a favor del señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró no ha lugar un recurso de Apelación interpuesto contra el auto de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en relación al incidente de nulidad absoluta de actuaciones, promovida por la parte demandante, en la demanda ordinaria de nulidad absoluta de contratos de arrendamiento y subarrendamiento sobre una fracción de terreno, promovida por el señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN, contra la señora LORNA LEE WATLER. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado el derecho de defensa, consagrado en el artículo 82, garantía de legalidad, instituida en los artículos 64, 90, 303 y 320, el debido proceso, garantía de seguridad jurídica, plenamente consagrada en los artículos 103, 105, 321 y 323 todos de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil siete (2007) compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, el señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN interponiendo Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Contratos de Arrendamiento y subarrendamiento, en contra de la señora LORNA LEE WATLER (Folios del 01 al 05 del Tomo I de pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha nueve de mayo (09) del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado JOSÉ DAVID VÁSQUEZ CHÁVEZ, actuando en su condición de apoderado legal del señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, solicitando se decretara de oficio nulidad absoluta de actuaciones. En consecuencia, el citado Juzgado, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016) resolvió: (Sic) “… Por lo cual en atención a lo expuesto se desestima y repela el incidente de nulidad absoluta de actuaciones presentando mediante escrito por el Abogado JOSE DAVID VASQUEZ CHAVEZ, ordenándose la continuación del proceso debiendo el mismo formular conclusiones de conformidad a lo ordenado en el auto de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis….” (Folios del 272 al 276 del Tomo II de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado JOSÉ DAVID VÁSQUEZ CHÁVEZ, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), dictó resolución mediante la cual fallo: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE DAVID CHAVEZ VASQUEZ, en su condición ya citada contra el auto de fecha Veinte de Julio del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatàn, Islas de la Bahía, en el encuadre de la demandada presentada por el señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN, en la demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de unos Contrato de Arrendamiento y Subarrendamientos Sobre Una Fracción de Terreno de los Instrumentos Públicos que los Contienen, la Cancelación de sus Inscripciones Registrales y la Devolución del Bien objeto de la demandada, contra la señora LORNA LEE WATLER.- SEGUNDO: Confirmar el auto de fecha Veinte de Julio del año Dos Mil dieciséis dictado por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en los términos establecidos por esta Corte. SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA….” (Folios del 15 al 19 de la pieza de antecedentes de Alzada) 4) Que el recurrente Abogado JOSÉ DAVID VÁSQUEZ CHÁVEZ compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN, contra la resolución de fecha siete (07) diciembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la que se ha hecho referencia en el acápite que antecede, la cual considera violatoria del derecho de defensa, consagrado en el artículo 82, garantía de legalidad, instituida en los artículos 64, 90, 303 y 320, el debido proceso, garantía de seguridad jurídica, plenamente consagrada en los artículos 103, 105, 321 y 323 todos de la Constitución de la República.- Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 40 de la pieza de Amparo) 5) Que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Agente Fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso. (Folios del 43 al 47 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, solicitando amparo en contra de la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento Atlántida, que declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, confirmando el auto recurrido; en relación a la solicitud de Nulidad Absoluta de Actuaciones, interpuesta por la parte demandante, en la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Contratos de Arrendamiento y Subarrendamientos, promovida por el señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN, contra la señora LORNA LEE WATLER. CONSIDERANDO(4): Que el impetrante, en la exposición de sus alegatos, en contra de la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, arguye que con el acto reclamado se han violentado el derecho de defensa, consagrado en el artículo 82, garantía de legalidad, instituida en los artículos 64, 90, 303 y 320, el debido proceso, garantía de seguridad jurídica, plenamente consagrada en los artículos 103, 105, 321 y 323 todos de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que la demanda de mérito se dirigió erróneamente en contra de la señora Lorna Lee Watler, teniendo como objeto la demanda, la nulidad de varios contratos de arrendamiento y subarrendamiento sobre un bien inmueble que pertenece a su representado.CONSIDERANDO(5): Que después de realizar en orden cronológico en el tiempo, el detalle de los antecedentes en relación a la demanda promovida, el recurrente aduce que en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis, presentó ante el A-quo escrito por medio del cual se abstenía de formular las respectivas conclusiones y en su lugar solicitaba que se decretara de oficio la nulidad absoluta de actuaciones, por existir violaciones en el proceso, como ser que la señora Lorna Lee Watler no es la titular de la relación jurídica u objeto litigioso, es decir que erróneamente se demando a ésta en lugar del verdadero demandado el señor John C. Henley III, o sus herederos, por constar la muerte de éste en el proceso, en el cual no consta la señora Lorna Lee Watler como tal, puesto que el señor John C. Henley III, fuera la persona que adquiriera el subarrendamiento sobre la propiedad de su representado. CONSIDERANDO(6): Que en refuerzo a sus argumentos, el pedidor de Amparo señala que el A-quo de manera imprecisa le da respuesta a la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones promovida, rechazándola y dándole trámite como si se hubiera promovido un incidente de nulidad, basado en los artículos 130 y 131 del Código de Procedimientos Civiles, lo cual es erróneo, pues consta que la solicitud de la nulidad, es para que se declare de oficio por constar en autos, basado en lo que dispone el artículo 1589 del Código Civil, en donde se determina que aunque las partes no lo aleguen, el Juez debe declararla de oficio y que esta no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, es decir el Juez A-quo estaba en la obligación de apreciarla de oficio y no rechazarla como lo hizo, basándose en un procedimiento erróneo como es el de los incidentes, que éstos si pueden ser convalidados por las partes, pero en el caso de autos produce la nulidad absoluta por haberse dirigido la demanda y contestada por quien no es parte en el proceso, violentando el debido proceso consagrado por la Constitución de la República en su artículo 90 de igual manera los artículos 1, 2, 261.3, 263 y 286.3 del Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO(7): Que en el libelo de la acción constitucional impetrada, el recurrente se centra en afirmar que se ha vulnerado el debido proceso al inobservar el Tribunal de Alzada, lo dispuesto en el artículo 1589 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en los Artículos 1, 2, 261.3, 263 y 286.3 del Código de Procedimientos Comunes; por ello resulta importante establecer lo que dispone la relacionada normativa civil, así tenemos que el Capítulo V, del Título I, del Código Civil desarrolla lo relativo a la Nulidad y Rescisión de los Contratos; en ese orden de ideas el artículo 1586 señala o enuncia los casos en que procede la nulidad absoluta en los actos y contratos; el Artículo 1589 que relaciona el peticionario que se ha inobservado en la resolución que se impugna, provocando con ello la vulneración al debido proceso establece: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.”CONSIDERANDO(8): Que en la motivación de la resolución impugnada en su acápite identificado con el numeral 8, la Alzada sostiene que: “las leyes procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, por tal razón no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; que el Código de Procedimientos Comunes indica que las cuestiones identificadas como Incidentes, como lo es la nulidad de actuaciones, deberán proponerse en el primer escrito que presente la parte, cuando la causa en que se funde fuera anterior al pleito y tenga conocimiento de ella, en los demás casos cuando llegue a su noticia, en este caso es una información que el recurrente maneja desde la contestación de la demanda. En la presente causa tal señalamiento fue consentido por las partes, en consecuencia no acarrea la nulidad absoluta de actuaciones alegada.”; en ese orden de ideas tenemos que los incidentes son toda cuestión distinta de la principal, que se suscita durante la sustanciación de un juicio, y hace necesaria una resolución previa o especial del Tribunal; es evidente como bien lo señala la Alzada, que la nulidad de actuaciones es un incidente, pues consiste en una cuestión accesoria al juicio y en consciencia la ley procesal establece el procedimiento a efecto de darle respuesta a los mismos. CONSIDERANDO(9): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso y el principio de legalidad que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo, quien en respuesta a la solicitud de nulidad absoluta planteada por la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Código de Procedimientos Comunes ha declarado sin lugar el incidente promovido, indistintamente que también se regule la cuestión de nulidad de actos en el Código Civil, pues como bien lo señala la Alzada las leyes procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento y aunado a ello la nulidad que se invoca no vulnera derechos fundamentales, como expresa el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO(10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.CONSIDERANDO(11): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de nuestra Carta Magna; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de Alzada ha procedido a confirmar la resolución emitida por el A-quo en la interpretación realizada, haciendo prevalecer el principio de legalidad y el debido proceso, no vulnerando en ningún momento garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representado. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 130, 131, 286 y 288 del Código de procedimientos Comunes; 1586 y 1589 del Código Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ DAVID VÁSQUEZ CHAVEZ, a favor del señor OLIN LOUIS SAPHREY BODDEN, contra la resolución de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno (21) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número 0167=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL