Sentencia AA-939-17 — Registro 8899
Resumen
Resolución CU-0-139-09-2017declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución ID-038-3439-310-2017 que acordó no reconocer y declarar no procedente la incorporación del Título de Doctor en Ciencias Penales en grado de Doctorado emitido por la Universidad de San Carlos de Guatemala por considerar que recurrente realizó estudios en un Centro de Educación Superior no autorizado para funcionar en Honduras y no presentar movimiento migratorio durante sus años de estudio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional en respeto irrestricto de lo establecido en la Constitución de la República, entiende que la UNAH es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, que goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales. Deberá programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña. La ley y sus estatutos fijarán su organización, funcionamiento y atribuciones. Es así que siendo la UNAH, la institución encargada de dirigir la Educación Superior, la Constitución de la República le ha otorgado la facultad de validar los títulos de carácter académico otorgados por las universidades privadas y extranjeras, asimismo tiene la facultad exclusiva para resolver sobre la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras..."..."este Alto Tribunal, dictó sentencia en fecha veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, en el Recurso de Amparo Administrativo registrado con el número de expediente SCO-1208-2016, interpuesto por el Abogado Darío Josué García Villalta a favor del señor Jorge Alberto Herrera Flores, contra la Resolución ID-034-32197-302-2016, emitida por el Consejo de Educación Superior de la UNAH, en fecha 22 de julio del año 2016, mediante la cual se denegó, al igual que al peticionario de la presente garantía constitucional, la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado de Doctorado, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que mostrara el movimiento migratoria; en el referido fallo constitucional dictado por esta Sala y que fue OTORGADO al peticionario..."..."La resolución recurrida y la ley y el reglamento atinente al caso concreto, esta Sala aprecia: Que ciertamente tal como lo dice el impetrante y así consta en el informe remitido por el Consejo de Educación Superior, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, le fue denegada la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Humanos, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado los viajes y estadías correspondiente al periodo que realizo los estudios. El Consejo de Educación Superior manifiesta que el Art. 17 de la Ley de Educación Superior le atribuye al Consejo entre otras atribuciones f) ejercer la potestad normativa para emitir los Reglamentos de esta ley, y las demás leyes aplicables al nivel; y el Reglamento emitido, entre sus disposiciones requiere que para la incorporación de un título extendido por Universidad Extranjera según el art. 18, literal h) debe acreditar el movimiento migratorio. Analizado el artículo 17 de la Ley de Educación Superior faculta al Consejo entre otras atribuciones a emitir el Reglamento de la Ley, el que debe estar sometido jerárquicamente a la Ley, no puede reformar o modificar el contenido de las normas con rango de ley, apreciando esta Sala que el artículo 18 literal h) del Reglamento de la Ley de Educación Superior nunca fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta modifica el contexto de la ley que en ninguna de sus partes dispone como requisito académico, el movimiento migratorio del o los estudiantes (as)..."..."En consecuencia, se aprecia que el Reglamento que no fue publicado no es aplicable al caso concreto en virtud de que en ningún caso el reglamento puede modificar la ley, sino que debe sujetarse estrictamente al contenido de ésta (las negritas son nuestras). En ese orden de ideas la falta de dicho requisito no es presupuesto para denegar la incorporación del titulo solicitado..."..."la Resolución CU-O-139-09-2017 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, que consta en Acta CU-008-09-2017, emitida por el Consejo Universitario de la UNAH, mediante la cual se acordó declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el señor JACOBO SANTOS ESPINAL, contra la resolución ID-038-3439-310-2017 del CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, con relación a la validación de un título de Doctor en Ciencias Penales emitido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma vulnera el derecho a la educación invocada por el impetrante y reconocido en el Artículo 155 de la Constitución de la República y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ello por no existir fundamento legal en relación a los requisitos que se aduce no fueron cumplidos por el solicitante de la incorporación de título; aunado a ello el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forma parte del derecho interno una vez en vigor, comprometiéndose los Estados partes suscriptores del referido instrumento de protección de Derechos Humanos, a implementar la enseñanza superior por cuantos medios sean apropiados, acorde a los procesos de globalización e integración regional de la educación, en la búsqueda de contribuir a la investigación científica, humanística y tecnológica y con ello el estudio y solución de los problemas nacionales que aquejan a nuestras naciones, sin menoscabar la facultad constitucional que se le ha otorgado a la UNAH de dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, la que debe ir en consonancia con la protección de los derechos humanos y en irrestricto respeto a los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia que haya suscrito el Estado.-..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la educación, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución CU-O-139-09-2017 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete sea inaplicable, de tal manera que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos enunciados en el presente libelo, restituya el derecho que le ha sido vulnerado al impetrante de la garantía constitucional de Amparo, sin menoscabar las facultades que la Constitución de la República le ha otorgado a la UNAH, en relación a la validación de títulos otorgados por universidades extranjeras..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 155 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 160 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Educación Superior, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JACOBO SANTOS ESPINAL, a favor de SI MISMO, Contra la Resolución CU-0-139-09-2017, emitida por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, constando en Acta CU-008-09-2017, mediante la cual se acordó declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el señor JACOBO SANTOS ESPINAL, contra la resolución ID-038-3439-310-2017 del CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, con relación a la validación de un título de Doctor en Ciencias Penales emitido por la Universidad de San Carlos de Guatemala.- Manifestando el recurrente que la resolución impetrada violenta derechos constitucionales y Tratados y Convenios Internacionales, como ser el derecho al aprendizaje contenido en el Artículo 155 de la Constitución de la República, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y artículos 1 y 4 del Convenio sobre Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios suscritos por todos los países centroamericanos el 22 de junio del año 1962, mediante el cual se hace propia la recomendación adoptada por el Consejo Superior Universitario Centroamericano.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado JACOBO SANTOS ESPINAL, quien actúa en su condición personal interponiendo Acción de Amparo, Contra la Resolución CU-0-139-09-2017, emitida por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, constando en Acta CU-008-09-2017, mediante la cual se acordó declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el señor JACOBO SANTOS ESPINAL, contra la resolución ID-038-3439-310-2017 del CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, con relación a la validación de un título de Doctor en Ciencias Penales emitido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundamentándose en que el impetrante realizó estudios en un Centro de Educación superior no autorizado para funcionar en Honduras, y no presentar movimiento migratorio durante los años en que realizó sus estudios. (Folios del 1 al 05 de la pieza de autos).-2) Que mediante providencia de fecha nueve (9) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala de lo Constitucional admitió el recurso de amparo relacionado, ordenando librar comunicación a la autoridad recurrida para que en el plazo de un día hábil remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo; de igual manera al Consejo de Educación Superior para que a la mayor brevedad posible remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 120 de la pieza de amparo).-3)En fecha siete (07) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el informe remitido por parte de la SECRETARÍA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, del cual se desprende: 1)De conformidad al mandato Constitucional la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. De igual forma es la única facultada para resolver sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades extranjeras y solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la UNAH, así como los otorgados por las Universidades Privadas y Extranjeras reconocidos todos ellos por la UNAH. Artículo 160 párrafos primero, cuarto y quinto de la Constitución de la República. 2) Mediante Decreto No. 142-89 de fecha 14 de septiembre de 1989, El Congreso Nacional aprobó la Ley de Educación Superior, en donde en su Artículo 27 establece que la Ley de Educación Superior, en donde en su Artículo 27 establece que “La validación de los estudios realizados en el extranjero se hará mediante su reconocimiento o incorporación de acuerdo a la reglamentación respectiva”. 3) Con fecha 28 de enero del 2017 el Señor Jacobo Santos Espinal presentó ante el Consejo de Educación Superior solicitud de Incorporación del Título de Doctor en Ciencias Penales en el Grado de Doctorado obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la que fue denominada según Acuerdo No. ID-038-3429-310-2017 del Consejo de Educación Superior de la UNAH, por realizar estudios en un Centro de Educación Superior que no está autorizado para funcionar en Honduras y no presenta el Movimiento Migratorio durante los años que realizó sus estudios. 4) En fecha 15 de mayo de 2017, el señor Jacobo Santos Espinal interpuso Recurso de Reposición, dándolo por recibido la Secretaría del Consejo de Educación Superior y previo a resolver lo traslado a la Consultora Legal de la Dirección de Educación Superior y al Abogado General de la UNAH para la emisión del dictamen legal previo a la decisión, de conformidad al Artículo 72 del la Ley del Procedimiento Administrativo. Folios 17, 18, 21, 22 Y 23. 5) Según Acuerdo N0.3528-316-2017, se denegó el Recurso de Reposición presentado por el señor Jacobo Santos Espinal, contra la resolución ID-038-3429-310-2017. Folio 25 y 26. 6) La Ley Orgánica de la UNAH (Decreto 209-2004), Publicado el 12 de febrero de 2005, instituye en su estructura organizativa a los órganos de Gobierno Universitarios de la UNAH, como ser el Consejo Universitario, es el órgano máximo de educación Superior, responsable de concertar y generar las políticas y estrategias de la gestión universitaria con visión de largo plazo; realizar contraloría Social, evaluar y reorientar el cumplimiento de los objetivos trascendentales de la UNAH, velar por la transparencia, la autonomía universitaria y los intereses del Alma Mater…”(Artículo 10 numeral 10 “conocer en última instancia administrativa, de los actos administrativos en general y de los que dicten las Juntas Directivas de las Facultades, los Centros Universitarios, los Centros Regionales Universitarios, el Consejo General de Carrera Docentes y el Consejo de Educación Superior”. 7)Con fecha 31 de julio del 2017 el señor Jacobo Santos Espinal, interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. ID-038-3429-310-2017 de fecha 23 de febrero de 2017 ante el Consejo Universitario de conformidad con el Artículo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 8) El Consejo Universitario en su sesión ordinaria celebrada el día viernes 29 de septiembre de 2017, mediante Acta No. CU-O-008-09-2017 adopta el Acuerdo No. CU-O-139-09-2017, en apego al mandato constitucional como rectora de la Educación Superior en el territorio Nacional Y la única facultada para resolver Sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades extranjeras. Folios 33 y 34. (Folios 123, 128 y 129 de la pieza de Amparo).-4) Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista de las actuaciones al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folios 170 de la pieza de amparo).-5) Que en fecha siete (7) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, en virtud de no presentarse las vulneraciones indicadas por el Amparista. Arguye el Fiscal del Despacho que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conforme a las disposiciones constitucionales y legales antes descritas, tienen con carácter exclusivo la atribución de organizar y desarrollar la educación superior y profesional del país; es así que poseen la plena potestad de acuerdo al artículo 160 Constitucional y Articulo 1 y 2 del Reglamento de Reconocimiento e Incorporación de Título y Diplomas, de regular los asuntos referentes al reconocimiento e incorporación de los títulos y diplomas expedidos u otorgados por los centros de educación superior nacionales y extranjeros, siendo que el mandato constitucional otorga a dicha entidad jurídica (UNAH) la potestad de determinar el reconocimiento de los títulos. (Folios del 173 al 176 y 178 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintiocho de enero del año dos mil diecisiete, fecha en la que el señor JACOBO SANTOS ESPINAL, en su condición personal, presentó ante el Consejo de Educación Superior solicitud de Incorporación del Título de Doctor en Ciencias Penales en el Grado de Doctorado obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La cual le fue denegada según Acuerdo No. ID-038-3429-310-2017 del Consejo de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras[1], por realizar estudios en un Centro de Educación Superior que no está autorizado para funcionar en Honduras y no presentar el Movimiento Migratorio durante los años en que realizó sus estudios.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JACOBO SANTOS ESPINAL, interponiendo Acción de Amparo a favor de SI MISMO, contra la Resolución CU-O-139-09-2017 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, que consta en Acta CU-008-09-2017, emitida por el Consejo Universitario de la UNAH, que resuelve declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jacobo Santos Espinal, contra la Resolución ID-038-3429-310-2017 emitida por el Consejo Superior de la UNAH.; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada violenta derechos constitucionales y Tratados y Convenios Internacionales, como ser el derecho al aprendizaje contenido en el Artículo 155 de la Constitución de la República, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y artículos 1 y 4 del Convenio sobre Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios suscritos por todos los países centroamericanos el 22 de junio del año 1962, mediante el cual se hace propia la recomendación adoptada por el Consejo Superior Universitario Centroamericano.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente hace referencia a como la Universidad de San Carlos de Guatemala, organizó en Honduras un Doctorado en Ciencias Penales; aduce que tanto él como otros colegas tiene un título emitido por una universidad internacionalmente reconocida, cuyas actividades se desarrollaron parte en Honduras y parte en Guatemala, por lo que no se requería de una autorización en tanto que es facultad desde el punto legal y académico de la USAC emitir estos títulos y no viene a instalarse de manera permanente en Honduras; por otra parte el requisito de un movimiento migratorio, es simplemente absurdo y no esta contemplado en ninguna ley o reglamento.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante refiere como precedente jurisprudencial el fallo emitido por la Honorable Corte Centroamericana de Justicia, en el caso Ugarte versus Universidad de El Salvador, exponiendo que la referida sentencia hace referencia clara al Convenio sobre el Ejercicio de profesiones Universitarias y Reconocimiento de estudios Universitarios, por lo que existe a su criterio una potestad reglada que no da lugar a valoraciones subjetivas por parte de la administración, como el acreditamiento de un movimiento migratorio. Reafirma el impetrante que no existe una norma, que establezca como requisito el mostrar un movimiento migratorio, la decisión por si misma es subjetiva, arbitraria y contraria al principio favor rei y el principio pro homine, que en materia de derechos humanos establece que se debe acudir a la actitud mas amplia, o a la interpretación mas extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos como en este caso, el derecho a la educación. Considera el recurrente en Amparo, que este criterio hermenéutico, es desconocido por la resolución que avala el Consejo Superior Universitario, por cuanto se acude más bien a una interpretación restrictiva, no fundamentada ni en ley, ni en un reglamento.-CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución CU-O-139-09-2017 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, que consta en Acta CU-008-09-2017, emitida por el Consejo Universitario de la UNAH, que resuelve declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jacobo Santos Espinal, contra la Resolución ID-038-3429-310-2017 emitida por el Consejo Superior de la UNAH, que acuerda NO RECONOCER y declarar NO PROCEDENTE la incorporación del Título de DOCTOR EN CIENCIAS PENALES, en el GRADO DE DOCTORADO al señor JACOBO SANTOS ESPINAL, emitido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundamentándose en que el impetrante realizó estudios en un Centro de Educación superior no autorizado para funcionar en Honduras, y no presentar movimiento migratorio durante los años en que realizó sus estudios. (Folios del 133, 153, 154, 161 y 162 de los autos).-CONSIDERANDO (7): Que las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales; ello conforme a lo establecido en el artículo 2 de la referida ley. Es así que el recurrente expone la vulneración a los Artículos 155 de la Constitución de la República, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y artículos 1 y 4 del Convenio sobre Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios.-CONSIDERANDO (8): Que la Constitución de la República desarrolla en el Título III, las declaraciones, derechos y garantías, específicamente el Capítulo VIII establece lo relacionada con la Educación y la Cultura. Indica el artículo 151 constitucional que la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza; el impetrante considera que la Resolución emitida por el Consejo Universitario de la UNAH, vulnera el artículo 155 de la Constitución de la República, el cual a la letra establece: “El Estado reconoce y protege la libertad de investigación, de aprendizaje y de cátedra.”- CONSIDERANDO (9): Que Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal; por ello los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Disposiciones constitucionales contenidas en los preceptos 15 y 16, mismos que guardan relación directa con la interpretación y aplicación que debe hacerse a las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional. En ese orden de ideas el recurrente considera asimismo vulnerado el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales[2] indicando el mismo que: “1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de la Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz….” El mismo artículo en el numeral 2.c) establece que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. De importancia relevante a la presente sentencia lo constituye el numeral 4. Del artículo en comento, al indicar que nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción a la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional en respeto irrestricto de lo establecido en la Constitución de la República, entiende que la UNAH es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, que goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales. Deberá programar su participación en la transformación de la sociedad hondureña. La ley y sus estatutos fijarán su organización, funcionamiento y atribuciones. Es así que siendo la UNAH, la institución encargada de dirigir la Educación Superior, la Constitución de la República le ha otorgado la facultad de validar los títulos de carácter académico otorgados por las universidades privadas y extranjeras, asimismo tiene la facultad exclusiva para resolver sobre la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras –Artículo 160 de la Constitución de la República-.CONSIDERANDO (11): Que en esa idea de contribuir a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales y siguiendo asimismo la idea que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se creo el Consejo Superior Universitario Centroamericano –CSUCA-[3], teniendo como objetivo promover la integración regional y particularmente la integración y el fortalecimiento de la educación superior pública en las sociedades de América Central y República Dominicana. El Primer Congreso Universitario Centroamericano dio vida a la Confederación Universitaria Centroamericana y con ella su máxima autoridad El CSUCA.-CONSIDERANDO (12): La Misión de La Confederación Universitaria Centroamericana es la organización de integración del sistema universitario público centroamericano, que promueve el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado, para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas de solución, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia, y equidad. Propicia el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, y su aplicación en la formación de profesionales capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la región. Entre Las universidades que conforman la Confederación se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional entiende que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad: los padres, los educadores (profesores o maestros), pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. La Real Academia Española define la educación como: “Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente”.-CONSIDERANDO (14): Que los derechos económicos, sociales, y culturales conocidos como (DESC), tienen su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4], este instrumento de protección de derechos humanos, después de enunciar en sus primeros 20 artículos los llamados derechos individuales, continua con los derechos económicos, sociales y culturales, contemplando los derechos a la seguridad social (art.22), al trabajo (art. 23), a la salud (art. 25), protección a la maternidad y a la niñez (art.25), educación (art. 26) y cultura (art. 27); sin perjuicio de la serie de convenciones en las específicas materias emitidas desde esa fecha a la presente. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nació el 16 de diciembre de 1966, siendo contundente en su preámbulo al indicar que <<no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos>>.- CONSIDERANDO (15): Que según la doctrina a los DESC, se les denomina derechos sociales, derechos sociales y culturales, derechos económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación, por su aparición según la época de la historia y por la amplitud en cuanto a su cobertura[5]. Para el jurista Roberto Molina Barreto[6] resultaría bastante dificultoso dar una definición tajante de los DESC, cuando debemos partir de una base indiscutible, como lo es la dignidad humana, la cual según expertos en la materia, constituye un todo indivisible, por lo que hablar de la bifurcación de los derechos humanos y su conceptualización por categorías conduce, según algunos tratadistas en materia de Derechos Humanos, a la creación de falsas dicotomías que contrarían las características propias de los Derechos Humanos como tales, indivisibilidad, universalidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad e interdependencia, ya que, entre las dos categorías de derechos no puede existir contraposición o exclusión alguna, sino mas bien una complementación e interacción.-CONSIDERANDO (16): Que este Alto Tribunal, dictó sentencia en fecha veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, en el Recurso de Amparo Administrativo registrado con el número de expediente SCO-1208-2016, interpuesto por el Abogado Darío Josué García Villalta a favor del señor Jorge Alberto Herrera Flores, contra la Resolución ID-034-32197-302-2016, emitida por el Consejo de Educación Superior de la UNAH, en fecha 22 de julio del año 2016, mediante la cual se denegó, al igual que al peticionario de la presente garantía constitucional, la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado de Doctorado, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que mostrara el movimiento migratoria; en el referido fallo constitucional dictado por esta Sala y que fue OTORGADO al peticionario, se concluyó inter alía y de relevancia en la resolución de la presente acción las siguientes consideraciones: CONSIDERANDO: (11) Que del estudio de Los antecedentes. La resolución recurrida y la ley y el reglamento atinente al caso concreto, esta Sala aprecia: Que ciertamente tal como lo dice el impetrante y así consta en el informe remitido por el Consejo de Educación Superior, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, le fue denegada la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Humanos, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado los viajes y estadías correspondiente al periodo que realizo los estudios. El Consejo de Educación Superior manifiesta que el Art. 17 de la Ley de Educación Superior le atribuye al Consejo entre otras atribuciones f) ejercer la potestad normativa para emitir los Reglamentos de esta ley, y las demás leyes aplicables al nivel; y el Reglamento emitido, entre sus disposiciones requiere que para la incorporación de un título extendido por Universidad Extranjera según el art. 18, literal h) debe acreditar el movimiento migratorio. Analizado el artículo 17 de la Ley de Educación Superior faculta al Consejo entre otras atribuciones a emitir el Reglamento de la Ley, el que debe estar sometido jerárquicamente a la Ley, no puede reformar o modificar el contenido de las normas con rango de ley, apreciando esta Sala que el artículo 18 literal h) del Reglamento de la Ley de Educación Superior nunca fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta modifica el contexto de la ley que en ninguna de sus partes dispone como requisito académico, el movimiento migratorio del o los estudiantes (as). La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, se entienden que están sujetos a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley[7]; siendo que ésta debe ser la naturaleza de tales disposiciones (académica), lo que viene a confrontar la Constitución de la República en su Artículo 205 que dispone que el Congreso Nacional tiene la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente al hecho de reformar la ley. Cuando expresamos la palabra Reforma, nos referimos a una nueva forma; innovación, cambio. /Modificación, variación, /corrección, enmienda/, / Restauración, restablecimiento…[8]. En consecuencia, se aprecia que el Reglamento que no fue publicado no es aplicable al caso concreto en virtud de que en ningún caso el reglamento puede modificar la ley, sino que debe sujetarse estrictamente al contenido de ésta (las negritas son nuestras). En ese orden de ideas la falta de dicho requisito no es presupuesto para denegar la incorporación del titulo solicitado.-CONSIDERANDO (17): Que vista la Resolución CU-O-139-09-2017 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, que consta en Acta CU-008-09-2017, emitida por el Consejo Universitario de la UNAH, mediante la cual se acordó declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el señor JACOBO SANTOS ESPINAL, contra la resolución ID-038-3439-310-2017 del CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, con relación a la validación de un título de Doctor en Ciencias Penales emitido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma vulnera el derecho a la educación invocada por el impetrante y reconocido en el Artículo 155 de la Constitución de la República y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ello por no existir fundamento legal en relación a los requisitos que se aduce no fueron cumplidos por el solicitante de la incorporación de título; aunado a ello el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forma parte del derecho interno una vez en vigor, comprometiéndose los Estados partes suscriptores del referido instrumento de protección de Derechos Humanos, a implementar la enseñanza superior por cuantos medios sean apropiados, acorde a los procesos de globalización e integración regional de la educación, en la búsqueda de contribuir a la investigación científica, humanística y tecnológica y con ello el estudio y solución de los problemas nacionales que aquejan a nuestras naciones, sin menoscabar la facultad constitucional que se le ha otorgado a la UNAH de dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, la que debe ir en consonancia con la protección de los derechos humanos y en irrestricto respeto a los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia que haya suscrito el Estado.-CONSIDERANDO (18): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna, Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado.-CONSIDERANDO (19):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho a la educación, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución CU-O-139-09-2017 de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete sea inaplicable, de tal manera que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos enunciados en el presente libelo, restituya el derecho que le ha sido vulnerado al impetrante de la garantía constitucional de Amparo, sin menoscabar las facultades que la Constitución de la República le ha otorgado a la UNAH, en relación a la validación de títulos otorgados por universidades extranjeras.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 90, 155, 160, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JACOBO SANTOS ESPINAL, a favor de SI MISMO, contra la Resolución CU-0-139-09-2017, emitida por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); 2.- Que la autoridad recurrida el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, proceda a dictar nuevamente resolución, ante el otorgamiento de la garantía de Amparo promovida, observando las consideraciones de hecho y derecho relacionadas en el presente libelo. Y MANDA: Que una vez notificada y certificada la presente sentencia se proceda al archivo del expediente en la Secretaría de esta Sala de lo Constitucional. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 939-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante UNAH.
[2] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado y abierto a la firma, ratificación y adhesión mediante la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1966, después de casi 20 años de debate sobre su contenido. Adquirió por fin fuerza de ley 10 años más tarde, entrando en vigor el 3 de enero de 1976. El pacto contiene algunas de las disposiciones jurídicas internacionales mas importantes para el establecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, comprendidos los derechos relativos al trabajo a condiciones justas y favorables, a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a los niveles de salud física y mental mas altos posibles, a la educación y al goce de los beneficios de la libertad cultural y el progreso científico. En lo que respecta a la legislación internacional de derechos humanos (y también a su aplicación en el plano nacional), los derechos civiles y políticos han sido objeto, en muchos sentidos, de mayor atención, codificación jurídica e interpretación judicial, y se han grabado en la conciencia publica en mucho mayor grado que los derechos económicos, sociales y culturales. A esto se debe que, a veces, se suponga erróneamente que solo los derechos civiles y políticos (es decir, el derecho a u juicio justo, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la vida, el derecho de voto, el derecho a no ser objeto de discriminación, etc.) pueden ser objeto de infracción, de medidas de reparación y de escrutinio jurídico internacional. A menudo se considera que los derechos económicos, sociales y culturales son en la práctica “derechos de segunda clase” inaplicables, no sometidos a los tribunales y que solo se irán cumpliendo “progresivamente” con el tiempo. Los Derechos económicos, sociales y culturales están plenamente reconocidos por la comunidad internacional y también en toda la legislación internacional de derechos humanos. Aunque estos derechos han recibido menos atención que los derechos civiles y políticos, en la actualidad son objeto de mucha mayor consideración que la que antes conocieron. –Naciones Unidas Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Introducción. Tegucigalpa, marzo de 2010-
[3] El Consejo Superior Universitario Centroamericano nació a raíz del Primer Congreso Centroamericano que se celebro del 15 al 24 de septiembre de 1948 en San Salvador, dando así vida a la Confederación Universitaria Centroamericana y con ello su máxima autoridad el SSUCA. El I Congreso aprobó la “Declaración de principios sobre los fines y funciones de la universidad contemporánea y en especial de las universidades de Centroamérica”, siendo los pilares: la autonomía universitaria, la unificación científico-humanística de la enseñanza universitaria, el concepto de la educación para la construcción democrática y la constitución de los organismos universitarios regionales. En 1995 se realiza en Tegucigalpa, Honduras, el IV Congreso Universitario Centroamericano. En este cónclave se aprueba el PIRESC II, de cuyos resultados destacan la creación de los Sistemas Universitarios Regionales y las Redes Académicas como: el Sistema de Carreras y Postgrados Regionales (SICAR), el Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES), el Sistema Centroamericano de Relación Universidad- Sector Productivo (SICAUSP), el Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), la Red de Sistemas Integrados de Información Documental (Red SIID), el Programa de Intercambio Académico ANUIES-CSUCA.
[4] Adoptada, mediante el punto III de la Resolución número 217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.
[5] Ya que primariamente los denominados derechos sociales surgieron precisamente de las crisis y las criticas de los derechos individuales de la etapa liberal clásica.
[6] CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica II. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL GUATEMALTECA A XXV AÑOS DE PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Editado por Consell De Garanties Estatutáries de Catalunya; Agencia Catalana de Cooperació Al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya; Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y El Caribe. Barcelona, 2012. Pág. 206.
[7] Supremacía de la Ley Sobre Las Disposiciones de un Reglamento. (Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice. (actualizaciones 2002). Tomo II. Penal, PR. TCC. Pág. 338 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/921/921750.pdf
[8] De Torres Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición, actualizado, corregido y aumentado por De las Cuevas Cabanellas Guillermo. Editorial Heliasta, S. de R.L. Argentina. Pág. 344