Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-1059-16 — Registro 8904

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución y declaró nulidad absoluta a partir e inclusive del auto motivado y ordena que juez revise requisitos de admisibilidad de la oposición, en su defecto mande a subsanar en plazo legal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso que nos ocupa, la oposición a la ejecución provisional fue presentada por el BANCO DAVIENDA, S.A., siendo admitida la misma por el juez de instancia, el cual dictó resolución en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, decidiendo declarar con lugar la oposición presentada y sin lugar el proceso de ejecución pretendido, decisión que fue recurrida en apelación por el ejecutante, y que fue invalidada en apelación por parte de la Corte Sentenciadora, la que declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto en el que se admite a trámite el escrito de oposición presentado por BANCO DAVIVIENDA, S.A..."..."el Tribunal de Alzada explica en su sentencia que tratándose de la ejecución provisional de condenas de dinero, el opositor no observó en este caso los requisitos de admisibilidad de la oposición, entendiendo la Alzada que con ello el juez no reparó en el acatamiento de estos requisitos de ley, por lo que debió en todo caso, ya sea, inadmitir o mandar a subsanar el escrito de oposición, razón por la que la referida Alzada, al advertir lo que consideró como una infracción procesal originaria de nulidad, dispuso declararla así,..."..."esta Sala no observa que el Tribunal de Alzada señale o deje plasmado en su fallo que no resulta aplicable para la oposición a una ejecución provisional, el alegar el incumplimiento de los requisitos de admisión de la ejecución, como lo ha indicado el recurrente, y tampoco se observa que se limite este derecho al impetrante, quien ha venido afirmando que el Tribunal de Alzada ha “reducido” las opciones legales de oposición a la ejecución provisional, sin embargo, nada de eso puede entenderse del fallo de la Alzada, la cual conforme con la ley tiene plenas facultades para declarar la nulidad cuestionada por el quejoso, no observándose que haya mediado arbitrariedad en su decisión, con lo que la Corte de Apelaciones no ha hecho más que ceñir su fallo a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa..."..."la sentencia impugnada emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a invalidar la resolución del A-Quo, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (15): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, a favor de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la solicitud de ejecución provisional de un título judicial promovida por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE, como apoderado de los señores GLAYLOR WILFREDO QUIÑONEZ ZELAYA y AVY MABEL QUIÑONEZ PADILLA. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidas en el artículo 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: PRIMERO: Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, el abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, solicitando ejecución provisional de un título judicial, consistente en una sentencia definitiva condenatoria que fuera dictada en la demanda ordinaria de nulidad de un juicio ejecutivo e indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el despojo de un inmueble a una menor, la que fuera promovida contra el BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, por parte de los señores GLAYLOR WILFREDO QUIÑONEZ ZELAYA y AVY MABEL QUIÑONEZ PADILLA. (Folios (01) al (052) de la pieza del Juzgado).-SEGUNDO: Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, dictó resolución mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: CON LUGAR LA OPOSICIÓN ENTABLADA POR LA PARTE EJECUTADA, POR NO REUNIR LA PRESENTE EJECUCIÓN PROVISIONAL LOS REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN EN EJECUCIÓN. SEGUNDO: POR CONSIGUIENTE, DECLÁRESE SIN LUGAR EL PRESENTE PROCESO DE EJECUCIÓN. CONDENANDO EN COSTAS A LA PARTE EJECUTANTE...” (Folios (63) al (67) de la primera pieza del Juzgado).-TERCERO: Que conociendo un recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente descrita, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual RESUELVE: “1) DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado Legal de la parte ejecutante contra el auto motivado de fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida (Civil).- 2) SE DECLARA NULIDAD ABSOLUTA a partir de la resolución de fecha dieciocho de mayo del año que corre y que rola a folio 42 de la primera pieza dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida (civil) y demás actuaciones posteriores hasta inclusive el Auto Motivado de fecho cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, para que el señor Juez de Letras A-quo revise los requisitos de admisibilidad de la Oposición formulada por el ejecutado y según su criterio le aconseje: a) o inadmisible la oposición por considerar que los defectos de la oposición son insubsanables o, b) en su defecto la mande a subsanar dentro del plazo correspondiente exigiendo se cumplan los requisitos de admisibilidad y si estos acontece seguir adelante con el proceso de ejecución provisional sin realizar la actuación concreta que se formule en la oposición, es decir embargo u otra medida cautelar.- 3)...” (Folios (09) al (14) de la pieza de Corte de Apelaciones).-CUARTO: Que el recurrente Abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra la referida sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), de la que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República . Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 28 de la pieza de amparo).

QUINTO: Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), emitió su dictamen la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo. (Página 31 al 36 de la pieza de amparo).-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que el acto reclamado en esta vía, como queda dicho ya, lo constituye la precitada sentencia que dictó la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), y que declaró NULIDAD ABSOLUTA a partir de la resolución de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, y que tuvo por admitida, formulada e interpuesta la oposición presentada por el Abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, en su condición de representante procesal de BANCO DAVIVIENDA, S.A., contra la solicitud de ejecución provisional de una sentencia pronunciada contra BANCO DAVIVIENDA, S.A., dictada en el trámite de una demanda ordinaria de nulidad de un juicio ejecutivo e indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el despojo de un inmueble a una menor, la que fuera promovida contra el BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S. A, por parte de los señores GLAYLOR WILFREDO QUIÑONEZ ZELAYA y AVY MABEL QUIÑONEZ PADILLA. -ALEGACIONES DEL RECURRENTE.-CONSIDERANDO (6): Que los argumentos del recurrente además de ser faltos de claridad, están más encaminados a hacer una retrospectiva de los acontecimientos del proceso principal, no obstante, logra deducirse de sus dichos que el alegato central de su argumentación es que la violación al debido proceso que sostiene que ha sido cometida por la Alzada se origina en el hecho que ésta ha limitado con su decisión las causales de oposición que prevé la ley procesal, y que de esta manera ha “reducido” las causas de oposición que la propia ley establece. De acuerdo con la tesis del impetrante, la Corte de Apelaciones deja entrever en su sentencia que no cabe hacer oposición a la ejecución de un título basada en el incumplimiento de los requisitos para la admisión a la ejecución, al menos esto es lo que puede colegirse de los cuestionamientos que al respecto ha presentado el recurrente en sus intervenciones ante esta Sala de lo Constitucional.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (7): Que la ley procesal de la materia, prevé la posibilidad de ejecutar provisionalmente, y a instancia de parte, las sentencias de condena, mientras se sustancian los recursos devolutivos interpuestos. La propia ley regula, los casos, circunstancias y el procedimiento a seguir tanto para la solicitud ejecución provisional, así como lo referente a su admisión, oposición, sustanciación y decisión, en los artículos del 771 al 781 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (8): Que en el caso que nos ocupa, fue solicitada la ejecución provisional de una sentencia de condena por la parte a favor de quien fue dictada, debiendo por ende seguirse con el procedimiento que al respecto establece la ley, con las formalidades y exigencias del caso. Como parte del procedimiento, se establece la posibilidad de oponerse a la ejecución de un título provisionalmente ejecutable, y a su vez, el artículo 775 del Código Procesal Civil dispone en forma expresa las causas en las que puede fundarse tal oposición. En el caso que nos ocupa, la oposición a la ejecución provisional fue presentada por el BANCO DAVIENDA, S.A., siendo admitida la misma por el juez de instancia, el cual dictó resolución en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, decidiendo declarar con lugar la oposición presentada y sin lugar el proceso de ejecución pretendido, decisión que fue recurrida en apelación por el ejecutante, y que fue invalidada en apelación por parte de la Corte Sentenciadora, la que declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto en el que se admite a trámite el escrito de oposición presentado por BANCO DAVIVIENDA, S.A.-CONSIDERANDO (9): Que dentro de los alcances que puede tener la decisión de un recurso de apelación en materia de Derecho privado según dispone el Código Procesal Civil en su artículo 715.1, se encuentra la potestad del órgano jurisdiccional de declarar la nulidad absoluta de actuaciones si se apreciare la existencia de infracción procesal que la origine, pudiendo ordenar éste la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto procesal advertido. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada explica en su sentencia que tratándose de la ejecución provisional de condenas de dinero, el opositor no observó en este caso los requisitos de admisibilidad de la oposición, entendiendo la Alzada que con ello el juez no reparó en el acatamiento de estos requisitos de ley, por lo que debió en todo caso, ya sea, inadmitir o mandar a subsanar el escrito de oposición, razón por la que la referida Alzada, al advertir lo que consideró como una infracción procesal originaria de nulidad, dispuso declararla así, al tenor de lo ordenado en el precitado artículo 715.1 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala no observa que el Tribunal de Alzada señale o deje plasmado en su fallo que no resulta aplicable para la oposición a una ejecución provisional, el alegar el incumplimiento de los requisitos de admisión de la ejecución, como lo ha indicado el recurrente, y tampoco se observa que se limite este derecho al impetrante, quien ha venido afirmando que el Tribunal de Alzada ha “reducido” las opciones legales de oposición a la ejecución provisional, sin embargo, nada de eso puede entenderse del fallo de la Alzada, la cual conforme con la ley tiene plenas facultades para declarar la nulidad cuestionada por el quejoso, no observándose que haya mediado arbitrariedad en su decisión, con lo que la Corte de Apelaciones no ha hecho más que ceñir su fallo a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa. -CONSIDERANDO (11): Que la sentencia impugnada emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a invalidar la resolución del A-Quo, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso.-CONSIDERANDO (12): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (13): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (14): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (15): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO (16): Que este Alto Tribunal advierte que las argumentaciones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna, partiendo su acción de argumentos infundados que infieren que su motivación no es más que una simple inconformidad con lo resuelto, y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-PARTE DISPOSITIVA.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado SAÚL ARMANDO REYES SAA, a favor de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis, al haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha doce (12 ) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018 ) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1059-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL