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Sentencia AC-133-18 — Registro 10111

Resumen

Sentencia sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones en demanda de ejecución de título promovida por sociedad mercantil contra éste; fallo en consulta considera que el presente caso debía ser sobreseído por las causales numerales 1 y 4 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. De los antecedentes, la Sala de lo Constitucional extrae los hechos que estima más relevantes con relación al presente asunto, siendo estos los siguientes: 1. Las sociedades mercantiles Altia Business Park S.A. de C.V. e Inversiones Candi S. de R.L. de C.V., celebran un contrato de compraventa, 2. En fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comedio e industrias del departamento de Cortés dictó laudo arbitral mediante el cual declara parcialmente con lugar la demanda de arbitraje para el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa, pago de daños e indemnización de perjuicios interpuesta por Inversiones Candi S. de R.L. de C.V. En consecuencia, ordena el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa, pero absuelve a la sociedad Altia Business Park S.A. de C.V. del pago de daños y perjuicios…El objeto de la presente garantía constitucional de amparo interpuesto a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., consiste en que se declare que la resolución dictada en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete por el juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del departamento de Cortés ha violentado en perjuicio de ésta los derechos constitucionales de legalidad, defensa y debido proceso…”…” Ahora bien, existen dos resoluciones con la fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como se puede constatar con lo expuesto anteriormente. El escrito de interposición de la garantía de amparo no es muy claro al momento de señalar sobre cuál de las dos resoluciones recae, pues hace referencia de antecedentes comunes de las dos resoluciones de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. No obstante, la Sala de lo Constitucional a pesar de la manera confusa con que fue redactada la garantía de amparo, al referirse de manera indistinta con relación a los antecedentes que involucran a una y otra resolución con identidad de fecha, observa que a folio dos del escrito de interposición de la garantía de amparo, el censor detalla que la resolución que se impugna es aquella en la que recayó la inadmisión de plano y sin dar traslado a la parte contraria, del recurso de reposición que interpuso el apoderado legal de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V.; de manera que todo indica que el auto de fecha dieciséis de noviembre que se impugna con la garantía de amparo es el que admite a trámite la solicitud escrita de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios, presentada por el apoderado legal de la sociedad Inversiones Candi S. de R.L. de C.V. Habiendo ubicado concretamente el objeto del amparo de mérito, la Sala de lo Constitucional también observa que a folio dieciséis vuelto del expediente de amparo se encuentra el informe rendido por el Juzgado de Letras de lo Civil seccional del departamento de Cortés, en el cual se da cuenta que se interpuso el recurso de reposición en contra del auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; siendo este recurso inadmitido mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, este alto tribunal de justicia observa que la presente garantía constitucional de amparo se presentó a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., el nueve de enero de dos mil dieciocho por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez; o sea más de un mes después de qué, según el informe del iudex a quo antes mencionado, el abogado Santiago Humberto Vásquez Domínguez en su condición de apoderado procesal de la misma sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., presentó escrito de oposición a la liquidación de daños y perjuicios en fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete. Significando con ello que, al momento de interponer la presente garantía de amparo, la parte ejecutada, sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., ya había consentido la decisión del auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Constitucional se pronuncia en el sentido de que la presente garantía constitucional de amparo debe ser sobreseída; pero no por la causal expuesta por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, sino en la causal dispuesta en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. La subsunción a la causal apuntada obedece a que la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., dio cumplimiento a lo ordenado por la resolución, consintiendo lo mandado por el juez, puesto que procedió a presentar la oposición en defensa de sus intereses, o sea continuando con el curso del procedimiento. No se sigue el criterio de la corte de apelaciones, quien fue del parecer que el presente caso debía ser sobreseído por las causales numerales 1 y 4 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Empezando por la última causal, referida a la presentación extemporánea de la garantía, se observa que ésta fue presentada dentro del plazo de dos meses que manda el artículo 48 de la Ley sobre Justicia Constitucional; asimismo, en el caso de la causal de sobreseimiento por mera legalidad, la Sala de lo Constitucional estima que los alegatos del censor no corresponden a una mera legalidad, por otra parte el tribunal de alzada no explica nada del porqué estima que lo son, siendo por tanto una decisión arbitraria por carencia de motivación. Por todo lo anteriormente expuesto se estima procedente reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, debido a que no se comparte la razón o motivo para declarar el sobreseimiento de la garantía constitucional de amparo de mérito…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil dieciocho. VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual sobresee la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SÁNCHEZ, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ALTIA BUSINESS PARK S.A DE C.V, contra las actuaciones de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete dictadas por el honorable Juzgado de Letras Civil del departamento de Cortés, en relación con la demanda de ejecución de un título promovida por la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S. R.L. de C.V. Estimando el amparista que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, contenidos en los artículos 1, 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha nueve de enero del año dos mil dieciocho, compareció ante la honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SÁNCHEZ, interponiendo la garantía constitucional de amparo a favor de LA SOCIEDAD ALTIA BUSINESS PARK S.A de C.V., contra el auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete dictados por el honorable Juzgado de Letras Civil del departamento de Cortés. 2. En fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho la referida corte de apelaciones, emitió su fallo, mediante el cual, dispone: “SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO, presentada por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez, a favor de la sociedad ALTIA BUSINESS PARK. (Folio 38 de la pieza de Corte de Apelaciones). 3. En fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés mediante la cual sobresee la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió por unanimidad de votos sobreseer la garantía constitucional de amparo de mérito con fundamento en la motivación fáctica y jurídica que a continuación se transcribe: “Primero: De la secuencia de los acontecimientos del juicio a partir de la admisión a trámite de la solicitud de liquidación, se observa la interposición del recurso de reposición de la inconformidad a lo resuelto por el juez de dar trámite a la liquidación, lo cual es válido, pues se trata de una resolución que no pone fin al juicio, al no resolverse la solicitud en los términos que el amparista pretende, la ley le dio la oportunidad de interponer el recurso correspondiente , como así fue hecho. Lo cuestionable en todo caso podría resultar de lo que resuelve el juez en torno al recurso de reposición. Si contra éste no cabe recurso alguno, proceder al recurso de amparo. Pero no es el caso, puesto que la acción es interpuesta contra la resolución dictada en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Claramente la ley de amparo lo dispone en su artículo 46 numeral 7, la inadmisibilidad del recurso de amparo ante los recursos o acciones legales, convirtiéndose además en un asunto de mera legalidad, como reitera contra la resolución que se pretende amparo fue interpuesto en recurso de reposición. Segundo: En base a las consideraciones antes expuestas, dando lugar la resolución objeto de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete) a la interposición del recurso correspondiente, como así fue hecho, la situación alegada, objeto de amparo, resulta ser de mera legalidad. Tercero:… Cuarto: El artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que es inadmisible el recurso de amparo entre otros “Se aleguen violaciones de mera legalidad” y “cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48 de la Ley. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución impugnada por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete por el honorable Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Cortés. Mediante dicha resolución el a quo resolvió temer por presentada la liquidación de daños y perjuicios con base al incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa en la presente demanda de ejecución de laudo arbitral, concediéndole a la parte ejecutada el plazo de diez días, debiéndosele entregar la copia de la liquidación e indicándole que puede presentar oposición a la misma o aceptarla expresamente; señalándole además que si presenta oposición se le entregará copia al ejecutante y se continuará con el trámite con base a las reglas establecidas para un incidente en el procedimiento abreviado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la abogada Elizabeth Hernández Díaz, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se otorgue la presente garantía de amparo. Señala la fiscal que del informe rendido por el a quo aprecia en su inciso b, que el ahora amparista presentó recurso de apelación del auto de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete y que este asunto fue remitido a la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil el once de enero de dos mil dieciocho; y que ante ello el artículo 714.1 del Código Procesal Civil ya establece los casos que podrán seguir siendo conocidos por el juez que hubiere dictado la resolución recurrida; para el caso una ejecución provisional, lográndose apreciar que no se está ante tal ejecución, por lo tanto ya no era competente el juez para seguir conociendo de la causa una vez admitido el recurso de apelación. De igual manera señala que con el informe antes mencionado, logra apreciar que el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete el juez conocedor del proceso resuelve admitir el escrito presentado en fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete por el demandante empresa Inversiones Candi S. de R.L., en donde solicita liquidación de daños y perjuicios , y ante tal solicitud el ahora amparista interpuso en tiempo y forma recurso de reposición, siendo resuelto el ocho de diciembre del mismo año, declarándolo inadmisible el juez, fundamentando su motivación en el artículo 767 de la ley procesal “debido a que el auto recurrido no incurre en ninguna infracción legal; ante ello la fiscal considera que la inadmisión del recurso de reposición no es inadmitido por omisiones de los requisitos exigidos por el artículo 695 de la ley procesal, sino una motivación aislada de la norma procesal. Por dicha razón considera que se debe de declarar con lugar la acción de amparo presentada por el recurrente. Indica que la resolución emitida por el juez el dieciséis de noviembre con la que admite la solicitud de liquidación de daños y perjuicios es violatoria de los derechos universales como ser el de legalidad, debido proceso y defensa. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. La formalización del amparo sustenta en los alegatos que a continuación se resumen. Respecto a la violación del derecho a la legalidad, el censor menciona que existe una indebida motivación en la resolución impugnada. Luego señala que el juez denunciado procedió de forma arbitraria por cuanto vedó el acceso a los recursos (reposición) fundándose en un argumento no previsto por la ley, no obstante, existen todos los presupuestos del artículo 694.2 del Código Procesal Civil. Señala que de conformidad con la ley, los recursos que se interpongan en contra de actuaciones ejecutivas, no suspenderán el curso de la ejecución; y la liquidación de daños y perjuicios no es ninguna actuación ejecutiva, y además no fue solicitada en el escrito de ejecución, ni mucho menos ordenada por el juez en el auto de admisión, como en el auto definitivo que desestima la oposición contra el cual se interpuso recurso de apelación, por lo tanto en aplicación del artículo 767.1 del Código Procesal Civil, en el que el juez sustenta su decisión, debió hacer todo lo contrario, es decir debió suspender el conocimiento del proceso, pues la referida norma manda: “Sólo procederá la suspensión de la ejecución cuando así lo soliciten todas las partes personadas o cuando lo ordene expresamente la ley….” y en el caso de autros conforme al artículo 714.1 del Código Procesal Civil, la apelación de una resolución tiene como efecto, el siguiente: “El juzgado o tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida sólo podrá conocer, mientras dure la tramitación de la apelación ante el órgano superior, de las actuaciones relativas de la ejecución provisional,” Por lo que dice el censor que ello implica, como consecuencia legal, que el juez en el caso de autos, carece de competencia objetiva para seguir conociendo del proceso porque el recurso de apelación impide la firmeza de la resolución impugnada y prolonga la litispendencia. Luego, agrega: “A) En consecuencia del carácter devolutivo del recurso de apelación, una vez admitido y mientras se tramite el mismo, el órgano a quo pierde su competencia para conocer de la causa y conforme el artículo 714 numeral 1) del Código Procesal Civil, “El juzgado o tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida sólo podrá conocer, mientras dure la tramitación de la apelación ante el órgano superior, de las actuaciones relativas a la ejecución provisional. B) El juzgado carece en el momento que se le presenta la solicitud de competencia objetiva, porque la funcional la tiene el tribunal de segunda instancia por esa razón el artículo 33 del Código Procesal Civil, literalmente dice: “1. No serán admitidos a trámite los recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. 2.”, en virtud del recurso, el tribunal de primera instancia no tiene competencia objetiva, ni funcional, para seguir conociendo del proceso principal, excepto que se trate de una actuación relativa a la ejecución provisional. C) El artículo 701 del CPC, literalmente dice: “EFECTO DEVOLUTIVO. ÁMBITO DEL RECURSO. Numeral 1)”El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación…2…3” Luego refiriéndose al carácter devolutivo y suspensivo, el censor señala que el efecto devolutivo tiene como efecto que sea otro órgano jurisdiccional el que conozca de la impugnación, quedando sin competencia para seguir conociendo el órgano inferior. Por su parte el carácter suspensivo se refiere a la ejecutividad o no de la resolución impugnada. Dicho efecto produce que el a quo quede impedido de ejecutar la resolución recurrida, salvo en caso de ejecución provisional (arts. 714 y 771 ss. del CPC). Luego señala que, en el caso de autos, lo que la parte ejecutante pidió fue la liquidación de daños y perjuicios, que es un incidente que se lleva por medio del procedimiento abreviado, no es ninguna solicitud de ejecución provisional, por lo que el juez debió suspender el procedimiento por carecer de competencia. El censor también denuncia que el juez actuó faltando al principio de buena fe, imparcialidad y veracidad o probidad procesal , pues falsamente ha sostenido que el pago del precio del inmueble prometido en compraventa es un alegato de instancia, cuando el laudo del tribunal arbitral mantiene lo contrario, pues en los puntos sometidos a arbitraje o el objeto del debate establece que la parte actora que exige el cumplimiento no ha pagado la prima y resto del precio de un millón de dólares de los Estados Unidos de América. El censor manifiesta que con dicha falsedad el a quo dictó su resolución injusta contra la cual se interpuso apelación. Señala que para este amparo es que con dicha falsedad o sea falta de cumplimiento del ejecutante, negada arbitrariamente por el juez de primera instancia en su resolución, admite la solicitud de liquidación de daños y perjuicios e inadmite los recursos que dispone la ley; y sigue conociendo del proceso a pesar de que la liquidación de daños y perjuicios no es una actuación ejecutiva ordenada en los autos y de estar pendiente un recurso de apelación. Respecto a la violación del derecho al debido proceso reprocha que el juez a quo sustentándose en que el pago del precio pactado en el contrato de compraventa es un asunto de instancia, ha decidido de manera deliberada y arbitraria, no exigirle al ejecutante que pide el cumplimiento del contrato, acreditar en autos la consignación o el pago de un millón de dólares, condición o requisito sine qua non para la admisión de la ejecución. Luego siguiendo ese argumento dictó una resolución definitiva desestimando la oposición, posteriormente recurrida en apelación por la sociedad Altia Bussines Park, S.A de C.V.; sin embargo la ejecutante Inversiones Candi S. de R.L de C.V., presentó un nuevo proceso de liquidación de daños y perjuicios , el cual fue ilegalmente admitido a trámite por el a quo mediante la resolución que se impugna en amparo y contra el cual se presentó antes el recurso de reposición, pero que fue denegado de plano sin darle traslado a la parte contario tal como ordena la ley. Con relación al derecho de defensa, el censor señala que dicho derecho ha sido violentado porque habiéndose opuesto su poderdante a la ejecución en virtud de que previo a ello, el ejecutante debe pagar el precio del contrato de un millón de dólares, el juez desestimó la oposición, disponiendo que esto es un alegato de instancia, sin percatarse de que el laudo arbitral dispone que aun no ha sido pagado el precio del inmueble, por lo que interpuso contra esa decisión el recurso de apelación, el cual al ser admitido produjo el efecto de impedir la firmeza de la resolución, prolongar la litispendencia y suspender la competencia del a quo. Sin embargo, expresa el impetrante, pese a que era incompetente, el juez en fecha dieciséis de noviembre del año pasado admitió un nuevo proceso pretendiendo la liquidación de daños y perjuicios. Luego el censor señala como violatoria la forma en que se resolvió el recurso de reposición que se interpuso contra la decisión de admisión a la liquidación antes señalada; explica que la violación consiste en haber decidido sin haber dado traslado o audiencia a la parte contraria. Señala que el juez actúa con falta de ecuanimidad, imparcialidad o rectitud al pretender saltar de una fase de ejecución no dineraria pendiente de resolución y convertirla en dineraria, afectando así el patrimonio de Altia Business Park, S. A. de C.V., sin que el solicitante haya pagado el millón de dólares que adeuda, como requisito previo. Al final califica que estas acciones cometidas por el juez constituyen violaciones al derecho de defensa porque son decisiones caprichosas y antojadizas, porque es inadmisible que conozca al mismo tiempo de dos pretensiones que no han sido acumuladas y son incompatible o mutuamente excluyentes, hecho que podría resultar con dos resoluciones o pronunciamientos contradictorios. Por lo que opina que debería conocerse primero uno para iniciar el otro. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. De los antecedentes, la Sala de lo Constitucional extrae los hechos que estima más relevantes con relación al presente asunto, siendo estos los siguientes: 1. Las sociedades mercantiles Altia Business Park S.A. de C.V. e Inversiones Candi S. de R.L. de C.V., celebran un contrato de compraventa, 2. En fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comedio e industrias del departamento de Cortés dictó laudo arbitral mediante el cual declara parcialmente con lugar la demanda de arbitraje para el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa, pago de daños e indemnización de perjuicios interpuesta por Inversiones Candi S. de R.L. de C.V. En consecuencia, ordena el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa, pero absuelve a la sociedad Altia Business Park S.A. de C.V. del pago de daños y perjuicios. 3. La sociedad Inversiones Candi S. de R.L. de C.V., interpone demanda de ejecución de laudo arbitral en contra de la sociedad Altia Business Park S.A. de C.V.; ésta última opuso la excepción de falta de requisitos legales; sin embargo, dicha excepción fue desestimada mediante la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete. 4. La resolución de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete fue apelada por el apoderado legal de la sociedad Altia Business Park S.A. de C.V., el trece de noviembre de dos mil diecisiete. 5. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete el juez admite a trámite la apelación ordenando el traslado a la parte contraria para que contestara los agravios. 6. En igual fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el juez dictó auto mediante el cual admite a trámite la solicitud por escrito de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios “debido al incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa” presentada por el apoderado legal de la sociedad Inversiones Candi S. de R.L. de C.V. En dicho auto el juez le concede diez días a la parte contraria para que presente oposición a la liquidación. Dicho escrito había sido presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete. 7. De este último auto el apoderado legal de la sociedad Altia Business Park S.A. de C.V. interpuso recurso de reposición, el cual fue inadmitido mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete. 8. Antes de que fuera resuelta la reposición, o sea en fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete el apoderado legal de la sociedad Altia Business Park S.A. de C.V., presentó escrito de oposición a la liquidación de daños y perjuicios, el cual fue resuelto mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, convocando a una audiencia para el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a las nueve de la mañana. El objeto de la presente garantía constitucional de amparo interpuesto a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., consiste en que se declare que la resolución dictada en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete por el juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del departamento de Cortés ha violentado en perjuicio de ésta los derechos constitucionales de legalidad, defensa y debido proceso. Ahora bien, existen dos resoluciones con la fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como se puede constatar con lo expuesto anteriormente. El escrito de interposición de la garantía de amparo no es muy claro al momento de señalar sobre cuál de las dos resoluciones recae, pues hace referencia de antecedentes comunes de las dos resoluciones de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. No obstante, la Sala de lo Constitucional a pesar de la manera confusa con que fue redactada la garantía de amparo, al referirse de manera indistinta con relación a los antecedentes que involucran a una y otra resolución con identidad de fecha, observa que a folio dos del escrito de interposición de la garantía de amparo, el censor detalla que la resolución que se impugna es aquella en la que recayó la inadmisión de plano y sin dar traslado a la parte contraria, del recurso de reposición que interpuso el apoderado legal de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V.; de manera que todo indica que el auto de fecha dieciséis de noviembre que se impugna con la garantía de amparo es el que admite a trámite la solicitud escrita de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios, presentada por el apoderado legal de la sociedad Inversiones Candi S. de R.L. de C.V. Habiendo ubicado concretamente el objeto del amparo de mérito, la Sala de lo Constitucional también observa que a folio dieciséis vuelto del expediente de amparo se encuentra el informe rendido por el Juzgado de Letras de lo Civil seccional del departamento de Cortés, en el cual se da cuenta que se interpuso el recurso de reposición en contra del auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; siendo este recurso inadmitido mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, este alto tribunal de justicia observa que la presente garantía constitucional de amparo se presentó a favor de la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., el nueve de enero de dos mil dieciocho por el abogado Luis Alonso Castellanos Sánchez; o sea más de un mes después de qué, según el informe del iudex a quo antes mencionado, el abogado Santiago Humberto Vásquez Domínguez en su condición de apoderado procesal de la misma sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., presentó escrito de oposición a la liquidación de daños y perjuicios en fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete. Significando con ello que, al momento de interponer la presente garantía de amparo, la parte ejecutada, sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., ya había consentido la decisión del auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Constitucional se pronuncia en el sentido de que la presente garantía constitucional de amparo debe ser sobreseída; pero no por la causal expuesta por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, sino en la causal dispuesta en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. La subsunción a la causal apuntada obedece a que la sociedad mercantil Altia Business Park S.A. de C.V., dio cumplimiento a lo ordenado por la resolución, consintiendo lo mandado por el juez, puesto que procedió a presentar la oposición en defensa de sus intereses, o sea continuando con el curso del procedimiento. No se sigue el criterio de la corte de apelaciones, quien fue del parecer que el presente caso debía ser sobreseído por las causales numerales 1 y 4 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Empezando por la última causal, referida a la presentación extemporánea de la garantía, se observa que ésta fue presentada dentro del plazo de dos meses que manda el artículo 48 de la Ley sobre Justicia Constitucional; asimismo, en el caso de la causal de sobreseimiento por mera legalidad, la Sala de lo Constitucional estima que los alegatos del censor no corresponden a una mera legalidad, por otra parte el tribunal de alzada no explica nada del porqué estima que lo son, siendo por tanto una decisión arbitraria por carencia de motivación. Por todo lo anteriormente expuesto se estima procedente reformar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, debido a que no se comparte la razón o motivo para declarar el sobreseimiento de la garantía constitucional de amparo de mérito. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 46 No. 3, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en consecuencia se SOBRESEE la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SÁNCHEZ, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ALTIA BUSINESS PARK S.A DE C.V, contra la resolución de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete dictada por el honorable Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en relación con la demanda de ejecución de un título promovida por la sociedad mercantil INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V. por haber consentido la decisión que impugna mediante el presente amparo; y así concurrir en la causal dispuesta en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0133-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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