Sentencia AC-1195-16 — Registro 7601
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación y confirmó auto definitivo dictado por juzgado de primera instancia que inadmitió a trámite solicitud de partición de bienes hereditarios con relación a demanda promovida por recurrente contra Maira Rivera Valladares
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."a criterio de esta sala el Ad-quem es claro y la misma se encuentra debidamente motivada pues posee los fundamentos de hecho y de derecho, en los cuales el Ad-quem se fundamento al emitir el presente fallo, por cuanto esta sala observa que la recurrente al encontrar una negativa por parte del Ad-quem al confirmar la resolución emitida por el A-quo considera que se le han violentado derechos constitucionales que al hacer el estudio del caso que constatado que los argumentos expuestos por la recurrente carecen de fundamento jurídico, pues al hacerse un análisis de los mismos no se puede considerar que dicha resolución sea ambigua o que tenga falta de fundamento en virtud que el razonamiento establecido en la misma, expresa de forma precisa las razones por las cuales no se puede proceder a la partición de bienes en virtud de que no se acredito al órgano jurisdiccional que dichos bienes sujetos a partición se encuentren inscritos a favor de los demandados, por cuanto no se acredita la posesión efectiva de la herencia..."..."la Sala de Lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio del motivo de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados..."..."esta sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio del recurrente el derecho constitucional invocado como violentado..."..."al haberse constatado del estudio y análisis del presente recurso la no vulneración del derecho fundamental señalado como violentado por haberse respetado el mismo en todas y cada una de las etapas procesales, y encontrarse la resolución recurrida apegada a derecho, se estima procedente denegar el recurso de amparo por las argumentaciones antes indicadas..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CER IFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, a favor de los señores ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS; contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis(2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto de admisión dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha el treinta(30) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda vía proceso abreviado declarativo para partición de bienes hereditarios, promovida por los señores ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS, contra la señora MAIRA RIVERA VALLADARES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 82, 89, 90 párrafo primero, 94 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, en su condición de apoderado legal de la señora SANDRA BEDELIA VALLADARES GOMEZ, LIANA MARIA VALLADARES BORJAS, BELKIS JOHAMA VALLADARES BORJAS, promoviendo demanda mediante Vía del Proceso Abreviado, contra la señora MAIRA RIVERA VALLADARES.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, el Juzgado antes referido, Resolvió: PRIMERO: INADMITIR A TRAMITE la presente solicitud en virtud: a) No se acredita que los bienes de la masa hereditaria estén inscritos a favor de los demandados, tal como se relaciona en el hecho tercero de la demanda, por lo cual no es procedente la presente demanda.- b) La Certificación de la Sentencia que se haya declarado disuelta la cesación de comunidad de bienes.- SEGUNDO: Tiénese por acreditado el poder en los Abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 04112, GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, inscrita en el colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 12452 y la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo numero 2779, con las facultades legales a ellos otorgadas con la dirección y medios señalados para recibir comunicaciones judiciales. (Folio 48 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO.- SEGUNDO: CONFIRMAR el auto definitivo de fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 06 al 11 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de diciembre del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS; contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 94 321 y 323 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete.- 5) Que en fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha 23 de septiembre del 2016, según resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, contra la resolución de fecha 30 de junio del 2016, en la cual se inadmite a trámite la demanda.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente al interponer su recurso de amparo invoca violación del debido proceso, sin considerar que el “debido proceso” constituye un complejo determinado de recaudos y señalamientos que regulan el devenir de un procedimiento y que deban cumplirse sin estériles rituales ni fórmulas sacramentales que constituyan al propio fin del proceso. En consecuencia, el debido proceso legal pretende la realización de ese ideal de lo justo a través de una normativa a la que debe adecuarse el proceder de los protagonistas, y ello se concreta en base a dos directrices. La primera de ellas se encuentra en el orden constitucional creado por el legislador constitucional y la segunda en el derecho procesal que basado en la Constitución, reglamenta los derechos y garantías que la misma consagra en lo tocante al debido proceso.- Considerando (4): Así mismo establece la recurrente que se le ha violentado su derecho de petición mismo que se encuentra consagrado en la Constitución de La República en su artículo 80 el cual establece: toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, en tal sentido se ha observado que en el presente caso la recurrente ha hecho sus peticiones ante la autoridad competente en este caso el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el cual fue debidamente presentado en fecha 20 de junio del 2016, y resuelto mediante auto de fecha 30 de junio del año dos mil dieciséis, por lo cual se ha observado que no se le ha violentado el derecho de petición invocado por la recurrente así mismo dicho auto recurrido se ajusta a los preceptos establecidos en el articulo 193.2 inciso b del Código Procesal Civil, de igual manera se ha respetado el debido proceso tal y como se observa en el caso sub judice, pues se le ha dado respuesta a las peticiones formuladas por el demandante tal y como se puede comprobar con el auto de fecha 30 de junio del 2016, en tal sentido el hecho de que se haya inadmitido la demanda por parte del órgano jurisdiccional no implica que haya una violación al derecho de petición , ni al debido proceso, esto en virtud que ya el Código Procesal Civil establece los presupuestos procesales para la admisión o inadmisión de las demandas tal y como lo contempla la normativa procesal civil y las demás leyes, en tal sentido al interponer su recurso contra el auto que decreta la inadmisión de la demanda, la misma ha hecho uso de los recursos que la ley le franquea, obteniendo una respuesta por parte del órgano jurisdiccional, lo cual el hecho de no obtener una respuesta afirmativa del tribunal de alzada no significa que exista violación al debido proceso pues el Ad-quem ha motivado debidamente las razones de hecho y de derecho por las cuales se deniega el recurso.- Considerando (5): Que la recurrente argumenta en su escrito de interposición del recurso que la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, se le ha vulnerado los derechos consagrados en la Constitución de La República y fundamentalmente el derecho de petición y el debido proceso, en tal sentido del examen del caso sub-judice se aprecia que el amparista en su escrito de interposición de la presente acción, sostiene que el fallo recurrido es ambiguo y carece de claridad ya que el Ad-quem solo se concreto a declarar sin lugar el recurso de apelación, sin argumentar motivación alguna, interpretando de forma errónea las leyes, en tal sentido al hacer una revisión del mismo se ha observado que el Ad-quem señala en su resolución: “que en el caso de autos no se acredito que los bienes de la masa hereditaria estén inscritos a favor de los demandados, por lo que al no tener la tradición de los bienes, no se puede intentar partir los mismos”, por lo que se observa que la recurrente establece que dicha resolución no se encuentra motivada, pero que a criterio de esta sala el Ad-quem es claro y la misma se encuentra debidamente motivada pues posee los fundamentos de hecho y de derecho, en los cuales el Ad-quem se fundamento al emitir el presente fallo, por cuanto esta sala observa que la recurrente al encontrar una negativa por parte del Ad-quem al confirmar la resolución emitida por el A-quo considera que se le han violentado derechos constitucionales que al hacer el estudio del caso que constatado que los argumentos expuestos por la recurrente carecen de fundamento jurídico, pues al hacerse un análisis de los mismos no se puede considerar que dicha resolución sea ambigua o que tenga falta de fundamento en virtud que el razonamiento establecido en la misma, expresa de forma precisa las razones por las cuales no se puede proceder a la partición de bienes en virtud de que no se acredito al órgano jurisdiccional que dichos bienes sujetos a partición se encuentren inscritos a favor de los demandados, por cuanto no se acredita la posesión efectiva de la herencia.- Considerando (6): Según la recurrente en su escrito de formalización establece que la hoy demandada la señora MAYRA RIVERA VALLADARES quien era hermana del señor GREGORIO VALLADARES GOMEZ (Q.D.G.P), quien fue nombrada como curadora por el juzgado de letras de familia, que dicha masa hereditaria es la que hoy es objeto de partición, en tanto se aprecia que la señora MAYRA RIVERA VALLADARES es quien está en posesión de la misma, señalándose en el hecho tercero del amparo de merito, así mismo se establece que tanto la demandada como sus demás hermanos, los cuales han sido declarados herederos ab-intestato, hasta la fecha no han inscrito la sentencia respectiva en el registro de sentencias del Instituto de la propiedad, por lo consiguiente es esta la razón por la cual el A-quo ha inadmitido la demanda de merito pues no se ha acreditado la capacidad y legitimación del demandado con la respectiva certificación de tradición de dominio de los bienes objeto de litigio.- Considerando (7): Que según el dictamen emitido por el Ministerio Público, en las presentes diligencias, el ente fiscal es del criterio que la resolución recurrida, no coloca a la demandante en una estado de indefensión jurídica, ni en una situación de desigualdad, encontrándose en atinencia al debido proceso que consagra la constitución de la república, por cuanto no se ha violentado las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, y al hacer un estudio minucioso opina que NO SE OTORGUE el amparo solicitado por no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.- CONSIDERANDO (8): En cuanto al Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la Sala de Lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio del motivo de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados.- Considerando (9): En conclusión, esta sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio del recurrente el derecho constitucional invocado como violentado. Considerando (10): Que al haberse constatado del estudio y análisis del presente recurso la no vulneración del derecho fundamental señalado como violentado por haberse respetado el mismo en todas y cada una de las etapas procesales, y encontrarse la resolución recurrida apegada a derecho, se estima procedente denegar el recurso de amparo por las argumentaciones antes indicadas.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1),de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 61, 64, 199, 400, 601 del Código Procesal Civil, 1225 del Código Civil. FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, a favor de los señores: ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS; contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de los Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis(2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha el treinta(30) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda vía proceso abreviado declarativo para partición de bienes hereditarios contra la señora MAIRA RIVERA VALLADARES.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1195-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, a favor de los señores ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS; contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis(2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto de admisión dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha el treinta(30) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda vía proceso abreviado declarativo para partición de bienes hereditarios, promovida por los señores ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS, contra la señora MAIRA RIVERA VALLADARES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 82, 89, 90 párrafo primero, 94 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, en su condición de apoderado legal de la señora SANDRA BEDELIA VALLADARES GOMEZ, LIANA MARIA VALLADARES BORJAS, BELKIS JOHAMA VALLADARES BORJAS, promoviendo demanda mediante Vía del Proceso Abreviado, contra la señora MAIRA RIVERA VALLADARES.- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, el Juzgado antes referido, Resolvió: PRIMERO: INADMITIR A TRAMITE la presente solicitud en virtud: a) No se acredita que los bienes de la masa hereditaria estén inscritos a favor de los demandados, tal como se relaciona en el hecho tercero de la demanda, por lo cual no es procedente la presente demanda.- b) La Certificación de la Sentencia que se haya declarado disuelta la cesación de comunidad de bienes.- SEGUNDO: Tiénese por acreditado el poder en los Abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 04112, GLENDA CARINA RIVAS PANIAGUA, inscrita en el colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 12452 y la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo numero 2779, con las facultades legales a ellos otorgadas con la dirección y medios señalados para recibir comunicaciones judiciales. (Folio 48 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO.- SEGUNDO: CONFIRMAR el auto definitivo de fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 06 al 11 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de diciembre del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS; contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 94 321 y 323 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete.- 5) Que en fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha 23 de septiembre del 2016, según resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, contra la resolución de fecha 30 de junio del 2016, en la cual se inadmite a trámite la demanda.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente al interponer su recurso de amparo invoca violación del debido proceso, sin considerar que el “debido proceso” constituye un complejo determinado de recaudos y señalamientos que regulan el devenir de un procedimiento y que deban cumplirse sin estériles rituales ni fórmulas sacramentales que constituyan al propio fin del proceso. En consecuencia, el debido proceso legal pretende la realización de ese ideal de lo justo a través de una normativa a la que debe adecuarse el proceder de los protagonistas, y ello se concreta en base a dos directrices. La primera de ellas se encuentra en el orden constitucional creado por el legislador constitucional y la segunda en el derecho procesal que basado en la Constitución, reglamenta los derechos y garantías que la misma consagra en lo tocante al debido proceso.- Considerando (4): Así mismo establece la recurrente que se le ha violentado su derecho de petición mismo que se encuentra consagrado en la Constitución de La República en su artículo 80 el cual establece: toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, en tal sentido se ha observado que en el presente caso la recurrente ha hecho sus peticiones ante la autoridad competente en este caso el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el cual fue debidamente presentado en fecha 20 de junio del 2016, y resuelto mediante auto de fecha 30 de junio del año dos mil dieciséis, por lo cual se ha observado que no se le ha violentado el derecho de petición invocado por la recurrente así mismo dicho auto recurrido se ajusta a los preceptos establecidos en el articulo 193.2 inciso b del Código Procesal Civil, de igual manera se ha respetado el debido proceso tal y como se observa en el caso sub judice, pues se le ha dado respuesta a las peticiones formuladas por el demandante tal y como se puede comprobar con el auto de fecha 30 de junio del 2016, en tal sentido el hecho de que se haya inadmitido la demanda por parte del órgano jurisdiccional no implica que haya una violación al derecho de petición , ni al debido proceso, esto en virtud que ya el Código Procesal Civil establece los presupuestos procesales para la admisión o inadmisión de las demandas tal y como lo contempla la normativa procesal civil y las demás leyes, en tal sentido al interponer su recurso contra el auto que decreta la inadmisión de la demanda, la misma ha hecho uso de los recursos que la ley le franquea, obteniendo una respuesta por parte del órgano jurisdiccional, lo cual el hecho de no obtener una respuesta afirmativa del tribunal de alzada no significa que exista violación al debido proceso pues el Ad-quem ha motivado debidamente las razones de hecho y de derecho por las cuales se deniega el recurso.- Considerando (5): Que la recurrente argumenta en su escrito de interposición del recurso que la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, se le ha vulnerado los derechos consagrados en la Constitución de La República y fundamentalmente el derecho de petición y el debido proceso, en tal sentido del examen del caso sub-judice se aprecia que el amparista en su escrito de interposición de la presente acción, sostiene que el fallo recurrido es ambiguo y carece de claridad ya que el Ad-quem solo se concreto a declarar sin lugar el recurso de apelación, sin argumentar motivación alguna, interpretando de forma errónea las leyes, en tal sentido al hacer una revisión del mismo se ha observado que el Ad-quem señala en su resolución: “que en el caso de autos no se acredito que los bienes de la masa hereditaria estén inscritos a favor de los demandados, por lo que al no tener la tradición de los bienes, no se puede intentar partir los mismos”, por lo que se observa que la recurrente establece que dicha resolución no se encuentra motivada, pero que a criterio de esta sala el Ad-quem es claro y la misma se encuentra debidamente motivada pues posee los fundamentos de hecho y de derecho, en los cuales el Ad-quem se fundamento al emitir el presente fallo, por cuanto esta sala observa que la recurrente al encontrar una negativa por parte del Ad-quem al confirmar la resolución emitida por el A-quo considera que se le han violentado derechos constitucionales que al hacer el estudio del caso que constatado que los argumentos expuestos por la recurrente carecen de fundamento jurídico, pues al hacerse un análisis de los mismos no se puede considerar que dicha resolución sea ambigua o que tenga falta de fundamento en virtud que el razonamiento establecido en la misma, expresa de forma precisa las razones por las cuales no se puede proceder a la partición de bienes en virtud de que no se acredito al órgano jurisdiccional que dichos bienes sujetos a partición se encuentren inscritos a favor de los demandados, por cuanto no se acredita la posesión efectiva de la herencia.- Considerando (6): Según la recurrente en su escrito de formalización establece que la hoy demandada la señora MAYRA RIVERA VALLADARES quien era hermana del señor GREGORIO VALLADARES GOMEZ (Q.D.G.P), quien fue nombrada como curadora por el juzgado de letras de familia, que dicha masa hereditaria es la que hoy es objeto de partición, en tanto se aprecia que la señora MAYRA RIVERA VALLADARES es quien está en posesión de la misma, señalándose en el hecho tercero del amparo de merito, así mismo se establece que tanto la demandada como sus demás hermanos, los cuales han sido declarados herederos ab-intestato, hasta la fecha no han inscrito la sentencia respectiva en el registro de sentencias del Instituto de la propiedad, por lo consiguiente es esta la razón por la cual el A-quo ha inadmitido la demanda de merito pues no se ha acreditado la capacidad y legitimación del demandado con la respectiva certificación de tradición de dominio de los bienes objeto de litigio.- Considerando (7): Que según el dictamen emitido por el Ministerio Público, en las presentes diligencias, el ente fiscal es del criterio que la resolución recurrida, no coloca a la demandante en una estado de indefensión jurídica, ni en una situación de desigualdad, encontrándose en atinencia al debido proceso que consagra la constitución de la república, por cuanto no se ha violentado las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, y al hacer un estudio minucioso opina que NO SE OTORGUE el amparo solicitado por no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.- CONSIDERANDO (8): En cuanto al Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la Sala de Lo Constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido del estudio del motivo de amparo que señala el recurrente concluye esta sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a sus pretensiones no es indicativo de vulneración de los derechos fundamentales invocados como violentados.- Considerando (9): En conclusión, esta sala puede afirmar que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido apegada a derecho, respetando todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales y haciendo uso de la sana critica y razonamientos lógicos, respetando el debido proceso y haciendo una valoración conjunta y armónica de la prueba, con su respectiva motivación para fundamentar la resolución adoptada con la cual no se han vulnerado en perjuicio del recurrente el derecho constitucional invocado como violentado. Considerando (10): Que al haberse constatado del estudio y análisis del presente recurso la no vulneración del derecho fundamental señalado como violentado por haberse respetado el mismo en todas y cada una de las etapas procesales, y encontrarse la resolución recurrida apegada a derecho, se estima procedente denegar el recurso de amparo por las argumentaciones antes indicadas.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1),de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 61, 64, 199, 400, 601 del Código Procesal Civil, 1225 del Código Civil. FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada DELMY ANARDA BANEGAS PADILLA, a favor de los señores: ALBERTO IVAN CRUZ VALLADARES, MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VALLADARES, FREDY GUSTAVO FIGUEROA VALLADARES, GEORGINA VALLADARES MAIRENA, MIGUEL ANDRES VALLADARES GOMEZ, RENE ALBERTO VALLADARES BLANCO, MARIA CONCEPCION VALLADARES GOMEZ, ALBERTINA VALLADARES GOMEZ y OTROS; contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de los Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis(2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha el treinta(30) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda vía proceso abreviado declarativo para partición de bienes hereditarios contra la señora MAIRA RIVERA VALLADARES.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1195-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional.”
CEDV
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”