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Sentencia AC-022-18 — Registro 8540

Resumen

Sobreseimiento de acción amparo en consulta promovida contra resolución que ordena embargo de bienes, argumentando impetrante que dicha resolución vulnera el derecho de defensa al ordenar embargar bienes ajenos a ejecutados,habida cuenta que el titulo judicial que habilita a ejecutantes, no les faculta perseguir bienes de una ya persona fallecida, que no es sujeto pasivo de la relación procesal en relación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”(4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; por lo que puede apreciarse que las alegaciones en que se funda el recurso son propias de instancia procesal a la que fue sometido el asunto; y no alcanzan a configurarse como afectaciones a derechos constitucionales, siendo manifiesto que la intensión del quejoso es la dilación del proceso.-… (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; 9) …- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACÓ N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ, en su condición de apoderado legal de las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Ejecución Judicial, promovida por los Señores CLAUDIA MEJIA TABORA, FATIMA ALESSANDRA MEJIA TABORA y WILMER ALEXANDRA MEJIA CABAÑAS, contra las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA.- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por estimar el recurrente que la misma es violatoria de las garantías establecidas en los Artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–6 del antecedente).- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) emitió su Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ a favor de las señoras DILLIAM JANETT QUINTANILLA HERRERA, conocida también como DILLIAM JANTT QUINTANILLA MEJIA o DILIAN JANETH QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra el auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el número 0501-2015-4894.-”. (Folio 36 y 37 del antecedente).- 3) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortés de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ, en su condición de apoderado legal de las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Ejecución Judicial, promovida por los Señores CLAUDIA MEJIA TABORA, FATIMA ALESSANDRA MEJIA TABORA y WILMER ALEXANDRA MEJIA CABAÑAS, contra las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria del debido proceso y derecho de defensa estipulados en la Constitución de la República, puesto que se resuelve embargar bienes ajenos a los ejecutados, habida cuenta que el titulo judicial que habilita a los ejecutantes, no les faculta a perseguir bienes de una persona fallecida, que no es sujeto pasivo de la relación procesal.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; por lo que puede apreciarse que las alegaciones en que se funda el recurso son propias de instancia procesal a la que fue sometido el asunto; y no alcanzan a configurarse como afectaciones a derechos constitucionales, siendo manifiesto que la intensión del quejoso es la dilación del proceso.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; 9) …- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0022-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ, en su condición de apoderado legal de las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Ejecución Judicial, promovida por los Señores CLAUDIA MEJIA TABORA, FATIMA ALESSANDRA MEJIA TABORA y WILMER ALEXANDRA MEJIA CABAÑAS, contra las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA.- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por estimar el recurrente que la misma es violatoria de las garantías establecidas en los Artículos 1, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–6 del antecedente).- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) emitió su Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ a favor de las señoras DILLIAM JANETT QUINTANILLA HERRERA, conocida también como DILLIAM JANTT QUINTANILLA MEJIA o DILIAN JANETH QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra el auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el número 0501-2015-4894.-”. (Folio 36 y 37 del antecedente).- 3) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortés de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado LUIS ALONSO CASTELLANOS SANCHEZ, en su condición de apoderado legal de las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Ejecución Judicial, promovida por los Señores CLAUDIA MEJIA TABORA, FATIMA ALESSANDRA MEJIA TABORA y WILMER ALEXANDRA MEJIA CABAÑAS, contra las Señoras DILLIAM JANNETT QUINTANILLA HERRERA y FATIMA ALEJANDRA MEJIA QUINTANILLA.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria del debido proceso y derecho de defensa estipulados en la Constitución de la República, puesto que se resuelve embargar bienes ajenos a los ejecutados, habida cuenta que el titulo judicial que habilita a los ejecutantes, no les faculta a perseguir bienes de una persona fallecida, que no es sujeto pasivo de la relación procesal.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; por lo que puede apreciarse que las alegaciones en que se funda el recurso son propias de instancia procesal a la que fue sometido el asunto; y no alcanzan a configurarse como afectaciones a derechos constitucionales, siendo manifiesto que la intensión del quejoso es la dilación del proceso.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; 9) …- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0022-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL