Sentencia AA-913-14 — Registro 9795
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó el recurso de amparo contra la resolución dictada por el Juzgado que desestimó las defensas previas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO (3): Que de la vista de las diligencias se desprende se ha respetado estrictamente la garantía del debido proceso legal, preceptuada en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, según invocada por el amparista. Se considera en tal sentido, que el Juzgado A-Quo ha efectuado expresa mención de las razones que motivaron la denegatoria de las respectivas Defensas Previas, mediando una constatación motivada de su competencia para conocer del caso y del porque no resultan aplicables las causales de inadmisibilidad de la demanda promovidas a través de las demás Defensas Previas por la parte demandada; efectuándose en el presente caso una exposición concisa y motivada en derecho, del porque la resolución del Juez A-Quo que falla la desestimación de las Defensas Previas, no resultó violatoria al debido proceso de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS ni a la legalidad adjetiva vigente.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo del dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSÉ ALBERTO PRADAL MENDOZA a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de agosto del año dos mil doce, que desestimó las DEFENSAS PREVIAS presentadas en la demanda promovida por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO en su condición de representante procesal del señor MANUEL RAMÓN PINEDA FUNEZ contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal del señor MANUEL RAMÓN PINEDA FUNEZ, interponiendo DEMANDA PARA QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR por no ser conforme a derecho por haberse infringido el ordenamiento jurídico y haberse dictado quebrantando las formalidades esenciales del procedimiento donde se ha incurrido en exceso y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, entre ellas las indemnización de los daños y perjuicios que se ocasionen, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, representada por la Abogada VILMA CECILIA MORALES MONTALVÁN. 2) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la Republica y, por ende, de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS y de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, alegando DEFENSAS PREVIAS en contra la demanda antes relacionada, referidas a la concurrencia de las siguientes causales de inadmisibilidad: a) Que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; b) Falta de legitimación del demandante, y; c) Litispendencia; todo ello conforme a los artículos 14, 80 literales a) y b), con relación al 63 literales a) y b), todos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto Resolutivo, mediante el cual resolvió: “Visto y analizado las defensas previas interpuesta por la parte demandada y contentadas por la parte demandante las mismas se declaran DESESTIMADAS LAS DEFENSAS PREVIAS en vista que dicha demanda interpuesta por el señor Manuel Ramon Pineda Funez es contra un acto administrativo de carácter particular consistente en la resolución Numero 1710/04-11-2010 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por lo que la parte actora solicita ha este tribunal daños y perjuicios que le han ocasionado con la resolución antes mencionado, por lo que al revisar el texto de la demanda en ninguno de los fundamentos de derecho que se establecieron en la misma se ha hablado de un acto que estuviera protegido por la ley especial, por lo que dicha demanda al ser revisada puede ventilarse en este Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ya que dicho acto impugnado esta dentro del artículo 3 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asimismo el demandante se encuentra legitimado para comparecer ante dicha instancia ha ser valer sus derecho como tal ya que las pretensiones están comprendidas en los artículos 33 y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por lo consiguiente se encuentra legitimado, en cuanto a la litispendencia es inexistente e improcedente, ya que es preciso que concurran tres elementos.- 1).- Existencia de un juicio anterior. 2).- Que este sea entre las mismas personas y 3).- Siempre que verse sobre la misma materia, siendo que el mismo no se encuentra dentro de los parámetros antes mencionados por lo consiguiente no hay litispendencia.-” (Ver folios veintinueve (F-29) al treinta y cuatro (F-34) de los antecedentes de la Pieza Separada de Defensas Previas). 4) Que en doce (12) de mayo del año dos mil catorce (2014), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el abogado JOSÉ ALBERTO PRADAL MENDOZA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la Resolución de fecha trece (13) de agosto del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia de fecha treinta y uno (31)de julio del año dos mil catorce (2014), mediante la cual falló: “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA Apoderado Legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.-”; por considerar que el Juzgado A-Quo desestimó correctamente las causas de inadmisibilidad ante él intentadas vía defensas previas, porque del estudio de los antecedentes se desprende la naturaleza de lo demandado ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo no es materia de personal, sino que de responsabilidad patrimonial del Estado y de sus entidades estatales, ya que lo que se pretende por el demandante es el resarcimiento de daños y perjuicios por el supuesto daño moral que, según alega, le fue producido por el acto administrativo impugnado. Asimismo, además de estar directamente legitimado el demandante para pedir la nulidad del acto administrativo que alega le causa daños y perjuicios. Finalmente, motiva la Corte sentenciadora la no existencia de litispendencia, porque la acción conocida en el fuero laboral es distinta a la que se conoce en el fuero contencioso administrativo, donde se alega la existencia de una supuesta responsabilidad patrimonial del Estado por un acto negligente que le ocasionó daños morales, de lo cual pide se le otorgue indemnización de daños y perjuicios. (Ver folios veinticinco (F-25) al veintisiete (F-27) de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha seis (6) de agosto del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSÉ ALBERTO PRADAL MENDOZA a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce (2014) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, mediante la cual se DENIEGA el recurso de amparo contencioso administrativo promovido por abogado JOSÉ ALBERTO PRADAL MENDOZA a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la sentencia interlocutoria de defensas previas dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha trece (13) de agosto del año dos mil doce (2012) con relación a la demanda promovida por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO en su condición de representante procesal del señor MANUEL RAMÓN PINEDA FUNEZ contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, en virtud de las consideraciones motivadoras que se resumen en el Antecedente 5) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que de la vista de las diligencias se desprende se ha respetado estrictamente la garantía del debido proceso legal, preceptuada en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, según invocada por el amparista. Se considera en tal sentido, que el Juzgado A-Quo ha efectuado expresa mención de las razones que motivaron la denegatoria de las respectivas Defensas Previas, mediando una constatación motivada de su competencia para conocer del caso y del porque no resultan aplicables las causales de inadmisibilidad de la demanda promovidas a través de las demás Defensas Previas por la parte demandada; efectuándose en el presente caso una exposición concisa y motivada en derecho, del porque la resolución del Juez A-Quo que falla la desestimación de las Defensas Previas, no resultó violatoria al debido proceso de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS ni a la legalidad adjetiva vigente. CONSIDERANDO (4): Que por las razones expuestas y teniendo a la vista las diligencias en que se dictó la resolución bajo estudio, resulta procedente dictar confirmatoria la sentencia que es venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSÉ ALBERTO PRADAL MENDOZA a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS del cual se he hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso administrativo venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0913=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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