Sentencia AA-883-17 — Registro 13501
Resumen
Nulidad de sentencia con relación a la demanda promovida contra recurrente considerando Ad quem defectos formales de los que adolece demanda de merito,la Sala Constitucional considera que recurrente no ha invocado vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, como requisito sine qua non ni observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que la quejosa no planteó en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que la recurrente no ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintitrés de enero del año dos mil dieciocho. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN, a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones realizadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecisiete, que anula la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (07) de octubre del año dos mil trece, con relación a la demanda promovida por la señora MARISOL CALIX ESPINAL, contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente hace referencias sobre el pronunciamiento de la sentencia apelada dictada por el Juez de primera instancia, indicando además la quejosa algunos aspectos que estima se encuentran sujetos a la materia del derecho administrativo, señalando que con el acto reclamado dictado por la Alzada se han quebrantado tanto el debido proceso como el principio de legalidad al decretarse la nulidad de la sentencia definitiva dictada por el A-quo en fecha siete (07) de octubre del año dos mil trece. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados entre otros, los derechos establecidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que revisados los antecedentes y en específico el acto reclamado, esta Sala observa que la Alzada declara la nulidad absoluta de la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia de fecha siete (07) de octubre del año dos mil trece, por ser incongruente, apreciación que refiere el Ad-quem acaece con un pronunciamiento emitido por el Juzgado inferior mediante el cual apreció de oficio la existencia de una causal de inadmisibilidad así como de defectos formales de los que adolece la demanda, aspectos sobre los cuales omitió pronunciarse al momento de emitir su sentencia. CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal advierte que la reclamante ha omitido exponer en su escrito de interposición de qué manera el pronunciamiento denunciado ha vulnerado los derechos que hoy pide sean restablecidos por éste alto Tribunal, no siendo posible por tal motivo determinar el perjuicio que señala le ocasiona el acto reclamado de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecisiete, dictado por la Alzada. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice observa que la quejosa no planteó en sus agravios el perjuicio por el que ataca dicha resolución, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto la resolución dictada por el Tribunal Ad Quem no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, toda vez que la recurrente no ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, sin embargo esta Sala después de analizada la resolución denunciada no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el RECURSO de amparo interpuesto por la Abogada ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN, a favor de ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones realizadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecisiete, al advertirse que en el caso de autos ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, por lo que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a certificar la misma y se proceda el archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-883-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL