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Sentencia AC-144-16 — Registro 9301

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó fallo interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar la liquidación de honorarios profesionales causados en demanda de pago de cuentas por cobrar promovida contra recurrente como administrador único de herederos; en apelación se declaró con lugar parcialmente la liquidación a favor del profesional del derecho reclamante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en relación al argumento que el demandante percibía un estipendio fijo de la parte demandada, por los servicios profesionales prestados, no obstante, esta Sala de lo Constitucional, como garante del reconocimiento de los derechos que la Constitución de la República otorga con el fin de asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, no puede obviar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho en cuanto a que en los contratos de consultoría a base de estipulación fija no se incluirán los honorarios por juicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, los cuales se cobrarán conforme al Arancel..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso, al aplicarse la norma legal al caso concreto, aunado a ello y en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado..."..."esta Sala de lo Constitucional reitera, que el obtener respuestas desfavorables a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos..."..."al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, a favor de los señores JORGE ALBERTO, MARIA JULIETA y NORMA MARGARITA, todos ellos de apellidos MONDRAGON CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de Agosto del año dos mil quince (2015), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán departamento de El Paraíso, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil quince (2015), con relación a la Solicitud de Liquidación de Honorarios Profesionales, promovida por el Profesional del Derecho LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, contra el señor JORGE ALBERTO MONDRAGON CORTES, en su condición de Administrador Único de los Herederos MONDRAGON CORTES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los derechos al Debido Proceso y Derecho de Libre Contratación, consagrados en los artículos 90 párrafo primero y 331 párrafos primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de agosto del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, el Profesional del Derecho LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su condición personal, presentando Liquidación de Honorarios Profesionales causados en Demanda Ordinaria de Pago de Cuentas por Cobrar, contra el señor JORGE ALBERTO MONDRAGON CORTES, en su condición de Administrador Único de los Herederos MONDRAGON CORTES. (Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que seguido que fue el trámite, en fecha veinte de abril del año dos mil quince, el Juzgado antes referido, dictó sentencia interlocutoria en la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de Liquidación de Honorarios Profesionales causados en la Demanda Ordinaria de Pago de Cuentas por Cobrar por la cantidad de CATORCE MILLONES CAUTROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.14, 480,213.67), presentada por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su condición antes mencionada, en contra del Administrador único de los herederos Mondragón Cortés, señor JORGE ALBERTO MONDRAGON CORTES. SEGUNDO: Declarar CON LUGAR la oposición a la Liquidación de Honorarios Profesionales causados en Demanda Ordinaria de Pago de Cuentas por Cobrar por la cantidad de CATORCE MILLONES CAUTROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.14, 480,213.67), al Abogado CARLOS RAFAEL MIDENCE REYES, en su condición expresada. TERCERO: Pagar las costas procesales causadas en esta instancia, por haberse rechazado todas las pretensiones de la parte demandante….” (Folios del 506 al 508fv de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, contra la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de Agosto del año dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “1) CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA; contra la resolución de fecha trece de noviembre del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso. 2) REVOCAR la resolución Apelada. 3) SIN LUGAR LA OPOSICION a la liquidación presentada por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES. 4) CON LUGAR PARCIALMENTE LA LIQUIDACION. 5) LIQUIDAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES en la cantidad de L. 7,230.106.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON CIENTO SEIS LEMPIRAS)….” (Folios del 07 al 16 de la pieza de antecedentes de Alzada). 4) Que el recurrente Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores JORGE ALBERTO, MARIA JULIETA y NORMA MARGARITA, todos ellos de apellidos MONDRAGON CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 331 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de mérito con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente; asimismo en fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional promovida, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios 17 y 43 de la pieza de Amparo) 6) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir vulneración del derecho al Debido Proceso invocada por el Amparista. (Folios del 46 al 52 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de Agosto del año dos mil quince (2015), que declara Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Santiago Alonso Morales Chavarría, en su condición de Apoderado Legal del señor LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil quince (2015), que declara Sin Lugar la solicitud de Liquidación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO MORALES, en su propia condición, contra el señor JORGE ALBERTO MONDRAGON CORTES, en su condición de Administrador Único de los herederos MONDRAGON CORTES. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta derechos constitucionales como ser, la Garantía del Debido Proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero y el derecho a la Libre Contratación, establecido en el Artículo 331 párrafo primero, ambos de la Constitución de la República; argumenta el recurrente en amparo que conociendo en segunda instancia, la Corte tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de Agosto del 2015, procedió a dictar sentencia mediante la cual sin fundamentar en lo absoluto su decisión, mas que citar el Arancel del Profesional del Derecho, resolvió revocar la sentencia interlocutoria proferida por el A-quo y así declarar Ha Lugar la Liquidación de Honorarios presentada por el Abogado Luis Alberto Rovelo Morales, tasándose a tal efecto en la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL, CIENTO SEIS LEMPIRAS (L.7,230,106.00). CONSIDERANDO (4): Que el impetrante estima que la transgresión a las garantías constitucionales a sus representados, se produce por el razonamiento mecánico y simplista que utilizó la Corte recurrida al momento de dictar ese acto que hoy impugna, al liquidar honorarios a favor del Abogado Luis Alberto Rovelo Morales; sostiene asimismo el pedidor de Amparo, que la Corte no valoró el merito del trabajo profesional ejecutado por tal Abogado al redactar y presentar un escrito de demanda ante el A-quo, como tampoco tuvo en cuenta el beneficio o utilidad que tal servicio profesional le pudo haber producido a sus representados y por el cual se les reclama que paguen esa millonaria suma de dinero, ni mucho menos consideró el Ad-quem, si existía cualquier arreglo o convenio entre sus representados y el profesional del derecho que ahora les demanda. CONSIDERANDO (5): Que en relación a la vulneración al artículo 90 constitucional, dice el recurrente que se produce cuando la Corte recurrida ha realizado una interpretación obtusa y errónea del Artículo 27 del Arancel del Profesional del Derecho, ya que el mismo en realidad no hace mas que establecer la forma en como se deberá abonar los honorarios profesionales que deberá devengar un Abogado por llevar todo un juicio; asimismo el impetrante señala la sentencia dictada en el expediente SCO 162-2012 por este Alto Tribunal, ello en relación a un caso similar de cobro de Honorarios Profesionales; en relación a la vulneración del artículo 331 constitucional el recurrente arguye que la Corte recurrida ha desconocido totalmente el convenio existente entre sus representados y el Abogado Luis Alberto Rovelo Morales, en virtud del cual, éste último percibía un estipendio fijo mensual por asumir la representación procesal de los señores Mondragon Cortes y de sus empresas, en todos los juicios en los que éstos se viesen involucrados, resultando entonces improcedente reclamar honorarios profesionales por este juicio en particular, en adición a esa remuneración fija y constante que recibió a su entera satisfacción por muchos años. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 331 párrafo primero “El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que forman esta Constitución….” CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la falta de fundamento, de la sentencia impugnada; arguye que la Corte recurrida, únicamente se limita a citar el Arancel del Profesional del Derecho, realizando un razonamiento mecánico y simplista; asimismo sostiene que se ha realizado una interpretación obtusa y errónea del Artículo 27 del Arancel del Profesional del Derecho, ya que el mismo en realidad no hace mas que establecer la forma en como se deberán abonar los honorarios profesionales que deberá devengar un Abogado por llevar todo un juicio; asimismo, el impetrante en el planteamiento de su tesis, sostiene que la Corte no valoró y desconoció el convenio existente entre sus representados y el Abogado Luis Alberto Rovelo Morales, por el cual éste percibía un estipendio fijo mensual, por asumir la representación procesal de los señores Mondragon Cortes y de sus empresas, en todos los juicios en que se vieran involucrados, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 331 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente, es por ello que se hace necesaria la motivación de las sentencias y los autos, en ese orden de ideas el Artículo 207 del Código Procesal Civil establece textualmente: “MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”. CONSIDERANDO (9): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[2]. CONSIDERANDO (10): Que el Arancel del profesional del Derecho, es el instrumento o normativa legal que regula los honorarios mínimos que devengarán los Profesionales del Derecho por sus actuaciones como tales, en relación con quienes soliciten o se beneficien con sus servicios; es por ello que el Artículo 89.1 del Código Procesal Civil establece que los profesionales del Derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida. En los argumentos expuestos por el recurrente en amparo, éste sostiene que se debe esperar el resultado final del proceso a efecto de cobrar honorarios, aduce que (Sic) “…el solo hecho de interponer una demanda en materia civil, per se, no le produce ningún beneficio económico concreto al cliente, y por ende, que no es suficiente partir de la mera cuantía nominal de la demanda…”; al respecto es importante lo estipulado en el Artículo 3 del Arancel del Profesional del Derecho en relación a que todo Profesional del Derecho que conforme al Arancel devengare honorarios, podrá pedir en cualquier estado del pleito o negocio que se le paguen los devengados, si por cualquier circunstancia cesare en el ejercicio de la representación. CONSIDERANDO (11): Que el recurrente hace alusión a un antecedente de esta Sala de lo Constitucional, registrado bajo el número de expediente SCO 162-2012, la que según el impetrante resuelve una situación similar en relación al cobro de Honorarios Profesionales; al respecto el Artículo 73 de la ley Sobre Justicia Constitucional, textualmente señala: “DE LA DOCTRINA LEGAL EN EL AMPARO. Tres (3) sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituye doctrina legal. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, podrá separarse de su propia doctrina, razonando la innovación.” Claro es que el impetrante hace alusión únicamente a un antecedente, el que no puede considerarse como doctrina o una línea jurisprudencial adoptada por este Alto Tribunal. Evidente es que conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del referido Arancel, en la demanda o en la contestación de la demanda, se fija la cuantía de la demanda, cuando la otra parte no la hubiere objetado y en base a ese valor es que se calcularán los Honorarios profesionales, sin perjuicio del ajuste que a la misma fije el Tribunal una vez concluido el juicio, según lo dispone el Artículo 27; en ese orden de ideas, el referido precepto también dispone que los honorarios a que se refiere el Artículo 26, se pagarán según la labor desarrollada y en forma acumulativa sobre la cuantía de la demanda, sin perjuicio del ajuste que deba realizar el Tribunal; éste precepto se encuentra sumamente relacionado con lo dispuesto en el Artículo 3, precisamente ante la eventualidad que el Profesional del Derecho cese en la representación procesal que asume, por tanto la ley le otorga ese derecho de cobrar esos honorarios debidos, por la labor profesional desarrollada hasta ese momento, en que es removido de la representación procesal. CONSIDERANDO (12): Que en relación al argumento que el demandante percibía un estipendio fijo de la parte demandada, por los servicios profesionales prestados, no obstante, esta Sala de lo Constitucional, como garante del reconocimiento de los derechos que la Constitución de la República otorga con el fin de asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, no puede obviar lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho en cuanto a que en los contratos de consultoría a base de estipulación fija no se incluirán los honorarios por juicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, los cuales se cobrarán conforme al Arancel. CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso, al aplicarse la norma legal al caso concreto, aunado a ello y en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]; para concluir esta Sala de lo Constitucional reitera, que el obtener respuestas desfavorables a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos. CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (15): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207, 208, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, a favor de los señores JORGE ALBERTO, MARIA JULIETA y NORMA MARGARITA, todos ellos de apellidos MONDRAGON CORTES, contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES, DE TEGUCIGALPA, DEL DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN; 2) Déjese sin valor ni efecto la medida cautelar de suspensión provisional del acto reclamado, decretado por este Alto Tribunal mediante Auto de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., siete de noviembre del dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER; a favor de los señores JORGE ALBERTO, MARIA JULIETA y NORMA MARGARITA, todos ellos de apellidos MONDRAGON CORTES, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintiuno (21) de agosto del presente año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER a favor de los señores JORGE ALBERTO, MARIA JULIETA y NORMA MARGARITA, todos ellos de apellidos MONDRAGON CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno(31) de agosto del año dos mil quince (2015). CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que vista la petición del recurrente, se aprecia del mismo, que éste fundamenta su recurso arguyendo que: 1.-La acción de Amparo fue interpuesta para obtener el restablecimiento de las garantías constitucionales que fueron conculcados mediante el acto reclamado, o sea, la sentencia dictada el 31 de agosto del 2015 por la Corte tercera de Apelaciones y mediante la cual se declaró Ha Lugar una solicitud de tasación de costas presentada por el Abogado Luis Alberto Rovelo Morales en un proceso judicial en el cual, en su momento, representó procesalmente a sus patrocinados, siendo que tales costas fueron tasadas por el ad-quem en la suma de siete millones doscientos treinta mil ciento seis lempiras (L.7,230,106.00). Sostiene el recurrente que se invocaron como garantías constitucionales infringidas las contenidas en los artículos 90 párrafo primero y 331 párrafo primero de la Constitución de la República, ello en virtud que se infringe el debido proceso al tasar honorarios profesionales mediante una simple aplicación mecánica del Arancel del profesional del derecho, sin tomar en cuenta si el servicio profesional brindado por tal Abogado en efecto podía cuantificarse en la suma indicada, y si les había producido siquiera algún tipo de beneficio proporcional a la millonaria suma reclamada. Aunado a ello se argumentó y demostró que existía un convenio de servicios legales en virtud del cual sus representados le pagaron mensualmente y por varios años, un estipendio fijo al profesional del derecho en mención, a cambio que éste los representara en todos los juicios que les interesase y por lo cual resulta improcedente que tasara honorarios adicionales por un juicio que ya había sido remunerado anteriormente, siendo que al haber la sentencia de apelaciones desconocido el alcance de este acuerdo, violentaba la garantía constitucional de libre contratación; 2.- El recurrente invoca nuevamente el fallo constitucional de fecha diez de marzo del año dos mil quince, registrada con el número de expediente SCO-162-2012, dictada por esta Sala de lo Constitucional, haciendo referencia específicamente y nuevamente al considerando numero 11 del referido fallo, indicando que la sentencia que recurre por medio del presente recurso de reposición, le resta importancia al referido fallo, cuando se trata de un antecedente idéntico en todos los sentidos al que ahora nos ocupa, pues se trata de un reclamo de Honorarios Profesionales formulado por un Abogado, por el sólo hecho de interponer la demanda y tasados utilizando únicamente la cuantía nominal de la misma, siendo que en su sentencia del 10 de marzo de 2015, esta Honorable Sala dictaminó que ello no era procedente, mientras que ahora, en su sentencia del 21 de agosto del 2018 dictamina exactamente lo contrario, pues simplemente se remite a la aplicación estricta del Arancel del Profesional del Derecho; 3.- En relación al Derecho de Libre contratación, refiere el recurrente que en la documentación agregada al expediente se acreditó plenamente los pagos mensuales efectuados al Abogado Luis Alberto Rovelo Morales, recibidos por éste a su entera satisfacción, así como también un documento proveniente del mismo profesional del derecho mediante el cual reconocía la existencia de un acuerdo para atender todos los juicios a cambio de tal estipendio fijo mensual, sostiene que no es correcto que una norma de tal naturaleza gremial, sea aplicable de manera preferente al principio legal de la pacta sunt servanda que contiene el artículo 1348[6] del Código Civil y menos en desconocimiento del derecho de libre contratación que contempla el artículo 331 de la Constitución de la República; aunado a ello dice el impetrante que la referida sentencia se convierte en un peligroso antecedente para casos futuros y similares, pues si debe considerarse el Arancel del Profesional del Derecho como una normativa legal aplicable a terceros ajenos al Colegio Profesional que la emitió, entonces debería ser aplicable de manera uniforme a todas las personas, incluyendo al Estado mismo y a sus instituciones, esto abre las puestas a un sinfín de reclamos de honorarios profesionales que podrían entablar todos los profesionales del derecho que han sido contratados, bajo remuneración fija, para atender los procesos judiciales en los que se vea involucrada la dependencia estatal para la cual laboran, pues si en efecto tales contratos serian ineficaces de acuerdo al Artículo 10 del Arancel, entonces no habría impedimento alguno para que cada uno de esos profesionales del derecho tase y reclame honorarios por cada uno de los juicios en que representó al Estado. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que de la foliada del Recurso de Reposición interpuesto, contra la sentencia dictada por este tribunal en fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo constitucional advierte, que el recurrente hace alusión a los mismos argumentos planteados al momento de promover la acción Constitucional de Amparo, trayendo a consideración ante este tribunal como nuevos argumentos, situaciones que pudieran presentarse a futuro, ante posibles reclamos de Honorarios, por profesionales del Derecho que prestan sus servicios al Estado. CONSIDERANDO (5): Que es necesario dar respuesta a cada una de las consideraciones expuestas y que, a criterio del recurrente, causa agravio el dictado del referido fallo. El impetrante hace nuevamente alusión al fallo constitucional de fecha 10 de marzo del año dos mil quince, registrado con el número de expediente SCO-162-2012 en esta Sala de lo Constitucional y que fuera interpuesto por el Abogado Norman Torres a favor del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), afirmando el recurrente que este Tribunal (Sic) “…le resta toda importancia a este fallo anterior”, indicando que se trata de un antecedente idéntico en todos los sentidos al que ahora nos ocupa. Al respecto en el considerando 11 de la sentencia dictada por este Alto tribunal, se hace referencia a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, definiendo lo que constituye doctrina legal, por lo que reitera esta Sala de lo Constitucional que no existe doctrina legal en relación al caso subjúdice, y aún cuando existiere doctrina legal al respecto, este tribunal podría separase de su propia doctrina, razonando la innovación. Es importante también referirse al antecedente invocado por el recurrente, cuando aduce que se trata de un antecedente idéntico en todos los sentidos al que ahora nos ocupa; si bien es cierto se trata del Cobro de Honorarios Profesionales, el asunto toral dilucidado en el referido fallo, difiere del caso que se ha conocido y fallado por este Tribunal en fecha 21 de Agosto del año 2018, pues el antecedente que relaciona el impetrante, versa sobre una demanda que se tuvo como no presentada, por ello el pedidor de aquella acción de amparo arguye: (Sic) “pues si se tuvo como no presentada aquella demanda, ello equivale a decir que la misma nunca existió; por ende, nunca se debió dar ningún valor a lo inexistente materialmente hablando y el reclamo de honorarios debió correr con la misma suerte, declararse inadmisible y consecuencia de ese rechazo aparece por igual la figura de la improcedencia, porque no había juicio alguno para que pudiera ser justificada la pretensión….”[7] CONSIDERANDO (6): Que aún y cuando en el antecedente invocado por el impetrante, se determinó que el proceso no fue efectivamente iniciado[8], se reconoció el derecho al profesional del Derecho por el esfuerzo y trabajo intelectual que hubo comportado el estudio del caso, la redacción de la demanda y su interposición ante un órgano jurisdiccional del Estado[9], invocando asimismo el Arancel del Profesional del Derecho que pretende el recurrente se desconozca en el caso subjúdice. CONSIDERANDO (7): Que la sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha 21 de agosto del año dos mil 2018, brinda respuesta a los argumentos esgrimidos por el impetrante en la Acción de Amparo promovida, basándose específicamente en la falta de motivación en la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, y conforme a ello, esta Sala de lo Constitucional mantiene el criterio emitido[10] en el fallo que es recurrido a través del recurso de Reposición; en ese orden de ideas no pretende esta Sala desconocer que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes; no obstante a ello el recurrente hace mención a un estipendio fijo que percibía el demandante de Pago de Honorarios Profesionales, situación que a criterio de esta Sala debe resolverse por la vía procesal adecuada y no a través de una Garantía de Amparo, pues este tribunal conoció en relación a la solicitud de una Liquidación de Honorarios Profesionales causados en una Demanda Ordinaria de Pago de Cuentas por Cobrar, es por ello que en forma general este Tribunal se pronunció a lo que establece el Arancel del Profesional del Derecho en su artículo 11 párrafo segundo. Aunado a ello el impetrante no solicitó apertura a pruebas en esta vía, a efecto de acreditar los extremos por el afirmados, en relación al contrato existente entre sus representados y el profesional del derecho que reclama Liquidación de Honorarios Profesionales por los servicios profesionales prestados, en la representación procesal en la referida demanda. Conforme a ello el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución de la República establece: “Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en la Ley”, ello en relación al derecho de libre contratación a que hace referencia el recurrente y reconocido de igual forma en el precepto 331 constitucional. CONSIDERANDO (8): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de agosto del presente año dos mil dieciocho (2018), que corre agregada en autos se establecen claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, y resolución de fecha siete de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0144-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.

[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[6] Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.

[7] Ver considerando tres (3) del fallo constitucional con registro de expediente SCO-162-2012 de fecha 10 de marzo del año 2015.

[8] El considerando ocho del fallo constitucional invocado como antecedente determina: “Que esta Sala estima que no cabe aquí la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 39 No. 1) del Arancel de los profesionales del Derecho que se refiere al pago de honorarios profesionales en situaciones donde el proceso ha concluido de manera anticipada, toda vez que el proceso para todos los efectos no se entiende efectivamente iniciado y por lo tanto no puede entenderse que se ha producido su conclusión anticipada, ya que con el retiro el actor puede ejercer nuevamente la misma pretensión, frente a los mismos demandados y por los mismos hechos, a través de la interposición de una nueva demanda….”

[9] Ver considerando número 9 del fallo constitucional invocado por el recurrente.

[10] Remítase a los considerandos 9, 10, 11 y 12 de la sentencia.