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Sentencia AA-936-17 — Registro 10092

Resumen

Decreto Ejecutivo No. PCM-074-2017 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros declaró emergia nacional en el sistema de salud

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de conformidad a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, ésta es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter general de la Administración Pública..."..."la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo establece que los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa..."..."podemos afirmar que el Decreto Ejecutivo impugnado por el Quejoso es un acto administrativo de carácter general, en cuanto que no va dirigido a un sujeto o grupo de sujetos individualmente determinados, que ha sido emitido por un órgano de la Administración Pública Centralizada, esto es por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y que por lo tanto es susceptible de impugnación directa tras su publicación, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa..."..."el contenido del auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha 17 de abril de 1990, donde se establece que con la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo los Juzgados y Tribunales deben rechazar de plano las demandas de amparo cuando el acto de que se recurra, sea de aquellos cuya impugnación deba hacerse en la vía contencioso-administrativa..."..."atendiendo a las circunstancias anteriormente expuestas, podemos afirmar que el Quejoso tiene expedita la acción contencioso-administrativa para impugnar el acto administrativo de carácter general emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y que en su opinión lesiona una gama de derechos subjetivos en su perjuicio, siendo oportuno señalar que además de tener expedita la acción antes mencionada, la ley establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto impugnado, medida cautelar cuya procedencia o improcedencia es una cuestión que corresponde resolver a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo..."..."por todas las razones anteriormente expuestas debe declararse la inadmisibilidad del amparo interpuesto por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil dieciocho.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE a favor del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra el DECRETO EJECUTIVO No. PCM-074-2017, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,496 en fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró emergencia nacional en el sistema de salud.-CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, se declara emergencia nacional en el sistema de salud.-CONSIDERANDO: Que en fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE a favor del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, no conforme con las disposiciones contenidas en el mencionado Decreto, ha interpuesto recurso de amparo, alegando que el acto impugnado vulnera en perjuicio de sus representados los derechos consagrados en los artículos 59, 63, 90, 94, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, ésta es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter general de la Administración Pública.- CONSIDERANDO: Que el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública establece que los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.-CONSIDERANDO: Que por su parte, el artículo 117 del mismo texto normativo prevé, que adoptarán la forma de Decreto los actos que de conformidad con la ley sean privativos del Presidente de la República o deban ser dictados en Consejo de Ministros.-CONSIDERANDO: Que el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo establece que los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa.- CONSIDERANDO: Que los artículos 9 y 10 de la Ley General de la Administración Pública establecen que la Administración Pública centralizada está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros y las Secretarías de Estado.- CONSIDERANDO: Que al tenor de las disposiciones legales citadas anteriormente, podemos afirmar que el Decreto Ejecutivo impugnado por el Quejoso es un acto administrativo de carácter general, en cuanto que no va dirigido a un sujeto o grupo de sujetos individualmente determinados, que ha sido emitido por un órgano de la Administración Pública Centralizada, esto es por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y que por lo tanto es susceptible de impugnación directa tras su publicación, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.-CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto por el artículo 46 No. 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso-Administrativa.-CONSIDERANDO: Que la ratio de dicha disposición legal se encuentra en la naturaleza extraordinaria y subsidiara del amparo, que exige el agotamiento previo de los recursos ordinarios que franquea la ley, pues de otro modo, el amparo se convertiría en un medio común de defensa. Ello explica el contenido del auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha 17 de abril de 1990, donde se establece que con la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo los Juzgados y Tribunales deben rechazar de plano las demandas de amparo cuando el acto de que se recurra, sea de aquellos cuya impugnación deba hacerse en la vía contencioso-administrativa.-CONSIDERANDO: Que atendiendo a las circunstancias anteriormente expuestas, podemos afirmar que el Quejoso tiene expedita la acción contencioso-administrativa para impugnar el acto administrativo de carácter general emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y que en su opinión lesiona una gama de derechos subjetivos en su perjuicio, siendo oportuno señalar que además de tener expedita la acción antes mencionada, la ley establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto impugnado, medida cautelar cuya procedencia o improcedencia es una cuestión que corresponde resolver a los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.-CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas debe declararse la inadmisibilidad del amparo interpuesto por el recurrente.-POR TANTO: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los artículos 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 30, 48 literal b), 120 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, 9, 10, 116, 117 de la Ley General de la Administración Pública, 46 No. 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 17 de abril de 1990, RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE a favor del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra el DECRETO EJECUTIVO No. PCM-074-2017, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,496 en fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven los antecedentes. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 936-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL