Sentencia AA-801-16 — Registro 10104
Resumen
Actuaciones de Autoridad recurrida suspendieron el salario y retención del 7% mensual de recurrente por concepto de jubilación y pensión quien está incapacitada en forma indefinida según dictámen médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), siendo miembro de la Policía Nacional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional, ha referido en anterior jurisprudencia que el derecho a la salud debe ser abordado desde tres (3) perspectivas, a la luz de nuestro plexo constitucional: 1. el derecho a la salud de cada persona en particular, 2. el derecho a la salud familiar y 3.- el derecho a la salud comunitaria. En el presente caso, se aborda el derecho a la salud de una persona en particular, el cual se encuentra afectado en el caso concreto, según diagnóstico de incapacidad médica indefinida; con relación a su derecho a la estabilidad laboral, la cual debe sujetarse en todo caso al principio de legalidad y en proscripción a la arbitrariedad; por lo cual cabe hacer aplicación a la normativa legal y convencional que procura garantizar la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel de salud, tal como dispone el artículo 145 de la Constitución de la República y en consonancia con el más alto nivel de efectividad en el goce de los derechos que le corresponde como servidora pública; ante los actos y resoluciones que emita la autoridad competente en la relación de sujeción especial..."..."reafirma la Sala de lo Constitucional que existe ya consolidada jurisprudencia constitucional según la cual, la interpretación de la Constitución implica la ponderación entre valores y principios constitucionales y se hará, en todo caso, siguiendo su contexto político institucional - y no en forma aislada e inconexa -, siguiendo así la línea doctrinaria del publicista argentino Linares Quintana, en su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”;[1] lo cual es precisamente el caso, según el mérito que arrojan las presentes diligencias, procediendo dictar sentencia que declare la restricción injustificada de tales derechos a la salud y, en especial, a los cánones del debido proceso; lo cual es especialmente mandatorio para la autoridad tratándose de una servidora pública en especial condición de vulnerabilidad, tal y como se ha reconocido en las denominadas “100 reglas de Brasilia”,[2] suscritas por la representación del Estado de Honduras; dado que una vez acreditada la afección médica que padeciera la peticionaria de justicia constitucional, consistente en Artrosis Patelo Femoral Bilateral (rodillas) de moderada a severa, además de secuelas de cirugía fallida de Hallux Valgo; se considera medicamente afecta su capacidad para efectuar ordinariamente labores policiales, según se desprende de la foliada, lo cual debió ponderarse por la Administración al diligenciar con respeto al debido proceso su expediente, al no constatarse la acreditación de los reposos y demás recaudos del orden administrativo desde el mes de agosto de dos mil quince (2105), estando pendiente incluso de notificar el Acuerdo de Cancelación; coligiéndose mérito, en definitiva, para otorgar el amparo solicitado, procediendo el dictado de sentencia estimatoria a la presente garantía constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 65 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 145 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 149 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional, ha referido en anterior jurisprudencia que el derecho a la salud debe ser abordado desde tres (3) perspectivas, a la luz de nuestro plexo constitucional: 1. el derecho a la salud de cada persona en particular, 2. el derecho a la salud familiar y 3.- el derecho a la salud comunitaria. En el presente caso, se aborda el derecho a la salud de una persona en particular, el cual se encuentra afectado en el caso concreto, según diagnóstico de incapacidad médica indefinida; con relación a su derecho a la estabilidad laboral, la cual debe sujetarse en todo caso al principio de legalidad y en proscripción a la arbitrariedad; por lo cual cabe hacer aplicación a la normativa legal y convencional que procura garantizar la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel de salud, tal como dispone el artículo 145 de la Constitución de la República y en consonancia con el más alto nivel de efectividad en el goce de los derechos que le corresponde como servidora pública; ante los actos y resoluciones que emita la autoridad competente en la relación de sujeción especial..."..."reafirma la Sala de lo Constitucional que existe ya consolidada jurisprudencia constitucional según la cual, la interpretación de la Constitución implica la ponderación entre valores y principios constitucionales y se hará, en todo caso, siguiendo su contexto político institucional - y no en forma aislada e inconexa -, siguiendo así la línea doctrinaria del publicista argentino Linares Quintana, en su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”;[1] lo cual es precisamente el caso, según el mérito que arrojan las presentes diligencias, procediendo dictar sentencia que declare la restricción injustificada de tales derechos a la salud y, en especial, a los cánones del debido proceso; lo cual es especialmente mandatorio para la autoridad tratándose de una servidora pública en especial condición de vulnerabilidad, tal y como se ha reconocido en las denominadas “100 reglas de Brasilia”,[2] suscritas por la representación del Estado de Honduras; dado que una vez acreditada la afección médica que padeciera la peticionaria de justicia constitucional, consistente en Artrosis Patelo Femoral Bilateral (rodillas) de moderada a severa, además de secuelas de cirugía fallida de Hallux Valgo; se considera medicamente afecta su capacidad para efectuar ordinariamente labores policiales, según se desprende de la foliada, lo cual debió ponderarse por la Administración al diligenciar con respeto al debido proceso su expediente, al no constatarse la acreditación de los reposos y demás recaudos del orden administrativo desde el mes de agosto de dos mil quince (2105), estando pendiente incluso de notificar el Acuerdo de Cancelación; coligiéndose mérito, en definitiva, para otorgar el amparo solicitado, procediendo el dictado de sentencia estimatoria a la presente garantía constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 65 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 149 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 150 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación de la Sentencia de fecha 11 de enero del año 2018, recaída en el AA 0801-2016
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, a favor de la señora KARLA LELIN VILLATORO SANTOS, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, relacionadas según la recurrente a las acciones que han cometido dichas autoridades de suspender el salario a su representada y a la retención del 7% mensual del salario por concepto de jubilación y pensión desde hace muchos años, asimismo manifiesta que la Sub Oficial de Policía Clase II KARLA LELIN VILLATORO SANTOS, se encuentra incapacitada en forma indefinida según dictamen médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), razón por la cual a criterio de esta, la autoridad recurrida debió tramitar la pensión según las cantidades retenidas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82, 94, 321 y 324 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora KARLA LELIN VILLATORO SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, relacionadas según la recurrente a las acciones que han cometido dichas autoridades de suspender el salario a su representada y a la retención del 7% mensual del salario por concepto de jubilación y pensión desde hace muchos años, asimismo manifiesta que la Sub Oficial de Policía Clase II KARLA LELIN VILLATORO SANTOS, se encuentra incapacitada en forma indefinida según dictamen médico del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), razón por la cual a criterio de esta, la autoridad recurrida debió tramitarle la pensión a su representada, en vez de suspenderle su salario y seguir reteniéndole el 7% para jubilaciones y pensiones, lo que ha provocado que no reciba ningún ingreso, por motivo en su incapacidad médica.-2) Que en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), se admitió el recurso de merito sin suspensión provisional del acto reclamado en consecuencia se libró comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Ver folio 59 del Recurso).-3) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Secretaría de Seguridad remitió su Informe, en el cual consigna lo siguiente: El nombre correcto de la recurrente es KARLA KELIN VILLATORO SANTOS, ostenta el grado de Sub Oficial II de Policía Preventiva y actualmente se encuentra asignada a la Unidad Departamental No. 16, y de acuerdo a Certificación Médica extendida en fecha 3 de agosto de 2015, por el Doctor Cirujano Ortopeda Jose Luis Prieto Rodríguez, cuyo diagnostico indica que la señora VILLATORO SANTOS, presenta Artrosis Patelo Femoral Bilateral (rodillas) moderada a severa, además secuelas de cirugía fallida de Hallux Valgo, por lo cual se considera que no esta en capacidad de laborar como Policía, pues no puede permanecer en pie por treinta minutos o más, ni caminar más de cien metros, por presentar dolor incapacitante en miembros inferiores. Se desconoce si la ciudadanía KARLA KELIN VILLATORO SANTOS, ha realizado el trámite de Pensión por Invalidez ante la autoridad correspondiente. Sin embargo, establecen que la Dirección de Recursos Humanos en fecha 4 de julio de 2016 a través del Oficio DGPN DRH-D.L. 1302-2016, instruyó al Jefe de la Unidad Administrativa la suspensión del salario mensual de la Sub Oficial antes enunciada a solicitud del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, a raíz de no haber presentado reposo desde el mes de agosto de 2015. (Ver folios 62 y 63 del recurso).-4) Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha cinco (5) de junio de dos mil diecisiete (2017), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por el termino de cuarenta y ocho (48) horas a efecto de que emitiera su dictamen. (Ver folio 76 del Recurso).-5) Que con fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), la Sala tuvo por evacuada la vista concedida y por emitido el Dictamen por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE de la acción de amparo interpuesta, al existir ultraje de los artículos constitucionales denunciados por la amparista, en virtud que el Acuerdo de cancelación emitido a nombre de la Suboficial KARLA KELIN VILLATORO SANTOS y con No.1772-2014, no le fue notificado en debida forma, por encontrarse gozando de incapacidad médica, por lo cual no ha surtido los efectos legales pertinentes: “… por tanto le asiste la protección legal que la Ley le otorga a los trabajadores en relación a los derechos que goza todo empleado que se encuentra gozando de incapacidad médica, la cual en el caso que nos ocupa es de carácter permanente, lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 59 de la Constitución de la República (…)”. (Ver folios 79-85 del Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto de que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS compareció en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016) ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora KARLA LELIN (Sic.) VILLATORO SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, relacionadas, según la recurrente, a las acciones cometidas por dicha autoridad consistentes en suspender el salario a su representada, así como la retención del 7% mensual del salario por concepto de jubilación y pensión desde hace muchos años, obviando la situación calificada de que la Sub Oficial de Policía Clase II, KARLA LELIN (Sic.) VILLATORO SANTOS, se encuentra incapacitada en forma indefinida, según dictamen médico del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); razón por la cual, a su criterio, la autoridad recurrida debió tramitarle la pensión a su representada, en lugar de suspenderle su salario y seguir reteniéndole el 7% para jubilaciones y pensiones, que es como procedió, en efecto; lo que ha provocado que la agraviada no continúe percibiendo ningún ingreso, por motivo justificado en su incapacidad médica dictada por Facultativo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).-CONSIDERANDO (4): Que seguido el proceso que manda la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, en tanto autoridad denunciada, remitió el Informe que manda la Ley, en el cual se consigna lo siguiente: Que el nombre correcto de la recurrente es KARLA KELIN VILLATORO SANTOS, quien ostenta el grado de Sub Oficial II de Policía Preventiva, actualmente asignada a la Unidad Departamental No. 16, y que, de acuerdo a Certificación Médica extendida en fecha 3 de agosto de 2015, por el Doctor Cirujano Ortopeda JOSE LUIS PRIETO RODRÍGUEZ, en su Diagnostico indica que la señora VILLATORO SANTOS, presenta Artrosis Patelo Femoral Bilateral (rodillas) de moderada a severa, además secuelas de cirugía fallida de Hallux Valgo, por lo cual se considera que no esta en capacidad de laborar como Policía, pues no puede permanecer en pie por treinta (30) minutos o más, ni caminar más de cien (100) metros, por presentar dolor incapacitante en los miembros inferiores. Que se desconoce, por contraparte, si la ciudadana KARLA KELIN VILLATORO SANTOS, ha realizado el trámite de Pensión por Invalidez ante la autoridad correspondiente y que, en parte medular de su Informe, se establece que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS procedió en fecha 4 de julio de 2016, mediante OFICIO DGPN DRH-D.L. 1302-2016, a instruir al Jefe de la Unidad Administrativa la suspensión del salario mensual de la Sub Oficial VILLATORO SANTOS a solicitud del DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA, a raíz de no haber presentado reposo desde el mes de agosto de 2015.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente, Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS actuando en su condición preindicada y a favor de la ciudadana KARLA KELIN VILLATORO compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo, contra los actos de la autoridad descritos en el inciso que antecede, por considerar que resultan violatorios de los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 94, 321 y 324 de la Constitución de la República, alusivos al derecho de petición, a la inviolabilidad del derecho de defensa, al debido proceso y al principio de legalidad que rige la actuación y deducción de responsabilidad de los Poderes Públicos y de sus funcionarios y empleados desde una consideración individual.-CONSIDERANDO (6): Que en formalización de su recurso de amparo interpuesto a favor de la señora KARLA LELIN (Sic.) VILLATORO SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, ha reiterado la recurrente, Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, entre otras consideraciones a las anteriormente expuestas, que las actuaciones de la autoridad recurrida no se condicen de la situación de incapacidad médica por tiempo indefinido que adolece la Suboficial VILLATORO SANTOS, pues lejos de resultar garante de su pensión y tratamiento conforme a la dignidad humana que amerita la referida servidora pública, se está procediendo a suspender su salario, retenciones para el pago de la jubilación y pensión referida e inclusive a pretender cancelarla del puesto; aun y cuando no podría surtir efectos una tal notificación, precisamente por encontrarse sujeta la agraviada, en su relación laboral, a condición de incapacidad médica, para el desempeño ordinario de su puesto en la función policial preventiva.- CONSIDERANDO (7): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 41 manda que toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo. La misma Ley en el artículo 44 establece que la acción de amparo, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, por la persona agraviada o por cualquiera civilmente capaz en nombre de ésta, sin necesidad de poder.-CONSIDERANDO (8): Que el Artículo 80 constitucional manda que “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”. Asimismo, el Artículo 59 de la Constitución de la República manda en forma garante: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La misma disposición constitucional garantiza que la dignidad del ser humano es inviolable.” -CONSIDERANDO (9): Que, por otra parte, el artículo 145 constitucional, reformado por Decreto 270-2011 de fecha 19 de enero de 2012 y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 32, 753 de fecha 21 de febrero de 2012, manda que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio adecuado para proteger la salud de las personas”.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional ha manifestado en otras sentencias que por derecho a LA SALUD debe entenderse como el funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano. Lo constituye además el acceso a condiciones mínimas de salubridad a fin de vivir una vida digna. En ello, el Estado se obliga constitucionalmente a proporcionar un medio ambiente adecuado (145 ref. CH), o proporcionar las condiciones ambientales adecuadas, tales como atención de salud oportuna y apropiada, nutrición, vivienda, agua potable. En ese sentido, el derecho a la salud debe ser abordado en tres perspectivas: 1.- el derecho a la salud de cada persona en particular, 2.- el derecho a la salud familiar y 3.- el derecho a la salud comunitaria. -CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional, ha referido en anterior jurisprudencia que el derecho a la salud debe ser abordado desde tres (3) perspectivas, a la luz de nuestro plexo constitucional: 1. el derecho a la salud de cada persona en particular, 2. el derecho a la salud familiar y 3.- el derecho a la salud comunitaria. En el presente caso, se aborda el derecho a la salud de una persona en particular, el cual se encuentra afectado en el caso concreto, según diagnóstico de incapacidad médica indefinida; con relación a su derecho a la estabilidad laboral, la cual debe sujetarse en todo caso al principio de legalidad y en proscripción a la arbitrariedad; por lo cual cabe hacer aplicación a la normativa legal y convencional que procura garantizar la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel de salud, tal como dispone el artículo 145 de la Constitución de la República y en consonancia con el más alto nivel de efectividad en el goce de los derechos que le corresponde como servidora pública; ante los actos y resoluciones que emita la autoridad competente en la relación de sujeción especial.- CONSIDERANDO (12): Que una vez enunciada la normativa constitucional y de la Ley Sobre Justicia Constitucional que resultan conducentes al conocimiento y resolución de la presente acción de amparo; reafirma la Sala de lo Constitucional que existe ya consolidada jurisprudencia constitucional según la cual, la interpretación de la Constitución implica la ponderación entre valores y principios constitucionales y se hará, en todo caso, siguiendo su contexto político institucional - y no en forma aislada e inconexa -, siguiendo así la línea doctrinaria del publicista argentino Linares Quintana, en su obra Derecho Constitucional e Instituciones Políticas: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”;[1] lo cual es precisamente el caso, según el mérito que arrojan las presentes diligencias, procediendo dictar sentencia que declare la restricción injustificada de tales derechos a la salud y, en especial, a los cánones del debido proceso; lo cual es especialmente mandatorio para la autoridad tratándose de una servidora pública en especial condición de vulnerabilidad, tal y como se ha reconocido en las denominadas “100 reglas de Brasilia”,[2] suscritas por la representación del Estado de Honduras; dado que una vez acreditada la afección médica que padeciera la peticionaria de justicia constitucional, consistente en Artrosis Patelo Femoral Bilateral (rodillas) de moderada a severa, además de secuelas de cirugía fallida de Hallux Valgo; se considera medicamente afecta su capacidad para efectuar ordinariamente labores policiales, según se desprende de la foliada, lo cual debió ponderarse por la Administración al diligenciar con respeto al debido proceso su expediente, al no constatarse la acreditación de los reposos y demás recaudos del orden administrativo desde el mes de agosto de dos mil quince (2105), estando pendiente incluso de notificar el Acuerdo de Cancelación; coligiéndose mérito, en definitiva, para otorgar el amparo solicitado, procediendo el dictado de sentencia estimatoria a la presente garantía constitucional.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 65, 80, 145, 149, 150, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS a favor de la señora KARLA KELIN VILLATORO SANTOS, contra actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. Y MANDA: Que se envíe certificación de la presente sentencia a la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, para que se surtan los efectos legales consiguientes al reintegro de la servidora pública KARLA KELIN VILLATORO SANTOS en el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha once (11) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0801-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] De igual manera y en parecido sentido, Vid. BIDART CAMPOS, G., en: La interpretación del sistema de derechos humanos. Buenos Aires: EDIAR, 1994, p. 131.
[2] Ver, para mayor abundamiento: Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, Pobreza y Acceso a la Justicia, de RIBOTTA, S. en: Revista Electrónica Iberoamericana, Vol. 6, nº 2. 2012, ISSN: 1988 – 0618, asequible en Internet en: https://www.urjc.es/images/ceib/revista_electronica/vol_6_2012_2/REIB_06_02_04Ribotta.pdf