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Sentencia AC-1055-15 — Registro 8263

Resumen

Demanda de indemnización de daños y perjuicios Lucro cesante y daño emergente declarada con lugar y promovida por impetrantes en representación de las víctimas, producto de un accidente de tránsito, ocasionado por una rastra propiedad de empresa demandada, conducida por empleado de la misma, quien resultara penalmente responsable de dicho accidente, y la nulidad de actuaciones declarada con lugar solicitada por la parte demandada posteriormente a haberse declarado firme sentencia condenatoria y caducado el derecho a interponer recurso de apelación de ésta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma no se encuentra ajustada a derecho y violenta la garantía constitucional de cosa juzgada contemplada en nuestra carta magna en su artículo 186, por cuanto no se han respetado los preceptos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados, entre ellos la garantía judicial de la Cosa Juzgada en materia civil, así como el Derecho al Debido Proceso, centrándose el recurrente en la apreciación indebida por parte del Ad-quem, al considerar que la resolución impugnada se encuentra basada en apreciaciones erróneas por parte del tribunal, por lo que no procedía declarar la nulidad absoluta de actuaciones sobre las diligencias a partir del auto de fecha 19 de Noviembre que obra a folio 392 del tomo II de la Primera pieza y demás actuaciones quedando subsistente únicamente en lo referente al recurso de apelación, es por las razones antes expuestas en los considerandos que anteceden del estudio de la resolución impugnada, es que se ha observado que la resolución impugnada emitida por la recurrida no se encuentra apegada a derecho y violenta flagrantemente las garantías constitucionales invocadas.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (14): Que al haberse determinado la vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente Otorgar el recurso de amparo que ahora se conoce"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ADALID RODRIGUEZ ROSA, a favor de los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha siete de agosto de dos mil quince, que declaró Ha Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO, en fecha nueve de febrero de dos mil quince, con relación a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE contra la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A DE C.V. (TRAMAQ S.A DE C.V). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Yoro, el Abogado JOSÉ ADALID RODRIGUEZ ROSA, actuando en su condición de Apoderado de los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE, promoviendo demanda ordinaria a Titulo de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente contra de la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE Y MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” (TRAMAQ S.A. DE C.V.) por medio de su Representante Legal el Ingeniero JORGE TOSTA APPEL, según el recurrente se promovió dicha demanda producto de un accidente de transito, ocasionado por una rastra propiedad de la citada empresa, la cual era conducida por un empleado de la misma, de nombre WILMER MIRANDA YANEZ y quien resultara penalmente responsable del accidente provocado, al no acatar los reglamentos de transito y como consecuencia se ocasionó según relato del recurrente la muerte de sus representados de nombres: IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALES (hija del señor HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ), NAZLY PATRICIA ROMERO MURILLO (esposa del señor CESAR BUSTILLO ISAULA) y “GLADIS ONDINA GARCIA DUARTE (hija de la señora GLADIS ONDINA GARCIA DUARTE)”, victimas que se trasportaban en un autobús de la empresa de transportes “CRISTINA” impactado por el camión cisterna propiedad de la demandada, en virtud de lo relacionado anteriormente es que los recurrentes demandan por el pago vía indemnización a titulo de Daños y Perjuicios por una suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO CUATRO CENTAVOS DE LEMPIRAS (L.45,949,883.04). (Folio 01-06 del expediente del A-quo).-2) Que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Yoro, dictó sentencia en la que falló: (Sic) “…PRIMERO:DECLARAR HA LUGAR la demanda de Indemnización de PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE promovida por el Abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ ROSA, como Apoderado Judicial Procesal de los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE como familiares de los fallecidos NAZLY PATRICIA ROMERO, GLORIA JULISSA NUÑEZ GARCIA e IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALES, contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTES Y MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, identificada como TRAMAQ S. A. DE C.V., del domicilio social de Choloma, departamento de Cortés, representada por el Ing. JORGE TOSTA APPEL de generales ya expresadas.-SEGUNDO: CONDENA a la Sociedad Mercantil TRANSPORTES Y MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, identificada como TRAMAQ S. A. DE C.V., del domicilio social de Choloma, departamento de Cortés representada por el Ingeniero JORGE TOSTA APPEL de generales expresadas a pagar a los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE, como familiares de los fallecidos NAZLY PATRICIA ROMERO, GLORIA JULISSA NUÑEZ GARCIA e IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALES la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.45,949,197.04). Desglosados así: 1) Al señor CESAR BUSTILLO ISAULA por la muerte de su esposa NAZLY PATRICIA ROMERO, se le deberá pagar: Que en monto a indemnizar en el caso del daño emergente, asciende a la cantidad de L.263,676.20 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS) (ver anexo 1). El monto a indemnizar correspondiente al núcleo cesante (ver anexo 2 y 2ª)asciende a L.2,658,988.02 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS), que se descompone de la siguiente manera: INGRESOS NETOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR L.171,800.55.-INGRESOS NETOS QUE HUBIERE PERCIBIDO l.1,282,249.24.-VALOR PRESENTE DE LA JUBILACIÓN A LOS 65 AÑOS L.1,204,938.23.-En consecuencia según el actuario FELIPE VINICIO ESPINOZA GUZMAN en su dictamen establece el monto a indemnizar por el Daño Patrimonial al señor CESAR BUSTILLO ISAULA por la muerte de su esposa NAZLY PATRICIA ROMERO, asciende a L.2,922,664.22 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS). En el caso del Daño Moral, no cabe duda de que la muerte de la señora NAZLY PATRICIA ROMERO ha ocasionado a sus seres queridos un sufrimiento muy difícil de cuantificar en dinero pero puede estimarse en un 20% de la suma determinada anteriormente, o sea, la cantidad de L.584,532.84 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS).Así el monto a indemnizar al señor CESAR BUSTILLO ISAULA por la muerte de su esposa NAZLY PATRICIA ROMERO asciende a L.3,507,197.06 (TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS) 2) al señor HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ por la muerte de su hija IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALES se deberá pagar: Que el monto a indemnizar en el caso del daño emergente, asciende a la cantidad de L.776,988.65 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS) (ver anexo 1). El monto a indemnizar correspondiente al LUCRO CESANTE (ver anexo 2 y 2ª) asciende a L.20,178,131.62 (VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS), que se descompone de la siguiente manera: INGRESOS NETOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR L.12,338,036.69). VALOR PRESENTE DE LA JUBILACIÓN A LOS 65 AÑOS L.7, 840,095.02 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS). En consecuencia según el actuario FELIPE VINICIO ESPINOZA GUZMAN en su dictamen establece el monto a indemnizar por el Daño Patrimonial al señor HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ por la muerte de su hija IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALES, asciende a L.20,955,120.27 (VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS). En el caso del Daño Moral, no cabe duda de que la muerte de la joven IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALES, ha ocasionado a sus seres queridos un sufrimiento muy difícil de cuantificar en dinero, pero que puede estimarse en un 20% de la suma determinada anteriormente, o sea, la cantidad de L.4,191,024.05 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS). Así el monto a indemnizar al señor HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ por la muerte de su hija IRIS CAROLINA IZAGUIRRE RAUDALEZ, asciende a L.25,146,144.32 (VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS); y 3) a la señora NELDA IDALIA DUARTE se le debe pagar por la muerte de su nieta GLORIA JULISSA NUÑEZ GARCIA, la suma detallada así: Que el monto a indemnizar en el caso del Daño Emergente asciende a la cantidad de L.580,081.89 (QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS) (ver anexo 1). El monto a indemnizar correspondiente al LUCRO CESANTE (ver anexos 2 y 2ª) asciende a L.13,833,702.83 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS), que se descompone de la siguiente manera: INGRESOS NETOS QUE HUBIERE PERCIBIDO L.8,362,275.12 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS). VALOR PRESENTE DE LA JUBILACIÓN A LOS 65 AÑOS L.5,471,427.71 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS).-En consecuencia según el actuario FELIPE VINICIO ESPINOZA GUZMAN en su dictamen establece el monto a indemnizar por el Daño Patrimonial a la señora NELDA IDALIA DUARTE por la muerte de su nieta GLORIA JULISSA NUÑEZ GARCIA asciende a L.14,413,784.72 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS).- En el caso del Daño Moral, no cabe duda, de que la muerte de la joven GLORIA JULISSA NUÑEZ GARCIA, ha ocasionado a sus seres queridos un sufrimiento muy difícil de cuantificar en dinero, pero que puede estimarse en un 20% de la suma determinada anteriormente, o sea, la cantidad de L.2,882,756.94 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS). Así el monto a indemnizar a la señora NELDA IDALIA DUARTE por la muerte de su nieta GLORIA JULISSA NUÑEZ GARCIA, asciende a L.17,296,541.66 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIETOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS).-MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno en su contra quede firme el presente fallo.-CON COSTAS.-NOTIFIQUESE”.(Folio 393-405 del Tomo I de los antecedentes del A-quo).-3) Que en fecha diez de diciembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, resolvió una solicitud de preclusión del término para interponer un recurso de apelación que le correspondía a la parte demandada, en virtud de no haber hecho uso del mismo en tiempo y forma, presentada por la Abogada SONIA INDIRA RUBÍ ROSALES, en su condición de Representante Legal de los demandantes, en consecuencia, dicho órgano judicial dispuso “…tener por caducado el derecho que tenía la Abogada KENSY JAKELIN ROSALES RUIZ para oponerse a la sentencia, asimismo dispuso tener por firme la sentencia definitiva de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce…”. (Folio 426 vuelto del Tomo II de los antecedentes del A-quo).-4) Que no conforme con la resolución antes relacionada, la Abogada KENSY JAKELIN ROSALES RUIZ, en fecha diez de diciembre de dos mil catorce, solicitó nulidad de actuaciones alegando irregularidades en el proceso, solicitud que fue resuelta por el Tribunal A-quo, mediante resolución de fecha nueve de febrero de dos mil quince, en la cual resolvió: “…1)Admitir a tramite el incidente de nulidad de actuaciones planteada… 2)Conforme al principio de contradicción dese traslado el presente incidente a la contraparte… 3)Téngase por ratificado el poder con que actúa la Abogada KENSY JAKELIN ROSALES RUIZ… 4)…”. (Folios del 432-434/443-448/464 del Tomo II del expediente del A-quo).-5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada KENSY JAKELIN ROSALES RUIZ, contra la resolución relacionada en el numeral precedente, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, falló: “1)Declarando Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Legal de la parte demandada contra la resolución de fecha nueve de febrero de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro.-2) DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE QUE OBRA A FOLIOS 393 DEL TOMO II DE LA PRIMERA PIEZA Y DEMAS ACTUACIONES POSTERIORES, QUEDANDO SUBSISTENTE UNICAMENTE LO RELATIVO A LA INTERPOSICION Y TRAMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN.-3)QUE LA SEÑORA SECRETARIA EXTIENDA CERTIFICACIÓN DE ESTE FALLO, UNA VEZ FIRME Y LA ENVÍE A LA INSPECTORA DE ÓRGANOS JUDICIALES DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LA CONDUCTA MOSTRADA POR EL SEÑOR JUEZ DE LETRAS A-QUO EN LA TRAMITACIÓN DE ESTE JUICIO…” (Folios 9-16 del expediente del Ad-quem).-6) Que el Abogado JOSÉ ADALID RODRIGUEZ ROSA, compareció ante este Tribunal en fecha seis de noviembre de dos mil quince, interponiendo acción de amparo contra la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, y que según el recurrente decretó la nulidad absoluta de forma extemporánea, por lo que considera que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República. (Folios 1-7 de la pieza de amparo).-7) Que en fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, esta Sala tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de cuarenta y ocho horas concedido al recurrente para que formalizara su acción, asimismo, en virtud de desprenderse del escrito de interposición que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación se dispuso continuar con el conocimiento de la presente acción de amparo, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a efecto de que emitiera su dictamen. (Folio 91 de la pieza de amparo).- 8) Que en fecha de cinco de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogada SUSY G. COELLO GARCÍA, quien en su dictamen fue de la opinión porque “SE OTORGUE” el recurso de mérito por existir ultraje a los artículos denunciados por el amparista.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que, del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha 28 de noviembre del dos mil doce, fecha en la que compareció el recurrente ante el Juzgado de Letras seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, el Abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ ROSA, en su condición de apoderado legal demandante de los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE, promoviendo demanda ordinaria a Titulo de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente contra la Sociedad Mercantil “TRANSPORTE Y MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE” (TRAMAQ S.A. DE C.V.) por medio de su Representante Legal el Ingeniero JORGE TOSTA APPEL, demanda que fue declarada CON LUGAR mediante sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año 2014.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha 06 de Noviembre del dos mil Quince, compareció ante este Alto Tribunal, el abogado JOSE ADALID RODRIGUEZ ROSA, interponiendo Acción Constitucional de Amparo, en su condición de apoderado legal y procesal de los señores: CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha siete (7) de agosto de dos mil quince (2015), que declaró Ha Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO, en fecha nueve de febrero de dos mil quince, y así mismo declarando la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, que obra a folios 392 del tomo II de la primera pieza y demás actuaciones posteriores, quedando subsistente únicamente lo relativo a la interposición y trámite del recurso de apelación, con relación a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE contra la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A DE C.V. (TRAMAQ S.A DE C.V).- CONSIDERANDO (4):considera el recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta la garantía de cosa juzgada en materia civil tal y como lo establece el artículo 186 de la constitución de la república, estableciendo que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba , Atlántida, con la sentencia proferida el 07 de Agosto del año 2015, violenta de manera flagrante, la garantía judicial de cosa juzgada en materia civil, la cual prohíbe expresamente lo actuado por el Ad-quem, al establecer claramente dicha garantía: “que ningún poder o autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos”, sumado a ello dicha garantía se encuentra contenida en el artículo 6 de la Ley de Organización y atribuciones de los tribunales que establece la prohibición expresa al ordenar que “ningún Juzgado o Tribunal puede abrir Juicios Fenecidos”, garantía que ha sido evidentemente violentada con la sentencia emitida por la corte de apelaciones recurrida. Así mismo estima la recurrente que dicha resolución de igual manera violenta la garantía Constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que garantiza a todos los hondureños la posibilidad de que nadie será Juzgado si no por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, y al haberse avocado en el conocimiento de una causa fenecida, la recurrida no tiene ninguna competencia para reabrir dicho juicio, pues esta competencia solo le es atribuida mediante Recurso de Revisión a la Corte Suprema de Justicia según lo estipula el artículo 186 Constitucional y 6 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los tribunales, según el recurrente la corte no tenía competencia alguna para anular la sentencia firme pasada bajo autoridad de cosa juzgada en materia civil, siendo sus actuaciones totalmente violatorias del derecho vigente.- CONSIDERANDO (5): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, el recurrente sostiene que la corte primera de apelaciones de la ciudad de la ceiba, departamento de Atlántida, de manera arbitraria decreta la nulidad absoluta de forma extemporánea, sobre una SENTENCIA DEFINITIVA FIRME, dictada en fecha 21 de noviembre del año 2014, misma que corresponde a la demanda de Indemnización a titulo de daños y perjuicios, pago de lucro cesante y año emergente, promovido contra la sociedad mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA, S.A DE C.V (TRAMAQ, S.A DEC.V, atacando de manera frontal y grotesca, la garantía constitucional de cosa juzgada en materia civil contenida en el artículo 186 de la Constitución de la República, sentencia que se encuentra en el folio 393 al 405 de la segunda pieza del expediente principal, por lo que considera el recurrente que la inédita sentencia solo pudo haber sido dictada por el tribunal ad-quem cometiendo evidentemente un delito de abuso de autoridad, al abocarse una causa fenecida, violentando flagrantemente lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, que expresamente prohíbe a esta corte de apelaciones realizar el hecho violatorio de la ley ejecutando impunemente hasta la fecha.-CONSIDERANDO (6):Que la cosa juzgada desde el punto de vista dogmatico o doctrinario es una institución jurídica mundialmente reconocida y respetada como la institución de la “cosa juzgada” la cual puede definirse según Liebman, “como la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia”. La concepción de la cosa juzgada como inmutabilidad de la sentencia, es una adquisición importante de la ciencia italiana para la teoría, por la novedad que implica frente a la doctrina tradicional y por la riqueza de consecuencias que tiene varios aspectos doctrinales controvertidos de la teoría de la cosa juzgada; la cual ha dado origen a una polémica muy esclarecedora entre su autor Carnelutti, cuyo balance ha precisado los puntos de acuerdo y de disidencia entre los dos maestros de la ciencia procesal. La doctrina de Liebman reacciona contra la doctrina tradicional que ve en la cosa juzgada un efecto de la sentencia y la vincula con la declaración del derecho reconoció en la misma. La eficacia de la sentencia señala Liebman debe ser lógica y prácticamente distinguirse de su inmutabilidad. La sentencia vale como mandato que contiene una voluntad imperativa del estado… en esto consiste pues según Liebman, la autoridad de cosa juzgada: en la inmutabilidad del mandato que nace de la sentencia. La eficacia natural de la sentencia es, para Liebman, lo mismo que su imperatividad para Carnelutti; de donde resulta la exactitud de la distinción que ambos autores establecen entre imperatividad e inmutabilidad de la sentencia; quedando reducida la discrepancia a la circunstancia de que mientras Liebman llama cosa juzgada solamente a la inmutabilidad, Carnelutti no solo llama cosa juzgada a la imperatividad, si no que denota con esta frase a la “cosa juzgada material”, y con la frase inmutabilidad a la “cosa juzgada formal”. Así como la inmutabilidad es una cualidad que adquiere la sentencia y se diferencia claramente de su eficacia o imperatividad, así también la inmutabilidad o cosa juzgada se diferencia de los efectos de la sentencia y no es un efecto suyo particular que puede ser añadido a sus efectos propios. Los efectos de la sentencia dependen de la índole de la pretensión que se hace valer en la demanda, porque debe haber una estrecha correlación entre sentencia y pretensión. Así, el efecto de la sentencia será la modificación o supresión de un ¡estado o relación jurídica, según que la pretensión haya sido una pretensión mero declarativa, o de condena o constitutiva; efectos estos que tendrán trascendencia para determinar los limites objetivos de la cosa juzgada, pero que no son la cosa juzgada. La cosa juzgada solo es capaz de comunicar a esos efectos la permanencia o inmutabilidad que comunica la sentencia que los produce. Todas las definiciones corrientes señala Liebman incurren en el error de sustituir una cualidad de los efectos de la sentencia por un autónomo suyo. Se supera así, con la teoría de Liebman, la vieja polémica entre los sostenedores de la “teoría sustancial o material de la cosa Juzgada y la “teoría procesal”; por que la cosa juzgada por si, no es ni “procesal” ni “material” cuales quiera que sean los efectos de la sentencia, sobre ellos, operara la cosa Juzgada para hacerlos inmutables,. Es la voluntad concreta y definitiva de la ley expresada en la sentencia. Todas las normas son hipotéticas, y por ello, la sentencia, las concretiza. Hay que distinguir dos puntos de vista: sustancial, es decir de carácter civil, así vemos como la legislación sustantiva la incluye dentro de las presunciones absolutas. Es una presunción “juris et de juris”. Además, es de orden público, en el sentido de que pueden ser alegadas y probada en cualquier momento. Adjetiva, en el sentido de que es una de las cuatro excepciones de inadmisibilidad contempladas en la ley. Fundamento: la cosa juzgada señala Savigny no es una consecuencia natural o necesaria deducible del concepto del oficio del juez. Al contrario, cuando se pone en duda la justicia de la sentencia, parece natural emprender un nuevo examen del asunto. La experiencia histórica demuestra cómo, en diversas épocas de la evolución de las instituciones judiciales, se han considerado conveniente el establecimiento de un régimen jerárquico de instancias sucesivas en busca de la justicia de la decisión; y como se ha comprobado en muchos casos, que la decisión del último juez no es siempre la más justa, ni la más conforme con el derecho. Es una cuestión de política del derecho según Savigny establecer cuál de estos dos peligrosos daños sea mayor y optar por la solución más conveniente. Son pues, como afirma también Chiovenda razones de oportunidad, consideraciones de utilidad social, las que hacen poner un término a la investigación judicial, y tratar la sentencia como ley irrevocable para el caso concreto, en el primitivo derecho romano, la eficacia de la decisión se fundaba en el compromiso que asumían las partes en la Litiscontestatio, no en la autoridad del estado, como se ve del pasaje de Ulpiano: stari autem debet sententiae arbitri quamd de re dixerit, sive aequa, siveiniqua sit; et sibi imputet, qui compromisit (se debe estar a la sentencia que el árbitro diese sobre la cosa, sea justa o injusta; y culpase a sí mismo el que se comprometió). Posteriormente, la evolución del concepto del estado, la extensión del imperium y el nuevo concepto de la jurisdicción, que llevaron al estado a asumir la función pública de administrar justicia mediante los jueces, hicieron inútil el contrato de litiscontestatio de las primeras épocas, y bajo Justiniano, la fuerza de la sentencia se fundó en la cosa juzgada, entendida como la función de la verdad, según el pasaje de Ulpiano: ingenuum accipere debemus etiam eum, de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur( debemos también tener por ingenuo aquel que por sentencia se declaro serlo, aunque fuese libertino, por que la cosa juzgada se tiene por verdad). Este fundamento dado a la cosa juzgada en el derecho justinianeo, fue recogido en el código civil napoleónico bajo el influjo y la autoridad de pothier, que hizo de la teoría la “presunción de verdad” no ya el fundamento político-social de la cosa juzgada, su fundamento jurídico y dogmático, incluyéndola entre las presunciones legales; y así pasado a los códigos modernos que siguieron el modelo francés, entre ellos el nuestro, que incluye éntrelas presunciones legales a “ la autoridad que la ley da a la cosa juzgada”; lo que bien entendido significa, como señala Chiovenda, que es ilícito buscar si un hecho es verdadero o no, al objeto de invalidar un acto de tutela jurídica. Cosa juzgada formal y material. Para llegar a la sentencia final, es necesario que el juez recorra todo el camino o iter procesal que conduce a ella y que es variadísimo y complejo en sus elementos, porque en él se van desarrollando las situaciones que configuran el proceso dialectico de acciones y reacciones que permite a las partes presentar las cuestiones de hecho y de derecho que apoyan su situación y al juez tomar conocimiento de las mismas, resolver los puntos y cuestiones que surgen en el camino y llegar así al pronunciamiento final que acoge o rechaza la pretensión. El juez se ve así ordinariamente en la necesidad de resolver ciertas cuestiones surgidas en el curso del proceso, que aparecen como antecedentes lógicos de su decisión final, a tal punto que depende de ellas en todo o en parte la resolución de la causa. Estas resoluciones interlocutorias, deben quedar firmes, no ya para asegurar la permanencia del resultado final del proceso, si no por exigencias de orden y seguridad en el desarrollo del mismo, que permiten desembarazarlo de estas cuestiones incidentales y llegar así rápidamente al resultado final, que es la sentencia definitiva. En la mayoría de los casos este efecto se logra mediante la simple preclusión de la cuestión misma, que impide proponerla de nuevo en el curso del proceso, por haberse agotado la facultad con su ejercicio; pero en otras como ocurre en nuestra sistema, que admite en ciertos casos la apelación de las sentencias interlocutorias, la firmeza de estas, lo mismo que de las definitivas que permite obtener la permanencia del resultado, se logra mediante la preclusión de las impugnaciones del fallo, que impide la renovación de la cuestión en el mismo proceso. De este modo, se produce la cosa juzgada ad intra, esto es en el interior el mismo proceso, impidiendo la renovación de las cuestiones, consideradas cerradas en el mismo; pero sin impedir su propósito en un proceso futuro, si la naturaleza de la cuestión lo permite en cambio, la sentencia de merito, salvo excepciones muy determinadas por la ley, produce cosa juzgada ad extra, esto es , fuera del proceso en que se dicta y asegura la inmutabilidad del fallo frente a todo eventual proceso futuro que pueda iniciarse sobre el mismo objeto.- en ambos casos se produce la cosa juzgada por la inmutabilidad del fallo, pero en el primero se habla de cosa juzgada formal y en el segundo de cosa juzgada material. Por lo tanto no se trata de dos cosas juzgadas, señala Liebman, por que el concepto de cosa juzgada es único, si bien es doble su función: por un lado, ella hace inmutable el acto de la sentencia, puesta al seguro por la preclusión del término para formular los gravámenes; y por otro lado, hace inmutables los efectos producidos por la sentencia, por que los consolida y garantiza contra el peligro de una decisión contradictoria. Puede decirse pues, que la cosa juzgada formal es la inmutabilidad de la sentencia por la preclusión de los recursos; y la cosa juzgada material la inmutabilidad de los efectos de la sentencia no sujeta ya a recursos, en todo proceso futuro sobre el mismo objeto. La cosa juzgada formal (preclusión de las impugnaciones) es el presupuesto necesario de la cosa juzgada material (obligatoriedad en futuros procesos). Sin embargo, la cosa juzgada formal hace que la sentencia sea inatacable en el ámbito del proceso pendiente, de modo que este tenga termino; en cambio, la cosa juzgada material impone que se tenga cuenta de sus contenido en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto. En esencia, el efecto de la cosa juzgada formal se identifica con el efecto de la preclusión, porque ambos se limitan al proceso en que tiene lugar, mientras que la cosa juzgada material tiene fuerza vinculante en todo proceso futuro.- por ello, señala Chiovenda, la cosa juzgada tiene en si la preclusión suma, esto es, la preclusión de toda cuestión ulterior, que se produce con la conversión en definitiva de la sentencia”.-CONSIDERANDO (7): que al hacer un estudio de la garantía del debido proceso esta envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir, razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; en tal sentido la aplicación inadecuada de la norma civil constituye una flagrante violación al derecho del debido proceso, que reclama la conclusión por sentencia de todo proceso en los cuales se deben de respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, una debida motivación en la cual a falta de ello, esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación de otros derechos, igualmente relacionados.- CONSIDERANDO (8): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5].-CONSIDERANDO (9): que de la lectura de la sentencia se desprende que la causal invocada por el tribunal de alzada para decretar la nulidad de la sentencia de fecha 21 de noviembre del año 2014 se encuentra contenida en el numeral 4 del artículo 212 del código procesal civil, el cual establece las razones por las cuales los actos procesales serán nulos en los casos siguientes:…. 4) cuando se prescindan de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión….” Esto por considerar en primer lugar, que el juez a-quo, omitió notificar a ambas partes del auto de fecha 19 de noviembre del 2014, mediante el cual se fijo fecha y hora para oír sentencia definitiva, y pese a ello se emitió la sentencia definitiva; el segundo yerro procesal es señalado por el ad-quem, cuando el juzgado de primera instancia omite resolver el acuerdo de transacción judicial presentado por ambas partes el 19 de noviembre del 2013, en virtud de que dicho acuerdo fue presentado antes de dictar sentencia definitiva el señor juez y aun así la dicto, sin ni siquiera resolver sobre el acuerdo suscrito por ambas partes sobre la pretensión procesal, omitiendo el procedimiento establecido en la sección quinta, del capítulo VII, titulo segundo del código procesal civil, que regula la transacción judicial, en tal sentido del estudio de dicho artículo se desprende que el acuerdo o transacción deberá de ser homologado por el juzgado o tribunal y tendrá el efecto de cosa juzgada, de igual manera establece que dicho acuerdo será examinado por el juez quien comprobara que lo contenido no implica fraude de ley o abuso de derecho o se realiza en perjuicio de terceros, en cuyo caso no homologara dicho acuerdo, por lo cual una vez recibido dicho acuerdo transaccional el juez debió haber convocado a las partes a una audiencia a efectos de constatar que dicho acuerdo era aceptado por las mismas, así mismo se observa que el tribunal de alzada antepone la rigurosidad de la forma al papel propio del proceso que es el de encontrar la certeza a través del procedimiento, no los vicios que no engendran perjuicio como ha ocurrido en el caso sub judice donde el ad-quem ha omitido valorar la resolución que ya en la presente causa ya se había emitido una sentencia definitiva que había adquirido carácter de firmeza y que por ende es cosa juzgada, precisamente por la falta de impugnación de la representante procesal de la parte demandada que negligentemente dejo prelucir el termino para oponerse a dicha sentencia mediante los mecanismos de impugnación que contempla nuestra normativa procesal, que era el momento procesal para que la demandada expresara los agravios que le causaban, las faltas que consideraba incurridas por el A-quo, o en su defecto que presentara la solicitud de nulidad antes de causada dicha firmeza, el cual según solicitud de la parte demandante según se puede constatar a folio 424 del tomo 2 de la primera pieza se ha constatado la solicitud de preclusión del término para interponer recurso de apelación por la parte demandante y así mismo se constata según el informe otorgado por la secretaria del despacho quien esta revestida de la fe pública que corre agregado a folio 426 del referido expediente de fecha 10 de diciembre del 2014, la constancia de la ministro de fe en la cual se establece que se notifico en fecha 21 de noviembre del 2014, que se le puso a la vista la sentencia definitiva a la demandada a efecto de que se notificara y al no hacerlo se le dio por notificada, haciéndole saber el termino que tenia para la interposición de los respectivos recursos situación que no aconteció quedando firme la sentencia en fecha 05 de diciembre del 2014. De tal forma que conforme a la regulación expresa que hace el código procesal civil sobre la nulidad de los actos procesales establece que: Las causales de nulidad no pueden ser alegadas por quien dio lugar a la circunstancia que las origino, ni por la parte que tuvo la oportunidad de alegarla como excepción previa y no lo hizo, debiendo solicitarse la corrección de dichas causales de nulidad en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, que en el caso sub judice fue en el momento de impugnar la sentencia definitiva o en los momentos anteriores a los que considera la demandada que se le causo indefensión, por lo cual al no hacerlo quedo saneado al tiempo de la firmeza de la sentencia, de conformidad al artículo 196 y el artículo 213.2 que establece: “que si la parte a quien interesa no impugna el acto anulable, quedara sanado al tiempo de la firmeza de la resolución”. Y lo preceptuado por el articulo 196 esta resolución goza del efecto de cosa juzgada, por cuanto el Ad-quem no debió anular una sentencia que pesaba bajo la figura de cosa juzgada.-CONSIDERANDO (10): que del estudio de la presente acción se observa que de conformidad a lo establecido en nuestra norma procesal civil respecto a la nulidad de los actos procesales, esta no podrá pedirse si el acto viciado cumplió la finalidad para la que fue realizado, debiendo de acudirse a ella siempre que no fuera posible la subsanación del vicio y antes de que hubiera recaído sobre ella resolución que ponga fin al proceso; por lo que en el caso sub judice se colige que no procedía la nulidad decretada por el Ad-quem, por cuanto, si bien es cierto el contrato de transacción judicial presentado por los representantes procesales de las partes no fue resuelto con anterioridad a la emisión de la sentencia emitida por el A-quo, no es menos cierto, que dicho acuerdo debía ser homologado por el juez que estaba conociendo del litigio, el cual estaba facultado para su homologación o no ya que el artículo 486.3 establece que el juez deberá de examinar el contenido del acuerdo adoptado por las partes examinando que lo contenido no implique fraude de ley o de abuso de derecho y que el mismo no se realice en perjuicio de terceros, en cuyo caso de ser así no homologará el acuerdo, y en este sentido ocurrió que el juez A-quo mediante providencia de fecha 25 de noviembre del 2014 que corre a folio 420 y 421 , declaro rechazada la transacción judicial, por considerar que la parte beneficiada alego que dicho acuerdo lesionaría su patrimonio.-CONSIDERANDO (11): que el ministerio publico ha emitido su opinión en la presente causa y al hacer un análisis exhaustivo del expediente de merito y sobre el estudio a la garantía que se considera violentada por la Corte Primera de Apelaciones, seccional de la Ceiba, Atlántida, en la cual el ministerio publico es del parecer que se OTORGUE el presente recurso de amparo, por considerar que existe ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.-CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma no se encuentra ajustada a derecho y violenta la garantía constitucional de cosa juzgada contemplada en nuestra carta magna en su artículo 186, por cuanto no se han respetado los preceptos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados, entre ellos la garantía judicial de la Cosa Juzgada en materia civil, así como el Derecho al Debido Proceso, centrándose el recurrente en la apreciación indebida por parte del Ad-quem, al considerar que la resolución impugnada se encuentra basada en apreciaciones erróneas por parte del tribunal, por lo que no procedía declarar la nulidad absoluta de actuaciones sobre las diligencias a partir del auto de fecha 19 de Noviembre que obra a folio 392 del tomo II de la Primera pieza y demás actuaciones quedando subsistente únicamente en lo referente al recurso de apelación, es por las razones antes expuestas en los considerandos que anteceden del estudio de la resolución impugnada, es que se ha observado que la resolución impugnada emitida por la recurrida no se encuentra apegada a derecho y violenta flagrantemente las garantías constitucionales invocadas.-CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (14): Que al haberse determinado la vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente Otorgar el recurso de amparo que ahora se conoce.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 296 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Otorgando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ ADALID RODRIGUEZ ROSA, a favor de los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha siete de agosto de dos mil quince, que declaró Ha Lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, YORO, en fecha nueve de febrero de dos mil quince, con relación a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por los señores CESAR BUSTILLO ISAULA, HUMBERTO ALEJANDRO IZAGUIRRE JIMENEZ Y NELDA IDALIA DUARTE contra la Sociedad Mercantil denominada TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A DE C.V. (TRAMAQ S.A DE C.V), por considerar que con el acto reclamado se han violado en perjuicio del recurrente los artículos 90 y 186 de la Constitución de la República. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha once (11) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1055-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.