Sentencia AC-1078-16 — Registro 8905
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución que declaró procedente autorización de segunda copia de instrumento público autorizado por notario y otorgada por recurrente en vista del extravío de la primera copia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."al estudiarse la foliada; se aprecia que en la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, se concluye que el Juzgado de Letras de lo Civil posee la facultad de autorizar al Notario o en su caso a la Contraloría del Notariado, para que procedan a librar la segunda o posterior copia de la Escritura Pública requerida por el solicitante; llevándose a cabo por parte del A-Quo las diligencias pertinentes que dieron como resultado la ubicación del Instrumento requerido..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, con relación a la Solicitud de Autorización para expedir Segunda Copia del Instrumento Público No.2839 autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil ocho, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, a favor del PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA) contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, con relación a la Solicitud de Autorización para expedir Segunda Copia del Instrumento Público No.2839 autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil ocho, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA). Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se consideran violentadas están contenidas en los Artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de agosto del año dos mil catorce, compareció ante Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada SONIA RAQUEL FLORES DE SANABRIA, actuando en su condición de Apoderada Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), promoviendo solicitud para expedir segunda copia del instrumento Público No. 2839 autorizado por el notario JOSE REYNALDO ANDINO M., en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil ocho, otorgada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), manifestando la peticionaria que hace la solicitud debido a que la primera copia se extravió y no la habían podido encontrar, solicitando a la vez se librara atenta comunicación al Notario Autorizante del citado Instrumento Público para que procediera conforme a derecho. (Folio 01 e la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dicto resolución mediante la cual resolvió: “FALLA: 1) Declarar PROCEDENTE, la autorización de segunda copia, del Instrumento Público número 2839 del Protocolo del 2008, otorgado por el antes Notario José Reynaldo Andino M. -2) Autorícese a la Contraloría del Notariado a librar segunda copia de la Escritura Pública señalada en el numeral anterior, a petición del El Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).- 3) En virtud de la cancelación del exequátur del notario emisor de la escritura pública ahora autorizada; mediante funcionario judicial competente, requiérase en legal y debida forma al Abogado José Reynaldo Antonio M., antes Notario, el Protocolo de los Instrumentos Públicos correspondiente al año 2008, autorizados por su persona, cuando fungía como Notario.- 4) Con costas a la parte opositora, Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (PRICPHMA).”. (Folios 134 al 137 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado MOISES NAZAR VALLADARES, en su condición de Apoderado Legal del PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA) contra la sentencia relacionada en el acápite anterior, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION del que se ha hecho merito; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR SEGUNDA COPIA, promovida por la Abogada SONIA RAQUEL FLORES DE SANABRIA, actuando en su condición de Apoderada Legal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA).- …” (Folios 11 al 14 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del PRIMER COLEGIO PROFESIONAL HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho. 5) Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público, a través de su Fiscal el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen en el cual fue de la opinión que: “NO SE OTORGUE, la presente acción de Amparo, por no concurrir vulneraciones a la prohibición de Restricción de Derechos Constitucionales o al Debido Proceso. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, con relación a la Solicitud de Autorización para expedir Segunda Copia del Instrumento Público No.2839 autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil ocho, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 64 y 90 de la Constitución de la República; cuando la Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia, da lugar a un acto irregular, ya que el A-Quo debió de contar con un dictamen o por lo menos una opinión de la Contraloría del Notariado sobre la veracidad de los folios en que supuestamente se encuentra el instrumento público aludido. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público, a través de su Fiscal el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen en el cual fue de la opinión que: “NO SE OTORGUE, la presente acción de Amparo, por no concurrir vulneraciones a la prohibición de Restricción de Derechos Constitucionales o al Debido Proceso. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que en la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, se concluye que el Juzgado de Letras de lo Civil posee la facultad de autorizar al Notario o en su caso a la Contraloría del Notariado, para que procedan a librar la segunda o posterior copia de la Escritura Pública requerida por el solicitante; llevándose a cabo por parte del A-Quo las diligencias pertinentes que dieron como resultado la ubicación del Instrumento requerido. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, con relación a la Solicitud de Autorización para expedir Segunda Copia del Instrumento Público No.2839 autorizado por el Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil ocho, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1078-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL