Sentencia AA-885-17 — Registro 8215
Resumen
Resolución que declaró Con Lugar recurso de revisión interpuesto contra denegatoria de información solicitada a impetrante,argumentando ésta que no puede considerarse "Institución Supervisada" obligada a brindar información
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(12): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, pues el trámite se ha desarrollado ante la instancia correspondiente que señala la Ley de Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4 de la ley en comento, al recibir el Instituto de Previsión Social del Periodista, fondos públicos, como se acredita con el Oficio A.L. 079-2018 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por medio del Departamento de Asesoría Jurídica -Visible a folio 40 de los autos que forman la pieza de amparo-.- CONSIDERANDO (14): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten a la impetrante, como ser el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (15): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito"
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra actuaciones del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), relacionadas con la Resolución No. SO-95-2017, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR el recurso de revisión promovido por el Señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecisiete (2017), mediante la Plataforma Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), se presentó por parte del señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA, actuando en su condición personal, Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quedando registrado bajo el número REC–IPP–22–2017, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP). (Folios del 1 al 7 de la pieza de Antecedentes del IAIP)- 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el referido Instituto, dictó la Resolución No.SO-095-2017, mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ actuando en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitudes de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Qué se ordene al INSTITUTO DEL PREVISION SOCIAL DE PERIODISTA (IPP) a través de su Titular Licenciado DAGOBERTO RODRIGUEZ COELLO en su condición de PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PERIODISTA DE HONDURAS Y DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA, a que haga entrega inmediata en el formato que se encuentre disponible la información referente a: “1-) Los nombres de los periodistas activos y jubilados afiliados del instituto de previsión Social del Periodista (IPP), beneficiarios de la póliza de seguro médico-hospitalario firmada por el ente con la compañía MAPFRE. 2-) Los nombres de los periodistas activos y jubilados afiliados al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), beneficiarios de la póliza de seguro de vida colectivo firmada por el ente con la compañía MAPFRE. Teniendo presente que el solicitante o usuario será directamente responsable por el uso, manejo y difusión de la información pública a la que tengan acceso. Y que en consideración a la LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS el NOMBRE NO constituye un dato personal confidencial. TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar a las personas responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el Recurrente al INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico…” (Folios del 31 al 34fv de la pieza de Antecedentes del IAIP)- 3) Que la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de Amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), contra la Resolución No.SO-095-2017, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el acápite que antecede, por considerar que la misma es violatoria del principio de legalidad, derecho de defensa y principio del debido proceso, contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ordenando la apertura del periodo probatorio, a solicitud de la recurrente, por el plazo de ocho días comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folios del 18 al 23fv y 29 de los autos)- 4) Que en fecha once de abril del año dos mil dieciocho, la recurrente en Amparo, compareció ante la Sala de lo Constitucional, proponiendo los medios de prueba que a continuación se detallan y su evacuación, indicando asimismo el lugar en que se encuentran los mismos, a saber: I) Medio de Prueba Documentos consistentes en: 1. Constancia extendida por el Gerente General y Contador General del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), de fecha 28 de Octubre del año 2016, referente a las transferencias recibidas por la Tesorería General de la República, por concepto de Contribuciones, Aportaciones; Retenciones al Sistema de Previsión, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, a favor de los periodistas agremiados Edwin Natividad Romero García, Sonia Suyapa Mejía Franco y Juan Carlos Paz Zelaya; 2. Certificación extendida por el Gerente General y Contador general del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) de fecha 28 de octubre del año 2016, referente a las transferencias corrientes del sector público, trasladadas a las cuentas de beneficios del sistema; tales como jubilaciones, servicio médico hospitalario, seguro de vida, auxilio funerario, a favor de los agremiados periodistas que laboran en el sector público; 2011, 2012 y 2013, 2014 con la aclaración de que parte de lo recibido en esos años corresponde al año anterior inmediato, según consta en la Certificación de mérito; y que en la Actualidad no se reciben debido a las nuevas disposiciones legales en materia de previsión social; 3. Memorando de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial SDP-JD-105-2013 de fecha 23 de enero de 2013, correspondiente a la primera transferencia de fondos por donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro, por L.625,000.00 a favor del Instituto de Previsión Social del Periodista. II) MEDIO DE PRUEBA SOLICITUD DE INFORME ESCRITO. Al señor secretario en los Despachos de Finanzas, para que por conducto de la Tesorería General de la República, se sirva detallar cada una de las transferencias realizadas a través del SIAFI con PIN No. ZEOMGHOGLY, acreditadas en la cuenta corriente No. 11-401-005548-3 de Banco de Occidente a nombre del Instituto de Previsión Social del Periodista[1], durante los años 2010 al 2015, con el siguiente detalle: 1. De forma general el año, la Institución del Estado, la cantidad de las transferencias de fondos actuales al Instituto de Previsión Social del Periodista; 2. De forma específica el concepto de cada transferencia; lo anterior para acreditar lo enunciado en la formalización del Amparo, que en la actualidad el IPP, no recibe ni administra fondos públicos, sea de cualquier naturaleza. Solicitando se libre comunicación con las inserciones necesarias a la Secretaría de Finanzas, para que por medio de la Tesorería General de la República, se sirva informar sobre lo solicitado. (Folios 31 y 32 de los autos)- 5) Que mediante providencia de fecha 19 de abril del año 2018, esta Sala de lo Constitucional tuvo por propuestos y evacuados en tiempo y forma los medios de prueba denominados “I MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTOS” uno, dos y tres, asimismo el medio de prueba denominado “II MEDIO DE PRUEBA DE SOLICITUD DE INFORME ESCRITO”, para efectos de su evacuación se ordenó librar comunicación, en lo conducente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. (Folio 38 de los autos)- 6) Que mediante providencia de fecha 16 de mayo del año 2018, este Tribunal tuvo por admitido el Oficio A.L. 079-2018 con procedencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, junto con los documentos que lo acompañan, teniendo por evacuado el medio de prueba denominado “II Medio de Prueba Solicitud de Informe Escrito”, decretando el cierre del periodo probatorio, ordenado la vista de los autos por el término de cuarenta y ocho horas, al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 54 de los autos)- 7) Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido en tiempo y forme el dictamen correspondiente, siendo de la opinión porque: (Sic) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.” (Folios del 57 al 63 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, fecha en la que el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal, y a través de la Plataforma Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), interpuso recurso de Revisión, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, por habérsele negado el acceso a la información pública solicitada, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA.- CONSIDERANDO (3): Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, interponiendo Acción de Amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la Resolución No.SO-095-2017 de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, ante la negatoria de la información solicitada ante dicho Instituto; considera la recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria del principio de legalidad, el derecho de defensa y el principio del debido proceso, consagrados en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, la recurrente señala preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de especial relevancia el 3 numeral 4, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Social del Periodista, reformado mediante Decreto 91-86. Arguye la recurrente que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública prevé para identificar a los sujetos comprendidos dentro del ámbito de la competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y resulta que el Instituto de previsión Social del Periodista queda excluido de ese ámbito de competencia, consecuentemente la Resolución No. SO-095-2017 de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete es nula, por haber sido dictado por un órgano absolutamente incompetente por cuanto el Instituto de Previsión Social del Periodista no ostenta la categoría de “institución supervisada”, definida en el artículo 3 numeral 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; nulidad que abarca todas las actuaciones de ese proceso administrativo e incluso la resolución contra la cual recurro -dice la impetrante-, por haberse emitido por órgano absolutamente incompetente debiendo dejar sin valor y efecto la Resolución No. SO-095-2017 de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete. Sostiene la recurrente que pretender la inclusión del Instituto de Previsión Social del Periodista, en contra de lo que prevé la propia ley orgánica del Instituto de Acceso a la información Pública, es una flagrante violación al principio de legalidad, consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República, así como el derecho de defensa y el principio del debido proceso.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-095-2017 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, que declara con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor Boanerges Gustavo Palencia Cruz, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, ante la denegatoria de acceso a información pública solicitada, en contra del Instituto de Previsión Social del Periodista, y aunado a ello se muestra inconforme con todas las actuaciones de ese proceso administrativo, por haberse emitido por órgano incompetente, por no ser el Instituto de Previsión Social del Periodista, a criterio de la recurrente, una institución supervisada. (Folios del 31 al 34fv de la pieza de antecedentes del IAIP)- CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho de acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos.- CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[2] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[3]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[4]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[5].- CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, del precepto constitucional 321 en la resolución de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública. El precepto constitucional indicado señala: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto Legislativo No. 190-85, se crea la Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista[6], definiendo en su artículo 2 que el Instituto de Previsión Social del Periodista, es un organismo de derecho público con personalidad jurídica, autónomo, patrimonio propio y de duración indefinida; el Capítulo I de la referida ley, desarrolla lo relativo a los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista, en ese orden de ideas el artículo 27 en el literal a) dispone: “Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986, y a partir de 1987 el porcentaje será del 5%, en virtud del Decreto 85-84, Artículo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada. El Estado transferirá trimestralmente al Instituto esta recaudación.- El precepto supra relacionado, fue reformado mediante Decreto Legislativo No. 91-86, el que deberá leerse de la siguiente forma: “ARTICULO 1.-Reformar el Artículo 27, inciso a) del Decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: “ARTICULO 27.-Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84, Artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada. Las transferencias al Instituto las verificará el Estado trimestralmente.”- CONSIDERANDO (10): Que la recurrente fundamenta sus alegaciones en el recurso de Amparo promovido, aduciendo que el Instituto de Previsión Social del Periodista, como entidad de derecho público no estatal y gremial, no recibe ingresos por concepto de timbres ingresos, por la retención de bienes o que esté exenta del pago de impuestos, que su ley no lo exonera del pago de impuestos, expresa también la recurrente que en el régimen jurídico, administrativo o financiero del Instituto de Previsión Social del Periodista no participa el Estado, ni recibe fondos de éste, como tampoco está sometido al régimen fiscal especial; CONSIDERANDO (11): Que con la prueba propuesta y evacuada, del Oficio A.L. 079-2018 emitido por la Secretaría de Finanzas a través del Director legal, en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho -visible a folios del 40 al 52 de la pieza de Amparo-, mediante Memorando No. DGP-ES-14-2018 emitido por la Sub Dirección General de Presupuesto, se detalla y acreditan las transferencias realizadas por el Estado al Instituto de Previsión Social del Periodista, entre los años del 2007 al 2014 y año 2017, información con la cual queda acreditado que el IPP si recibe fondos del Estado, por lo cual se encuentra obligado a hacer pública su gestión, ello en relación a lo establecido en el artículo 3 numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por consiguiente ello lo convierte en una Institución obligada, al encontrarse el Instituto de Previsión Social del Periodista, en la categoría de personas jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos. (Folios del 40 al 52 de la pieza de Amparo)- CONSIDERANDO (12): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, pues el trámite se ha desarrollado ante la instancia correspondiente que señala la Ley de Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4 de la ley en comento, al recibir el Instituto de Previsión Social del Periodista, fondos públicos, como se acredita con el Oficio A.L. 079-2018 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por medio del Departamento de Asesoría Jurídica -Visible a folio 40 de los autos que forman la pieza de amparo-.- CONSIDERANDO (14): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han respetado los derechos que le asisten a la impetrante, como ser el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (15): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 1 y 3.4 de la Ley de Acceso a la Información Pública. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la Resolución No.SO-095-2017 de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias a la institución de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0885-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CEDV
[1] En adelante IPP.
[2] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[3] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[4] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[5] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
[6] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,789, de fecha 2 de diciembre del año 1985.