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Sentencia AA-892-16 — Registro 10088

Resumen

Resolución No PCSJ-7-2016 deja sin valor y efecto nombramiento de recurrente en cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial por considerar que el acto administrativo impugnado se sustenta en mandato originado en sentencia de inconstitucionalidad de Decreto Legislativo No 219-11 contentivo a la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente, mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial..."..."la Corte Suprema de Justicia actuando como Sala de lo Constitucional determinó declarar en el expediente SCO-0696-2012 la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Número 219-11, contentivo de la LEY DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, emitido por el Congreso Nacional de la Republica, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No 32,706, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil once..."..." la Corte Suprema de Justicia actuando como Sala de lo Constitucional determinó declarar en el expediente SCO-0696-2012 la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Número 219-11, contentivo de la LEY DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, emitido por el Congreso Nacional de la Republica, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No 32,706, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil once..."..."las sentencias de inconstitucionalidad son de ejecución inmediata, por lo que el Poder Judicial de Honduras, en este caso especifico, a través del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, estaba en la obligación de darle cumplimiento a lo establecido en el considerando 10 de la sentencia recaída en el expediente SCO-0696-2012 desde el momento en que la misma obtuvo firmeza. Desde el momento en que la sentencia de inconstitucional era inmutable, dejo de tener existencia jurídica los cargos de inspector general e inspectora general adjunta de Órganos Judiciales, por lo que la decisión emanada del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia solo fue la realización de un mandato dado en una sentencia firme..."..."la abogada Marlene Suyapa Pérez no había sido nombrada de forma permanente en el puesto de inspectora general adjunta de Órganos Jurisdiccionales, sino que por un periodo que tenia sustento en una norma hoy expulsada de nuestro ordenamiento por ser inconstitucional; dado que la abogada Pérez tenía un permiso otorgado por el extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, para no ejercer su cargo de magistrada en una Corte de Apelaciones, mientras la misma fungiera en la Inspectoría General de Órganos Judiciales, al desaparecer dicho dependencia, ella posee el derecho en legal y debida forma, tal como fue indicado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, para retomar a ejercer de dicho cargo..."..."por todas las razones antes expuestas está Sala de lo Constitucional es del criterio de que no se le han vulnerado los derechos constitucionales denunciados por los amparistas, en vista de que el acto administrativo impugnado tiene origen y sustento en un mandato originado en una sentencia de inconstitucionalidad, por lo que procede su denegatoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en los recursos de amparo (acumulados) interpuestos: 1° Por el abogado Marlon Dennys Alferez Leiva quien manifiesta en su escrito de interposición de la acción intentada que comparece en representación de la señora Marlene Suyapa Pérez Valle y de sus menores hijos Denyse Suyapa y Ángel David Ambos Alferes Pérez (Reg. No SCO-0892-2016), y; 2° Por la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle a favor de sí misma (Reg. No SCO-0910-2016), ambos recursos, contra la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por la Presidencia de la Corte Suprema De Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente, mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial. Estima el abogado Marlon Dennys Alferez Leiva que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; asimismo la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle estima que se han violentado en su perjuicio los artículos 59, 60, 68, 82, 90, 111, 119, 127, 129 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal el abogado Marlon Dennys Alferez Leiva interponiendo acción de amparo a favor de la señora Marlene Suyapa Pérez Valle; asimismo, en fecha veintiocho de septiembre del año antes citado compareció la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle interponiendo acción a favor de sí misma, ambos recurren contra la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente, mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial. Por lo anteriormente expuesto está Sala en fecha diez de octubre del año dos mil dieciséis, consideró procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de merito produzcan una sola sentencia, por lo que resolvió acumular los amparos antes relacionados. (Folios No 1-11/115-147/159 de la pieza de amparo). 2) Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo de mérito, ordenando sin suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de tres (03) días hábiles, remitiera los antecedentes contentivos de la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente, mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial. (Folio No 269 de la pieza de amparo). 3) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, ésta sala recibió el antecedente y el informe solicitado a la autoridad recurrida, a través del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez en el cual expone entre otros: “…1.-Que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, declaró la inconstitucionalidad del decreto legislativo No.219-2011 contentivo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y por efecto extensivo del decreto legislativo No.103-2014 mediante el cual fue nombrada como Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales la Abogada MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE.- 2.-En la sentencia de inconstitucionalidad a la cual se hace referencia, luego de efectuar el juicio de contraste entre los preceptos legales impugnados y la normativa constitucional, llegó a la conclusión de que el articulo 23 párrafo 3º de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el cual se establecía que el Inspector General Adjunto de Órganos Judiciales era nombrado por el Congreso Nacional no fue creado dentro de los parámetros establecidos en la Constitución de la República. 3.- Que como consecuencia de dicha declaratoria de inconstitucionalidad mediante resolución administrativa No.PCSJ-7-2016 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se dejó sin valor y efecto el acuerdo emitido a lo interno del Poder Judicial en virtud del nombramiento de la Abogada MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE como Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales y se ordenó el calculo y reintegro de los montos que han sido pagados en exceso a dicha servidora judicial en concepto de salarios, así como el retiro del vehículo de la seguridad y del servicio de telefonía móvil que le fueron asignados, aplicándosele el punto de acta en donde se le otorga licencia especial y se le concede el derecho de volver al cargo que desempeñaba con anterioridad… 4.- Que en fecha 1 de septiembre de dos mil dieciséis, la abogada MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE compareció ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia solicitando la reconsideración de la resolución administrativa antes relacionada, en consecuencia la autoridad recurrida emitió la resolución administrativa No.PCSJ-18-16 en fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual declaró sin lugar dicha solicitud, ratificó la resolución administrativa No.PCSJ-7-2016; y ordenó que de inmediato la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial y la Dirección Administrativa procedieran a dar cumplimiento a la mencionada resolución, así como también ordenar a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, y cualquier otra que se estime necesaria, compruebe si la mencionada servidora judicial efectivamente recibió los cinco mil dólares (US$ 5,000.00) para gastos médicos, correspondientes al año 2016; y de ser así, se procediera a dejar la entrega de dicho monto sin valor y efecto, con la devolución que corresponda; y a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia que se pusiera en conocimiento de dicha resolución a la Abogada MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE para los efectos de Ley consiguientes; resolución administrativa que le fue remitida, para su conocimiento y demás efectos, mediante el Oficio No.G-271-SCSJ-2016, suscrito por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. 5.-Que en fecha 19 de septiembre de 2016, la Abogada MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE compareció ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia presentando un escrito ampliando su solicitud de reconsideración; sin embargo, el 26 de septiembre de 2016 presentó un escrito desistiendo de dicha ampliación…” (Folios No 424 y 425 de la pieza de amparo). 4) Esta Sala según auto de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso interpuesto por el abogado Marlon Dennys Alferez Leiva, asimismo, habiéndose solicitado la apertura a pruebas del recurso, sin ofrecer el recurrente en su escrito, las pruebas que se van a aportar, consecuentemente, sin vincular las mismas con el acto reclamado en amparo para efectos de demostrar la violación alegada, por consiguiente se declara sin lugar por falta de claridad en su petición, la apertura a pruebas solicitada y se ordena a la Secretaría de este Tribunal ponga las presentes actuaciones a la vista del Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el correspondiente dictamen en las presentes diligencias. (Folios No 465 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal Karla Patricia García Arita, siendo de la opinión porque “SE DENIEGUE Y SE DECRETE SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS” en virtud de ser un acto consumado de modo irreparable articulo 46 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente, mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial. CONSIDERANDO (4): Que los recurrentes, la y el abogado Marlon Dennys Alferez Leiva y Marlene Suyapa Pérez Valle, en la interposición de ambos recursos, manifiestan que el magistrado presidente del Poder Judicial, en perjuicio de sus representados a violentado el contenido de los artículos 59, 60, 68, 82, 90, 111, 119, 127, 129 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, vulnera sus derechos y los de su familia al verse separada del alto cargo en el que había sido nombrada por el Congreso Nacional de la República, todo configurado en una resolución administrativa emitida por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que a juicio de los amparistas es un acto imprevisto y extemporáneo, además de que adolece de defectos de forma y fondo, ya que no es exhaustivo, congruente, ni está debidamente motivado, a su juicio. También expresaron que con la respuesta que se emitió en los recursos que se presentaron contra esta decisión, se estableció a juicio de los actores un mayor perjuicio, puesto que la fundamentación parecía la ejecución de una sentencia para ellos meramente constitutiva y no una resolución de un acto administrativo; dado que la sentencia del recurso de inconstitucionalidad SCO-0696-2012 dictada por la Corte Suprema de Justicia, como órgano de interpretación constitucional, por no haber existido unanimidad en la Sala de lo Constitucional en dicho expediente, no deben de haber afectaciones de carácter personal, de condena a realizar obligaciones de dar, hacer o vulneraciones de derechos humanos. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (6): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional señala los alcances de las sentencias en los procedimientos de inconstitucionalidad, preceptuando el artículo 89 de la citada ley, que la declaratoria podrá ser total o parcial; teniendo los efectos la sentencia de declaratoria de que una norma, efectos de ejecución inmediata, además de efectos generales y por lo tanto se derogará la norma inconstitucional (artículo 94). CONSIDERANDO (7): Que la expulsada Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, estableció durante su vigencia que el inspector titular y el inspector adjunto serán nombrados por el Congreso Nacional de una nómina de cinco integrantes para los cargos propuestos por el Consejo de la Judicatura, quienes tendrán independencia funcional y administrativa (artículo 23 de la referida Ley). CONSIDERANDO (8): Que se puede observar de los antecedentes que la ciudadana Marlene Suyapa Pérez, ha mantenido una relación con el Poder Judicial de Honduras como magistrada de la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Atlántida, puesto que ejercía anteriormente de que el Congreso Nacional la nombrará para fungir por un periodo de cinco años como inspectora general adjunta de los órganos judiciales. CONSIDERANDO (9): Que el extinto Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial otorgó licencia efectiva a partir del primero de diciembre de 2014, por un periodo de cinco años, que corresponde al plazo legal en que ha sido designada por el Congreso Nacional de la República, a la ciudadana Marlene Pérez, para que pudiera ejercer su nombramiento de inspectora general adjunta. (ver folio No 17 al 20 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (10): Que la Corte Suprema de Justicia actuando como Sala de lo Constitucional determinó declarar en el expediente SCO-0696-2012 la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Número 219-11, contentivo de la LEY DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, emitido por el Congreso Nacional de la Republica, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No 32,706, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO (11): Que se puede encontrar en la sentencia de inconstitucionalidad que abrogó de nuestro ordenamiento a la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que estableció lo siguiente: “NOVENO.- El Congreso Nacional de la República, a los seis días del mes de septiembre de dos mil trece, en uso de las atribuciones que le daba el artículo cuatro (4) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, emitió el Decreto No. 215-2013; en el cual se eligió a los Consejeros Propietarios y Consejeros Suplentes, miembros todos del Consejo de la Judicatura. El sistema de Control Constitucional que posee este Tribunal, establece que la Sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, también podrá realizar un efecto extensivo con aquellos preceptos de la misma ley o de otras con las que tenga una relación directa y necesaria; por lo que los efectos anulables tienen una incidencia ex nunc, lo que establece que tuvo validez hasta el momento de su anulación, por consiguiente, el nombramiento de los Consejeros se ve abarcado por la extensión de la declaratoria de Inconstitucionalidad, debido a que al ser expulsada del ordenamiento jurídica la ley por cuya virtud fueron propuestos, escogidos y nombrados, la subsistencia de su nombramiento entraría en conflicto con el artículo 321 de la Constitución de la República, que establece que los servidores públicos solo pueden actuar dentro de las atribuciones que la Ley les encomiende, por lo que los Consejeros, de forma extensiva, han sido desarropados de su mandato legal, por ser el mismo contrario a la Constitución. Es por ello que la Sentencia de mérito debe agregar a su fallo la expulsión del Decreto Legislativo No.215-2013 a partir del momento en que tome inmutabilidad la presente sentencia, situación que no afectará a todas las resoluciones que se hayan emitido mientras los decretos denunciados mantenían su vigencia legal; es decir, el fallo no se extiende a todos los actos ajustados a derecho, realizados por los Consejeros durante la vigencia de la ley tachada de inconstitucional, sino al efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad del nombramiento de éstos, pretendiendo evitar la vulneración de situaciones de derechos consolidadas, tales como los derechos adquiridos por medio de las actuaciones que realizaron en legal y debida forma los Consejeros durante la vigencia de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.- DÉCIMO.- Esta Corte, en continuación con lo expuesto en el fundamento anterior, observa que el nombramiento de los dos Titulares de la Inspectoría General de los Órganos Judiciales también es abarcado plenamente por el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucional, por lo que el decreto de su nombramiento debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, por carecer de sustento legal para poder ejercer una función como servidor del Estado, en vista de la relación directa y necesaria del Decreto Legislativo 103-2014 con la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.”. CONSIDERANDO (12): Que como lo expreso de forma concreta la Corte Suprema de Justicia, como juez de constitucionalidad, existía el cumplimiento de los presupuestos para el efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad para el decreto legislativo que nombra al inspector general e inspectora general adjunta de Órganos Judiciales en vista de que con la expulsión de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la continuación de las funciones de ambos funcionarios carece de sustento legal, por lo que su continuación configuraría un acto contrario al precepto 321 constitucional. CONSIDERANDO (13): Que dice la Constitución de la República en su artículo 304 que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En este sentido ya se ha mencionado que las sentencias de inconstitucionalidad son de ejecución inmediata, por lo que el Poder Judicial de Honduras, en este caso especifico, a través del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, estaba en la obligación de darle cumplimiento a lo establecido en el considerando 10 de la sentencia recaída en el expediente SCO-0696-2012 desde el momento en que la misma obtuvo firmeza. Desde el momento en que la sentencia de inconstitucional era inmutable, dejo de tener existencia jurídica los cargos de inspector general e inspectora general adjunta de Órganos Judiciales, por lo que la decisión emanada del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia solo fue la realización de un mandato dado en una sentencia firme. CONSIDERANDO (14): Que la abogada Marlene Suyapa Pérez no había sido nombrada de forma permanente en el puesto de inspectora general adjunta de Órganos Jurisdiccionales, sino que por un periodo que tenia sustento en una norma hoy expulsada de nuestro ordenamiento por ser inconstitucional; dado que la abogada Pérez tenía un permiso otorgado por el extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, para no ejercer su cargo de magistrada en una Corte de Apelaciones, mientras la misma fungiera en la Inspectoría General de Órganos Judiciales, al desaparecer dicho dependencia, ella posee el derecho en legal y debida forma, tal como fue indicado por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, para retomar a ejercer de dicho cargo.-CONSIDERANDO (15): Que por todas las razones antes expuestas está Sala de lo Constitucional es del criterio de que no se le han vulnerado los derechos constitucionales denunciados por los amparistas, en vista de que el acto administrativo impugnado tiene origen y sustento en un mandato originado en una sentencia de inconstitucionalidad, por lo que procede su denegatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 90, 128 numeral 15, 134, 135, 139, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas.-FALLA: DENEGAR la acción de amparo interpuestos por los abogados MARLON DENYS ALFEREZ LEIVA Y MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE, favor de la señora MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE, contra las actuaciones del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Para resolver sobre dos recursos de reposición presentados por Marlene Suyapa Pérez Valle y Marlon Dennys Alférez Leiva, en contra de la sentencia en los amparos (acumulados) interpuestos: 1) por el abogado Marlon Dennys Alférez Leiva quien manifiesta en su escrito de interposición de la acción intentada que comparece en representación de la ciudadana Marlene Suyapa Pérez Valle y de sus menores hijos Denyse Suyapa y Ángel David ambos de apellidos Alférez Pérez (Reg. No SCO-0892-2016), y; 2° Por la magistrada de Corte de Apelaciones Marlene Suyapa Pérez Valle a favor de sí misma (Reg. No SCO-0910-2016); ambos recursos, contra la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por la Presidencia de la Corte Suprema De Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente; mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial. Estima el abogado Marlon Dennys Alferez Leiva que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; asimismo la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle estima que se han violentado en su perjuicio los artículos 59, 60, 68, 82, 90, 111, 119, 127, 129 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que se conoció en esta vía de justicia constitucional la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016 emitidas por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente; mediante las cuales se deja sin valor y efecto el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle en el cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales del Poder Judicial. CONSIDERANDO (2): Que los recurrentes, en la interposición de ambos recursos, manifiestan que el magistrado presidente del Poder Judicial, en perjuicio de si mismos y sus representados a violentado el contenido de los artículos 59, 60, 68, 82, 90, 111, 119, 127, 129 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, vulnera sus derechos y los de su familia al verse separada del alto cargo en el que había sido nombrada por el Congreso Nacional de la República, todo configurado en una resolución administrativa emitida por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que a juicio de los amparistas es un acto imprevisto y extemporáneo, además de que adolece de defectos de forma y fondo, ya que no es exhaustivo, congruente, ni está debidamente motivado, a su juicio. También expresaron que con la respuesta que se emitió en los recursos que se presentaron contra esta decisión, se estableció a juicio de los actores un mayor perjuicio, puesto que la fundamentación parecía la ejecución de una sentencia para ellos meramente constitutiva y no una resolución de un acto administrativo; dado que la sentencia del recurso de inconstitucionalidad SCO-0696-2012 dictada por la Corte Suprema de Justicia, como órgano de interpretación constitucional, por no haber existido unanimidad en la Sala de lo Constitucional en dicho expediente, no deben de haber afectaciones de carácter personal, de condena a realizar obligaciones de dar, hacer o vulneraciones de derechos humanos. CONSIDERANDO (3): Que Marlene Suyapa Pérez Valle y Marlon Dennys Alférez Leiva interpusieron en tiempo y con sus respectivos agravios, un recurso de reposición contra la sentencia emitida en la presente acción de amparo; en dicho recurso manifiesto que se incurría en vulneraciones por la espera de una respuesta por parte de esta Sala de lo Constitucional, también indica que considera que la sentencia es incongruente puesto que no resuelve ni explica porque sus derechos humanos no han sido vulnerados por la resolución impugnada, cuestiona la fundamentación vinculada a la sentencia de inconstitucionalidad dictada en el expediente con registro SCO-0696-2012, en donde se expulso del ordenamiento jurídico el Decreto Legislativo No 219-11, contentivo de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, por lo que ha criterio de los quejosos este órgano de justicia se debe de limitar a resolver observando únicamente la resolución administrativa PCSJ-7-2016 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis; acto que indica vulnera el procedimiento administrativo, limita derechos de carácter personal al ejecutar una disminución de derechos, así como vulneración de la protección laboral como la estabilidad y que ella debía seguir en el cargo hasta que legalmente se designará a su sustituto correspondiente, esto sustentado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como las vulneraciones de los menores hijos de ambos amparistas. Se cuestiona el fundamento y efectos de la sentencia de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. CONSIDERANDO (5): Que sobre lo expuesto referente a la demora en la resolución del amparo, esta Alta Corte hace referencia a que en los procesos judiciales debe mediar un plazo razonable, en el que se permita a la judicatura resolver sobre el fondo de una petición planteada, tiempo que sirve para que este tribunal pueda ponderar todo lo expuesto por las partes amparistas, lo comunicado por la autoridad recurrida y poder determinar con un criterio objetivo la respuesta jurídica acertada a la naturaleza de este proceso constitucional. Para poder determinar esa razonabilidad del plazo se puede considerar cuatro elementos: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la supuesta afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de las personas involucradas en este amparo. Se le señala a la parte que los asunto constitucionales requieren una actividad compleja por la posibilidad de una afectación de las normas de mayor importancia, es por ello que se requiere de un tiempo prudencial para el análisis del caso, pero de forma que no se continúen vulnerando los derechos de los quejosos, en este caso no se reconoce una afectación valida de los actores de esta garantía, asimismo se observa una intensa actividad procesal de parte de los mismo actores, basada en el derecho de petición constitucional, pero fuera del encuadre factico de substanciación del recursos del amparo, esto sustenta el tiempo en que ha durado este proceso judicial. CONSIDERANDO (6): Que se le debe de señalar a los amparistas que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, pudiendo variar con base a la naturaleza de la decisión que se deba dar,[1] la Sala de lo Constitucional para resolver está y cualquier cuestión constitucional en la que es accionada su competencia, tiene el deber de observar toda la normativa jurídica hondureña que se pueda aplicar en el caso, tomando como criterio de praxis la tutela del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad como armonizador de las defensas del orden jurídico. En ese sentido se debe de indicar que la centralización en lo fallado por la Corte Suprema de Justicia en el expediente SCO-0696-2012, no es antojadiza ni arbitraria; puesto que de los fundamentos y parte resolutiva de esa sentencia de inconstitucionalidad, es de donde surge expresamente la determinación de la nulidad del nombramiento de la ciudadana Marlene Suyapa Pérez Valle (ver considerando 10 de dicha sentencia y el resolutivo segundo), razón por la que no es estimable el cuestionamiento de lo resuelto en dicha sentencia, a través de un recurso de amparo por la prohibición establecida en el artículo 186 de nuestra Constitución. CONSIDERANDO (7): Que se observa en el planteamiento ofertado por los amparistas, una argumentación de que el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad causa un perjuicio en ellos, ya que al no haber tenido oportunidad de participar en el proceso se les vulneró el derecho de defensa; por lo que se les advierte que tal argumento no es de recibo en esta instancia judicial, dado que la naturaleza no contenciosa del recurso de inconstitucionalidad se origina en el cuestionamiento que se presenta por parte de una persona que acredita tener un interés personal, directo y legitima, cuando logra acreditar que se le ha generado un perjuicio, como el caso que se dio en el expediente SCO-0696-2012, en donde se reconoció la legitimación de la amparista al impugnar preceptos desarrollados en la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, siendo uno de sus motivo de inconstitucionalidad que dicha Ley desnaturalizaba la división de los poderes del Estado, dado que el Congreso Nacional de la República estaba nombrando autoridades dentro del Poder Judicial, lo cual constituía una intromisión ilegitima a este Poder del Estado, argumento que fue de recibo por parte de la Corte Suprema de Justicia; razón por la cual se infiere que la parte resolutiva de dicha sentencia establece la inconstitucionalidad por efecto extensivo, tal como lo señala el artículo 90 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la expulsión del Decreto Legislativo No 103-2014, motivado en el considerando 10 de la sentencia referida, dado que el Congreso Nacional en ejercicio de su facultad expresada en esa Ley, hoy inconstitucional, nombró al inspector titular de los órganos jurisdiccionales y a la inspectora adjunta, atribución que la Corte Supremo de Justicia determinó que limitaba la división de Poderes del Estado hondureño. Que si bien es cierto, los impetrantes del recursos no formaron parte procesal del recurso de inconstitucionalidad, la misma no se insta en contra ellos, sino contra un acto legislativo realizado por el Congreso Nacional de la República, en el que se determinó que existían violaciones a la Máxima Norma de nuestro ordenamiento, de tener ellos una afectación es de forma indirecta, perjuicio que se sostiene en origen de un ejercicio abusivo del Congreso Nacional. CONSIDERANDO (8): Que como fue expulsada la ley que daba sustento a la función pública que ejercía la ciudadana Pérez Valle, su continuidad en ese puesto ya inexistente, pese a lo que manifieste públicamente o de forma privada el Magistrado Presidente de este Poder del Estado, la Inspectoría de los Órganos Jurisdiccionales tenía su subsistencia jurídica en el Decreto Legislativo No 219-11, acto legal que dejó de tener existencia, por lo que la continuidad de la ciudadana Pérez Valle en dicho cargo no tenía razón alguna, porque hay un vicio de inconstitucionalidad en su nombramiento imposible de subsanar, dado que su nombramiento recayó en un poder del Estado incompetente para ello, es por eso que tampoco es aplicable lo referido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los funcionarios solo son depositarios de las competencias que la Ley les otorga de forma expresa, en ese sentido todo actuar posterior por parte del inspector o la inspectora adjunta hubiera carecido de sustento, por ejercer un cargo por nombramiento de autoridad que no puede realizarlo por mandato constitucional, así como de no tener un marco legal que aplicar al haber desaparecido por mandato judicial. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional comprende que el actuar del presidente del Poder Judicial se legitima y fundamenta en lo ordenado en una sentencia de inconstitucionalidad, por lo que se puede tomar argumento establecidos por este órgano de justicia que la Constitución en su artículo 304 establece que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado; se concluye, que para mantener la supremacía del bloque de constitucionalidad, con respecto a la potestad de impartir justicia que debe de realizar el Poder Judicial, sus sentencias deben de ser observadas y ejecutadas por el resto de los entes del Estado y así como por todos los habitantes del país, lo que comprende sin lugar a dudas, la efectividad de las sentencias que se emitan en materia de justicia constitucional, siendo que la resolución de la garantía de inconstitucionalidad es resuelta con los requisitos de las sentencias, las mismas por si solas se integran en el sistema normativo hondureño. Se entiende que el actuar en la resolución impugnada fue constitucional, puesto que no existía sustento normativo para la continuidad de la ciudadana Pérez Valle en el cargo de inspectora adjunta, el que ya concretamente no tenia existencia legal. CONSIDERANDO (10): Que tampoco se observa una plausibilidad al argumento de vulneración de derechos laborares al momento en que la ciudadana Marlene Pérez dejo de fungir como inspectora adjunta, situación que se configura al haber obtenido firmeza la sentencia de inconstitucionalidad; aunque el proceso administrativo se realizó posteriormente, la sentencia tenía efectos plenos desde que es inmutable. Esta Sala de lo Constitución en acatamiento al reconocimiento de que las personas tienen derecho políticos, establecidos en el artículo 37 de la Constitución de Honduras y en el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, quedando el ejercicio y oportunidades de esos derechos reglamentados por medio de ley, siendo que como en reiteradas ocasiones se ha dicho, la Ley que permitió el nombramiento de la hoy amparista no es independiente de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, surge y tiene la misma suerte. Suyapa Pérez Valle cuenta con una protección de derechos laborales (y otras reglas constitucionales) en el ejercicio de su función como magistrada de Corte de Apelaciones, pero en el caso de inspectora adjunta, esa proyección solicitada no es de recibo por este Tribunal, en cuanto a la estabilidad laboral, puesto que si ejercicio como inspectora adjunta se origina de los derechos políticos y no de los laborares. En todo caso tampoco se observa una vulneración a los derechos políticos por haberse separado del ejercicio de una función pública por haber desaparecido la misma. CONSIDERANDO (11): Que por todas las razones antes expuestas y las establecidas en la sentencia de amparo impugnada, esta Sala de lo Constitucional es del criterio de que no se le han vulnerado los derechos constitucionales denunciados por los amparistas, en vista de que el acto impugnado tiene origen y sustento en un mandato originado en una sentencia de inconstitucionalidad, por lo que procede su denegatoria, habiendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia cumplido con un mandato constitucional ordenado por un Poder del Estado, siendo lo procedente que la ciudadana Marlene Suyapa Pérez Valle volviera a ejercer el cargo de magistrada de Corte de Apelaciones, puesto que si le pertenece y tiene protección de normas laborales y de independencia. Si bien ella ejerció otro cargo en el Poder Judicial, el mismo surge de lo que autorizaba la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, ley ahora inconstitucional, situación que altera la continuidad de Pérez Valle como inspectora adjunta, por lo que lo procedente era su retorno al puesto de la judicatura que desempeñaba con anterioridad a ese nombramiento del Congreso Nacional. En cuanto a las supuestas vulneraciones a sus menores hijos, la resolución impugnada no establece ninguna situación directa con ellos y lo expuesto por los amparistas en todo caso es parte del ámbito de su libertad privada de decisión y no una imposición de un poder público, por lo que no se reconoce ninguna violación de derechos constitucionales a ellos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 23 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 37, 63, 64, 82, 90, 128 numeral 15, 134, 135, 139, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Declarar Sin Lugar el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la que se deniega la acción de amparo relacionada en contra de la resolución administrativa No PCSJ-7-2016 ratificada por la resolución No PCSJ-18-2016, en fechas veinticuatro de agosto y dieciséis de septiembre dos mil dieciséis, respectivamente. Y MANDA: Que la Secretaría de la Sala de lo Constitucional notifique lo resuelto a los recurrentes para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia y de la resolución de fechas veinticinco de abril y veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado) bajo el número SCO-892 Y 910-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Cfr., Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de cinco de agosto de 2008, párr.. 78.