Sentencia AC-144-17 — Registro 8421
Resumen
Sala Constitucional al haber detectado dentro del procedimiento causal de improcedencia del recurso de amparo, ordenó sobreseer diligencias considerando alegatos de mera legalidad por parte del recurrente,además al momento de notificársele recurso de apelación,como un acto consentido el hecho de no haber hecho uso de los recursos que le franquea la ley,para solicitar la reconsideración de ésta resolución por parte del Ad-quem que declaro´sin lugar recurso de apelación y la nulidad absoluta de actuaciones e inadmitiendó a trámite la demanda de merito ya que no existia el requisito legal imperativo para el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios por el cese de la medida cautelar solicitado por recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(9): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece claramente que será inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.- CONSIDERANDO (10): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1. Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad… 3). cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.- CONSIDERANDO (11): Que en virtud de ser patente las causales de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo, en virtud que el amparista a parte de las alegaciones y valoraciones sobre el criterio de los órganos jurisdiccionales que han sido sometidos a las instancias pertinentes lo cual son alegatos de instancia y no constitucionales, además de ello al momento de notificársele el recurso de apelación al amparista, debió haber hecho uso de los recursos que le franquea la ley para solicitar la reconsideración de la resolución por parte del Ad-quem y como se puede constatar en el expediente de merito el mismo no hiso uso de su derecho para lograr dicha reconsideración por lo cuanto se entiende que dichos actos han sido consentidos por el agraviado.- CONSIDERANDO (12): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (13): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional.- "
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a una solicitud de liquidación de Daños y Perjuicios por cese de medida cautelar, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE OCCIDENTE S.A. - Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 82 , 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO SEMPE VALENTINE, actuando en su condición de Representante de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V., promoviendo Solicitud de Liquidación de daños y perjuicios por cese de medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos decretada hace 10 años a la luz de la legislación Procesal actual. (Folios uno (01) al cinco (07) de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto Resolución mediante la cual “RESOLVIO: PRIMERO: Que luego de toda la revisión de toda la documentación aportada tanto por el demandante como por la parte demandada que consta en la presente causa, este Tribunal de justicia, estima que involuntariamente se ha cometido un error ya que queda claramente establecido que en la normativa vigente del Código Procesal Civil es imperativo que exista una sentencia en la cual expresamente se faculte al demandado para poder hacer el reclamo correspondiente de los daños y perjuicios que no pudo haber ocasionado una medida cautelar o preparatoria ordenada en su debido momento, y en vista que en el expediente 0801-2007-05420-CO que ventiló la causa principal no existe sentencia alguna, solamente existe la providencia de caducidad de instancia, la cual no condena a BANCO DE OCCIDENTE a indemnización alguna, por lo tanto el caso de las presentes diligencias no puede seguir con el tramite establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: DECLARESE ESTIMADA LA NULIDAD ABSOLUTA a partir del auto de admisión de fecha nueve de junio del año dos mil quince (folio 336) debiéndose en consecuencia: Inadmitir a trámite la presente demanda por las razones anteriormente expuestas ya que no existe el requisito legal imperativo para el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios por el cese de una medida cautelar, por lo que la secretaria del despacho deberá proceder a devolver la documentación o pertinente a las partes personadas en el proceso previo recibo de los mismos y una vez realizado esto que remita el expediente al archivo general.- Haciéndole la aclaración a la parte demándate que la presentación de esta demanda no es cosa juzgada y que tiene la vía expedita para interponer la acción nuevamente con el debido procedimientos que le corresponde a su pretensión. TERCERO: … (Folios 406 AL 408 de la pieza del Juzgado).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dicto sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE , en su canción de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra el auto de fecha 29 de septiembre de 2015, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto recurrido.- TERCERO: …” (Folios 21 al 31 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que el recurrente Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha siete (7) de junio del año dos mil diecisiete (2017).- 5) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82 90 y 321 de la Constitución de la República. (Pagina 73 a la 81 de la pieza de amparo)- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha 16 de febrero del 2017, por el abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a una solicitud de liquidación de Daños y Perjuicios por cese de medida cautelar, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE OCCIDENTE S.A.- CONSIDERANDO (3): Establece el amparista que en fecha 28 de mayo del 2015 compareció el señor ROBERTO SEMPE VALENTINE, ante los juzgados de letras civil del Departamento de Francisco Morazán, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil GRUPO ROKA S.A DE C.V. presentando “LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR CESE DE MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS DECRETADAS HACE 10 AÑOS A LA LUZ DE LA LEGISLACION PROCESAL ACTUAL”.- sustentando su petición en que después de más de 10 años de haberle decretado prohibición de celebrar actos y contratos sobre un predio de la sociedad mercantil a la cual representa. El Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 14 de enero del 2015, declaro caducada de derecho la instancia en dichas diligencias, enviando comunicación al señor registrador del Instituto de la Propiedad Hipoteca y Anotaciones Preventivas del Departamento de Francisco Morazán, a fin de que dejara sin valor y efecto la medida precautoria aludida que afecta el bien inmueble de la sociedad mercantil GRUPO ROKA S.A DE C.V.- Medida cautelar que ocasiono una serie de daños y perjuicios que por esta vía se están reclamando.- CONSIDERANDO (4): En fecha 09 de junio del 2015 el A-quo admite a trámite dicha solicitud de liquidación de daños y perjuicios ordenando requerir al representante Legal de Banco de Occidente para que dentro de el plazo de 10 días hábiles al emplazamiento conteste la liquidación, caso contrario se le declare en rebeldía. Decisión que fue modificada mediante auto de fecha 30 de junio del 2015 ante el recurso de reposición interpuesto por el solicitante, en el sentido que en lugar que se le emplazara, se le diera vista de la solicitud de liquidación de daños y perjuicios al representante legal del Banco de Occidente a fin de que se pronuncie sobre dicha liquidación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal civil.- CONSIDERANDO (5): En fecha 31 de julio del 2015, el Abogado JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, presento escrito de PERSONAMIENTO Y DE INCIDENTE DE NULIDAD PREVIO AL PRONUNCIAMIENTO SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS, exponiendo en el mismo que el señor SEMPE VALENTINE por medio de su empresa se ha atrevido a solicitar los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 396 del Código Procesal Civil, sin antes haber obtenido una sentencia firme absolutoria puesto que la resolución que se certifica es apenas un auto sustentando LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, ni tampoco se trata de una RENUNCIA, ni el DESISTIMIENTO de la instancia, por lo que al no cumplir con ninguno de los presupuestos procesales que manda el artículo 396 del código procesal civil es inadmisible de pleno derecho por lo que procede declarar la nulidad del auto que la admite a trámite. Así mismo en fecha 03 de agosto del 2015, el Abogado JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ en su condición de Representante procesal de BANCO DE OCCIDENTE S.A DE C.V, da respuesta a la liquidación de daños y perjuicios presentado por el representante de GRUPO ROKA S.A DE C.V, oponiéndose a la misma.- CONSIDERANDO (6): En fecha 29 de septiembre del 2015, El Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, dicto resolución la cual en su parte resolutiva literalmente dice:
“PRIMERO: que luego de la revisión de toda la documentación aportada tanto por el demandante como por la parte demandada que consta en la presente causa, este Tribunal de Justicia, estima que involuntariamente se ha cometido un error ya que queda claramente establecido que en la normativa vigente del código procesal civil es imperativo que exista una sentencia en la cual expresamente se faculte al demandado Para poder hacer el reclamo correspondiente de los daños y perjuicios que pudo haber ocasionado una medida cautelar o precautoria ordenada en su debido momento y en vista que en el expediente 0801-2007-05420-CO, que ventilo la causa principal no existe sentencia alguna, solamente existe la providencia de caducidad de instancia, la cual no condena a BANCO DE OCCIDENTE S.A a indemnización alguna, por lo tanto en el caso de las presentes diligencias no se puede seguir el tramite establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: DECLARESE ESTIMADA LA NULIDAD ABSOLUTA a partir del auto de admisión de fecha 09 de junio del 2015 (folio 336), debiéndose en consecuencia inadmitir a trámite la presente demanda por las razones anteriormente expuestas ya que no existe el requisito legal imperativo para el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios por el cese de la medida cautelar, por lo que el secretario del despacho deberá de proceder a devolver la documentación pertinente a las partes personadas en el proceso previo recibo de las mismas y una vez realizado esto que remita el expediente al archivo general.- haciendo la aclaración a la parte demandante que la presentación de esta demanda no es cosa juzgada y que tiene la vía expedita para interponer la acción nuevamente con el debido procedimiento que le corresponde a su pretensión. TERCERO: Que la secretaria del despacho proceda a: 1) notificar a los representantes procesales de la presente resolución y 2) devolver a la parte solicitante los documentos presentados y posteriormente se manden a archivar las presentes diligencias sin ulterior desarrollo. CUARTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno al tenor de lo establecido en el artículo 215.3 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE….”- CONSIDERANDO (7): En fecha 16 de Octubre del 2015, el abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, no conforme con la resolución mencionada en el numeral anterior, interpone recurso de apelación, manifestando sus agravios. En fecha 16 de noviembre del 2015, el abogado JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, contesta los agravios vertidos por la parte apelante.- CONSIDERANDO (8): Considera el amparista que en la resolución recurrida se le han violentado los derechos contenidos en el artículo 82, 90 y 321 de la Constitución de la república en lo referente al derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de legalidad.- CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece claramente que será inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.- CONSIDERANDO (10): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1. Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad… 3). cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.- CONSIDERANDO (11): Que en virtud de ser patente las causales de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo, en virtud que el amparista a parte de las alegaciones y valoraciones sobre el criterio de los órganos jurisdiccionales que han sido sometidos a las instancias pertinentes lo cual son alegatos de instancia y no constitucionales, además de ello al momento de notificársele el recurso de apelación al amparista, debió haber hecho uso de los recursos que le franquea la ley para solicitar la reconsideración de la resolución por parte del Ad-quem y como se puede constatar en el expediente de merito el mismo no hiso uso de su derecho para lograr dicha reconsideración por lo cuanto se entiende que dichos actos han sido consentidos por el agraviado.- CONSIDERANDO (12): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (13): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1),de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b),46.1.3, 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO el amparo interpuesto por el Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a una solicitud de liquidación de Daños y Perjuicios por cese de medida cautelar, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE OCCIDENTE S.A.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0144-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a una solicitud de liquidación de Daños y Perjuicios por cese de medida cautelar, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE OCCIDENTE S.A. - Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 82 , 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ROBERTO SEMPE VALENTINE, actuando en su condición de Representante de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V., promoviendo Solicitud de Liquidación de daños y perjuicios por cese de medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos decretada hace 10 años a la luz de la legislación Procesal actual. (Folios uno (01) al cinco (07) de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto Resolución mediante la cual “RESOLVIO: PRIMERO: Que luego de toda la revisión de toda la documentación aportada tanto por el demandante como por la parte demandada que consta en la presente causa, este Tribunal de justicia, estima que involuntariamente se ha cometido un error ya que queda claramente establecido que en la normativa vigente del Código Procesal Civil es imperativo que exista una sentencia en la cual expresamente se faculte al demandado para poder hacer el reclamo correspondiente de los daños y perjuicios que no pudo haber ocasionado una medida cautelar o preparatoria ordenada en su debido momento, y en vista que en el expediente 0801-2007-05420-CO que ventiló la causa principal no existe sentencia alguna, solamente existe la providencia de caducidad de instancia, la cual no condena a BANCO DE OCCIDENTE a indemnización alguna, por lo tanto el caso de las presentes diligencias no puede seguir con el tramite establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: DECLARESE ESTIMADA LA NULIDAD ABSOLUTA a partir del auto de admisión de fecha nueve de junio del año dos mil quince (folio 336) debiéndose en consecuencia: Inadmitir a trámite la presente demanda por las razones anteriormente expuestas ya que no existe el requisito legal imperativo para el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios por el cese de una medida cautelar, por lo que la secretaria del despacho deberá proceder a devolver la documentación o pertinente a las partes personadas en el proceso previo recibo de los mismos y una vez realizado esto que remita el expediente al archivo general.- Haciéndole la aclaración a la parte demándate que la presentación de esta demanda no es cosa juzgada y que tiene la vía expedita para interponer la acción nuevamente con el debido procedimientos que le corresponde a su pretensión. TERCERO: … (Folios 406 AL 408 de la pieza del Juzgado).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dicto sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE , en su canción de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra el auto de fecha 29 de septiembre de 2015, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto recurrido.- TERCERO: …” (Folios 21 al 31 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) Que el recurrente Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha siete (7) de junio del año dos mil diecisiete (2017).- 5) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82 90 y 321 de la Constitución de la República. (Pagina 73 a la 81 de la pieza de amparo)- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha 16 de febrero del 2017, por el abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a una solicitud de liquidación de Daños y Perjuicios por cese de medida cautelar, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE OCCIDENTE S.A.- CONSIDERANDO (3): Establece el amparista que en fecha 28 de mayo del 2015 compareció el señor ROBERTO SEMPE VALENTINE, ante los juzgados de letras civil del Departamento de Francisco Morazán, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil GRUPO ROKA S.A DE C.V. presentando “LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR CESE DE MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICION DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS DECRETADAS HACE 10 AÑOS A LA LUZ DE LA LEGISLACION PROCESAL ACTUAL”.- sustentando su petición en que después de más de 10 años de haberle decretado prohibición de celebrar actos y contratos sobre un predio de la sociedad mercantil a la cual representa. El Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 14 de enero del 2015, declaro caducada de derecho la instancia en dichas diligencias, enviando comunicación al señor registrador del Instituto de la Propiedad Hipoteca y Anotaciones Preventivas del Departamento de Francisco Morazán, a fin de que dejara sin valor y efecto la medida precautoria aludida que afecta el bien inmueble de la sociedad mercantil GRUPO ROKA S.A DE C.V.- Medida cautelar que ocasiono una serie de daños y perjuicios que por esta vía se están reclamando.- CONSIDERANDO (4): En fecha 09 de junio del 2015 el A-quo admite a trámite dicha solicitud de liquidación de daños y perjuicios ordenando requerir al representante Legal de Banco de Occidente para que dentro de el plazo de 10 días hábiles al emplazamiento conteste la liquidación, caso contrario se le declare en rebeldía. Decisión que fue modificada mediante auto de fecha 30 de junio del 2015 ante el recurso de reposición interpuesto por el solicitante, en el sentido que en lugar que se le emplazara, se le diera vista de la solicitud de liquidación de daños y perjuicios al representante legal del Banco de Occidente a fin de que se pronuncie sobre dicha liquidación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal civil.- CONSIDERANDO (5): En fecha 31 de julio del 2015, el Abogado JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, presento escrito de PERSONAMIENTO Y DE INCIDENTE DE NULIDAD PREVIO AL PRONUNCIAMIENTO SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS, exponiendo en el mismo que el señor SEMPE VALENTINE por medio de su empresa se ha atrevido a solicitar los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 396 del Código Procesal Civil, sin antes haber obtenido una sentencia firme absolutoria puesto que la resolución que se certifica es apenas un auto sustentando LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, ni tampoco se trata de una RENUNCIA, ni el DESISTIMIENTO de la instancia, por lo que al no cumplir con ninguno de los presupuestos procesales que manda el artículo 396 del código procesal civil es inadmisible de pleno derecho por lo que procede declarar la nulidad del auto que la admite a trámite. Así mismo en fecha 03 de agosto del 2015, el Abogado JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ en su condición de Representante procesal de BANCO DE OCCIDENTE S.A DE C.V, da respuesta a la liquidación de daños y perjuicios presentado por el representante de GRUPO ROKA S.A DE C.V, oponiéndose a la misma.- CONSIDERANDO (6): En fecha 29 de septiembre del 2015, El Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, dicto resolución la cual en su parte resolutiva literalmente dice:
“PRIMERO: que luego de la revisión de toda la documentación aportada tanto por el demandante como por la parte demandada que consta en la presente causa, este Tribunal de Justicia, estima que involuntariamente se ha cometido un error ya que queda claramente establecido que en la normativa vigente del código procesal civil es imperativo que exista una sentencia en la cual expresamente se faculte al demandado Para poder hacer el reclamo correspondiente de los daños y perjuicios que pudo haber ocasionado una medida cautelar o precautoria ordenada en su debido momento y en vista que en el expediente 0801-2007-05420-CO, que ventilo la causa principal no existe sentencia alguna, solamente existe la providencia de caducidad de instancia, la cual no condena a BANCO DE OCCIDENTE S.A a indemnización alguna, por lo tanto en el caso de las presentes diligencias no se puede seguir el tramite establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: DECLARESE ESTIMADA LA NULIDAD ABSOLUTA a partir del auto de admisión de fecha 09 de junio del 2015 (folio 336), debiéndose en consecuencia inadmitir a trámite la presente demanda por las razones anteriormente expuestas ya que no existe el requisito legal imperativo para el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios por el cese de la medida cautelar, por lo que el secretario del despacho deberá de proceder a devolver la documentación pertinente a las partes personadas en el proceso previo recibo de las mismas y una vez realizado esto que remita el expediente al archivo general.- haciendo la aclaración a la parte demandante que la presentación de esta demanda no es cosa juzgada y que tiene la vía expedita para interponer la acción nuevamente con el debido procedimiento que le corresponde a su pretensión. TERCERO: Que la secretaria del despacho proceda a: 1) notificar a los representantes procesales de la presente resolución y 2) devolver a la parte solicitante los documentos presentados y posteriormente se manden a archivar las presentes diligencias sin ulterior desarrollo. CUARTO: contra la presente resolución no procede recurso alguno al tenor de lo establecido en el artículo 215.3 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE….”- CONSIDERANDO (7): En fecha 16 de Octubre del 2015, el abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, no conforme con la resolución mencionada en el numeral anterior, interpone recurso de apelación, manifestando sus agravios. En fecha 16 de noviembre del 2015, el abogado JOSE JORGE BUESO HERNANDEZ, contesta los agravios vertidos por la parte apelante.- CONSIDERANDO (8): Considera el amparista que en la resolución recurrida se le han violentado los derechos contenidos en el artículo 82, 90 y 321 de la Constitución de la república en lo referente al derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de legalidad.- CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual establece claramente que será inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.- CONSIDERANDO (10): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1. Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad… 3). cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que ha sido consentido por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.- CONSIDERANDO (11): Que en virtud de ser patente las causales de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo, en virtud que el amparista a parte de las alegaciones y valoraciones sobre el criterio de los órganos jurisdiccionales que han sido sometidos a las instancias pertinentes lo cual son alegatos de instancia y no constitucionales, además de ello al momento de notificársele el recurso de apelación al amparista, debió haber hecho uso de los recursos que le franquea la ley para solicitar la reconsideración de la resolución por parte del Ad-quem y como se puede constatar en el expediente de merito el mismo no hiso uso de su derecho para lograr dicha reconsideración por lo cuanto se entiende que dichos actos han sido consentidos por el agraviado.- CONSIDERANDO (12): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (13): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1),de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b),46.1.3, 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO el amparo interpuesto por el Abogado RENAN ORLANDO LOZANO OQUELI, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN OMAR REYES ROQUE, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a una solicitud de liquidación de Daños y Perjuicios por cese de medida cautelar, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO ROKA S.A DE C.V, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE OCCIDENTE S.A.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0144-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”