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Sentencia AC-117-18 — Registro 7736

Resumen

Sentencia confirmó fallo dictado por juzgado de primera instancia por considerar que hay cosa juzgada con relación a solicitud de levantamiento de inventario y liquidación del régimen económico promovida por recurrente contra demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."para esta Sala, la sentencia de la Alzada en cuestión y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, misma que observa esta Sala fue decidido por el Tribunal de Alzada, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra legislación adjetiva para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes..."..."el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintidós de junio del año dos mil dieciocho.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ a favor del señor FAUSTINO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el diez de octubre de dos mil dieciséis; con relación a la solicitud de levantamiento de inventario y consecuentemente la liquidación del régimen económico, promovida por la vía del proceso abreviado no dispositivo por el señor FAUSTINO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ contra la señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO.- CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con la resolución emitida por la Alzada, al confirmar la resolución dictada por el A-quo en base a un supuesto defecto procesal de Cosa Juzgada, que en ningún momento fue denunciado por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda así como lo manda el articulo 434 numeral 3° y 449 numeral 2° del Código Procesal Civil, ya que contravendría al artículo 420 numeral 3° del mismo cuerpo de Ley, ni tampoco la supuesta excepción de Cosa Juzgada fue objeto de discusión en la audiencia de Juicio Abreviado (449 numeral 1° del Código Procesal Civil) y que en ningún momento la Juzgadora manifestó haberla apreciado de oficio.- CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con el acto reclamado se vulneraron los derechos reconocidos en los artículos 64, 103 y 110 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de la resolución reclamada se desprende que el Ad-quem aprecia que lo resuelto por el A-quo, deviene de lo plasmado en la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, mediante la cual se disolvió el vinculo matrimonial entre los señores FAUSTINO ENRIQUE MARTÍNEZ y AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO, dictada por ésta misma Judicatura, en su literal “d” que establece… “Manifiestan los comparecientes que no habrá partición de bienes en común, manteniendo dichos tal como está en sus escrituras de propiedad”, entendiéndose que si las partes manifestaron que no habría partición de bienes comunes, es un común acuerdo, que no implica que el mismo puede ser modificado al arbitrio de las partes, pues, dicha manifestación o acuerdo fue ante Juez Competente quien a través de su sentencia da por homologado el mismo, y al haber adquirido la sentencia en mención el carácter de firme, compartiendo el criterio del A-quo, en que la misma se convierte en Cosa Juagada.- CONSIDERANDO: Del mismo acto relacionado en el inciso que antecede también se desprende que el Ad-quem, respecto al defecto procesal de Cosa Juzgada, alegado por el recurrente, ésta es del parecer que aun cuando no haya sido denunciado dicho defecto procesal como lo establece el artículo 447 del Código Procesal Civil, el artículo 455 del mismo cuerpo legal en su numeral 1 concede la potestad al Juez de apreciarla de manera oficiosa, con el objetivo de ponerle fin al proceso; en cuanto a la falta de capacidad procesal de la parte demandada, la acción fue incoada por persona jurídica, y como bien lo apunta el A-quo, al estimarse Cosa Juzgada, aún y cuando fuese subsanable el aspecto de falta de capacidad procesal, la consecuencia jurídica de haber apreciado Cosa Juzgada es ponerle fin al proceso, por lo que, estimó procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Abogado Cesar Antonio Castellanos Domínguez.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, abarca una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que para esta Sala, la sentencia de la Alzada en cuestión y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, misma que observa esta Sala fue decidido por el Tribunal de Alzada, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.- CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra legislación adjetiva para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ a favor del señor FAUSTINO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0117-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintidós de junio del año dos mil dieciocho.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ a favor del señor FAUSTINO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el diez de octubre de dos mil dieciséis; con relación a la solicitud de levantamiento de inventario y consecuentemente la liquidación del régimen económico, promovida por la vía del proceso abreviado no dispositivo por el señor FAUSTINO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ contra la señora AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO.- CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con la resolución emitida por la Alzada, al confirmar la resolución dictada por el A-quo en base a un supuesto defecto procesal de Cosa Juzgada, que en ningún momento fue denunciado por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda así como lo manda el articulo 434 numeral 3° y 449 numeral 2° del Código Procesal Civil, ya que contravendría al artículo 420 numeral 3° del mismo cuerpo de Ley, ni tampoco la supuesta excepción de Cosa Juzgada fue objeto de discusión en la audiencia de Juicio Abreviado (449 numeral 1° del Código Procesal Civil) y que en ningún momento la Juzgadora manifestó haberla apreciado de oficio.- CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que con el acto reclamado se vulneraron los derechos reconocidos en los artículos 64, 103 y 110 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de la resolución reclamada se desprende que el Ad-quem aprecia que lo resuelto por el A-quo, deviene de lo plasmado en la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, mediante la cual se disolvió el vinculo matrimonial entre los señores FAUSTINO ENRIQUE MARTÍNEZ y AIDA LOURDES JUVENTINA QUESADA SUAZO, dictada por ésta misma Judicatura, en su literal “d” que establece… “Manifiestan los comparecientes que no habrá partición de bienes en común, manteniendo dichos tal como está en sus escrituras de propiedad”, entendiéndose que si las partes manifestaron que no habría partición de bienes comunes, es un común acuerdo, que no implica que el mismo puede ser modificado al arbitrio de las partes, pues, dicha manifestación o acuerdo fue ante Juez Competente quien a través de su sentencia da por homologado el mismo, y al haber adquirido la sentencia en mención el carácter de firme, compartiendo el criterio del A-quo, en que la misma se convierte en Cosa Juagada.- CONSIDERANDO: Del mismo acto relacionado en el inciso que antecede también se desprende que el Ad-quem, respecto al defecto procesal de Cosa Juzgada, alegado por el recurrente, ésta es del parecer que aun cuando no haya sido denunciado dicho defecto procesal como lo establece el artículo 447 del Código Procesal Civil, el artículo 455 del mismo cuerpo legal en su numeral 1 concede la potestad al Juez de apreciarla de manera oficiosa, con el objetivo de ponerle fin al proceso; en cuanto a la falta de capacidad procesal de la parte demandada, la acción fue incoada por persona jurídica, y como bien lo apunta el A-quo, al estimarse Cosa Juzgada, aún y cuando fuese subsanable el aspecto de falta de capacidad procesal, la consecuencia jurídica de haber apreciado Cosa Juzgada es ponerle fin al proceso, por lo que, estimó procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Abogado Cesar Antonio Castellanos Domínguez.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, abarca una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que para esta Sala, la sentencia de la Alzada en cuestión y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, misma que observa esta Sala fue decidido por el Tribunal de Alzada, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley.- CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra legislación adjetiva para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.- CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ANTONIO CASTELLANOS DOMÍNGUEZ a favor del señor FAUSTINO ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0117-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.”