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Sentencia AA-994-15 — Registro 8535

Resumen

Sentencia declaró con lugar parcialmente recurso de apelación a favor del Estado de Honduras, revocó parcialmente auto resolutivo apelado y tasó intereses comerciales en relación a solicitud para el pago de la diferencia pendiente de liquidar de interés legal, comerciales y moratorios contra el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Analizados los anteriores argumentos esgrimidos por la petente con relación específica y directa al derecho de defensa, no son de recibo ninguno de ellos. Todos constituyen alegatos de fondo, o sea que se dirigen a resolver las pretensiones debatidas por las partes en el proceso, por lo que corresponden ser resueltas exclusivamente por los órganos jurisdiccionales de instancia..."..."Con relación al derecho al debido proceso legal, se opina que el alegato de la petente no es de recibo...la impetrante se limita a citar los artículos del Código Civil que contienen los métodos clásicos de hermenéutica o interpretación legal y luego explica en que consiste cada uno de ellos; pero sin referir nada en relación con el caso especifico, o sea explicar detalladamente en que consistió la violación concreta..."..."Con relación a la violación del principio de irretroactividad cabe señalarse que el argumento de la petente básicamente consiste en señalar que el ad quem aplicó extemporáneamente la reforma del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, provocando concretamente que a la sociedad mercantil denominada Ingeniería Riedel, S.A., se le perjudicara en un derecho ya adquirido...del análisis de los antecedentes, de las resoluciones de instancia involucradas y de los alegatos de las partes, se colige que no existe por parte de éstas ni de los órganos jurisdiccionales alegación o argumento que apoye o deseche la aplicación de la reforma al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, operada mediante el decreto legislativo número 334-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta número 33,336 del veintitrés de enero de dos mil catorce y que entró en vigencia ese mismo día de conformidad al artículo 12 del mismo decreto. Es decir, las resoluciones de primera y segunda instancia, resuelven el asunto de mérito con el contenido original del artículo 100 ya citado. De manera que no existe como alega la petente de amparo, un conflicto de leyes en el tiempo..."..."Con relación a la violación del principio de reforma peyorativa, se opina que dicho motivo de amparo no es de recibo en virtud de que no concurre que la sentencia dictada en apelación agrava la situación del apelante..."..."Al contrastar los agravios y la contestación a estos, o sea el thema decidendi de la apelación, con la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, la cual fuera impugnada por vía de amparo, se evidencia que efectivamente dicho acto judicial no responde puntualmente a cada una de las imputaciones o agravios que las partes debatieron en segunda instancia..."..."además de la falta de exhaustividad antes apuntada, se observa que la resolución bajo estudio, también comete el vicio de incongruencia en virtud de que procedió a declarar, sin que ninguna de las partes lo trajera a discusión, que la tasación de intereses debió hacerse aplicando la tasa mensual pasiva del sistema bancario nacional, arguyendo en forma escueta y carente de motivación que es un criterio obtenido de la honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo..."..."se observa que el tribunal de alzada, introduce de motu proprio en su resolución, el tema de la aplicación de tasa pasiva; y luego toma una decisión, sin ninguna motivación ni fundamentación jurídica, dejando con ello en estado de indefensión a la parte agraviada, contraviniendo con ello el artículo 82 constitucional que declara el derecho de defensa como inviolable..."..."De manera que la resolución dictada por el iudex ad quem en fecha veinticinco de junio de dos mil quince es por una parte carente de argumentos o explicaciones convincentes que demuestren el origen normativo, doctrinario y legítimo de su decisión; es por ello que se estima que dicho acto de autoridad fue concebido de manera arbitraria e incongruente y por ende violatoria al acceso a la tutela judicial efectiva, entendido conceptualmente este derecho, como parte del debido proceso..."..."arribándose entonces a la convicción de que la resolución del ad quem, impugnada en amparo, fue dictada cometiendo los vicios de: a) falta de exhaustividad; b) incongruencia y c) carencia de motivación y fundamentación; conculcando los derechos fundamentales de debido proceso, en sus vertientes de defensa y tutela judicial efectiva..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada DILMA SUYAPA CARÍAS MANLEY a favor de la Sociedad Mercantil denominada INGENIERIA RIEDEL, S.A., contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones de fecha cinco de marzo de dos mil quince por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA RIEDEL, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). Estimando la amparista que con la resolución dictada se le han violentado los artículos 82, 90, 96, 221 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES.1) En fecha veintitrés de abril del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, promoviendo demanda especial contenciosa administrativa para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del Ministerio Público. 2) En fecha tres de diciembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, solicitando el pago de la diferencia pendiente de Liquidar de interés legal, comerciales y moratorios pendientes de calcular. (Folios 1 al 2 de la primera pieza de incidente).3) En fecha cinco de marzo dos mil quince, el referido juzgado FALLA: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Oposición a la liquidación de Intereses legales, comerciales y moratorios. Oposición que fue planteada por parte del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ajustar la liquidación de intereses solicitada por parte del incidentado demandante y se fija como cantidad que se debe de abonar o pagar por parte del Estado de Honduras a través de LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERIA RIEDEL LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (l.5,114,996.78) en concepto de intereses legales condenados en la sentencia definitiva del 8 de noviembre de 2010, mas intereses comerciales y moratorios. (Folios del 30 al 32 de la primera pieza de incidente). 4) La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, conociendo del recurso de apelación promovido por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), dictó sentencia en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, mediante la cual RESUELVE: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de apoderado legal sustituto del ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS. SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto resolutivo apelado de fecha cinco de marzo del dos mil quince, el cual corre a folios del número treinta (30) al número treinta y dos frente (32 f) de la pieza de incidente de liquidación de intereses. TERCERO: TASAR los intereses comerciales solicitados, conforme a los últimos tres meses del año 2011 y los primeros tres meses del año 2012, y el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que sumado los intereses moratorios, intereses comerciales y el complemento de intereses condenados en la sentencia definitiva de fecha ocho (8) de noviembre del año 2012, asciende a la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.2,549,848.15) y condenar al Estado de Honduras al pago de dicha cantidad. (Folios 9 al 16 de la segunda pieza de los antecedentes).5) La recurrente abogada DILMA SUYAPA CARÍAS MANLEY, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, es violatoria de garantías constitucionales estipuladas en los artículos 82, 90, 96, 221 y 321 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, ordenándose dar vista de los autos al fiscal del despacho para que emita su dictamen.6) En fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de fiscal del despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación de los artículos 82, 90, 96, 221 y 321 de la Constitución de la Republica. La petente formaliza la garantía constitucional de amparo reclamando los siguientes motivos :PRIMER MOTIVO, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. La petente señaló que el a quo en su resolución de fecha cinco de marzo de dos mil quince aplicó en forma debida las tasas y fórmulas, siendo consentidas por las partes; contrario a lo que hizo el ad quem que lo hizo incorrectamente al aplicar los artículos del 95 al 102 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relativo al procedimiento de ejecución de sentencia. Asimismo la censora manifiesta que el interés que se aplica al momento de liquidar los intereses comerciales debe ser la tasa activa promedio en el sistema bancario nacional, tal como lo manda el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente al veintitrés de enero de dos mil catorce.

Explica que el tribunal de alzada comete violación al hacer una interpretación propia de las tasas de interés utilizadas en la liquidación por el a quo, aduciendo textualmente:“Que del cálculo de los intereses legales el juzgado a quo utilizó la tasa activa máxima, para el cálculo de los intereses y en vista de que esta corte de apelaciones utiliza las tasas de interés pasiva, criterio que también aplica la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo…” De esto señala que son valoraciones que las hace propias el ad quem de manera arbitraria, y que constituyen una violación a lo que establece el artículo 884 del Código Procesal Civil, en relación con el 134 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, situación que fue puesta a consideración del tribunal de alzada mediante recurso de reposición, el cual fue desestimado al considerar de manera errónea que dicho actuar del a quo no era conforme a derecho, lo cual asevera la petente es violatoria a las normas del debido proceso.Cita el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionado con el derecho de igualdad ante la ley, el cual estima violado por que a su mandante se le aplica la tasa de interés pasiva, causándole un perjuicio de dos millones 565 mil 148 lempiras con 63 centavos, siendo lo correcto la cantidad de cinco millones ciento catorce mil novecientos noventa y seis lempiras con setenta y ocho centavos, cantidad que resulta de la suma de intereses comerciales, los intereses moratorios y el complemento de los intereses condenados.Indica que en ese mismo orden de ideas, los artículos 95 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en relación con el artículo 163 del reglamento de dicha ley establecen que:“…se cobrará un interés calculado a la tasa máxima activa promedio que aplique el sistema financiero nacional, hasta el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil o el sancionado según sea el caso, desde la fecha en que la resolución se tornó ejecutoria…”Señala también que en caso de incumplimiento por parte del Estado deberá actuarse conforme al artículo 28 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, que establece: “La administración reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional…” Y en el caso de las cantidades liquidas reconocidas en sentencia devengarán intereses comerciales seis meses después de que cause ejecutoria y moratorios de ahí en adelante (artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, vigente hasta el veintitrés de enero de dos mil catorce, que dice: “Aunque la sentencia no lo dispusiere, las cantidades liquidas reconocidas en las sentencias que condenan al Estado o sus entidades, devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término.” En conclusión la petente manifiesta que resulta evidente la violación del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente el veintitrés de enero de dos mil catorce, en relación con los artículos constitucionales 82, 90, 96 y 321, por parte de la corte al aplicar tasas de interés inferiores a la que establece la ley, las que además fueron consentidas por el demandado. Recalca que el interés comercial aplicable es la más alta en el mercado bancario nacional, que se aplica al Estado de Honduras en los casos del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y bajo el principio de igualdad ante la ley, el Estado de Honduras a través del Tribunal Superior de Cuentas aplica la tasa de intereses más alta en el mercado nacional a las personas que resulten con responsabilidad civil o sancionadas, y existiendo como fuente oficial el Banco Central de Honduras es a esta fuente que se recurre para tomar la referencia y realizar dicho cálculo. Es importante señalar, sigue apuntando la petente, que el artículo 100 citado, la ley del Tribunal Superior de Cuentas y su reglamento a la fecha han sido modificados y el interés que se estableció cobrar en ambos casos, es decir cuando se cobra al Estado de Honduras y a las personas con responsabilidad civil o sancionada en el mismo interés del 12% anual. Apunta que esta modificación se realizó en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, la cual se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 33,336 de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, siendo así su aplicación a las sentencias emitidas con posterioridad a esta fecha en el caso de autos la sentencia es de fecha ocho de noviembre de dos mil diez, es decir tres años, un mes, ocho días antes de la emisión de dicha ley por lo que este caso concreto no procede la aplicación de esta reforma a la ley. SEGUNDO MOTIVO AL DEBIDO PROCESO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90 CONSTITUCIONAL. La petente cita los artículos 17, 18, 19 y 20 del Código Civil, que se refieren a la interpretación de la ley. Luego explica que la corte de apelaciones al proferir resolución el veinticinco de junio de dos mil quince lo hizo fuera de las reglas de interpretación contenidas en los artículos antes citados, expresa que lo hace sin fundamentación jurídica y violentando lo expresamente dispuesto en el artículo 100 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. TERCER MOTIVO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 96 CONSTITUCIONAL. La petente presenta su argumento separando conceptualmente el derecho adquirido de la mera expectativa; y de esta última con el derecho condicional.Luego señala que la corte interpretó los conceptos derecho adquirido y expectativa en forma incongruente y arbitraria. Manifiesta que esta violación a los derechos adquiridos de su poderdante queda acreditada, puesto que el artículo 100 vigente sin reformas hasta el veintitrés de enero de dos mil catorce de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fue la norma legal vigente en el tiempo que el a quo utilizó para emitir el auto resolutivo de fecha cinco de marzo de dos mil quince y modificado mediante resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, dictada por el tribunal de alzada .CUARTO MOTIVO. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE REFORMA PEYORATIVA. La petente expresa que dicho principio se encuentra contenido en el artículo 692 del Código Procesal Civil, el cual agrega, lleva al órgano judicial a abstenerse de pronunciarse sobre extremos consentidos por no haber oposición a los mismos. Para ello cita la obra “Código Procesal Civil comentado”, elaborado por la Corte Suprema de Justicia 2002-2009, el cual en referencia a la norma mencionada, cita y subraya: “El Código Procesal Civil obliga al tribunal ad quem a dictar la sentencia que resuelva el recurso de que está conociendo, contrayéndose exclusivamente a los puntos y cuestiones planteados en el recurso, y en los escritos de contestación al mismo. Esto lleva al órgano jurisdiccional de abstenerse de pronunciarse sobre extremos consentidos por no haber habido oposición a los mismos.” De lo anterior, apunta la petente, se colige que la resolución emitida por el tribual de alzada no fue anulada, fue reformada y que los agravios expresados por el apelante no se refieren a cuestionar el monto del cálculo de los intereses comerciales, por lo que estos se vuelven consentidos.Para la petente entonces, el ad quem se extralimitó al imponer al a quo tasas de interés que no fueron solicitadas ni forman parte de los agravios alegados por el recurrente, consecuentemente violentó las garantías constitucionales de su representado al emitir una resolución cuyo contenido muestra probadamente incongruencias entre la motivación fáctica y la parte resolutiva del fallo. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, revocar parcialmente el auto resolutivo apelado de fecha cinco de marzo de dos mil quince, disponiendo además tasar los intereses comerciales solicitados conforme a los últimos tres meses del año dos mil once y los primeros tres meses del año dos mil doce; señala también que en virtud del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, suma los intereses moratorios, intereses comerciales y el complemento de intereses condenados en la sentencia definitiva de fecha ocho de noviembre de dos mil doce teniendo como resultado a la cantidad de dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho lempiras con quince centavos y condenar al Estado de Honduras al pago de dicha cantidad.Al motivar su resolución, la corte refiere que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que aunque la sentencia no lo disponga, las cantidades liquidas reconocidas en las sentencias que condenen al Estado o a sus entidades devengarán intereses comerciales, durante los seis meses siguientes a su ejecución y moratorios después de este término. Asimismo establece que la ejecución de la sentencia la dictará el tribunal que la hubiere emitido en primera instancia, quien luego que sea firme, ordenará la ejecución, librando comunicación al órgano correspondiente para que adopte las resoluciones que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo; que en el caso de autos la ejecución se ordenó hasta el mes de octubre de dos mil once, por lo cual procede a la liquidación de intereses comerciales y moratorios.Explica el ad quem en su fallo que la demandada presentó oposición de manera parcial a la solicitud de liquidación de intereses, en vista de que estos deben computarse seis meses después a la vía de apremio y señala que entre la solicitud de la vía de apremio y el pago, no transcurrió el período de tiempo por lo que el interés moratorio que calcula la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de la tasa pasiva, por lo cual el mismo se calculará con base a dicha tasa; asimismo el interés comercial promedio de los seis meses en que será calculado es: octubre 10.02%; noviembre 10.37%; diciembre 10.53% del año dos mil once; enero 10.65%; febrero 10.37% y marzo 10.50% del año dos mil doce; según tabla pasiva del Banco Central de Honduras que no consta en autos, por lo cual -expresa la corte- con dicha tasa promedio se calcularon los intereses comerciales.El iudex ad quem manifiesta que es del criterio que debe revocar parcialmente la resolución de primera instancia, en virtud de que el a quo calculó los intereses comerciales en cuanto a los últimos tres meses del año dos mil once y los primeros tres meses del año dos mil doce; el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de la fórmula referida en el considerando tres de la resolución apelada, aplicando los porcentajes manejados por el Banco Central de Honduras de la tasa activa anual de intereses nominales en moneda nacional del sistema financiero; en lugar de la tasa mensual correcta o sea la pasiva del sistema bancario nacional. Menciona que este también ha sido el criterio de la Corte Suprema de Justicia mediante la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo.Seguidamente el tribunal de alzada realizó los cálculos de intereses conforme a la tasa pasiva mensual, según el Banco Central de Honduras, haciendo un total de cuatrocientos noventa y tres mil novecientos sesenta y cuatro lempiras con quince centavos por concepto de intereses comerciales. Sumando además en concepto de complemento de intereses condenados en la sentencia definitiva del ocho de noviembre de dos mil doce un total de un millón setecientos setenta y uno mil ochenta y siete lempiras con ocho centavos; y en concepto de intereses moratorios un total de doscientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con noventa y dos centavos, haciendo todo un total de dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho lempiras con quince centavos. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del dictamen emitido por la agente de tribunales del Ministerio Público. La fiscal Sussy G. Coello García, opinó que no se otorgue la presente garantía constitucional de amparo.Resume el alegato de la garantía señalando que los artículos citados como conculcados, lo son en virtud de que el ad quem al emitir su fallo hizo una mala aplicación del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, haciendo una interpretación propia de las tasas de interés utilizadas. Señala que a diferencia del a quo, que utilizó la tasa activa máxima, el tribunal de alzada aplicó la tasa de interés pasiva, para el cálculo de los intereses, es decir que aplicó una tasa de interés inferior a la establecida por la ley vigente al momento de dictar la sentencia definitiva del ocho de noviembre de dos mil diez. Por otro lado, expresa la fiscal que la petente alega también que la violación al debido proceso tiene lugar cuando a una norma o disposición jurídica se le da una interpretación errónea o un sentido equivocado de lo que en realidad el legislador ha pretendido establecer en el artículo 100 de la precitada ley.Recoge además el hecho de que la petente alega violación al principio de irretroactividad de la ley al desconocer los conceptos de derecho adquirido y expectativa, violentando con ello los derechos adquiridos de su poderdante, puesto que el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin reformas hasta el veintitrés de enero de dos mil catorce, fue la norma legal vigente en el tiempo que el a quo emitió el auto resolutivo apelado. También recoge el alegato esgrimido en contra de la resolución impugnada fundamentado en la violación al principio de prohibición de la reforma peyorativa, en cuanto a que el ad quem no podía pronunciarse sobre extremos consentidos, por no haber sido cuestiones planteadas en el recurso, tal como ocurre en el presente caso donde el apelante no cuestionó el monto del cálculo de los intereses comerciales.La fiscal sobre el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dice:“La disposición… hace referencia a dos tipos de intereses, los comerciales y los moratorios, los primeros naturalmente, durante los seis meses siguientes a su ejecutoria; mientras que los segundos, se deducirán, si en el referido término de seis meses no se ha procedido a la cancelación o ejecutoria de la sentencia. Es así que al contrastar la norma con lo resuelto por el tribunal de alzada se estima que la resolución venida en amparo reconoce el pago de los intereses comerciales solicitados, que sumando los intereses moratorios y el complemento de los intereses condenados en la sentencia definitiva, los calculó en la cantidad de L.2,549,848.15, todo lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la precitada ley, previo a sus reformas. Ahora bien, de lo expuesto encontramos que la controversia radica en cuanto a la tasa utilizada para el cálculo de intereses, mientras que el ad quem aplicó la tasa mensual pasiva del sistema bancario nacional, y sobre lo cual esta representación fiscal comparte lo expuesto por el tribunal de alzada, en virtud de que el monto adeudado por el Estado de Honduras no corresponde a montos anuales, sino mensuales, dado que la sentencia condena al pago de los intereses comerciales correspondientes a los últimos tres meses del año 2011 y los primeros tres meses del año 2012.”En otro apartado, la fiscal señala que el ad quem motivó su decisión en que la tasa de interés activa que aplicó el a quo para el cálculo de intereses corresponde a una tasa anual, mientras que el aplicable al caso en concreto es la tasa de interés pasiva mensual, como también lo aplica la Sala de lo Laboral–Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, sin que esto sea una disminución de los derechos adquiridos de la parte que impugna en amparo; los cuales a su juicio son reconocidos en la resolución impugnada, al tasar los intereses comerciales solicitados. La fiscal con relación al reproche de violación al principio non reformatio in peius, es de la opinión que ésta no se produjo. Su opinión la basa en que la parte apelante en su escrito de interposición del recurso, expresa en el segundo agravio que le perjudica la tasa de interés que se pretende aplicar, la cual se considera superior a la establecida en el presente caso, de lo cual el ad quem en apego a los principios iura novit curiae y congruencia, califica jurídicamente dicha pretensión; ya que ese tribunal de alzada aprecia los hechos, los califica jurídicamente y los aplica las normas de derecho que estima adecuadas, sin quedar vinculado por las alegaciones jurídicas de las partes. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía constitucional de mérito, toma en consideración que no es una tercera instancia en la que pueda ser determinado el sentido y el alcance del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o sea determinar su correcta interpretación y aplicación, porque para eso están los órganos jurisdiccionales de instancia y en último término la Corte Suprema de Justicia, por medio del recurso de casación, con su carácter precisamente nomofiláctico.En el caso de la garantía constitucional de amparo su objetivo es garantizar que la conducta del Estado y todas sus instituciones o entidades, actúen respetando los derechos fundamentales de los gobernados; para ello el artículo 183 constitucional determina que toda pretensión que tuviere como propósito mantenerlos o restituirlos deben encausarse por las dos únicas vías que ofrece. En conclusión, la garantía constitucional de amparo no está prevista para interpretar las normas jurídicas, aplicándolas a los casos concretos. En ese sentido no le corresponde a la Sala de lo Constitucional determinar la tasa que debe aplicarse en el caso bajo estudio. Prueba de lo anterior es que el hecho de una mala interpretación o aplicación normativa, no es violatorio en stricto sensu del derecho de defensa y del debido proceso, en virtud de que estos derechos fundamentales recaen sobre la forma en que se desarrolla el proceso o procedimiento, son cuestiones de forma, no del fondo del asunto. Para resolver correctamente la presente garantía constitucional de amparo, en primer lugar debe hacerse una distinción entre los alegatos de instancia o de mera legalidad con los que si son objeto de la garantía de amparo. A continuación se hace un filtro de las pretensiones propias del ámbito constitucional y los argumentos o alegaciones que la apoyan, respecto de las pretensiones que son de instancia. I. Del escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo de mérito no son de análisis constitucional los argumentos que la petente reunió como violatorios del derecho de defensa, los cuales son: a) la aplicación errónea del ad quem (contrario al criterio del a quo) de los artículos del 95 al 102 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relativos al procedimiento de ejecución de sentencia; b) la tasa aplicable al momento de liquidar los intereses comerciales, interpretando el sentido y alcance del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente; asimismo de los artículos 884 del Código Procesal Civil, en relación con el 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; c) la violación por falta de aplicación de los artículos 95 y 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en relación con el artículo 163 del reglamento de dicha ley; d) la aplicación del párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado en caso de incumplimiento por parte del Estado.Analizados los anteriores argumentos esgrimidos por la petente con relación específica y directa al derecho de defensa, no son de recibo ninguno de ellos. Todos constituyen alegatos de fondo, o sea que se dirigen a resolver las pretensiones debatidas por las partes en el proceso, por lo que corresponden ser resueltas exclusivamente por los órganos jurisdiccionales de instancia. II. Ahora bien, existen otras alegaciones que no se refieren propiamente al derecho de defensa, pero que si tienen relevancia constitucional, porque se contraen a establecer el derecho de igualdad ante la ley. En este caso se invoca la violación de los artículos 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 100 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En el caso del artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la petente refiere que la violación procede de la aplicación errónea de la tasa de interés pasiva; sin embargo no establece ningún término de comparación o tertium comparationis, que permita establecer el trato desigual discriminatorio. Para que sea de recibo un argumento basado en un trato desigual discriminatorio, debe éste primero establecerse y segundo acreditarse. En el caso de autos, la petente se limita a señalar el presunto perjuicio que le causa la decisión del ad quem.Lo mismo ocurre en el caso de violación al derecho de igualdad ante la ley por aplicación del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para sustento de dicha pretensión, la petente únicamente refiere que el Estado de Honduras a través del Tribunal Superior de Cuentas aplica la tasa de intereses más alta en el mercado nacional a las personas que resulten con responsabilidad civil o sancionadas y que la fuente oficial que se toma como referencia es la del Banco Central de Honduras, sin establecer y demostrar el término de comparación necesario para que prospere este alegato. Es decir no establece ni acredita ningún trato desigual discriminatorio.III. Con relación al derecho al debido proceso legal, se opina que el alegato de la petente no es de recibo. La razón obedece a que consta en la formalización de la garantía de amparo, que la impetrante se limita a citar los artículos del Código Civil que contienen los métodos clásicos de hermenéutica o interpretación legal y luego explica en que consiste cada uno de ellos; pero sin referir nada en relación con el caso especifico, o sea explicar detalladamente en que consistió la violación concreta.La pretensión se limita a expresar que la corte de apelaciones al proferir su resolución el veinticinco de junio de dos mil quince, no siguió las reglas contenidas en los mencionados artículos y que se hizo sin fundamentación jurídica y violentando lo expresamente dispuesto en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.IV. Con relación a la violación del principio de irretroactividad cabe señalarse que el argumento de la petente básicamente consiste en señalar que el ad quem aplicó extemporáneamente la reforma del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, provocando concretamente que a la sociedad mercantil denominada Ingeniería Riedel, S.A., se le perjudicara en un derecho ya adquirido. Al respecto, cabe mencionarse que del análisis de los antecedentes, de las resoluciones de instancia involucradas y de los alegatos de las partes, se colige que no existe por parte de éstas ni de los órganos jurisdiccionales alegación o argumento que apoye o deseche la aplicación de la reforma al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, operada mediante el decreto legislativo número 334-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta número 33,336 del veintitrés de enero de dos mil catorce y que entró en vigencia ese mismo día de conformidad al artículo 12 del mismo decreto. Es decir, las resoluciones de primera y segunda instancia, resuelven el asunto de mérito con el contenido original del artículo 100 ya citado. De manera que no existe como alega la petente de amparo, un conflicto de leyes en el tiempo. No habiendo controversia real en relación con la aplicación del contenido original del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es de recibo el señalamiento esgrimido por la petente alegando que hubo aplicación extemporánea de la reforma.V. Con relación a la violación del principio de reforma peyorativa, se opina que dicho motivo de amparo no es de recibo en virtud de que no concurre que la sentencia dictada en apelación agrava la situación del apelante. Por el contrario, consta que la decisión dictada en segunda instancia, mediante la cual se reduce el monto a pagar por concepto de intereses, beneficiando o mejorando la situación del apelante (Estado de Honduras), por cuanto no existe violación al principio non reformatio in peius, como alega la petente. Para entender esto mejor, se toma en cuenta que el a quo calculó y determinó el monto a pagar por concepto de intereses, en la cantidad de cinco millones ciento catorce mil novecientos noventa y seis lempiras con setenta y ocho centavos; y que dicho monto fue únicamente cuestionado en apelación por la representación del Estado, logrando que la corte de apelaciones rebajara dicho monto e hiciera nuevo cálculo, esta vez por dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho lempiras con quince centavos. El resultado según se puede apreciar, consiste en un cambio favorable para quien ejercitó su derecho de apelar la sentencia de primera instancia. VI. Sin embargo, lo planteado por la petente en el acápite anterior inmediato no es más que una mala calificación jurídica de los hechos. La amparista en apoyo a su tesis de que hubo una violación a la prohibición de reforma peyorativa, expuso como hecho concreto que el ad quem se extralimitó al dictar su fallo, porque estimó extremos que no fueron parte de los agravios alegados por el recurrente. Esto se observa cuando asevera: “… [El ad quem]…violenta el artículo 692 del Código Procesal Civil, el que en síntesis determina que la personalidad del recurso de apelación lo da el agravio por lo que la Corte sólo puede resolver contrayéndose excluidamente a los puntos y cuestiones planteadas en el recurso, y en los escritos de contestación al mismo. Esto lleva al órgano jurisdiccional de abstenerse de pronunciarse sobre extremos consentidos por no haber habido oposición a los mismos.[4] De lo anterior, se observa que la petente comete el error de calificar como violación a la prohibición de reforma peyorativa, citando el artículo 692 del Código Procesal Civil; cuando la situación o hecho que aduce, es más bien el supuesto descrito en el artículo 701.1 de dicho código, que contiene el efecto devolutivo del recurso de apelación; el cual se entiende bajo el brocardo latino: “Tantum apellatum quantum devolutum”.En otras palabras, la amparista confundió la “non reformatio in peius” con el carácter o efecto devolutivo del recurso de apelación. Al respecto es importante que se aclare que en virtud del principio iura novit curiae, el juzgador respetando los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, la cuestión de derecho referida en la impugnación y los motivos alegados por el recurrente, podrá resolver el recurso invocando normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos. Ello reforzado con el principio que dicta: “El juez conoce el derecho”, que se desarrolla con el brocardo latino, “da mihi facta dabo tibi ius”, que se traduce en, “dame los hechos y te daré el derecho”, el cual tiene asidero en nuestro derecho en el artículo 701 del Código Procesal Civil. Entonces ejercitando esta potestad que la ley brinda al juzgador, es que en esta oportunidad se determina que la calificación jurídica correcta del hecho alegado por la petente, en realidad es una cuestión de incongruencia[5], la cual es una causa de violación al debido proceso. Para saber si hubo incongruencia: (1) Se revisa el escrito de apelación interpuesto en contra del auto resolutivo de fecha cinco de marzo de dos mil quince, para constatar que los agravios de manera resumida son: A. Improcedencia de tasar intereses comerciales y moratorios en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su texto original. Este reproche lo fundamenta el apelante en qué, con una simple operación aritmética se puede concluir que entre la fecha en que se causa ejecutoria, y la fecha en que se efectuó el pago, no transcurrieron más de seis meses. B. Que la tasa de interés que se pretende aplicar en la fórmula es superior a la que el tribunal ha determinado en auto que se encuentra firme. Pidiendo que sea ésta la tasa a la que se deben ajustar ambas partes. C. Que el auto resolutivo de fecha cinco de marzo de dos mil quince dictado en primera instancia, contra el cual se recurrió en apelación, se dictó sin que se evacuara correctamente la información solicitada por el a quo mediante el auto dictado para mejor proveer de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. Explica que dicho auto se dictó para que por medio de oficio dirigido a la Comisión Nacional de Banco y Seguros se certificara cuál es la tasa de interés activa máxima promedio, sobre los préstamos del sistema bancario comercial en octubre, noviembre y diciembre de dos mil once. El apelante agrega que dicha comisión no dio cumplimiento a lo que el a quo buscaba, debido a que dicho auto tenía como objetivo conocer la tasa máxima promedio, sobre los préstamos del sistema bancario comercial en octubre, noviembre y diciembre de dos mil once y no los últimos seis meses anteriores a la fecha en que se ordena la práctica del medio de prueba. Concluye el apelante expresando que, en consecuencia la resolución se dictó haciendo falta la adecuada evacuación del auto para mejor proveer y que se recurrió a la página de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que se encuentra en la WEB, lo que califica como una contravención al principio de contradicción y violentándose el derecho de defensa. D. Que el auto resolutivo de fecha cinco de marzo de dos mil quince no hace referencia a la liquidación de intereses legales que resultan directamente de la sentencia definitiva y que el incidentista ha tasado en la cantidad de un millón setecientos setenta y un mil ochenta y siete lempiras con ocho centavos. [6] (2) Se constata además que la parte demandada y ahora amparista, contestó a cada uno de los anteriores agravios, quedando de esta manera configurado el thema decidendi de la segunda instancia. (3) Al contrastar los agravios y la contestación a estos, o sea el thema decidendi de la apelación, con la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, la cual fuera impugnada por vía de amparo, se evidencia que efectivamente dicho acto judicial no responde puntualmente a cada una de las imputaciones o agravios que las partes debatieron en segunda instancia.[7] VII. Por otra parte además de la falta de exhaustividad antes apuntada, se observa que la resolución bajo estudio, también comete el vicio de incongruencia en virtud de que procedió a declarar, sin que ninguna de las partes lo trajera a discusión, que la tasación de intereses debió hacerse aplicando la tasa mensual pasiva del sistema bancario nacional, arguyendo en forma escueta y carente de motivación que es un criterio obtenido de la honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo. Este hecho fue apuntado por la amparista en su escrito de formalización, de manera que es vinculante para que la Sala se pronuncie de este señalamiento desde el punto de vista del ámbito de la jurisdicción constitucional.En este sentido se observa que el tribunal de alzada, introduce de motu proprio en su resolución, el tema de la aplicación de tasa pasiva; y luego toma una decisión, sin ninguna motivación ni fundamentación jurídica, dejando con ello en estado de indefensión a la parte agraviada, contraviniendo con ello el artículo 82 constitucional que declara el derecho de defensa como inviolable. La indefensión se explica considerando que las decisiones judiciales o administrativas proferidas sin argumentaciones y cita de normas legales, son arbitrarias e impiden su puntual y correcta impugnación, por cuanto obligan a los afectados a hacerlo en forma ciega; o sea dificultándoles a estos ejercitar su negación o contradicción. En este caso la corte de apelaciones no dio a conocer las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que citó y que le sirvieron de fundamento. De manera que la resolución dictada por el iudex ad quem en fecha veinticinco de junio de dos mil quince es por una parte carente de argumentos o explicaciones convincentes que demuestren el origen normativo, doctrinario y legítimo de su decisión; es por ello que se estima que dicho acto de autoridad fue concebido de manera arbitraria e incongruente y por ende violatoria al acceso a la tutela judicial efectiva, entendido conceptualmente este derecho, como parte del debido proceso, que garantiza a toda persona el acudir ante juez competente en reclamo de sus derechos intersubjetivos e intereses legalmente protegidos, para obtener de éste una respuesta, si es posible de fondo, debidamente fundada en Derecho y motivada o razonada en forma lógica y suficiente. VIII. En conclusión, si bien es cierto, la petente en su escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo señala algunos motivos que son propios de instancia, por cuanto no son de recibo en sede de jurisdicción constitucional; y cita otros motivos cuya calificación jurídica es errónea, se observa que los sustenta en hechos que son comprobables, arribándose entonces a la convicción de que la resolución del ad quem, impugnada en amparo, fue dictada cometiendo los vicios de: a) falta de exhaustividad; b) incongruencia y c) carencia de motivación y fundamentación; conculcando los derechos fundamentales de debido proceso, en sus vertientes de defensa y tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO EN FORMA PARCIAL la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada DILMA SUYAPA CARÍAS MANLEY, a favor de la sociedad mercantil denominada Ingeniería Riedel, S.A., contra la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución dictada en fecha cinco de marzo del año dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, SE ORDENA: Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo indique en su fallo de una manera motivada las razones y fundamentos legales en que se basó para realizar los cálculos e interés donde se ordena al Estado al pago de las cantidades descritas en la sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha siete (07)de marzo de dos mil dieciocho(2018), recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0994=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Vid. Parte del texto contenido en el escrito de formalización de la garantía de amparo, que se encuentra agregado al expediente SCO-0994-2015, contentivo de la presente garantía constitucional de amparo. Folio 45.

[5] La petente aunque no calificó correctamente el vicio alegado, al identificarlo como violación al artículo 692 en lugar del 701, ambos del Código Procesal Civil; en un momento de su escrito de formalización señaló que la resolución del ad quem dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil quince es incongruente al extralimitarse abordando extremos que ya habían sido consentidas por el Estado.

[6] Vid. Escrito de interposición de apelación presentado en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, por el abogado Fernando Puerto Castro, como apoderado procesal del Estado de Honduras; que se encuentra en folios 34 y 35 de la pieza del incidente de liquidación del expediente número 104-2008 de primera instancia, que se acompaña a la garantía constitucional de amparo con número SCO-0994-2015.

[7] Se estima que este vicio de la corte de apelaciones en particular, más que un asunto de incongruencia, es un caso de falta de exhaustividad, en virtud de que el ad quem no da respuesta a cada una de las alegaciones que constituye el thema decidendi de la apelación.