Sentencia AA-738-17 — Registro 10082
Resumen
Resolución No. SO-051-2017 declaró con lugar recurso de revisión contra recurrente en virtud de la negativa de entregar información solicitada por interesado; además se tuvo por entregada de manera extemporánea y satisfactoria dicha información al solicitante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: “Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. La transferencia al Instituto la verificará el Estado trimestralmente”. Por otra parte, están los informes rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: DGP-06-2018 de fecha 28 de febrero del 2018,de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante el cual consta que “Las Transferencias que esta Secretaría (Finanzas) realiza a través del Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI, registrada con: Transferencias a Asociaciones sin fines de Lucro de la Secretaría de la Presidencia, son para gastos de funcionamiento del Colegio de Periodistas de Honduras y no como aporte patronal o aportación y contribución propias del Estado para con el Instituto de Previsión Social del Periodismo, ni recibe ingresos por la emisión de timbres o por la retención de bienes”. Además, establece: Que desde la gestión 2014 a 2018 el colegio de Periodistas cuenta con Presupuesto Aprobado, pero no se ha realizado transferencia de pago. El Memorando y TGR-DP-017-2018 de la Tesorería general de la República de fecha 28 de febrero del 2018, detalla los pagos al Instituto de Previsión Social del Periodista, según el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)..."..."del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la resolución No SO-051-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que declaró con lugar un recurso de revisión promovido por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA. Estima la recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el Abogado BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, presentando recurso de revisión, en relación a la Solicitud de Información Pública presentada ante el Oficial de Información Publica del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA, por la negativa a entregar información por parte de dicho Oficial. -2) Que en fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante resolución No. SO-051-2017, resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea y satisfactoriamente al recurrente la información relacionada a: “El número de periodistas afiliados activos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en cada año entre 1987 a 2013. El número de periodistas jubilados del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en cada año entre 1987 y el 2016” TERCERO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Publica y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Publica, la misma quedara firme con los efectos pertinentes. CUARTO: Extiéndase Certificación integra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8) de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ATICORRUPCION (CNA), para los efectos legales correspondientes. - NOTIFIQUESE. (Folios del 19 al 22 de la pieza de antecedentes).-3) La recurrente Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, interponiendo recurso de amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA, por considerar que con la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se le han violentado los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho. -4) Que en fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución No. SO- 51-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, que declaró con lugar un Recurso de REVISIÓN promovido por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ contra EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo interpuesta expone los antecedentes que la motivan a buscar justicia constitucional, señalando que el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante auto dictado, admitió el recurso de Revisión presentado, ordenando requerir al Licenciado Edwin Romero García en su condición de Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social del Periodismo, para que en el plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el respectivo requerimiento, remita al IAIP, los antecedentes relacionados con el presente recurso y haga entrega de la información solicitada al recurrente, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere se le impondrán las sanciones establecidas en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señala la recurrente que el Licenciado Dagoberto Rodríguez Coello, en su condición de Presidente de la Junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista, entregó la información solicitada al señor Boanerges Gustavo Palencia Cruz, a través del conducto por el cual la solicitó, manifestándose conforme con la misma.-CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente manifiesta que en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecisiete (2017), el Instituto de Acceso a la Información Pública, RESUELVE primero declarar con lugar el recurso de REVISIÓN presentado por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, en su condición personal contra el INSTITUTO DE PREVENSIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IAPP), en virtud de que no se le dio respuesta a su petición de información en el plazo que establece la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 21. Segundo Se tenga por entregada de manera extemporánea y satisfactoria al recurrente la información relacionada a: “El número de periodistas activos del Instituto de Previsión Social del Periodismo (IPP), en cada año 1987 a 2013; el número de periodistas jubilados del Instituto de Previsión Social del Periodismo (IPP), en cada año 1987 a 2016….Señala la recurrente que el Instituto de Acceso a la Información Pública, pretende considerar al INSTITUTO DE PREVENSIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IAPP), como una institución obligada de las referidas en el artículo 3 definición 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin que el dicho Instituto de previsión se encuentre incluido en esa norma legal. Dejando establecido que la Ley creadora de dicho Instituto de Previsión lo define como: organismo de derecho publico no estatal gremial sino de lucro, donde sus recursos provienen de las actividades propias de la misma entidad enunciadas en su ley orgánica y su gestión está directamente vinculada con las situaciones de clase pasiva de los periodistas, sea por razones de jubilación o de pensión. Además, manifiesta que el INSTITUTO DE PREVENSIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IAPP), no participa del Estado ni recibe fondos de éste y por consiguiente no se le aplican normas, procedimientos, instrumentos, metodologías que se le aplican a los entes estatales. Señala que el Régimen Financiero está totalmente desvinculado del Régimen Financiero Estatal, por lo que no está sometido a los controles presupuestarios, ni de rendición de cuentas a que están obligados los entes estatales, (Tribunal superior de Cuentas), ni la Dirección de Ingresos que tiene ingerencia en su presupuesto. Considera que se ha quebrantado el artículo 321 del principio de legalidad; artículo 82 del Derecho de Defensa, artículo 90 del debido Proceso, todos de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: (6) Que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, en cumplimiento a la información solicitada remitió a esta Sala el expediente No. 017-2017-12, corriendo a folio 13 del mismo el Dictamen No. USL-21-2017 de fecha 23 de marzo del año dos mil diecisiete (2017), señala en el párrafo “UNDECIMO” Que el Instituto de previsión Social del Periodista (IPP), es una Institución obligada al tenor de lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (citado literalmente). Expone una relación detallada de las actuaciones y fundamentos de derecho que la respaldan para decidir sobre la Revisión presentada por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, contra el Instituto de Previsión Social del periodismo (IPP). Concluyendo el Instituto de Acceso a la Información Pública: “Que en el presente caso se pudo comprobar que el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISMO (IPP), no dio respuesta a la solicitud de información realizada por el señor BOANERGES GUSTAVO PALENCIA CRUZ, actuando en su condición personal , por lo que se incurre en una de las causales establecidas en el artículo 52 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA para Primero: Declarar la procedencia del presente Recurso de Revisión; Segundo tener por entregada de manera extemporánea al recurrente, la información solicitada…, Tercero; que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente.-CONSIDERANDO: (7) Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que el Instituto de Previsión Social del Periodista de acuerdo a su ley orgánica, creada mediante Decreto No. 180-85 y reformada mediante Decreto NO. 91-86, de fecha 16 de julio de 1986, que en su artículo 27 inciso a) dispone: “Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84 artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial, escrita, radial o televisada. La transferencia al Instituto la verificará el Estado trimestralmente”. Por otra parte, están los informes rendidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas sobre los montos que se le han transferido a dicho instituto durante los años 2015 al 2017. Apreciándose que dicho Instituto ha recibido fondos públicos de acuerdo al contenido de los memorandos: DGP-06-2018 de fecha 28 de febrero del 2018,de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante el cual consta que “Las Transferencias que esta Secretaría (Finanzas) realiza a través del Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI, registrada con: Transferencias a Asociaciones sin fines de Lucro de la Secretaría de la Presidencia, son para gastos de funcionamiento del Colegio de Periodistas de Honduras y no como aporte patronal o aportación y contribución propias del Estado para con el Instituto de Previsión Social del Periodismo, ni recibe ingresos por la emisión de timbres o por la retención de bienes”. Además, establece: Que desde la gestión 2014 a 2018 el colegio de Periodistas cuenta con Presupuesto Aprobado, pero no se ha realizado transferencia de pago. El Memorando y TGR-DP-017-2018 de la Tesorería general de la República de fecha 28 de febrero del 2018, detalla los pagos al Instituto de Previsión Social del Periodista, según el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).-CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la resolución recurrida no ha quebrantado el principio de legalidad inherente al Debido Proceso, en consecuencia, ha seguido el procedimiento establecido en la ley. -CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial e intervenido en todos los momentos y diligencias judiciales que a su juicio corresponden, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el derecho de Defensa, por otra parte, no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa.-CONSIDERANDO: (10) Que el Ministerio Público a través de su representante, después del estudio y análisis jurídico de los antecedentes, emitió dictamen en fecha 13 de marzo del año 2018, pronunciándose porque no se otorgue el amparo solicitado. -CONSIDERANDO: (11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la resolución de fecha diecinueve de julio del año diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0738-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL