Sentencia AA-782-17 — Registro 9794
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que sobresee el recurso de amparo presentado contra la resolución dictada en la audiencia de defensas previas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A-Quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, al desestimar las defensas previas invocadas, dictando su resolución de manera razonada en aplicación de la norma concreta, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por ello esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, debe REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO PRONUNCIADO, en virtud que en el caso que nos ocupa, la resolución dictada por el A-Quo involucra los derechos fundamentales de las partes, lo que no son cuestiones de mera legalidad. No aprecia la sala ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley. Debe DENEGARSE la acción de amparo interpuesta, por no apreciar vulneración del derecho-garantía del Debido proceso invocado por el recurrente.-
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68, Párrafo segundo (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, que sobresee el Recurso de Amparo presentado contra la resolución dictada en la audiencia de defensas previas celebrada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN contra el CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) 1) Que en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, interponiendo demanda a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, y de los señores MARCIAL BAQUEDANO MENDEZ, MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA, ANDRES ABELINO AVILA, LENIN ERNESTO MARTINEZ, XIOMARA ZULEMA AGUILAR ROMERO, HUGO CHAVEZ MAYORQUIN, MARIO ALBERTO ANDINO MARTINEZ, MARLON ANTONIO MARTINEZ BLANDON, MIRIAN YOLANDA AVILA GOTAY, FELIX ANTONIOCORRALES TORRES, VICTOR MANUEL MONTES MOLINA, TODOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, con relación a la nulidad de los acuerdos No.001-13-10-2016, No. 001-22-11-2016 de fecha 13 de octubre y 22 de Noviembre de dos mil dieciséis (2016), ambas emitidas por la Junta Directiva del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativa (CONSUCOOP), demanda que se interpone contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), siendo admitida la misma en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete.-2) Que en fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, actuando en su condición de Procuradora General de la República y por ende Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada, solicitando la “nulidad del auto de admisión, alegando que se ha admitido una demanda a sabiendas que adolece de defectos que impiden la admisión de la misma.” (Folios del 313 al 321 de la pieza de primera instancia).- 3) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante el cual resolvió: “…En resumen se desestiman todos los alegatos de defensas previas señalados por la parte Incidentista por inexistentes …” (Folios ciento veintitrés y ciento veinticuatro de los antecedentes de la Pieza Separada de Defensas Previas).-3) Que en fecha Trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria del derecho constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.- 4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual falló: (Sic) “SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, en su condición de representante procesal del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COPERATIVAS (CONSUCOOP)…” (Folios 41 al 46 de la pieza de los antecedentes de Amparo).-5) Que en fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA en su condición de representante procesal del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP), en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que sobresee el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre la desestimación de las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por la señora ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, contra EL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).-CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, señala en el numeral SEXTO de los Fundamentos de Derecho: que desde una perspectiva constitucional procede la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 46 No. 1 que enuncia la causas de inadmisibilidad de los recursos de amparo, considerando el ad quem que se alegan violaciones de mera legalidad aunado al último párrafo que establece que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible, dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. Procediendo en consecuencia a dictar sobreseimiento de las diligencias.-CONSIDERANDO (5): Que el objetivo de la justicia constitucional, materializada a través de sus jueces, es la defensa del orden jurídico constitucional lo que implica y garantizar el ejercicio, reconocimiento y restablecimiento de los derechos fundamentales, en ese orden de ideas el Juez Constitucional no se pronuncia sobre el fondo del asunto que esta reservado exclusivamente para los órganos jurisdiccionales competentes. De acuerdo al Ad-Quem, procede sobreseer la acción de amparo intentada por considerar que las alegaciones son cuestiones de mera legalidad lo cierto es que la resolución del juez en el caso sub judice tiene efectos contra los derechos de las partes, ya que de la resolución del A quo, en cuanto a declarar con lugar o no las defensas previas, dará lugar a la admisibilidad o no de la demanda, lo que para las partes o para una de ellas, representa la vulneración de derechos fundamentales, es por ello que se invoca la acción de amparo, en ese orden de ideas, es conforme a la facultad del Juez Constitucional, examinar de manera detallada la resolución por la que se pide amparo, a fin de determinar o desvanecer el más leve indicio de que el A quo siguió o no el procedimiento previamente establecido en la ley para emitir su resolución, todo ello conlleva al análisis de el Debido Proceso, si éste se ha seguido o no en la resolución impugnada, si se han llenado los requisitos, exigencias, solemnidades establecidas en la ley para hacer prevalecer el derecho material. Es decir cuando los derechos fundamentales se encuentran comprometidos en la resolución impugnada, es preciso, dar respuesta desde el prisma de la justicia constitucional a las pretensiones expuestas, lo contrario daría como resultado la falta de tutela judicial efectiva por mera arbitrariedad.-CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A-Quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, al desestimar las defensas previas invocadas, dictando su resolución de manera razonada en aplicación de la norma concreta, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por ello esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, debe REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO PRONUNCIADO, en virtud que en el caso que nos ocupa, la resolución dictada por el A-Quo involucra los derechos fundamentales de las partes, lo que no son cuestiones de mera legalidad. No aprecia la sala ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley. Debe DENEGARSE la acción de amparo interpuesta, por no apreciar vulneración del derecho-garantía del Debido proceso invocado por el recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 68 párrafo 2do., 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DENIEGA la acción de Amparo de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0782-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL