Sentencia AA-909-16 — Registro 10089
Resumen
Actuaciones en Oficio No. DIF-276-2016 denegaron solicitud de prórroga para poder facturar con el nuevo sistema de facturación por considerar que recurrente tiene deuda firme líquida y exigible pendiente con la autoridad tributaria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."esta Sala arriba a la conclusión que han cesado los efectos del acto reclamado por lo que cabe sobreseer el amparo demandado; siendo que tanto el recurrente en amparo como la autoridad recurrida señalan que el empirista presentó nueva solicitud de prorroga para la facturación y en estricto cumplimiento de lo ordenado, fue otorgada nuevamente la autorización para emitir documentos fiscales..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil diceciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra actuaciones de la COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contenidas en el Oficio No. DIF-276-2016, contentivas de un acto administrativo de carácter material de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se denegó una solicitud de prórroga para poder facturar conflictos con el nuevo sistema de facturación, presentada ante la referida autoridad por la Abogada KARLA SARAHI MATUTE CERRATO, en su condición de Apoderada Legal de BANCO DEL PAIS S.A.. Estima el Recurrente que con acto reclamado se consideran violentados derechos constitucionales consignados en los Artículos 1, 64, 80, 82, 90, 94, 321, 331 y 332 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS, SOCIEDAD ANONIMA, contra actuaciones de la COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contenidas en el Oficio No. DIF-276-2016, contentivas de un acto administrativo de carácter material de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se denegó una solicitud de prórroga para poder facturar conflictos con el nuevo sistema de facturación, presentada ante la referida autoridad por la Abogada KARLA SARAHI MATUTE CERRATO, en su condición de Apoderada Legal de BANCO DEL PAIS S.A.. (Folios del 1 al 14 de la pieza de amparo).- 2) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), la Sala tuvo por admitido el recurso de mérito con suspensión del acto reclamado, asimismo se ordenó librar comunicación con la inserciones de estilo a la autoridad recurrida, a efecto que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 16 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala recibió el informe rendido por la COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, el cual expresa entre otros lo siguiente: a) Que en fecha once de agosto de dos mil dieciséis, Banco del País, S.A., presentó solicitud para que le fuese otorgada una prórroga, para poder facturar con el nuevo sistema de facturación, abriéndose a trámite el expediente No. 321-1-12000-1877, el cual fue resuelto en forma denegatoria, siendo informado el solicitante de lo resuelto mediante el Oficio DIF-No.276-2016; b) Que en la Cuenta Corriente del Contribuyente, el cual constituye el Registro del Comportamiento Fiscal, consta que Banco del País, S.A., tiene una deuda firme líquida y exigible en obligaciones materiales con el fisco, por un valor de L.316,115,475.01 (TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON UN CENTAVOS); c) Que en cuanto a la deuda proveniente de liquidaciones adicionales, se aclaró que al ser producto de una auditoría realizada dentro de la facultad de revisión de la Administración Tributaria, la cual fue recurrida por medio de recursos de reposición y apelación por la parte accionante, dando como resultado la Resolución A.L.03-2012 emitida por la Secretaría de Finanzas, la cual confirmó los ajustes realizados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por lo que las mismas están apegadas a ley, respetando el debido proceso y derecho de defensa, en la emisión de los mismos, estando la sociedad accionante en conocimiento de la deuda que mantiene con la Autoridad Tributaria. d) Que de acuerdo al contenido del Artículo 8 del Acuerdo Legislativo No.189-2014 contentivo del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas establece: “La Dirección Ejecutiva de Ingresos de conformidad al comportamiento tributario de los contribuyentes podrá limitar dicho plazo, condicionar la autorización al cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante. La determinación del comportamiento fiscal se realizará considerando a los siguientes criterios: a)…b) cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales, c) Deudas exigibles pendientes de pago d)…”, es por lo descrito que se procedió a denegar la Solicitud de Prórroga presentada por la sociedad mercantil Banco del País S.A., puesto que al tener deuda firme y exigible pendiente con la autoridad tributaria, legalmente no es posible otorgarle una ampliación para el uso de sus documentos fiscales. Que la Autoridad Tributaria actuó en la esfera de sus atribuciones y en total apego a las normas aplicables en cada etapa del proceso fiscal que dio lugar a las deudas que el contribuyente mantiene con el fisco, así como en la solicitud de prórroga presentada por el accionante. (Folios 20 al 23 de los antecedentes).- 4) Que en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 171 de la pieza de amparo).- 5) Que con fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folio 187 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra actuaciones de la COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contenidas en el Oficio No. DIF-276-2016, contentivas de un acto administrativo de carácter material de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se denegó una solicitud de prórroga para poder facturar con el nuevo sistema de facturación, presentada ante la referida autoridad por la Abogada KARLA SARAHI MATUTE CERRATO, en su condición de Apoderada Legal de BANCO DEL PAIS S.A..-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, que el acto administrativo impugnado que denegó el derecho a Banco del País, S.A., la solicitud de prorroga para facturar con el nuevo sistema de facturación; se adoptó de forma arbitraria, desprovisto del debido proceso, con lo cual se vulnero derechos constitucionales consignados en los Artículos 1, 64, 80, 82, 90, 94, 321, 331 y 332 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) …; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala arriba a la conclusión que han cesado los efectos del acto reclamado por lo que cabe sobreseer el amparo demandado; siendo que tanto el recurrente en amparo como la autoridad recurrida señalan que el empirista presentó nueva solicitud de prorroga para la facturación y en estricto cumplimiento de lo ordenado, fue otorgada nuevamente la autorización para emitir documentos fiscales.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1.- SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y 2.- REVOCAR la medida cautelar decretada.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha once (11) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 909-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL