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Sentencia AA-869-17 — Registro 10086

Resumen

Resolución No. SO-049-2017 declaró con lugar recurso de revisión interpuesto por la Prosecretaría de la Junta Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH) contra recurrente por haber denegado la solicitud de entrega de la información a ésta en relación a informes actuariales del INPREUNAH; la autoridad obligada considera que es información declarada como reservada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la garantía constitucional de mérito obedece a que el IAIP mediante la resolución No.SO-049-2017 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete decidió declarar con lugar el recurso de revisión interpuesto en contra de la CNBS por la prosecretaria de la junta directiva de la ADUNAH, ciudadana Luisa María Cruz; debido a que dicha institución no entregó información que le fue solicitada. En virtud de lo cual el IAIP le ordena a la CNBS en la parte dispositiva de la sentencia mencionada, que haga entrega inmediata de dicha información en el formato en que se encuentre disponible..."..."se constata que la CNBS en su condición de institución obligada fue debidamente requerida específicamente para dos propósitos: 1. Remitir al IAIP los antecedentes relacionados con el recurso. 2. Hacer entrega a la ciudadana Luisa María Cruz la información que había solicitado. Pero no existe en los antecedentes evidencia de que se le haya dado a la CNBS, como autoridad obligada, de una oportunidad procesal para ejercitar su derecho de defensa, explicando sus razones para haber actuado en la forma que lo hizo. El IAIP debió propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que la CNBS, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada y explicar mejor porque considera que ésta es información declarada bajo reserva. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que la CNBS como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. La Sala de lo Constitucional, no se pronuncia sobre el otro cargo, o sea si la negativa de entregar la información solicitada se encuentra bien justificada, teniéndola como declarada bajo reserva; ya sea porque se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la resolución No. 0013-2008 de fecha 13 de marzo de 2008 dictada por el IAIP, y la resolución No. 1620/22-12-2008 de fecha 22 de diciembre de 2008 dictada por la CNBS, esta última publicada en La Gaceta del 9 de enero de 2009; o bien porque no se encuentra dentro de las excepciones descritas en el artículo 15 de la LCNBS. Este extremo deberá ser dilucidado por el IAIP en su momento, una vez garantizado el derecho de defensa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada KARLA VICTORIA BÁEZ AGUIRRE, a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en contra de la resolución No. SO-049-2017 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), relacionada con el recurso de revisión interpuesto por la señora LUISA MARÍA CRUZ en su condición de prosecretaria de la junta directiva de la ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (ADUNAH). Estimando la amparista que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES.1. En fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete la señora LUISA MARÍA CRUZ, interpuso ante el IAIP un recurso de revisión (registrado bajo el número 027-2017-R), en contra de la CNBS, solicitando que se declarara ésta CON LUGAR, se entregara la información solicitada por escrito mediante oficio No. 009-2017JD-ADUNAH de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete; y en caso de no hacerlo, que se le apliquen las sanciones que establece la Ley. (Folios 1–6 del antecedente).2. Seguido el trámite de ley correspondiente, la citada institución dictó en fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, la resolución No. SO-049-2017, mediante la cual resuelve: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la señora LUISA MARÍA CRUZ, actuando en su condición de PROSECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (ADUNAH), contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que si bien es cierto la información solicitada consistente en el informe actuarial del INPREUNAH correspondiente a los años 2015 y 2016…; la solicitud de información objeto del presente recurso, fue respondida por la institución obligada en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, no fue entregada la información por el recurrente. TERCERO: Se ordena a la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS a través de su presidenta abogada Ethel Deras Enamorado a que haga entrega inmediata en el formato que se encuentre disponible la información solicitada referente a: Informe actuarial del INPREUNAH correspondiente a los años 2015 y 2016 (solicitado mediante oficio No. 130-2016JD-ADUNAH del 25 de agosto de 2016) y los informes de auditoría financiera y administrativa anual realizados al Instituto de Previsión Social de los Trabajadores Universitarios (IPU), remito mediante oficio CI-INPREUNAH No.256-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, por miembros de comisión interventora a la institución que usted preside y las observaciones al mismo por parte de la CNBS.”CUARTO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el recurso de amparo al tenor de los artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 26 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase certificación íntegra de eta resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de doscientos lempiras exactos (L.200.00) conforme al artículo 49, inciso 8) de la Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público y remítase copia de la misma al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” (Folios 27–30 del antecedente). 3. En fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la abogada KARLA VICTORIA BÁEZ AGUIRRE, compareció ante este tribunal interponiendo acción de amparo a favor de la CNBS, en contra de la resolución No. SO-049-2017 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizada la garantía constitucional de mérito, en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho. (Folios 1–20 y 83 de la presente garantía). 4. En fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su fiscal, el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS y por emitido su dictamen, siendo de la opinión porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, debido a que no existe vulneración de los derechos invocados por la amparista. (Folios 86–89 de la presente garantía). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación del artículo 90 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fue violentado el artículo 90 de la Constitución, que contiene el derecho de debido proceso legal. En el escrito de formalización de la garantía, la impetrante manifiesta que la CNBS procedió a clasificar información, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública o LTAIP y con la aprobación del IAIP dictó las resoluciones números 013/2008 de fecha 13 de marzo de 2008; 32/2008 de fecha 11 de julio de 2008; 49/2008 de 20 de noviembre de 2008; y 1620/22-12-2008 de fecha 22 de diciembre de 2008, publicada en el Diario La Gaceta del 9 de enero 2009. La información que clasificó como reservada es la siguiente: “3. Reportes, informes y matrices de los riesgos establecidos por la LCNBS… 8. Los reportes de examen y revisiones especiales in situ y extra situ… 24. Cualquier otra información que de acuerdo a lo que establece el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o LCNBS se debe considerar como información reservada…” Mediante notas de fechas 30 de marzo, 30 de mayo, 21 de junio, 25 de agosto, 14 de septiembre, 1 de noviembre, todas del año 2016 y 2 de febrero de 2017, la ADUNAH, solicitó informe del estudio actuarial correspondiente al año 2015, por el cual fue intervenido el INPREUNAH. También mediante notas de fecha 6 de abril, 24 de junio, 6 de julio, 27 de septiembre, 18 de octubre, todas del año 2016, la CNBS con fundamento en los artículos 321 constitucional; 11, 15 y 24 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 2 No. 6 literal a), 3 No. 5 y 6, 16 No. 1 y 17 de la LTAIP; 394–H del Código Penal; resolución No. 13-2008 de fecha 13 de marzo de 2008 emitida por el IAIP; y la resolución No. 1620/22-112-2008 de fecha 22 de diciembre de 2008 publicada en el Diario oficial La Gaceta del 9 de enero de 2009, emitida por la CNBS se contestó a la ADUNAH que no era procedente brindar la información solicitada en virtud de que la solicitud de mérito no se encuentra comprendida en las excepciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (LCNBS). La censora agrega que es oportuno mencionar que el 10 de marzo de 2017 el IAIP requirió a la presidenta de la CNBS para que por medio de la oficial de información pública remitiera en un plazo de tres días hábiles a dicho instituto los antecedentes relacionados con el recurso de revisión interpuesto por la ADUNAH referente a la solicitud de informes actuales del INPREUNAH. En esa misma fecha, mediante oficio GPUIP-OF-31/2017, la oficial de información pública de la CNBS dio cumplimiento al referido requerimiento remitiendo los antecedentes de la solicitud de información. Seguidamente en fecha 19 de julio de 2017 el IAIP resolvió mediante la resolución No. SO-049-2017 declarar con lugar el recurso de revisión interpuesto por la señora María Luisa Cruz en su condición de prosecretaria de la junta directiva de la ADUNAH dirigida en contra de la CNBS. Dicha decisión resolvió instruir a la entrega de la información solicitada. La censora señala que la clasificación de reserva procede cuando el daño que pueda producirse es mayor al interés público de conocer la misma o cuando la divulgación ponga en riesgo o perjudique la seguridad del Estado; la vida, seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de habeas data; el desarrollo de las investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación persecución de los delitos o de la impartición de justicia; el interés protegido por la Constitución y las leyes; la conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y la estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad. En ese mismo sentido cita el artículo 24 del reglamento de la ley arriba citada, el cual dispone que se restringirá la información expresamente señalada en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes; asimismo la información que se haya declarado como confidencial o contenga datos confidenciales que corresponda a instituciones y empresas del sector privado no comprendida entre las instituciones obligadas. Cita además los artículos 11, 15 y 24 de la LCNBS, los cuales disponen que la divulgación indebida de cualquier información hará incurrir en responsabilidad civil y penal al funcionario o servidor involucrado; asimismo el artículo 394H del Código Penal relacionado. Resalta que la CNBS mediante resolución No. 062-15-01-2008 de fecha 15 de enero de 2008 resolvió autorizar al presidente de la Comisión para que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18 de la LTAIP remita al IAIP el listado de la información que a criterio de ésta deba ser clasificada. Luego mediante resolución No. 0013-2008 de fecha 13 de marzo de 2008, el IAIP resolvió considerar de carácter reservado la información contenida en la resolución No. 062/1501-2008 emitida por la CNBS. Debido a esta resolución la CNBS emitió la resolución No.1620/22-12-2008 del 22 de diciembre de 2008 publicada en el Diario Oficial de Honduras, La Gaceta el 9 de enero de 2009, mediante la cual se clasificó inter alia como reservada: “3. Reportes, informes y matrices de los riesgos establecidos por la CNBS… 8. Los reportes de examen y revisiones especiales in situ y extra situ… 24. Cualquier otra información que de a acuerdo a lo que establece el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se debe considerar como información reservada.” Menciona además que mediante el decreto ejecutivo No. PCM 012-2015, se decretó: “ARTÍCULO 1. Intervenir el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), por razones de interés público, nombrando para ese efecto, una Comisión Interventora por un período de doce (12) meses, con amplios poderes conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, la que se encargará a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo, de la administración del INPREUNAH, como entidad intervenida, para ejecutar acciones administrativas encaminadas a lograr estabilizar al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), de su crisis administrativa, financiera y actuarial….ARTÍCULO 3. La Comisión Interventora tendrá todas las facultades que correspondan a los administradores y órganos de decisión superior del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), específicamente en lo que respecta a su funcionamiento, desarrollo y operación, ejerciendo todas las potestades de administración, dirección de todas las actividades y la representación legal del Instituto. ARTÍCULO 4. Quedan en suspenso en el ejercicio de sus funciones la junta directiva, el gerente general interino del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH),…” Señala además que el período de la intervención de dicho Instituto fue prorrogado por razones de interés público mediante decreto ejecutivo No. PCM 011-2016 publicado en La Gaceta el 11 de marzo de 2016 y decreto ejecutivo No. PCM 005-2017 publicado el 3 de febrero de 2017 en la Gaceta. La censora manifiesta que resulta necesario referir que la resolución No. SO-049-2017 que se impugna, relaciona en el considerando 25 el artículo 6 del Reglamento general del Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual dispone que la junta directiva estará integrada entre otros por un representante de la ADUNAH, expresando el IAIP que con ello se denota que la ADUNAH legalmente forma parte de la estructura orgánica del INPREUNAH, y que por consiguiente posee legítimo derecho a conocer la información relacionada a la institución. Por lo antes expuesto, reitera que mediante el decreto ejecutivo No.PCM012-2015, publicado en La Gaceta del 17 de marzo de 2015, que decretó la intervención del INPREUNAH, se le otorgaron a la comisión interventora todas las facultades que corresponden a los administradores y órganos de decisión de dicho Instituto y se dejó en suspenso a la junta directiva en el ejercicio de sus funciones, inclusive al gerente general interino del INPREUNAH; lo anterior, dice la censora, desvirtúa el supuesto derecho legítimo del ADUNAH a conocer la información relacionada a la institución; sentenciando que en todo caso es la comisión interventora la única legitimada para solicitar dicha información, solicitud que no formula en virtud que ya posee y conoce la información referente al INPREUNAH. Para la impetrante la resolución No. SO-049-2017 de fecha 19 de julio de 2017 emitida por el IAIP no se encuentra apegada a derecho en virtud de que declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ADUNAH referente a la solicitud de informes actuariales del INPREUNAH, sin considerar que: 1) Los informes en general (actuariales, auditoría, etc.) están clasificados como reservados. También información que de acuerdo al artículo 15 de la LCNBS deba considerarse reservada. Señala que debido a que un informe actuarial o de auditoría sólo le compete a la institución a la cual se le practica; sólo a ésta se le notifica. Es por ello que al encontrarse el INPREUNAH en un proceso de intervención, cualquier información sobre esta entidad sólo le concierne a la comisión interventora. 2) El artículo arriba citado obliga a los servidores de la CNBS a guardar la más estricta reserva de la información que genere dicha entidad sobre las instituciones supervisadas; advirtiéndoles que la divulgación de dicha información les hace responsables de los perjuicios que causen a éstas y a toda la colectividad. Señala que esto aplica con relación al INPREUNAH, por lo que se debe guardar reserva de la información que se suscite durante el proceso de su intervención. 3) Establece relación de lo anterior con lo dispuesto en los artículos 16 No. 1 y 17 de la LTAIP y 24 de su reglamento, debido a que disponen la restricción de información pública dispuesta en leyes; con base en la necesidad de atribuir carácter confidencial a datos y demás información cuya divulgación pueda producir un daño mayor al interés público que a la necesidad de ser conocida, por ejemplo, la gobernabilidad y la estabilidad económica, financiera o monetaria. 4) Tomando en la estricta reserva que impone la LCNBS la censora señala que en la portada de los informes que la CNBS emite aparece la leyenda: “Este reporte es estrictamente confidencial…” Luego destaca que la ADUNAH solicitó indebidamente el informe del estudio actuarial correspondiente al año 2015, porque al ser intervenido el INPREUNAH, la única entidad legitimada para solicitar dicha información es la comisión interventora, quien ya tiene y conoce dicha información por lo que no la solicita. Al respecto manifiesta que divulgar dicho informe podría perjudicar la estabilidad económica y financiera del INPREUNAH asimismo del país e interferir en el desarrollo de las acciones e investigaciones que las autoridades competentes están realizando. 5) Considera que la divulgación prohibida o contra legem de la información ordenada mediante la resolución recurrida en amparo podría causar perjuicio al INPREUNAH y al país, lo que violentaría el artículo 70 constitucional. 6) Califica de violatoria al derecho de defensa, o sea artículo 82 constitucional, la resolución que impugna, en virtud de que se puede verificar que en su contenido consta que no se le concedió la oportunidad a la CNBS de pronunciarse sobre el recurso de revisión interpuesto en su contra por la señora María Luisa Cruz en su condición de prosecretaria de la junta directiva de la ADUNAH. Consta únicamente que el IAIP pidió los antecedentes relacionados con el recurso de revisión. 7) Señala que se violentó el artículo 90 constitucional porque la resolución que impugna fue emitida sin tomar en cuenta las formalidades, derechos y garantías que la ley establece al ordenar la entrega de información clasificada como reservada. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. El fiscal Juan Carlos Sánchez Villalobos en su dictamen concluyó que NO SE OTORGUE la presente garantía de amparo al estimar que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados. Al desarrollar su opinión, el fiscal señala que no hubo violación de los derechos de defensa y debido proceso contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución porque de los antecedentes se desprende que la CNBS tuvo conocimiento del recurso de revisión aludido porque fue requerido por el IAIP para que dentro del término de tres días siguientes remitiera los antecedentes relacionados con dicho recurso, siendo cumplimentado esto el 10 de marzo de 2017; señala que la remisión de los antecedentes es con el objeto de que el IAIP de respuesta a la información solicitada, dentro del plazo que señala la Ley. El fiscal señala que el artículo 21 de la LTAIP impone a las instituciones obligadas el término de diez días para resolver la solicitud de información pública, entregando la misma o denegando la entrega, en cuyo caso está en la obligación de indicar por escrito las razones y fundamentos. Consta en autos que lo anterior no fue observado por la CNBS, razón que motivó que se declarara con lugar el recurso de revisión mediante la resolución SO-049-2017. El fiscal estima que no hubo violación al debido proceso porque fue seguido el procedimiento establecido en la Ley, debiendo el INPREUNAH informar al momento de ser requerida que la información solicitada se encontraba clasificada como reservada por la CNBS. Por otro lado, para el fiscal era necesario que el INPREUNAH demostrase que existe un riesgo de proporcionar la información solicitada, justificando con razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones, lo cual no aconteció en el caso de autos. Indica que a folios 8-14 de la primera pieza consta que se escuchó lo que debió manifestar la CNBS. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del IAIP que fundamentaron la resolución No.SO-049-2017 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El pleno de comisionados del IAIP declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Luisa María Cruz interpuesta contra la CNBS por haber denegado la solicitud de entrega de la información que había solicitado ésta en su condición de prosecretaria de la ADUNAH. Asimismo, ordena que la CNBS haga entrega inmediata en el formato en que se encuentre disponible la información solicitada. Los hechos más sobresalientes del presente caso son: a) En fecha seis de febrero de dos mil diecisiete la licenciada Luisa María Cruz en su condición de prosecretaria de la ADUNAH solicitó ante la CNBS una información relacionada con el INPREUNAH. b) En fecha 21 de febrero de dos mil diecisiete la licenciada Luisa María Cruz interpuso recurso de revisión ante el IAIP debido a que la CNBS no hizo entrega de la información solicitada. Dicho recurso fue admitido mandándose a requerir a la abogada Ethel Deras Enamorado como presidenta de la CNBS para que en un plazo de tres días hábiles remitiera al IAIP los antecedentes relacionados al caso bajo el apercibimiento que de no hacerlo le serían impuestas las sanciones previstas en el artículo 28 de la LTAIP. c) En fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete la CNBS envió al IAIP el oficio No.GPUIP-OF-31/2017; asimismo se puso la información solicitada a la disposición de la recurrente. Mediante correo electrónico de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete se hizo del conocimiento de la licenciada Luisa María Cruz que la CNBS ya había hecho entrega de la información que había solicitado y que podía pasar al IAIP a recibirla. Los principales fundamentos legales que citó el IAIP para dictar su resolución son: 1. De la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los artículos 10 literal a y 13 No. 1 literales a y b. “Artículo 10. Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su 14 administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público…” “Artículo 13. Participación de la sociedad 1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes: a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información; 2. De la LTAIP los artículos: 3 numerales 3 y 4; 8; 11 No. 1; 14; 20; 21; 26; 27 No. 1; y 38. “ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: […] 3) Derecho de Acceso a la Información Pública: El derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente Ley, en los términos y condiciones de la misma. […] 4) Instituciones obligadas: a) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) las organizaciones no gubernamentales (ONG´S), las organizaciones privadas de desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…” “ARTÍCULO 8. CONSTITUCIÓN Y FINALIDAD DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. El Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP), es […] responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública…” “ARTÍCULO 14. ENTREGA Y USO DE LA INFORMACIÓN. La información pública deberá proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o formato en que se encuentre disponible. En caso de inexistencia de la información solicitada, se le comunicará por escrito este hecho al solicitante. Los solicitantes o usuarios no podrán exigir a las instituciones obligadas que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. Los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la información pública a la que tengan acceso.” “ARTÍCULO 20. SOLICITUD. La solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna. Esta disposición no facultará al solicitante para copiar total o parcialmente las bases de datos. En caso de que el solicitante sea persona jurídica, deberá acreditar además de su existencia legal, el poder suficiente de quien actúa a nombre de ésta.” “ARTÍCULO 21. FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.” “ARTÍCULO 26: PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. Cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional.” “ARTÍCULO 27. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, incurrirá en infracción a esta Ley, quien: 1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso…” “ARTÍCULO 38. CALIDAD ESPECIAL DEL INSTITUTO. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) será el órgano responsable de cumplir con las obligaciones que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, imponen al Estado de Honduras específicamente en materia de transparencia y de rendición de cuentas.” 3. Del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, los artículos 5; 52 No. 2.“ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS: Las instituciones obligadas deberán favorecer y tener como base fundamental para la aplicación e interpretación de la Ley del presente reglamento, los principios de máxima divulgación, transparencia en la gestión pública, publicidad, auditoria social, rendición de cuentas, participación ciudadana, buena fe, gratuidad y apertura de la información, para que las personas, sin discriminación alguna, gocen efectivamente de su derecho de acceso a la información pública, a participar en la gestión de los asuntos públicos, dar seguimiento a los mismos, recibir informes documentados de la eficiencia y probidad en dicha gestión y velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes….”( Lo resaltado y subrayado pertenece a la resolución.) “ARTÍCULO 52. CAUSALES. El recurso de revisión ante el Instituto procede cuando: […] 2. La información solicitada o la generación de la información pública haya sido denegada por la institución obligada…” 4. De la Ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el artículo 6 literal D. “Artículo 6. Son órganos de gobierno universitario de la UNAH: […] D. Cuerpos auxiliares […] 3) Instituto de Previsión Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras INPREUNAH.” 5. Del Reglamento general del Instituto de Previsión social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, artículo 6 literal c. “Artículo 6. (Reformado en La Gaceta No. 31 755 del 7/11/2008). La junta directiva estará integrada por los siguientes miembros propietarios y sus respectivos suplentes: […] c) Un representante de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ADUNAH.” El IAIP fundamentó su decisión en que se acreditó que la CNBS no dio respuesta a la solicitud de información incurriendo en una de las causales del artículo 52 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. El IAIP establece que la restricción al derecho de acceder a la información pública en virtud de haber sido clasificada como reservada es una excepción a la regla general. En este sentido observa que la reserva que la Ley otorga a la CNBS NO se incluye literalmente de los informes actuariales, por lo que deberá considerarse ésta de acceso público. De igual manera, agrega el IAIP, que se basa en los principios globales de Seguridad Nacional (Principios de Tshwane), específicamente el principio 4 b) que dice: “El derecho a la información deberá de interpretarse y aplicarse en sentido amplio mientras que la interpretación de las restricciones deberá ser acotada.” Asimismo, en el numeral c) de este mismo principio se establece que: “el demostrar esta legitimidad no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio, sino que debe de proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones.” El IAIP tomando en cuenta lo anterior hace aplicación literal de la norma en este caso, haciendo hincapié en los principios de la máxima publicidad y divulgación de la información, que se encuentra en la LTAIP. Finalmente, con lo dispuesto en el artículo 6 literal c del Reglamento general del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se denota que la ADUNAH forma parte de la estructura orgánica del INPREUNAH, por consiguiente, posee legítimo derecho a conocer la información relacionada a la institución. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa y debido proceso legal. De acuerdo a lo expresado por la impetrante en el escrito de formalización del amparo, la garantía constitucional de mérito obedece a que el IAIP mediante la resolución No.SO-049-2017 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete decidió declarar con lugar el recurso de revisión interpuesto en contra de la CNBS por la prosecretaria de la junta directiva de la ADUNAH, ciudadana Luisa María Cruz; debido a que dicha institución no entregó información que le fue solicitada. En virtud de lo cual el IAIP le ordena a la CNBS en la parte dispositiva de la sentencia mencionada, que haga entrega inmediata de dicha información en el formato en que se encuentre disponible. La censora impugna en amparo la anterior decisión del IAIP, fundamentándose en la violación de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, para lo cual argumenta lo que a continuación se resume. Con relación al derecho de defensa, lo que señala básicamente la censora a folio 77 del escrito de formalización del amparo es que no se le dio oportunidad a la CNBS de contradecir los argumentos y señalamientos en su contra que forman parte del recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Luisa María Cruz en su condición de secretaria de la junta directiva de la ADUNAH. En cuanto a esto aclara que lo único que consta es la solicitud por parte del IAIP para el envío de los antecedentes relacionados con el recurso de revisión. Sobre este punto la Sala de lo Constitucional constata que como parte del procedimiento del recurso de revisión el IAIP en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete dictó resolución admitiendo dicho recurso, asimismo que ordenó requerir al oficial de información pública de la CNBS o la persona que hace sus veces a efecto de que procediera a la remisión de los antecedentes relacionados con el recurso de revisión y a la entrega de la documentación solicitada, bajo el apercibimiento de ser sancionado en caso de incumplimiento. La Sala de lo Constitucional al verificar el procedimiento observa que el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública,[4] específicamente el artículo 55, establece que una vez admitido el recurso de revisión, se turnará éste a uno de los comisionados para que sea ponente. Dicho comisionado tendrá la obligación de elaborar y presentar un proyecto de resolución al pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibir el asunto. Asimismo, dicho comisionado determinará la realización de las investigaciones, dictámenes y diligencias que crea necesarias. El pleno una vez recibido el proyecto de resolución podrá determinar la celebración de audiencias con las partes; asimismo se podrá requerir a la institución obligada con el propósito de “lograr un mejor estudio del recurso”; interrumpiéndose en estos casos el transcurso del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 26 de la LTAIP y 51 del reglamento. Según establece el artículo 56 del reglamento la resolución del recurso de revisión será para revocar o modificar la resolución de la institución obligada; denegar u otorgar el recurso; confirmar la decisión de la institución obligada. Si de la substanciación del procedimiento el IAIP determinare que algún servidor público o particular pudo haber incurrido en responsabilidad deberá hacerlo del conocimiento del titular de la institución obligada para que ésta inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que la CNBS en su condición de institución obligada fue debidamente requerida específicamente para dos propósitos: 1. Remitir al IAIP los antecedentes relacionados con el recurso. 2. Hacer entrega a la ciudadana Luisa María Cruz la información que había solicitado. Pero no existe en los antecedentes evidencia de que se le haya dado a la CNBS, como autoridad obligada, de una oportunidad procesal para ejercitar su derecho de defensa, explicando sus razones para haber actuado en la forma que lo hizo. El IAIP debió propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que la CNBS, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada y explicar mejor porque considera que ésta es información declarada bajo reserva. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que la CNBS como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. La Sala de lo Constitucional, no se pronuncia sobre el otro cargo, o sea si la negativa de entregar la información solicitada se encuentra bien justificada, teniéndola como declarada bajo reserva; ya sea porque se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la resolución No. 0013-2008 de fecha 13 de marzo de 2008 dictada por el IAIP, y la resolución No. 1620/22-12-2008 de fecha 22 de diciembre de 2008 dictada por la CNBS, esta última publicada en La Gaceta del 9 de enero de 2009; o bien porque no se encuentra dentro de las excepciones descritas en el artículo 15 de la LCNBS. Este extremo deberá ser dilucidado por el IAIP en su momento, una vez garantizado el derecho de defensa. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional brinda a continuación, a manera de obiter dicta, algunos lineamientos que deben ser tomados en cuenta para resolver asuntos como el presente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado[5] que “el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía”; necesario para fortalecer la democracia interesando a los ciudadanos a participar más activamente en asuntos de interés público. Apuntando además que la participación activa de estos es “justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y a la Carta Democrática Interamericana (CDI)”. La CIDH refiriéndose al acceso a la información ha señalado también que es una herramienta dispuesta para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado, así como luchar contra la corrupción y el autoritarismo. En ese sentido reconoce su utilidad para el ejercicio informado de otros derechos, v. gr. los derechos políticos o sociales y económicos. Es por ello que manifiesta el deber del Estado de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, disponiendo como regla general la publicidad de los actos estatales y la privacidad de la información de los individuos. Con relación a los principios rectores del derecho de acceso a la información, resulta destacable, el principio de máxima divulgación, el cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la CADH comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones. Con relación a la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha expresado en la sentencia dictada en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil[6], que en virtud del principio de máxima divulgación se presume que toda la información en poder del Estado es “pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. La Asamblea General de la OEA, con la adopción de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, señaló con relación al principio de máxima divulgación, que el régimen de excepciones, que limite el derecho de acceso a la información deben estar “definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática”[7]. En definitiva, del principio de máxima divulgación se derivan las consecuencias siguientes: a) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, interpretado de manera restrictiva; b) toda decisión negativa debe ser motivada; c) corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y d)) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información. Conforme a lo anteriormente expresado, es claro que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, sino que admite limitaciones, no obstante, éstas son excepciones al principio de máxima divulgación. Dichas limitaciones de conformidad a lo establecido en el artículo 13.2 de la CADH deben cumplir los requisitos siguientes: a) no son la regla general, sino que son excepciones; b) deben tener configuración legal; c) sus objetivos son legítimos; d) deben responder a una necesidad real; y e) debe haber estricta proporcionalidad[8]. Asimismo, no debe olvidarse que, en cuanto a la temporalidad de la medida, la reserva debe perdurar en tanto exista necesidad de mantener la protección que motiva su declaración. De igual forma sólo abarca lo estrictamente necesario para hacer efectiva la protección. La Corte IDH ha reconocido que existe una presunción de que toda información es accesible, salvo que se prevea legalmente una excepción[9], que responda a un objetivo permitido por la CADH[10], y que sea necesaria en una sociedad democrática, o sea que se oriente a la satisfacción de un interés público imperativo”[11]. En complemento al principio de máxima divulgación se encuentra la carga procesal que tiene el Estado de acreditar las limitaciones al derecho de acceso a la información y sus legítimas razones. En ese sentido la jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que el Estado tiene la carga de la prueba con el fin de demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión[12]. Por su parte el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, estableció: “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”[13]. Lo anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al derecho[14]. Sobre la obligación de que las excepciones o limitaciones se encuentren previstas en la ley ha de tomarse en cuenta que es un medio para asegurar que no queden al arbitrio de la administración. El Estado queda comprometido a que sean lo suficientemente claras y precisas, para evitar un nivel excesivo de discrecionalidad a los funcionarios que deciden si se divulga o no la información.[15] PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada KARLA VICTORIA BÁEZ AGUIRRE a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA por haber proferido ésta última, la resolución No.SO-049-2017 de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, con la que se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Luisa María Cruz, en su condición de prosecretaria de la junta directiva de la ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. En consecuencia: 1. SE ORDENA: que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando que la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. 2. MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-869-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] El Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, contenida en el Acuerdo No.IAIP-0001-2008, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el seis de marzo de dos mil ocho.

[5] EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.7/12. 30 de diciembre de 2011. Párr. 1.

[6] Cfr. Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

[7] OEA, Asamblea General. AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual acoge una “Ley modelo interamericana sobre acceso a la información”. 8 de junio de 2010. Artículo 2.

[8] En este sentido, el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH dispone que, “[e]l acceso a la información […] sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

[9] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 89.

[10] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 90.

[11] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 91. Asimismo: Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. Párr. 85; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. Párr. 96; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Párrs. 121 y 123; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 46. En similar sentido, la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, establece en el numeral 1 que: “Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación”

[12] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 93.

[13] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7.

[14] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 98.

[15] Ver CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 f).