Sentencia AC-1105-16 — Registro 12545
Resumen
Sentencia impugnada que declaró sin lugar recurso de nulidad Subsidiaria interpuesto con Laudo Arbitral y la la excepción de cosa juzgada, que existió en el Laudo una serie de anomalías que vician el debido proceso al cual tiene derecho la parte demandada,en su condición de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que asimismo, vale mencionar que entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica, que se constituye como principio configurador del ejercicio del Poder Ejecutivo y se concreta, en principio, en aquellas normas que vinculan a la Administración positiva y negativamente, con el debido respeto a los principios de buena fe y de confianza legítima; debiendo primar, por otra parte, la razonabilidad de los actos públicos, inclusive cuando incumban al trámite y resolución del Arbitraje de Estado, el cual descansa sobre criterios objetivizados de valoración en resolución del caso, sobre todo cuando es dictado con base a derecho, tal y cual se ha fundamentado el Laudo.-CONSIDERANDO (20): Que derivado de todo lo anterior, debe reafirmarse pacífica que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda dictarse o ventilarse de nuevo el fondo del asunto o cuestión controvertida, sino que, su objeto está limitado al análisis de los concretos motivos alegados por ambas partes, los que, en definitiva, deberán quedar amparados en alguna de las causales del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, [2] como conditio sine qua non para su estimación en instancia.-CONSIDERANDO (21): Que por todas las razones anteriormente expuestas, oído el parecer de la Fiscal, se señala que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al desestimar el recurso de nulidad interpuesto a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), lo ha hecho en función específica y clara de la interpretación del precitado artículo 74 que la Ley de Conciliación y Arbitraje, el cual establece las únicas causales de nulidad del Laudo; no correspondiéndole tampoco a la Corte de Apelaciones dictaminar sobre alegaciones de instancia, o sobre la relevancia o no de consideraciones de tipo civil adjetivo por sobre la prevalencia del derecho público en resolución del caso; lo cual se conceptúa más bien como un asunto propio de legalidad, ajeno a la trascendencia constitucional que constituye la esencia de la garantía de Amparo; lo cual tiene como única y señalada salvedad, para el Pleno de esta Sala de lo Constitucional, en la condena en costas proveída a instancia de la Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial; la cual, amén de carecer de motivación congrua y suficiente para fundar tal dispositivo, dispone una actuación contra legem y, por tanto, en contra de las bases mismas del principio de legalidad que fundan el Estado de Derecho, según normativizado en los artículos 1, 4 y 303, inter alia, de la Constitución de la República; como es la condena en costas contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); la cual contraviene, disminuye o tergiversa el ámbito de seguridad jurídica que ampara a la parte demandante, en tanto entidad del Estado de Honduras, a efecto se le exonere del pago de costas, en aplicación del artículo 8 de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, [3] que prescribe el Estado y sus entidades estarán exentas del pago de costas, salvo actuación dolosa, lo cual no se tiene por probado en el presente caso. – Por todo lo cual y lo expresado en el íter del presente fallo, procede dictar estimatoria parcial, circunscrita estrictamente al sentido que queda motivado en el presente Considerando del recurso de amparo; desestimándose, por lo demás, lo anteriormente relacionado, conforme a las bases generales de motivación de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (22): Que como se ha fijado como precedente en el amparo SCO-0459-2016, como se ha referido de lo regulado en el artículo o del Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, al ser Inprema una entidad pública está exenta del pago de costas, de cualquier tipo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 3, 4, 59, 64, 80, 82, 90, 110, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO parcialmente la garantía de Amparo de que se ha hecho mérito; en el único sentido de la vulneración a la Constitución por la condena en costas proveída en la sentencia de mérito, la cual no le resulta aplicable a la entidad estatal que se presenta como agraviada en la presente garantía constitucional, por encontrarse en contravención del principio de legalidad y al derecho genérico al debido proceso"
Legislación citada
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74, numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de junio del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, contra el Laudo Arbitral dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa con fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda arbitral promovida por la Sociedad Mercantil denominada CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L DE C.V, contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA).- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil quince (2015), compareció ante la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Centro de Conciliación y Arbitraje, el Abogado BENITO ARTURO ZELAYA CALIX, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada CONSTRUCTORA KOSMOX S de R.L de C.V., promoviendo demanda Arbitral en contra del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), reclamando cantidades intereses moratorios e Indemnizaciones varias. (Folios uno (01) al doce (12) TOMO I de la pieza del Laudo Arbitral).-2) Que en fecha dieciocho (18) de enero del dos mil dieciséis (2016) el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, dictó Sentencia mediante la cual “Falló: 1.- Declarar SIN LUGAR la Excepción de Cosa Juzgada interpuesta por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).- 2.-Declarar SIN LUGAR la Excepción de Falta de Legitimación… 3.- Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la Demanda interpuesta por la Sociedad CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R.L DE C.V (KOSMOX) contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) en consecuencia, se pronuncia en cuanto a las reclamaciones individualizadas de la siguiente manera: a) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO UNO (1)… b) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO DOS (2)…C) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO TRES (3)… d) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO CUATRO (4)…e) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACION NÚMERO CINCO (5)…f) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO SEIS (6)…g) Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO SIETE (7)… h) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO OCHO (8)…i ) Declarando CON LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO NUEVE (9)… J) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO DIEZ (10)…K) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO ONCE (11)… l) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO DOCE (12)… m) Declarando CON LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO TRECE (13)… n) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO CATORCE (14)… ñ) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO QUINCE (15)… o) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO DIECISEIS (16)… (Folios 456 al 526 del Tomo II del Laudo Arbitral).-3) Que conociendo de un recurso de nulidad en proceso arbitral promovido por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD, del que se ha hecho merito; y asimismo la NULIDAD SUBSIDIARIA, implícita con el mismo.- Promovido por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) contra el Laudo Arbitral, de fecha dieciocho (18) de enero del presente año dos mil dieciséis (2016), dictado por la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA, CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE en la “DEMANDA ARBITRAL”, promovida por la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R.L DE C.V contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), Representado legalmente por su Director y Presidente Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía Hondureño de este domicilio…”. (Folios 35 al 42 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que el recurrente Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017).-5) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil diecisiete (2017), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE en cuestión de costas al INPREMA, en virtud de no estar acorde éstas al Decreto 266-2013, por el cual se exime al Estado y a sus dependencias del pago de costas y; en cuanto a los demás aspectos se DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO, en virtud de que la Ley de Conciliación y Arbitraje únicamente señala como causales de nulidad del Laudo únicamente las expresadas en el artículo 74 de la referida Ley; lo que no está acorde a los argumentos promovidos por el Impetrante, entre otras consideraciones, por haber hecho uso el Tribunal Arbitral, en fundamentación de su Laudo, de disposiciones legales pertenecientes a la Ley de Contratación del Estado, en actos privados realizados por la Administración Pública (Considerando 121 del Laudo Arbitral); no vislumbrándose violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que el recurso de amparo interpuesto y formalizado por el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por el cual impugna la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016), la cual resolvió un RECURSO DE NULIDAD interpuesto contra el laudo arbitral dictado en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis (2016), según emitido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, se basa sintéticamente en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: a) En cuanto al artículo 82 de la Constitución de la República. Que en un principio el Tribunal Arbitral estableció en la Audiencia de Competencia que confirmaba, entre las normas sustantivas aplicables, a la Ley de Contratación del Estado y que, por tanto, se encontraba jurídicamente obligado a dirigir y resolver el conflicto dentro del régimen jurídico de las leyes administrativas aplicables al caso, es decir, dentro del derecho público. Sin embargo, el Tribunal Arbitral, contrarió la Ley y lo establecido en dicha Audiencia, fundamentó el Laudo Arbitral en disposiciones de derecho civil y mercantil, lo cual se aúna a no haberse ajustado a derecho su resolución, lo cual también produce indefensión a IMPREMA: “(…) quien confiado en que el conflicto se resolvería dentro del ámbito del Derecho Mercantil, tal como lo ordena la Ley y previamente había quedado expresamente establecido; planteó y fundamentó su defensa dentro del Régimen de Derecho Administrativo, quedando indefenso ante la irregular conversión de Derecho Público a Derecho Privado decidida por el Laudo Arbitral; (…)”, asimismo, la sentencia recurrida en amparo declaró SIN LUGAR el Recurso de Nulidad Subsidiaria interpuesto con el Laudo Arbitral; lo cual le produjo a su representada un total estado de indefensión en infracción al articulado constitucional invocado.- CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del recurso de amparo, expresó el amparista, b) En cuanto al artículo 90 de la Constitución de la República. Que existió en el Laudo una serie de anomalías que vician el debido proceso al cual tiene derecho la parte demandada, como es INPREMA, dado que no se observó los artículos 1 y 3 de la Ley de Contratación del Estado que expresamente ordenan el régimen jurídico a seguir, lo cual contrarió el Tribunal Arbitral al seguir para la resolución del conflicto el marco del derecho privado, lo cual hecho suyo por la Corte de Apelaciones recurrida, aun y cuando se reconoce expresamente en el Laudo que carece de competencia para pronunciarse sobre la validez de las resoluciones firmes y eficaces que decidieron la improcedencia de los pagos demandados en el Juicio Arbitral; que fundamenta improcedentemente su decisión dentro del ámbito del Derecho Privado, en violencia a disposiciones de orden público que se dejan relacionadas; en aplicación del artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, que fija una tasa de interés en el irregular incumplimiento de un contrato que calificó de derecho privado; y, finalmente, condenando en costas a INPREMA, lo que es del todo improcedente y viola flagrantemente el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia de Gobierno (Decreto 266-2013), el que ordena el Estado y sus dependencias están exentos (Sic.) del pago de costas. Refiere finalmente el amparista, que todo lo antes expresado en fundamentación constitucional y legal de su recurso, violenta en perjuicio de INPREMA el artículo 90 de la Constitución de la República que le garantiza a su representada el derecho a ser juzgada por juez competente y con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Ley. Por todo lo cual solicita se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan a su representada las garantías constitucionales violentadas con la resolución recurrida, dictando en su oportunidad la sentencia que en derecho corresponda.-CONSIDERANDO (5): Que en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), el Abogado BENITO ARTURO ZELAYA FLORES, actuando como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada KOSMOX S. de R.L. de C.V., compareció ante el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA y solicitó la integración de un Tribunal Arbitral que conociera de la demanda que, para obtener el pago de cantidades, intereses moratorios e indemnizaciones varias, entablara la referida Sociedad Mercantil, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), bajo el amparo de la Cláusula Decimonovena del Contrato Original, denominado: “PROYECTO AMPLIACIÓN MEJORAS Y ADICIONES AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE IMPREMA”, el cual se presentó junto con su Ademdun (Sic.) y sus anexos.-CONSIDERANDO (6): Que en resolución de fecha cuatro (4) de febrero de dos mil quince (2015), la Directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Sra. PAOLA CELENIA DÍAS TOMÉ, admitió la solicitud de integración del Tribunal Arbitral presentada por el Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil KOSMOX S. de R.L. de C.V., ordenando que se diera traslado de la misma al señor ERNESTO EMILIO CARÍAS CORRALES, en su calidad de representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por el término de cinco (5) días hábiles, para los efectos de que se pronunciara sobre la misma. (Vid. Folios No. 43 y 44 del tomo I del Expediente NO. 1-A-2015 que corre como anexo).-CONSIDERANDO (7): Que en fecha trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, actuando como Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), compareció ante la Dirección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, dando contestación y oponiéndose a las pretensiones de la Sociedad Mercantil KOSMOX S. de R.L. de C.V.; señalando DEFECTO PROCESAL y oponiendo EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, acompañando documentos en respaldo a la posición procesal antes expresada. Fundamentó el Defecto Procesal en referencia en el no cumplimiento, por la parte que interesa la demanda arbitral, del requisito exigido por el artículo 3 reformado de la Ley de Contratación del Estado, en el sentido que al acogerse a cualquier mecanismo judicial o extrajudicial de resolución de las controversias que resulten de los contratos regidos por la Ley de Contratación del Estado, debe rendirse una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de lo reclamado y sin cumplir con el requisito del artículo 47 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que junto con su demanda deberá acompañar una Constancia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de que se encuentra solvente de obligaciones tributarias causadas durante los últimos cinco (5) años. – En cuanto a la Excepción de Cosa Juzgada, establecer que los pagos reclamados por la parte demandante fueron declarados improcedentes en vía administrativa, mediante la emisión de Resoluciones dictadas en tiempo y forma, las cuales no fueron impugnadas oportunamente de conformidad con lo ordenado en el artículo 28 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Vid. Folios No. 45 al 89 del tomo I del Expediente NO. 1-A-2015 que corre como anexo).-CONSIDERANDO (8): Que en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, a través de su Dirección, procedió a dictar resolución mediante la cual, inter alia: 1. Admite la contestación de la solicitud de integración de Tribunal Arbitral, presentada el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, como Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); 2. Admite el Defecto Procesal referido en el escrito presentado y la Excepción de Cosa Juzgada presentada por el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, como Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); 3. Corre los referidos traslados al Apoderado Legal de la parte contraria, para que el término de tres (3) días conteste los mismos. (Vid. Folio No. 90 del tomo I del Expediente NO. 1-A-2015 que corre como anexo).-CONSIDERANDO (9): Que en fecha doce (12) de marzo de dos mil quince (2015), el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, a través de su Dirección, recibió “Manifestación” presentada por el Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, como Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) aceptando la propuesta contenida en la Demanda en el sentido de que el Arbitro que cada una de las partes nombre para integrar el Tribunal Arbitral, sea del Listado de Árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje del CCIT. (Vid. Folios No. 99 al 100 del tomo I del Expediente NO. 1-A-2015 que corre como anexo).-CONSIDERANDO (10): Que en audiencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil quince (2015) se declaró legalmente constituido, con la comparecencia de las partes, el Tribunal Arbitral conformado por los Abogados (a) MARÍA ANTONIETA ORTEGA SOUZA, ULISES MEJIA LEON GOMEZ y EDWIN ARMANDO PINEDA MADRID. (Vid. Folios No. 123 al 124 del tomo I del Expediente NO. 1-A-2015 que corre como anexo).-CONSIDERANDO (11): Que en fecha nueve (9) de junio de dos mil quince (2015), se celebró Audiencia de Competencia en la cual se procedió a la juramentación del Tribunal Arbitral y se tuvo por aclarada la comparecencia de todas las partes y la condición en que comparecen a la Audiencia, declarándose la competencia del Tribunal Arbitral, de conformidad a lo que establece el artículo 60 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, con relación al Literal a) del artículo 51 del respectivo Reglamento; declarando al mismo tiempo la existencia y validez del Convenio Arbitral y, por ende, su competencia para conocer del asunto, sin Recurso alguno, ni manifestación a contrario, por ninguna de las partes comparecientes, por lo cual quedó en firme la resolución; disponiéndose por el Tribunal Arbitral que se suspendiera el trámite de la referida audiencia para proseguirla posteriormente. (Vid. Folios No. 129 al 133 del tomo I del Expediente NO. 1-A-2015 que corre como anexo).-CONSIDERANDO (12): Que se señaló audiencia para la proposición de pruebas y, evacuadas que fueron las pruebas correspondientes y formuladas que fueron las conclusiones por las partes, el Tribunal Arbitral dictó Laudo en fecha dieciocho (18) de enero del dos mil dieciséis (2016) el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, dictó Sentencia mediante la cual FALLÓ: “1.- Declarar SIN LUGAR la Excepción de Cosa Juzgada interpuesta por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).- 2.-Declarar SIN LUGAR la Excepción de Falta de Legitimación… 3.- Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la Demanda interpuesta por la Sociedad CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R.L DE C.V (KOSMOX) contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) en consecuencia, se pronuncia en cuanto a las reclamaciones individualizadas de la siguiente manera: a) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO UNO (1)… b) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO DOS (2)…C) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO TRES (3)… d) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO CUATRO (4)…e) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACION NÚMERO CINCO (5)…f) Declarando CON LUGAR la RECLAMACION NÚMERO SEIS (6)…g) Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO SIETE (7)… h) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO OCHO (8)…i ) Declarando CON LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO NUEVE (9)… J) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO DIEZ (10)…K) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO ONCE (11)… l) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO DOCE (12)… m) Declarando CON LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO TRECE (13)… n) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO CATORCE (14)… ñ) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NÚMERO QUINCE (15)… o) Declarando SIN LUGAR la RECLAMACIÓN NUMERO DIECISEIS (16)…”.[1]
CONSIDERANDO (13): Que contra el Laudo emitido por el Tribunal Arbitral, el Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA), Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, interpuso el Recurso de Nulidad que franquea la Ley; el cual fue admitido por el Tribunal Arbitral en providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016), ordenándose, a la vez, la remisión de las Diligencias a la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, como en efecto se hizo; mediante nota de remisión enviada por la Secretaria del Tribunal Arbitral Constituido en fecha cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2016).-CONSIDERANDO (14): Que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán admitió a trámite el recurso de nulidad interpuesto, resolviendo mediante resolución de fecha (20) de julio de dos mil dieciséis (2016), declarar SIN LUGAR el recurso interpuesto por la representación del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA), con fundamento en que el recurrente no ha logrado acreditar la procedencia de ninguna de las causales, para que proceda la nulidad del Laudo Arbitral, pues no apareció de manifiesto que éste hubiere sido dictado en Equidad, ni que contuviere en su parte resolutiva errores aritméticos, lo cual, si hubiere sido el caso, tampoco la alegó oportunamente ante el Tribunal Arbitral, de conformidad a lo que manda el artículo 74.7 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. En cuanto a la Nulidad Subsidiaria, que ésta tampoco procede, pues el artículo 74.1 de la Ley de Conciliación y Arbitraje guarda relación con el Convenio Arbitral, no con el Laudo Arbitral. Finalmente, que respecto a las demás razones que se invoca para acreditar la Nulidad del Laudo objeto del presente recurso y que se fundamenta en disposiciones del orden civil adjetivo, éstas son improcedentes de pleno derecho, porque el Recurso de Nulidad, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 73 de la ya referida Ley de Conciliación y Arbitraje, solo procederá por las causales que, de manera taxativa, se establecen en dicha Ley; por todo lo cual, se estima procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Nulidad que se resuelve.-CONSIDERANDO (15): Que contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016), la cual desestimó el RECURSO DE NULIDAD interpuesto contra el laudo arbitral dictado en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis (2016), que emitiera el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, procedió el Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (IMPREMA), Abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, a interponer y formalizar garantía constitucional de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; sosteniendo que la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones contraviene la inviolabilidad del derecho de defensa y la garantía genérica del debido proceso, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por las consideraciones fácticas y jurídicas que se dejan ya expuestas en forma sintética en los Considerandos 3 y 4 de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (16): Que el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc.-CONSIDERANDO (17): Que en la doctrina se discute generalmente si el Estado puede o no someterse al procedimiento arbitral para resolver las controversias que se deriven de sus relaciones con otras personas, sean éstas naturales o jurídicas. Tal discusión se presenta, particularmente, cuando la Legislación Comparada guarda silencio sobre tal posibilidad. En el ordenamiento jurídico hondureño tal cuestión fue resuelta afirmativamente por el Legislador Ordinario, al establecerse en el artículo 31 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, el denominado “Arbitraje de Estado”, previendo de manera expresa que: “… podrán ser sometidas a arbitraje las controversias derivadas de los contratos que el Estado hondureño y las entidades de derecho público celebren con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.”-CONSIDERANDO (18): Que como ha quedado expuesto en la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, no apareció de manifiesto que éste hubiere sido dictado en Equidad, ni que contuviere en su parte resolutiva errores aritméticos, sino que la existencia de una discrepancia entre su tenor resolutivo con respecto a las pretensiones que expone la parte representada por el garantista. En tal sentido, es del caso recordar que, según pacífica jurisprudencia, el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido, lo cual es acorde con la resolución que se recurre en amparo.-CONSIDERANDO (19): Que asimismo, vale mencionar que entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica, que se constituye como principio configurador del ejercicio del Poder Ejecutivo y se concreta, en principio, en aquellas normas que vinculan a la Administración positiva y negativamente, con el debido respeto a los principios de buena fe y de confianza legítima; debiendo primar, por otra parte, la razonabilidad de los actos públicos, inclusive cuando incumban al trámite y resolución del Arbitraje de Estado, el cual descansa sobre criterios objetivizados de valoración en resolución del caso, sobre todo cuando es dictado con base a derecho, tal y cual se ha fundamentado el Laudo.-CONSIDERANDO (20): Que derivado de todo lo anterior, debe reafirmarse pacífica que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda dictarse o ventilarse de nuevo el fondo del asunto o cuestión controvertida, sino que, su objeto está limitado al análisis de los concretos motivos alegados por ambas partes, los que, en definitiva, deberán quedar amparados en alguna de las causales del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje,[2] como conditio sine qua non para su estimación en instancia.-CONSIDERANDO (21): Que por todas las razones anteriormente expuestas, oído el parecer de la Fiscal, se señala que la Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, al desestimar el recurso de nulidad interpuesto a favor del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), lo ha hecho en función específica y clara de la interpretación del precitado artículo 74 que la Ley de Conciliación y Arbitraje, el cual establece las únicas causales de nulidad del Laudo; no correspondiéndole tampoco a la Corte de Apelaciones dictaminar sobre alegaciones de instancia, o sobre la relevancia o no de consideraciones de tipo civil adjetivo por sobre la prevalencia del derecho público en resolución del caso; lo cual se conceptúa más bien como un asunto propio de legalidad, ajeno a la trascendencia constitucional que constituye la esencia de la garantía de Amparo; lo cual tiene como única y señalada salvedad, para el Pleno de esta Sala de lo Constitucional, en la condena en costas proveída a instancia de la Corte Segunda de Apelaciones de esta sección judicial; la cual, amén de carecer de motivación congrua y suficiente para fundar tal dispositivo, dispone una actuación contra legem y, por tanto, en contra de las bases mismas del principio de legalidad que fundan el Estado de Derecho, según normativizado en los artículos 1, 4 y 303, inter alia, de la Constitución de la República; como es la condena en costas contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); la cual contraviene, disminuye o tergiversa el ámbito de seguridad jurídica que ampara a la parte demandante, en tanto entidad del Estado de Honduras, a efecto se le exonere del pago de costas, en aplicación del artículo 8 de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO,[3] que prescribe el Estado y sus entidades estarán exentas del pago de costas, salvo actuación dolosa, lo cual no se tiene por probado en el presente caso. – Por todo lo cual y lo expresado en el íter del presente fallo, procede dictar estimatoria parcial, circunscrita estrictamente al sentido que queda motivado en el presente Considerando del recurso de amparo; desestimándose, por lo demás, lo anteriormente relacionado, conforme a las bases generales de motivación de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (22): Que como se ha fijado como precedente en el amparo SCO-0459-2016, como se ha referido de lo regulado en el artículo o del Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, al ser Inprema una entidad pública está exenta del pago de costas, de cualquier tipo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 3, 4, 59, 64, 80, 82, 90, 110, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO parcialmente la garantía de Amparo de que se ha hecho mérito; en el único sentido de la vulneración a la Constitución por la condena en costas proveída en la sentencia de mérito, la cual no le resulta aplicable a la entidad estatal que se presenta como agraviada en la presente garantía constitucional, por encontrarse en contravención del principio de legalidad y al derecho genérico al debido proceso. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese.-Firmas y Sello. Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Y a solicitud del Abogado BENITO ARTURO ZELAYA CALIX, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1105-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folios 456 al 526 del Tomo II del Laudo Arbitral.
[2] En particular, las causales invocadas por el garantista, como son las de los numerales 6 y 7 del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje.
[3] Decreto No. 266-2013 del 22 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33, 336 de 23 de enero de 2014.