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Sentencia AC-023-17 — Registro 9054

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto dictado por juzgado de primera instancia que inadmitió demanda por vía de reconvención de recurrente para resolución de contrato de arrendamiento financieroo y reivindicación de bien inmueble

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), se concluye que la acción del reconviniente no se podrá diligenciar y resolver con la demanda incoada por el proceso ordinario por parte de la sociedad GOF IMPORT S. de R.L.; ya que resulta una incompatibilidad en el proceso entre en el ordinario y el abreviado; quedando a salvo para el reconviniente el derecho de accionar por la vía correspondiente (Proceso Abreviado), así como la pretensión de “PAGO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y LOS INTERESES DE CAPITAL Y MORATORIOS”, que son garantizados con Títulos Valores, que podrá ventilarse por el proceso que corresponda para este tipo de deudas garantizadas por los títulos valores. Además de que, en el presente caso, en el cual la parte demandante ha denunciado la existencia de motivos de nulidad justo antes de que se ponga término al proceso, lo hizo en tiempo..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda ordinaria promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GOF IMPORT S. DE R.L.; y, el señor CARLOS ROBERTO GUTIERREZ PAZ, en la reconvención respectiva realizada por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. “BANFFAA”; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS “BANFFAA” (actualmente en proceso de liquidación), contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda ordinaria promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GOF IMPORT S. DE R. L.; y, el señor CARLOS ROBERTO GUTIERREZ PAZ, en la reconvención respectiva realizada por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. “BANFFAA”.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil once (2011), compareció ante Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ILSA MARTINEZ ARGUETA, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Representante de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS “BANFFAA”, promoviendo Demanda Ordinaria para que se declare la nulidad de un contrato de arrendamiento financiero por carecer del requisito esencial de objeto, que se reconozca el pago daños y perjuicios causados por el incumplimiento de obligaciones pactadas derivadas de los términos de un contrato de compra venta y de obligaciones suscritas contractualmente que se declare la extinción de una deuda bancaria. (Folios uno (01) al cinco (07) de la pieza de Juzgado).-2) Que en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dicto Resolución mediante la cual “RESOLVIO: “…DECLARAR NO HA LUGAR la admisión de la demanda promovida vía reconvención para la resolución de un contrato de arrendamiento financiero, y reivindicación de un bien inmueble, pago de los desembolsos efectuados, intereses de capital y moratorios, en contra del señor CARLOS ROBERTO GUTIERREZ PAZ, en su condición personal y como representante procesal de LA SOCIEDAD GOF IMPORT S. DE R. L. y como litisconsorcio pasivo en contra de la Sociedad PROCESADORA DE GRAVA Y ARENA S. A. DE C. V. (GRAPOSA) en vista que este tipo de pretensión por razón de la materia debe de conocerse a través de un proceso declarativo abreviado con forme lo estipula la normativa vigente…” (Folios 533 AL 535 de la pieza del Juzgado).-3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dicto sentencia mediante la cual: FALLA: “PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad INVERSIONES CORPORATIVAS HONDUREÑAS (INCORHSA) originalmente denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S. A. (BANFFAA).- SEGUNDO: Confirmar el auto de fecha 09 de octubre de 2014 dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- con costas al apelante…” (Folios 9 al 12 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que el recurrente Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS “BANFFAA” (actualmente en proceso de liquidación), contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil diecisiete (2017).-5) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los Artículos 82, 90 y 321de la Constitución de la República. (Página 53 al 60 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda ordinaria promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GOF IMPORT S. DE R. L.; y, el señor CARLOS ROBERTO GUTIERREZ PAZ, en la reconvención respectiva realizada por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S. A. “BANFFAA”.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; al considerar que el Ad-Quem incurre en transgresión de los derechos fundamentales, cuando no obstante que la norma procesal le otorga facultades cognitivas sobre el integro contenido del litigio decidido en primera instancia; y, por tanto, le permite la revisión en segunda instancia de la aplicación de las normas y garantías procesales, normas legales aplicables al fondo del asunto, los hechos probados y la valoración de la prueba, pudiendo revisar ilimitadamente las actuaciones realizadas en el primer grado, el Tribunal de Alzada confirmo la resolución de primera instancia.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Página 53 al 60 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), se concluye que la acción del reconviniente no se podrá diligenciar y resolver con la demanda incoada por el proceso ordinario por parte de la sociedad GOF IMPORT S. de R.L.; ya que resulta una incompatibilidad en el proceso entre en el ordinario y el abreviado; quedando a salvo para el reconviniente el derecho de accionar por la vía correspondiente (Proceso Abreviado), así como la pretensión de “PAGO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y LOS INTERESES DE CAPITAL Y MORATORIOS”, que son garantizados con Títulos Valores, que podrá ventilarse por el proceso que corresponda para este tipo de deudas garantizadas por los títulos valores. Además de que, en el presente caso, en el cual la parte demandante ha denunciado la existencia de motivos de nulidad justo antes de que se ponga término al proceso, lo hizo en tiempo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda ordinaria promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GOF IMPORT S. DE R.L.; y, el señor CARLOS ROBERTO GUTIERREZ PAZ, en la reconvención respectiva realizada por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S.A. “BANFFAA”; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-“ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, en su condición de Apoderado de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS “BANFFAA” (actualmente en proceso de liquidación); contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que falla sobreseyendo el Recurso de Amparo por él interpuesto a favor de su representada, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda ordinaria promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL GOF IMPORT S. DE R.L.; y, el señor CARLOS RIBERTO GUTIERREZ PAZ, en la reconvención respectiva realizada por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS S. A. “BANFFAA”.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS “BANFFAA” (actualmente en proceso de liquidación), contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016). Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha siete de marzo (7) de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual fallo sobreseyendo el recurso de amparo de mérito.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, en fecha seis de abril del año dos mil dieciocho, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que al confirmarse la sentencia de primera instancia se ven infringidos sus derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este Alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a los defectos procesales alegados sería un pronunciamiento de instancia; y, por ende, ajeno al objeto del amparo.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado WALDO RIVERA PORTILLO, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. .-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-“

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo Y Resolución de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0023-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL