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Sentencia AA-781-17 — Registro 9793

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que sobreseyó el recurso contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras en relación a la causa inadmisibilidad planteada en la demanda especial en materia personal. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82,90 y 183 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (14): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el fallo que literalmente dice:” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. –Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que Sobreseyó el recurso presentado por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en relación a la causa inadmisibilidad planteada en la demanda especial en materia personal promovida por GERARDINA MARIA FORTIN PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82,90 y 183 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada GERARDINA MARIA FORTIN PADILLA, interponiendo en su condición personal DEMANDA ESPECIAL EN MATERIA PERSONAL PARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR POR INFRACCION AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESTABLECIDO, QUEBRANTAMIENTO JURIDICO DE FORMALIDADES Y ESENCIALES , EXCESO Y DESVIACION DE PODER.- QUE SE RECONOZCA LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA POR LA CANCELACION ILEGAL DE QUE FUE OBJECTO.- Y COMO MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS QUE SE ORDENE A TRAVES DE SENTENCIA DEFINITIVA EL REINTEGRO DE SU ANTIGUO PUESTO DE TRABAJO, MAS LOS ASCENSOS A LOS GRADOS INMEDIATOS SUPERIORES QUE TENIA AL MOMENTO DE SER DESPEDIDA DE MANERA ILEGAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, CON TODOS LOS AUMENTOS, PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER MES, DECIMO CUARTO MES Y DEMAS BENEFICIOS COLATERALES QUE SE PUDIERAN GENERAR DESDE SU ILEGAL CANCELACION HASTA EL MOMENTO EN QUE DICHA SENTENCIA SEA EJECUTADA. (Folios 01 al 16 de la primera pieza) 2) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, en fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado antes citado, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 02 de la pieza separada de defensas previas) 3) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió Desestimando las Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista. (Folios 26 al 29 de la pieza separada de defensas previas) 4) Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, compareció la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de que se hace referencia en el numeral que precede, resolución que a criterio del recurrente es violatoria de los artículos 82,90 y 183 de la Constitución de la República. (Folios 01 Y 04 de la pieza de amparo) 5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha dieciséis de octubre dos mil diecisiete, en la cual RESUELVE :“SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR, en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras.- SEGUNDO: Se confirma la resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, que obra de folio veintiséis frente (F-26) a folio veintinueve (F-29) de la pieza separada de defensas previas dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. …” (Folios 20 al 22 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución emitida en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, mediante el cual determinó desestimar las defensas previas opuestas por la parte demandada al encontrar las mismas improcedentes según se advierte de su motivación. Las defensas previas alegadas y fundadas en causas de inadmisibilidad de la demanda, fueron señaladas y razonadas por el demandado así: UNICA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACION MEDIANTE LA ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RESPECTO DE LOS ACTOS FIRMES: El incidentista señala que se ha producido esta causa de inadmisibilidad en virtud de que la demandante acepto y procedió hacer efectivo el pago de los derechos que por ley le correspondían, consistente en el cheque No. 45379, por la cantidad de L.108,848.66, librado por el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el DESPACHO DE Seguridad, acción con la que contundentemente consistió dicho acto es decir el acuerdo de cancelación por reestructuración No. 2195-2016, de fecha 8 de septiembre del 2016, lo anterior en estricto apego a lo que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 63 literal a), 80 literal c), 31 literal a) y 51 literal b). CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia interlocutoria que resolvió la denegatoria de la cuestión de defensas previas opuestas por el Estado, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA destacó en su motivación en cuanto a esta única causal, que lo alegado en la presente defensa previa no se subsume en ese consentimiento expreso que requiere el artículo 31 letra a) de la Ley de esta Jurisdicción, en vista que en ningún momento el ahora demandante expresa por escrito la conformidad con el acto que impugna (ver folio 30 de autos), y por otro lado, al requerir dicho artículo de la ACEPTACION DEL ACTO IMPUGNADO, es lógico que lo referido por el Incidentista es inexistente, en virtud que el demandante en ningún momento ha consentido expresamente el ACTO IMPUGNADO (Acuerdo de Cancelación), ya que lo retirado por el mismo es la cantidad de dinero establecida en el cheque 45379 que obedece al pago de compensación laboral y derechos adquiridos por haber laborado para la Secretaría de Seguridad, los cuales en todo caso serían los efectos de dicho acto.- Con lo anterior, ha quedado acreditado que el acto impugnado en ningún momento ha sido consentido, al grado que el demandante ha demostrado su no aceptación expresa, al haber solicitado su nulidad mediante demanda presentada en tiempo y forma ante este tribunal; por lo tanto, se declara sin lugar la presente defensa previa alegada. CONSIDERANDO (7):Que en la sentencia que se conoce en consulta y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO estableció en sus consideraciones que no se da la existencia de la violación constitucional alegadas por la amparista, al apreciar que al Estado se le dio un trato equitativo dentro del proceso, en el que se le permitió tener oportunidad de ser oído, así como el derecho de hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, por lo que considero el Tribunal de Alzada sobreseer el recurso de amparo interpuesto, en razón de que tanto del escrito de formalización del amparo, el impetrante se limita a reproducir los argumentos que utilizo como alegatos de Defensa Previas en primera instancia, por lo que las violaciones manifestadas son de mera legalidad ya que constituye alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, por lo que constituyen alegato de mera legalidad. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el recurrente ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual los argumentos del amparista resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas. En tal virtud, al haber sobreseído el amparo, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones, normas y principios que rigen el proceso, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, ciñéndose a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO (9): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (11): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO (13): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora GERARDINA MARIA FORTIN PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .-LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) Certificación de del fallo de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0781=2017

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL