Sentencia AC-068-17 — Registro 9055
Resumen
Sentencia declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir de audiencia probatoria y actuaciones subsiguientes en demanda de reclamación de reembolso de dinero pagado por el sostenimiento de sociedad mercantil y pago de daños e indemnización de perjuicios por incumplimiento de obligaciones sociales de recurrente, en apelación se ordenó que juez debe celebrar nuevamente la audiencia correspondiente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso y el principio de legalidad que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la audiencia probatoria, al observar que el Juez de primera instancia Allan José García Moya, en la Audiencia Preliminar celebrada en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil quince (2015), admitió y evacuo medios de pruebas que fueron presentadas por las partes, ordenando el libramiento de los oficios correspondientes; medios de prueba que fueron el fundamento para el dictado de la sentencia definitiva que se recurre en apelación; sentencia definitiva que fue dictada por Juez diferente al que presidio la audiencia en la que se admitió y evacuó la prueba documental presentada, vulnerando con ello el principio de inmediación..."..."..."para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al debido proceso, derecho a la defensa, principio de legalidad entre otros, contenidos en los artículos 64, 82, 90, 94 y 321 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de Segunda Instancia ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, declarando la nulidad de actuaciones y ordenando la retroacción del proceso al momento en que se produce la vulneración al debido proceso, al inobservar el principio de inmediación que rige el proceso civil, haciendo prevalecer los derechos que aduce el amparista como vulnerados, no existiendo vulneración a los derechos y garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representado..."..."el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso, el principio de legalidad y demás derechos constitucionales invocados..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 16 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva dictada en fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, con relación a la Demanda de Reclamación de Reembolso de Dinero Pagado por el sostenimiento de la Sociedad Mercantil y pago de daños e Indemnización y Perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones sociales por la vía del Proceso Declarativo ordinario, promovida por el Abogado Dagoberto Rivas Aguilar, en su condición de representante procesal del señor MICHAEL HEIDERICH, en su condición de Socio y Gerente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, siendo sus siglas (NÁUTICA S. DE R.L.), en contra del señor JOSÉ ROLANDO CRIBAS BARRERA, en su condición personal y de socio de la Sociedad INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, actuando en su condición de Representante Procesal del señor MICHAEL HEIDERICH, en su condición de Socio y Gerente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.), interponiendo Solicitud de Embargo Preventivo de Bienes antes de la presentación de la Demanda, en contra del Señor JOSÉ ROLANDO CRIBAS BARRERA, en su condición personal y como Socio de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.). En fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil quince (2015), comparece el Señor JOSÉ ROLANDO CRIBAS BARRERA, presentando Escrito de Oposición contra la medida cautelar promovida por la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.), mismo que fue admitida mediante providencia de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil quince (2015). (Folios del 1 al 3fv y del 51 al 54 y 61fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil quince (2015), el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual Resolvió: (Sic) “1) SE DECLARA NO HA LUGAR la oposición a la medida cautelar de embargo planteada por el abogado DANILTO PAZ SAGASTUME en su condición de apoderado legal de la parte demandada. 2) SE ORDENA el Mantenimiento de la Medida Cautelar de Embargo, decretada mediante auto de fecha primero (01) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) y practicada la misma en fecha diez (10) de Octubre del mismo año (2014) sobre el cincuenta por ciento (50%) de un bien inmueble inscrito bajo la matricula 429048 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad puerto. 3) CONDENA al señor JOSÉ ROLANDO CRIBAS BARRERA al pago de las costas causadas en el presente proceso (Articulo 392.2 CPC). 4) Contra la presente resolución cabe el recurso de apelación, sin efecto suspensivo el que deberá interponerse en el plazo de 10 días contados desde el día siguiente a la notificación ante este Despacho de Justicia (Art. 385.3 y 709 del CPC)….” (Folios 72 y 73 de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el ya citado Juzgado, el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, actuando en su condición de Representante Procesal del señor MICHAEL HEIDERICH, en su condición de Socio y Gerente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.), interponiendo Demanda de Reclamación de Reembolso de Dinero Pagado por el Sostenimiento de la Sociedad Mercantil y Pago de Daños e Indemnización de Perjuicios derivados del Incumplimiento de sus Obligaciones Sociales, en contra del señor JOSÉ ROLANDO CRIBAS BARRERA, en su condición personal y como Socio de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.). (Folios del 1 al 4fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-4) Que seguido que fue el trámite correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Definitiva en fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO:DECLARANDO CON LUGAR la Demanda de reclamación de reembolso de dinero pagado por el sostenimiento de la sociedad mercantil y pago de Daños e indemnización de perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones sociales, por la vía del proceso declarativo ordinario, promovida por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, accionando como apoderado legal del señor MICHAEL HEIDERICH, en su condición de socio y Gerente de la Sociedad INVERSIONES DE TURISMO NAUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA siendo sus siglas NAUTICA S. DE R. L., contra el señor JOSE ROLANDO CRIBAS BARRERA, en su condición personal y de socio de la Sociedad INVERSIONES DE TURISMO NAUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA siendo sus siglas NAUTICA S. DE R.L. SEGUNDO: CONDENA al demandado al pago de la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L.947,370.76) EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO QUE LE HA TOCADO ASUMIR AL DEMANDANTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA EMPRESA DESDE EL AÑO DOS MIL DIEZ A LA FECHA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), asimismo al pago de intereses comerciales del siete por ciento (7%) anual sobre el monto adeudado, como indemnización de daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones sociales, así como , a pagar lo que haya incurrido en gastos el demandante desde el treinta de abril del año dos mil quince (2015) hasta que cause ejecutoria la sentencia, y sus respectivos intereses. TERCERO: CONDENA al demandado al pago de las costas del presente juicio.” (Folios del 18 al 24 de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado DANILTO PAZ SAGASTUME, en su condición de Apoderado Judicial del señor JOSE ROLANDO CRIBAS BARRERA, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir de la audiencia probatoria de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (F 9) y demás actuaciones subsiguientes, debiendo el juez de primera instancia celebrar nuevamente la audiencia que corresponda conforme a las disposiciones enunciadas con anterioridad.” (Folios del 6 al 8fv de la Pieza de antecedentes de segunda instancia).-6) Que el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.), contra la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1 al 3 y 41 de los autos).-7) Que en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ y por emitido el dictamen correspondiente siendo de la opinión porque: (Sic) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE la presente acción de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por el amparista.” (Folios del 44 al 49 de los autos).-CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación a lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO(2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO(3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, solicitando amparo en contra del fallo emitido por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que Declara Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir de la audiencia probatoria de fecha diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, en el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia Definitiva de fecha once (11) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto cortés, Departamento de Cortés; en relación a la Demanda de Reclamación de Reembolso de Dinero Pagado por el Sostenimiento de la Sociedad Mercantil y Pago de Daños e Indemnización de Perjuicios derivados del Incumplimiento de sus Obligaciones Sociales, promovida por el Abogado Dagoberto Rivas Aguilar, en su condición de representante procesal del señor MICHAEL HEIDERICH, en su condición de Socio y Gerente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, siendo sus siglas (NÁUTICA S. DE R.L.), en contra del señor JOSÉ ROLANDO CRIBAS BARRERA, en su condición personal y de socio de la Sociedad INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.).-CONSIDERANDO(4): Que el impetrante, en la exposición de sus alegatos, en contra de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento Cortés, arguye que con el acto reclamado se han violentado garantías constitucionales contenidas en los artículos 64, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94 párrafo primero y 321, de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que el fallo de fecha 12 de diciembre del año 2016, que anula las actuaciones procesales a partir inclusive de la audiencia probatoria, evitando pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación, provoca un retardo malicioso de justicia e impide ejercer los recursos ordinarios que confiere la ley procesal, al ser irrecurrible la declaratoria de nulidad parcial del proceso, causando graves daños a su patrocinado con el retraso injustificado por la resolución arbitraria que se acusa de ser violatoria de derechos y garantías constitucionales.-CONSIDERANDO(5): Que el recurrente aduce que los expedientes fueron conocidos desde su admisión hasta la audiencia preliminar por el Juez Allan José García Moya y finalmente desde la audiencia probatoria hasta sentencia definitiva por la Juez Tania Patricia Martínez Rodríguez; señala el impetrante que la audiencia Preliminar se celebró en fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince y fue precedida por el Juez Allan José García Moya, en la que resolvió tener por propuesta y admitidos los medios de prueba de las partes (el Juez erróneamente expresa y evacuados si había interrogatorio de parte y reconocimiento judicial además de documentales y de ahí se agarra el magistrado ponente CLEMENTE DE JESUS GALDAMEZ PERALTA)[1], y seguido señalo audiencia para práctica de reconocimiento judicial (14 de agosto 2015) y audiencia probatoria (26 de agosto 2015), las que fueron suspendidas ambas por petición de esta parte, señalándose la probatoria para el miércoles diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis. Reafirma el recurrente que el Juez Allan José García Moya no fue quien practicó la prueba por lo que no se violentó el Artículo 16 del Código Procesal Civil[2] como erróneamente expresa la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula. Con lo antes expuesto el recurrente señala la vulneración al Artículo 64 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO(6): Que en relación a la vulneración del derecho de defensa, el recurrente sostiene resultar evidente la relación de la garantía constitucional del derecho de Defensa con el Debido Proceso, pues para el ejercicio de la defensa es estrictamente necesario que se respete por parte del Órgano Jurisdiccional los procedimientos establecidos en ley. Implica tanto la facultad de defenderse mediante todos los medios que la ley concede, el libre acceso a los Juzgados y Tribunales, así como las peticiones se resuelvan con apego a derecho, el anular actuaciones y retrotraerlas a etapas ya precluidas y en el acto de la notificación expresar que el fallo es irrecurrible por lo que la nulidad declarada debe ser atendida por el Juzgado de primera instancia deja a su patrocinada sin posibilidad de defenderse con garantías, vulnera su derecho a poder defenderse, de acceder a los recursos que le confiere el CPC y en su caso el recurso de reposición para hacerle saber de su error craso en la apreciación de las actuaciones procesales que arbitrariamente anula. Menciona el pedidor de amparo, que la anulación indebida y la abstención de pronunciarse sobre el fondo del asunto vulnera el debido proceso, debido a que aunque el CPC contiene disposiciones de autorizan las anulaciones procesales, no hay ley que faculte anular arbitrariamente ni discrecionalmente actuaciones procesales válidas. Finalmente arguye el impetrante que el Artículo 321 constitucional, conocido como principio de legalidad administrativa, pone un límite claro a las actuaciones y facultades de los empleados y funcionarios públicos, lo que implica que ningún servidor público esta por encima de la ley, pues no existen las circunstancias alegadas en la motivación del fallo, para decretar la nulidad de actuaciones procesales, lo que evidencia que claramente han actuado fuera de las facultades que la ley les confiere.-CONSIDERANDO(7): Que en el libelo de la acción constitucional impetrada, el recurrente se centra en afirmar que se ha vulnerado entre otros el derecho a la defensa y el debido proceso al no existir las circunstancias que sirvieron de fundamento al Ad-quem para declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la audiencia probatoria celebrada en fecha diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis y no pronunciarse sobre el fondo del asunto; el Tribunal Ad-quem fundamenta su fallo en el Artículo 715.1 del CPC que dispone “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el Juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó….” CONSIDERANDO(8): Que en la Motivación Fáctica y Jurídica de la resolución impugnada en su acápite identificado TERCERO, el Tribunal recurrido argumenta: (Sic) “Es necesario mencionar que del estudio de los autos y del contenido de las audiencias contenidas en el expediente de merito se observo que la audiencia preliminar en la cual se propuso la prueba, también se evacuo parte de la misma (documental) al ordenar el juez el libramiento de los oficios correspondientes a las pruebas aportadas por las partes, siendo la referida audiencia precedida por el juez ALLAN JOSE GARCIA MOYA.- También se pudo apreciar en la continuación de la audiencia probatoria que no se evacuo prueba en virtud de haber renunciado el demandante a la prueba testifical y reconocimiento judicial que aporto, quedando vigente única y exclusivamente la prueba documental aportada y que fuera evacuada en la audiencia preliminar, fue precedida por la juez TANIA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ siendo esta quien dicta la sentencia recurrida ante esta instancia, violentando con ello el principio del debido proceso y de la inmediación contenido en el articulo 16 del Código Procesal Civil, que consiste en que el juez que dicte la sentencia ha de ser el que haya presenciado y dirigido la practica de las pruebas, salvo las excepciones previstas so pena de nulidad desde la citación para la audiencia probatoria o su equivalente, consecuentemente esta alzada considera que por las razones antes expuestas y en estricto cumplimiento de los artículos 3, 16,212 del Código Procesal Civil y en virtud de apreciarse la existencia de infracción procesal que origine nulidad absoluta de actuaciones o parte de ellas, el Tribunal lo declarara así y ordenara la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo origino (articulo 715.1 CPC), en tal sentido esta alzada declara de oficio la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir de la audiencia probatoria de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (F 9) y demás actuaciones subsiguientes, debiendo el juez de primera instancia celebrar nuevamente la audiencia que corresponda conforme a las disposiciones enunciadas con anterioridad….” -CONSIDERANDO(9): Que por el Principio de Inmediación el órgano jurisdiccional obtiene el conocimiento a través del contacto con los sujetos de la relación procesal, para así adquirir el material necesario que le permita pronunciar una resolución del caso. Así entonces el principio de Inmediación es la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo del mismo con los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas. Que el principio de inmediación se encuentra recogido en el Artículo 16 del CPC, principio que determina la obligación del Juez que ha de dictar sentencia sea el mismo que ha presenciado y dirigido las pruebas; en el comentario realizado a este precepto en el CPC comentado, se señala: “El apartado uno de este principio, exige que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso. Por ello, esencial que el juez que debe pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas de que extrae su convencimiento, y haya entrado, por lo tanto, en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas, fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas….”[3] -CONSIDERANDO(10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso y el principio de legalidad que aduce el recurrente como vulnerados; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir de la audiencia probatoria, al observar que el Juez de primera instancia Allan José García Moya, en la Audiencia Preliminar celebrada en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil quince (2015), admitió y evacuo medios de pruebas que fueron presentadas por las partes, ordenando el libramiento de los oficios correspondientes; medios de prueba que fueron el fundamento para el dictado de la sentencia definitiva que se recurre en apelación; sentencia definitiva que fue dictada por Juez diferente al que presidio la audiencia en la que se admitió y evacuó la prueba documental presentada, vulnerando con ello el principio de inmediación a que alude el referido precepto 16 del CPC, relacionado en el acápite que antecede, lo que conlleva la vulneración al debido proceso, que ha tenido a bien enmendar el Tribunal de segunda instancia, al declarar la nulidad de actuaciones, por ello esta Sala advierte que la autoridad recurrida a actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria y antojadiza como señala el recurrente, pues existen motivos suficientes a efecto de decretar la nulidad de actuaciones[4], ante la evidente vulneración al debido proceso y los actos procesales que rigen en el área procesal civil.- CONSIDERANDO(11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”.CONSIDERANDO(12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al debido proceso, derecho a la defensa, principio de legalidad entre otros, contenidos en los artículos 64, 82, 90, 94 y 321 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el tribunal de Segunda Instancia ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, declarando la nulidad de actuaciones y ordenando la retroacción del proceso al momento en que se produce la vulneración al debido proceso, al inobservar el principio de inmediación que rige el proceso civil, haciendo prevalecer los derechos que aduce el amparista como vulnerados, no existiendo vulneración a los derechos y garantías constitucionales, a las que alude el impetrante como disminuidas en contra de su representado.-CONSIDERANDO(13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso, el principio de legalidad y demás derechos constitucionales invocados.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 12, 16, 212 y 715.1 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DE TURISMO NÁUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NÁUTICA S. DE R.L.), contra el Fallo de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. - NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0068-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Lo resaltado entre paréntesis es del recurrente en Amparo.
[2] En adelante CPC.
[3] Ana Lía Inestroza, Bessy Victoria Aguilar, Daysi Rodríguez, et al. Código Procesal Civil Comentado Honduras, Coordinador de la Obra Magistrado Juan Miguel Carreras Maraña. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras Cooperación Española. Pág. 34.
[4] La inobservancia de las formas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil. En la obra Curso de derecho procesal civil, el jurista Giuseppe Chiovenda señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que mas rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo. OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.