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Sentencia AA-79-17 — Registro 7602

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó fallo interlocutorio que declaró con lugar impugnación a solicitud de honorarios profesionales y sin lugar por improcedente la misma con relación a demanda de nulidad de acto administrativo para que se declare la ilegalidad del acto y nulidad del mismo promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al cobro de Honorarios Profesionales, presentado por el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, ante al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por haber representado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora Martha del Carmen Rodríguez Maradiaga, en contra de la referida Secretaría. Cobro de Honorarios Profesionales que le fue declarado improcedente por el A-quo, revocando ésta decisión el Tribunal Ad-quem, al considerar en las argumentaciones jurídicas de su fallo proferido el dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, que la relación laboral del recurrente dio inicio con el acuerdo de nombramiento STSS-84-01 de fecha 23 de marzo del 2001, como Asesor Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, estando acreditado que dentro de las funciones del cargo se encuentran las establecidas en el numeral 4) consistentes en:..."..."por lo que el apelante tenía una retribución fija que dicha Secretaría de Estado tenía la obligación de pagar por ser empleado de la administración pública. Que, ante tales hechos, no puede obviarse que el recurrente fungía por acuerdo como asesor legal con funciones de procuración atribuidas al cargo y delegadas por la Procuraduría General de la República, lo que le da el derecho a peticionar lo consignado en el Artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho..."..."del estudio de los antecedentes, se desprende que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, fue nombrado a partir de la fecha de toma de posesión del cargo, como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, según Acuerdo Ejecutivo N°. STSS-084-01 de fecha 23 de marzo del 2001, devengando un sueldo mensual de seis mil novecientos lempiras (6,900.00); entre las funciones inherentes al cargo de Asesor Legal le correspondía: a) Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes; b) Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en demandas y defender al Estado en los Juzgados del país. Asimismo, mediante Acuerdo N°. STSS-181-08 se cancela por cesantía al Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, en el puesto de Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICA IÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, por delegación de la Procuraduría General de la República, a favor del ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (STSS), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de septiembre del año dos mil quince, con relación a la solicitud de tasación de honorarios profesionales promovida por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA en la demanda promovida en el Juzgado del Trabajo, por la señora MARTA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARADIAGA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso, reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de julio del año dos mil seis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la señora MARTA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARADIAGA, promoviendo demanda de nulidad de un acto administrativo, que se declare la ilegalidad del acto y la nulidad del mismo, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Folios del 01 al 03fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que en fecha doce de junio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, reasumiendo la representación legal del Estado de Honduras la Abogada Rosa América Miranda Rivera, en su condición de Procuradora General de la República y confiriendo poder para el ejercicio de la procuración judicial con prohibición de sustituirlo en el profesional del Derecho Sergio Daniel Elvir Amaya. (Folio 20fv de la pieza de antecedentes de Amparo)- 3) Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil catorce, compareció ante el referido Juzgado de Letras, el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, presentando Manifestación y solicitando se dicte sentencia en la cuestión incidental de Oposición al pago de Honorarios Profesionales solicitados ante el mismo juzgado. (Folio 199 de la pieza de antecedentes de Amparo)- 4) Que en fecha once de mayo del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada Maria Florinda Santos Parada, en su condición de Procuradora Judicial Delegada del Estado a través de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, presentando Impugnación y Oposición a una Tasación de Honorarios Profesionales, presentada por el Incidentista, por considerar que no le corresponde ningún pago por concepto de Honorarios Profesionales. (Folios del 222 al 225 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 5) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la impugnación a la solicitud de tasación de honorarios profesionales, tasación que en su momento interpuso el Abogado Sergio Daniel Elvir. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR por IMPROCEDENTE la solicitud de honorarios profesionales planteado por el Abogado Sergio Daniel Elvir.…” (Folios 233 y 234fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición propia contra la sentencia interlocutoria relacionada en el acápite que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, dictó sentencia en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición propia.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia interlocutoria de fecha nueve de septiembre del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa,…” (Folios del 20 al 23 de la pieza de antecedentes de Alzada).- 7) Que la recurrente Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete.- 8) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se “OTORGUE PARCIALMENTE” el presente recurso de amparo, ya que concurre una infracción a la garantía constitucional del debido proceso invocado por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió el recurso de Apelación interpuesto por la parte Incidentista, contra la sentencia interlocutoria de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, con relación a la Tasación de Honorarios Profesionales presentado por el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya.- CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, ha manifestado que SE OTORGUE PARCIALMENTE la acción de amparo promovida, en virtud que a su criterio concurre una infracción a la Garantía Constitucional del Debido Proceso invocado por el amparista; sostiene el Fiscal del Ministerio Público, que la resolución impugnada se erige empleando normativa que no le es aplicable de la forma interpretada por el Ad-Quem, desde esa óptica y apreciando lo referido en el artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho, vigente al momento del ejercicio de la acción judicial en estudio, establece que los profesionales del Derecho pueden prestar los diferentes servicios que ofrecen de manera aislada, es decir, el Abogado Elvir podía contratar por separado con la Secretaría sus servicios como Asesor y como Procurador, pero esto no fue lo sucedido en el caso de mérito, al Abogado Elvir se le contrato como Asesor y Procurador. (Folios del 46 al 49 de la pieza de Amparo).- CONSIDERANDO (5): Que la abogado MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS, exponiendo que la sentencia recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de Noviembre del año 2016, viola los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, consignados en los artículos 82 que define que: “El derecho a la Defensa es inviolable” y el 90 que establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.- CONSIDERANDO (6): Que en la exposición de sus argumentos la recurrente sostiene que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya fue nombrado para desempeñarse como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social y de acuerdo al Manual de Clasificación de Cargos y Puestos de la Dirección General de Servicio Civil, que el puesto de Asesor Legal tiene entre otras funciones las siguientes: 1) Representar por delegación a las autoridades de la institución ante los órganos jurisdiccionales y/o cualquier otra instancia; 2) Sustituir por delegación el poder al Procurador General de la República en los asuntos legales en que resulten involucradas las Secretarías de Estado; 3) Presentar y contestar demandas contenciosas administrativas y de otra índole legal, en que resulten involucradas las diferentes dependencias de las Secretarias de Estado.- CONSIDERANDO (7): Arguye la impetrante que como servidor público que era el Abogado Elvir Amaya, estaba obligado a desempeñar las funciones inherentes al cargo de Asesor Legal; que era un empleado de la Administración Publica y en consecuencia tenia entre otras obligaciones propias a su cargo, la de representar y defender por delegación, los intereses del Estado de Honduras ante los órganos jurisdiccionales, por lo que devengaba un salario mensual. Expresa asimismo la recurrente en amparo, que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya fue nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N°. STSS-084-01 por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el cargo de Asesor Legal, y que en fecha 30 de junio del 2008, y que mediante Acuerdo N°. STSS-181-08, se acuerda cancelar por cesantía al Abogado Elvir Amaya en el puesto de Asesor Legal. Extremos que fueron acreditados, sostiene la impetrante.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al cobro de Honorarios Profesionales, presentado por el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, ante al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por haber representado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora Martha del Carmen Rodríguez Maradiaga, en contra de la referida Secretaría. Cobro de Honorarios Profesionales que le fue declarado improcedente por el A-quo, revocando ésta decisión el Tribunal Ad-quem, al considerar en las argumentaciones jurídicas de su fallo proferido el dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, que la relación laboral del recurrente dio inicio con el acuerdo de nombramiento STSS-84-01 de fecha 23 de marzo del 2001, como Asesor Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, estando acreditado que dentro de las funciones del cargo se encuentran las establecidas en el numeral 4) consistentes en: “Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes”; y la consignada en el numeral 5) “Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en las demandas y defender al Estado en los juzgados del país; por lo que el apelante tenía una retribución fija que dicha Secretaría de Estado tenía la obligación de pagar por ser empleado de la administración pública. Que, ante tales hechos, no puede obviarse que el recurrente fungía por acuerdo como asesor legal con funciones de procuración atribuidas al cargo y delegadas por la Procuraduría General de la República, lo que le da el derecho a peticionar lo consignado en el Artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho.- CONSIDERANDO (9): Que, del estudio de los antecedentes, se desprende que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, fue nombrado a partir de la fecha de toma de posesión del cargo, como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, según Acuerdo Ejecutivo N°. STSS-084-01 de fecha 23 de marzo del 2001, devengando un sueldo mensual de seis mil novecientos lempiras (6,900.00); entre las funciones inherentes al cargo de Asesor Legal le correspondía: a) Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes; b) Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en demandas y defender al Estado en los Juzgados del país. Asimismo, mediante Acuerdo N°. STSS-181-08 se cancela por cesantía al Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, en el puesto de Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. (Folios 226, 227 y 228 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho, vigente al momento de la pretensión de la parte demandante y que invoca la autoridad recurrida en la fundamentación de la sentencia que se impugna en esta vía constitucional establece: LOS HONORARIOS PROFESIONALES: El Profesional del Derecho puede, aislada o conjuntamente, prestar sus servicios como Procurador, Gestor, Conciliador, Árbitro, Curador, Asesor, Consultor, Abogado o Notario. Tales actuaciones son independientes y deben retribuirse en forma separada.- CONSIDERANDO (11): Que en fecha doce de junio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada Rosa América Miranda Rivera, en su condición de Procuradora General de la República, reasumiendo la representación legal del Estado de Honduras y confiriendo Poder para el ejercicio de la Procuración al profesional del Derecho Sergio Daniel Elvir Amaya, en la demanda promovida por la señora Martha del Carmen Rodríguez –Folio 126fv de la pieza de antecedentes de primera instancia-. Asimismo, se observa a folio 174 la comparecencia que hiciera el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, ante el juzgado y en la demanda relacionada, comparecencia que realizo en su condición de Procurador Judicial del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.- CONSIDERANDO (12): Que el abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, se desempeñaba como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; trabajo por el cual devengaba un salario mensual; desempeñando entre otras funciones las de: a) Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes; b) Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en demandas y defender al Estado en los Juzgados del país. De lo anterior se desprende la improcedencia del reclamo de honorarios profesionales, puesto que dentro de las obligaciones contraídas en virtud de la relación laboral se encontraba el ejercicio de la procuración, según la asignación de trabajo, por el cual recibía una remuneración mensual, siendo así, no puede pretender la alzada que se reconozcan honorarios profesionales, cuando ya el demandante percibía un salario mensual por el trabajo de procuración que prestaba como Asesor Legal en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de allí que no puede en consecuencia procurar que se aplique lo dispuesto en el artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho.- CONSIDERANDO (13): Que como bien lo indica la impetrante, al Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, no le fue solicitado por el Ejecutivo, prestar sus servicios profesionales en forma independiente, porque estaba obligado a defender al Estado, ya que ostentaba el cargo de Asesor Legal y por la prestación de sus servicios como Profesional del Derecho, recibía una retribución mensual, es así que como servidor público del Estado, estaba obligado a defenderlo, no a título personal sino como empleado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto el Abogado Elvir Amaya no tiene derecho a solicitar honorarios profesionales, por representar a la referida Secretaría de Estado, pues ésta ya le pagaba un salario mensual por el trabajo realizado.- CONSIDERANDO (14): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la supra indicada sentencia, observando los derechos y garantías constitucionales dejadas relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0079-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, por delegación de la Procuraduría General de la República, a favor del ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (STSS), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de septiembre del año dos mil quince, con relación a la solicitud de tasación de honorarios profesionales promovida por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA en la demanda promovida en el Juzgado del Trabajo, por la señora MARTA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARADIAGA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso, reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de julio del año dos mil seis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la señora MARTA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARADIAGA, promoviendo demanda de nulidad de un acto administrativo, que se declare la ilegalidad del acto y la nulidad del mismo, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Folios del 01 al 03fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que en fecha doce de junio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, reasumiendo la representación legal del Estado de Honduras la Abogada Rosa América Miranda Rivera, en su condición de Procuradora General de la República y confiriendo poder para el ejercicio de la procuración judicial con prohibición de sustituirlo en el profesional del Derecho Sergio Daniel Elvir Amaya. (Folio 20fv de la pieza de antecedentes de Amparo)- 3) Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil catorce, compareció ante el referido Juzgado de Letras, el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, presentando Manifestación y solicitando se dicte sentencia en la cuestión incidental de Oposición al pago de Honorarios Profesionales solicitados ante el mismo juzgado. (Folio 199 de la pieza de antecedentes de Amparo)- 4) Que en fecha once de mayo del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada Maria Florinda Santos Parada, en su condición de Procuradora Judicial Delegada del Estado a través de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, presentando Impugnación y Oposición a una Tasación de Honorarios Profesionales, presentada por el Incidentista, por considerar que no le corresponde ningún pago por concepto de Honorarios Profesionales. (Folios del 222 al 225 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 5) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la impugnación a la solicitud de tasación de honorarios profesionales, tasación que en su momento interpuso el Abogado Sergio Daniel Elvir. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR por IMPROCEDENTE la solicitud de honorarios profesionales planteado por el Abogado Sergio Daniel Elvir.…” (Folios 233 y 234fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición propia contra la sentencia interlocutoria relacionada en el acápite que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, dictó sentencia en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, actuando en su condición propia.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia interlocutoria de fecha nueve de septiembre del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa,…” (Folios del 20 al 23 de la pieza de antecedentes de Alzada).- 7) Que la recurrente Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete.- 8) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se “OTORGUE PARCIALMENTE” el presente recurso de amparo, ya que concurre una infracción a la garantía constitucional del debido proceso invocado por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió el recurso de Apelación interpuesto por la parte Incidentista, contra la sentencia interlocutoria de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, con relación a la Tasación de Honorarios Profesionales presentado por el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya.- CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, el Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, ha manifestado que SE OTORGUE PARCIALMENTE la acción de amparo promovida, en virtud que a su criterio concurre una infracción a la Garantía Constitucional del Debido Proceso invocado por el amparista; sostiene el Fiscal del Ministerio Público, que la resolución impugnada se erige empleando normativa que no le es aplicable de la forma interpretada por el Ad-Quem, desde esa óptica y apreciando lo referido en el artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho, vigente al momento del ejercicio de la acción judicial en estudio, establece que los profesionales del Derecho pueden prestar los diferentes servicios que ofrecen de manera aislada, es decir, el Abogado Elvir podía contratar por separado con la Secretaría sus servicios como Asesor y como Procurador, pero esto no fue lo sucedido en el caso de mérito, al Abogado Elvir se le contrato como Asesor y Procurador. (Folios del 46 al 49 de la pieza de Amparo).- CONSIDERANDO (5): Que la abogado MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, en fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, interponiendo Recurso de Amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS, exponiendo que la sentencia recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de Noviembre del año 2016, viola los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, consignados en los artículos 82 que define que: “El derecho a la Defensa es inviolable” y el 90 que establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.- CONSIDERANDO (6): Que en la exposición de sus argumentos la recurrente sostiene que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya fue nombrado para desempeñarse como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social y de acuerdo al Manual de Clasificación de Cargos y Puestos de la Dirección General de Servicio Civil, que el puesto de Asesor Legal tiene entre otras funciones las siguientes: 1) Representar por delegación a las autoridades de la institución ante los órganos jurisdiccionales y/o cualquier otra instancia; 2) Sustituir por delegación el poder al Procurador General de la República en los asuntos legales en que resulten involucradas las Secretarías de Estado; 3) Presentar y contestar demandas contenciosas administrativas y de otra índole legal, en que resulten involucradas las diferentes dependencias de las Secretarias de Estado.- CONSIDERANDO (7): Arguye la impetrante que como servidor público que era el Abogado Elvir Amaya, estaba obligado a desempeñar las funciones inherentes al cargo de Asesor Legal; que era un empleado de la Administración Publica y en consecuencia tenia entre otras obligaciones propias a su cargo, la de representar y defender por delegación, los intereses del Estado de Honduras ante los órganos jurisdiccionales, por lo que devengaba un salario mensual. Expresa asimismo la recurrente en amparo, que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya fue nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N°. STSS-084-01 por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el cargo de Asesor Legal, y que en fecha 30 de junio del 2008, y que mediante Acuerdo N°. STSS-181-08, se acuerda cancelar por cesantía al Abogado Elvir Amaya en el puesto de Asesor Legal. Extremos que fueron acreditados, sostiene la impetrante.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al cobro de Honorarios Profesionales, presentado por el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, ante al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por haber representado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en la Demanda de Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por la señora Martha del Carmen Rodríguez Maradiaga, en contra de la referida Secretaría. Cobro de Honorarios Profesionales que le fue declarado improcedente por el A-quo, revocando ésta decisión el Tribunal Ad-quem, al considerar en las argumentaciones jurídicas de su fallo proferido el dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, que la relación laboral del recurrente dio inicio con el acuerdo de nombramiento STSS-84-01 de fecha 23 de marzo del 2001, como Asesor Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, estando acreditado que dentro de las funciones del cargo se encuentran las establecidas en el numeral 4) consistentes en: “Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes”; y la consignada en el numeral 5) “Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en las demandas y defender al Estado en los juzgados del país; por lo que el apelante tenía una retribución fija que dicha Secretaría de Estado tenía la obligación de pagar por ser empleado de la administración pública. Que, ante tales hechos, no puede obviarse que el recurrente fungía por acuerdo como asesor legal con funciones de procuración atribuidas al cargo y delegadas por la Procuraduría General de la República, lo que le da el derecho a peticionar lo consignado en el Artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho.- CONSIDERANDO (9): Que, del estudio de los antecedentes, se desprende que el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, fue nombrado a partir de la fecha de toma de posesión del cargo, como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, según Acuerdo Ejecutivo N°. STSS-084-01 de fecha 23 de marzo del 2001, devengando un sueldo mensual de seis mil novecientos lempiras (6,900.00); entre las funciones inherentes al cargo de Asesor Legal le correspondía: a) Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes; b) Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en demandas y defender al Estado en los Juzgados del país. Asimismo, mediante Acuerdo N°. STSS-181-08 se cancela por cesantía al Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, en el puesto de Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. (Folios 226, 227 y 228 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- CONSIDERANDO (10): Que el Artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho, vigente al momento de la pretensión de la parte demandante y que invoca la autoridad recurrida en la fundamentación de la sentencia que se impugna en esta vía constitucional establece: LOS HONORARIOS PROFESIONALES: El Profesional del Derecho puede, aislada o conjuntamente, prestar sus servicios como Procurador, Gestor, Conciliador, Árbitro, Curador, Asesor, Consultor, Abogado o Notario. Tales actuaciones son independientes y deben retribuirse en forma separada.- CONSIDERANDO (11): Que en fecha doce de junio del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada Rosa América Miranda Rivera, en su condición de Procuradora General de la República, reasumiendo la representación legal del Estado de Honduras y confiriendo Poder para el ejercicio de la Procuración al profesional del Derecho Sergio Daniel Elvir Amaya, en la demanda promovida por la señora Martha del Carmen Rodríguez –Folio 126fv de la pieza de antecedentes de primera instancia-. Asimismo, se observa a folio 174 la comparecencia que hiciera el Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, ante el juzgado y en la demanda relacionada, comparecencia que realizo en su condición de Procurador Judicial del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.- CONSIDERANDO (12): Que el abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, se desempeñaba como Asesor Legal en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; trabajo por el cual devengaba un salario mensual; desempeñando entre otras funciones las de: a) Representar a la Secretaría en la procuración de procesos judiciales administrativos en los juzgados competentes; b) Representar al Estado de Honduras como apoderado legal sustituto del Procurador General de la República en demandas y defender al Estado en los Juzgados del país. De lo anterior se desprende la improcedencia del reclamo de honorarios profesionales, puesto que dentro de las obligaciones contraídas en virtud de la relación laboral se encontraba el ejercicio de la procuración, según la asignación de trabajo, por el cual recibía una remuneración mensual, siendo así, no puede pretender la alzada que se reconozcan honorarios profesionales, cuando ya el demandante percibía un salario mensual por el trabajo de procuración que prestaba como Asesor Legal en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de allí que no puede en consecuencia procurar que se aplique lo dispuesto en el artículo 2 del Arancel del Profesional del Derecho.- CONSIDERANDO (13): Que como bien lo indica la impetrante, al Abogado Sergio Daniel Elvir Amaya, no le fue solicitado por el Ejecutivo, prestar sus servicios profesionales en forma independiente, porque estaba obligado a defender al Estado, ya que ostentaba el cargo de Asesor Legal y por la prestación de sus servicios como Profesional del Derecho, recibía una retribución mensual, es así que como servidor público del Estado, estaba obligado a defenderlo, no a título personal sino como empleado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto el Abogado Elvir Amaya no tiene derecho a solicitar honorarios profesionales, por representar a la referida Secretaría de Estado, pues ésta ya le pagaba un salario mensual por el trabajo realizado.- CONSIDERANDO (14): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la supra indicada sentencia, observando los derechos y garantías constitucionales dejadas relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0079-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional