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Sentencia AA-738-15 — Registro 10081

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que declaró con lugar de manera parcial la Oposición en solicitud de Tasación de Honorarios Profesionales y Gastos reclamados por el Abogado Carlos Alberto Zamora Bautista quien fue apoderado de incidentada; El Juzgado Tasó y reformó los Honorarios Profesionales y restó cantidad de gastos de transporte por no haber sido acreditados en juicio; En consecuencia, Condenó al incidentista (ahora recurrente)a pagar al reclamante una determinada cantidad en la Demanda para el pago de indemnización de Daños y Perjuicios promovida por la ahora recurrente contra la Corporación Municipal de Nacaome, Valle, la cual se declaró procedente; La Autoridad recurrida consideró que lo procedente es liquidar dichos honorarios según los montos mínimos establecidos en el Arancel del Profesional del Derecho; También, desestimó solicitud de pago de gastos de traslados por no haberlo acreditado con los medios de prueba requeridos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional estima que las decisiones señaladas de vulneradoras de derechos fundamentales, en efecto, no han sido tomadas de acuerdo a las leyes de la República ya señaladas en esta sentencia; al haber hecho un cálculo de honorarios profesionales sin seguir el procedimiento previamente establecido en el artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho..."..."En el caso que nos ocupa, es evidente el desajuste que existe entre la fundamentación legal aplicada en la parte dispositiva del fallo y la interpretación dada al procedimiento contenido en dicha fundamentación, <artículo 89 del Código procesal Civil en relación con el 43 del Arancel del Profesional del Derecho>, lo que conlleva a que de manera errónea se otorgue más de lo que la ley manda a ser otorgado. Es menester mencionar que tanto el Juez de Letras como la Corte de Apelaciones omitieron motivar la decisión que los llevó a determinar la cantidad de honorarios profesionales a pagar. En la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, el Ad-quem refiere únicamente: “De una revisión realizada a la minuta presentada por el incidentado, el Juzgado aprueba parcialmente la misma en lo que concierne a los cálculos elaborados tomando como base los honorarios mínimos fijados por el Arancel para cuantificar las diferentes etapas en las que ha actuado como procurador del litigante demandante.” De igual manera el Tribunal de alzada hace referencia a: “…lo procedente es liquidar los honorarios solicitados, solicitados los montos mínimos establecidos en el Arancel del profesional del Derecho y en cuanto a los honorarios reclamados, y de la revisión hecha al momento presentado por el incidentado, se aprueba parcialmente la misma en lo que concierne a los cálculos realizados tomando como base los honorarios mínimos fijados por el Arancel…”; coincidiendo ambos en desestimar la solicitud de pago de gastos de traslados, por no haberse acreditado con los medios de prueba requeridos..."..."en los casos cuya pretensión sea el pago de cantidades dinerarias, las partes tienen el derecho de conocer el cálculo minucioso que realice el Juez de instancia; Cálculo que el Ad-quem, en su función revisora, está obligado a exigir como parte vital de la motivación de la sentencia. En ese sentido, en el presente caso, la Sala de lo Constitucional estima fundamental que el Tribunal recurrido corrija el error del inferior, realizando el cálculo de acuerdo a la legislación supramencionada. El artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho, manda a realizar el calculo de forma escalonada,..."..."se han proporcionado las pautas a seguir a efecto de una debida aplicación de la norma, y siendo que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, y siendo que de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia la vulneración al debido proceso, es procedente OTORGAR el presente recurso, teniendo como consecuencia que la Corte de Apelaciones recurrida, proceda a realizar el cálculo de pago de honorarios profesionales y plasmarlo en la sentencia cumpliendo con ello con el principio de motivación de la sentencia, con la finalidad de lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
  • Arancel del Profesional del Derecho, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS a favor de la Sociedad Mercantil denominada “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V., contra la sentencia de fecha nueve de abril de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, con relación a la cuestión incidental de honorarios profesionales alegados por el Abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA, en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V.”, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. Estimando el recurrente que con la resolución dictada se le han violentado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA, promoviendo Incidente de Tasación de Honorarios Profesionales, en virtud de habérsele revocado sin previo aviso el Poder a él otorgado por Sociedad Mercantil denominada “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V., con el propósito según el recurrente de evitar el pago de sus honorarios profesionales, las cuales a esa fecha ascendían a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L.3,283,713.05). -2) Que en fecha doce de febrero de dos mil catorce, compareció ante el referido Juzgado de Letras, el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada GRUPO DE ASESORES PRIVADO, S. DE R.L. DE C.V., presentando oposición al incidente de tasación de costas interpuesto.-3) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria en la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR de manera parcial, la oposición a la solicitud de Tasación de Honorarios Profesionales. Oposición que ha planteado el incidentista GRUPO DE ASESORES PRIVADOS S. DE R.L DE C.V. (GAP, S DE R.L.). SEGUNDO: Alterar y Tasar los honorarios reclamados por el abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA en la cantidad de TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVO (L.3, 078,355.31). TERCERO: Condenar al incidentista GRUPO DE ASESORES PRIVADOS S. DE R.L DE C.V. (GAP, S DE R.L.), a pagar al abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA dicha cantidad. …”. (Folios 19 al 21 de la primera pieza).-4) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V., la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en fecha nueve de abril de dos mil quince, mediante la cual: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, actuando en su condición de apoderado legal de la SOCIEDAD GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R. L. DE C.V. (GAP, S. DE R.L. DE C.V. antes GARCIA PEREZ Y ASOCIADOS S. DE R.L..- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia interlocutorio de fecha Veinte de Noviembre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios de numero diecinueve (19) al veintiuno (21) de la segunda pieza separada de Incidente de Tasación de Honorarios Profesionales.-…” (Folios 18 al 25 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de agosto de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V, por considerar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha nueve de abril de dos mil quince, es violatoria de lo estipulado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciséis de octubre de dos mil quince. -5) Que con fecha dieciséis de noviembre de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen de la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, en el cual fue de la opinión “Que no se Otorgue” la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (01): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (02): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (03): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, en su condición de Representante Legal de la Empresa recurrente, a favor de la Sociedad Mercantil denominada “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V., del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HONDURAS se dirige contra la sentencia de fecha nueve de abril de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, con relación a la cuestión incidental de honorarios profesionales alegados por el Abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA, en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S DE R.L DE C.V.”, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE.-CONSIDERANDO (04): Que la causa en estudio, tiene su génesis en fecha doce de junio de dos mil siete, día en el cual se interpuso una demanda para el pago de indemnización de Daños y Perjuicios, promovida ante el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la “Sociedad Grupo de Asesores Privados S. de R.L., de C. V.” en contra de la Corporación Municipal de Nacaome, Departamento de Valle, registrada bajo el No.193-07. La demanda siguió su curso hasta llegar a sentencia dictada en fecha dos de febrero del año dos mil diez, mediante la cual el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, del Departamento de Francisco Morazán, declaró procedente la demanda mencionada para el pago de indemnización de Daños y Perjuicios. En fecha tres de junio del año dos mil trece, el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dicta Sentencia interlocutoria declarando CON LUGAR LA SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por la sociedad GRUPO DE ASESORES PRIVADOS S. DE R. L DE C. V. liquidando los daños y perjuicios por la cantidad de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.10,945,710.18).-CONSIDERANDO (05): Que el Abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA, actuando en causa propia, en virtud de haber sido el apoderado judicial de la sociedad GRUPO DE ASESORES PRIVADOS S. DE R. L DE C. V. y al haber liquidado los daños y perjuicios por la cantidad de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.10,945,710.18); en la demanda registrada con el número 193-2007, en fecha dieciséis de Enero del año dos mil catorce, compareció ante el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, a interponer INCIDENTE DE TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, solicitando la aprobación a la tasación de HONORARIOS PROFESIONALES y gastos, por la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L3,283,713.05). El representante legal de la Sociedad Mercantil GRUPO DE ASESORES PRIVADOS S.de R.L DE C.V. presentó OPOSICION E IMPUGNACION Al INCIDENTE DE TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, por considerarlos excesivos; no obstante el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, emitió sentencia interlocutoria, mediante la cual, tasó los honorarios en la cantidad de TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS,(L.3,162,315.31).-CONSIDERANDO (06): Que en fecha nueve de Abril del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto, y aun y cuando en la parte resolutiva de la sentencia se lee que se confirma la sentencia recurrida, de la lectura total de la sentencia debe entenderse que la misma ha sido reformada al restar de la cantidad liquidada OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS, en concepto de gastos de transporte, en virtud de no haber sido acreditados en juicio, por lo que dispuso: alterar y tasar los honorarios reclamados por el abogado CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA en la cantidad de TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L.3,078,355.31). -CONSIDERANDO (07): Que el recurrente alega que con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, se le ha violentado a su representada, las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues estima que los honorarios tasados en la cantidad de (TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRA), (L 3,078,355.31) son excesivos y no están ajustados al Arancel del Profesional del Derecho.-CONSIDERANDO (08): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, no prevé ningún procedimiento especial para tramitar los reclamos que por honorarios profesionales devengados en juicio, pudieren tener los Profesionales del Derecho que hayan suscrito contratos de servicios profesionales, de ahí que al tenor de lo prescrito por el artículo 134 de dicha ley, habrá que aplicar supletoriamente, lo dispuesto por el Código procesal Civil, y como ley especial el Arancel del Profesional del Derecho, en ese sentido es aplicable lo estipulado en el artículo 89 del Código Procesal Civil, relativo al Cobro de Honorarios, disposiciones que deben relacionarse con lo establecido con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que manda que aun y cuando se trate de otra materia, este artículo permite que la jurisdicción Contencioso Administrativo, sea competente para conocer el incidente de Honorarios profesionales, por estar directamente relacionado con un juicio contencioso administrativo, como lo manda la norma. -CONSIDERANDO (09): Que el articulo 5 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, refiere: "La competencia de la jurisdicción de lo Contencioso administrativo se extenderá al conocimiento de la decisión de las cuestiones prejudiciales, e incidentales, no pertenecientes a la materia, directamente relacionadas con un juicio contencioso administrativo”.-CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. -CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional estima que las decisiones señaladas de vulneradoras de derechos fundamentales, en efecto, no han sido tomadas de acuerdo a las leyes de la República ya señaladas en esta sentencia; al haber hecho un cálculo de honorarios profesionales sin seguir el procedimiento previamente establecido en el artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho. Es menester mencionar que hablar de cálculos matemáticos, conforman una cuestión de mera legalidad, exclusivo de los tribunales de instancia, es decir, el Juez de Letras, quien, al haber declarado el derecho, procede a realizar el cálculo a fin de determinar la cantidad a pagar en concepto de honorarios profesionales; y será el Tribunal de alzada, quien tiene la atribución legítima de revisar los errores del inferior, no obstante, se eleva y por ende constituye una cuestión de análisis constitucional, la interpretación errónea de las leyes, como en el caso de autos, la interpretación errónea del artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho, de la que deviene una vulneración al debido proceso, garantizado constitucionalmente a las partes en el proceso.-CONSIDERANDO (12): Que las partes en un proceso sea administrativo o judicial, tienen el derecho a obtener una resolución o sentencia fundada en derecho congruente, lo que debe entenderse como dos exigencias sine qua non: uno que las sentencias sean debidamente motivadas y dos: que éstas sean congruentes. En el caso que nos ocupa, es evidente el desajuste que existe entre la fundamentación legal aplicada en la parte dispositiva del fallo y la interpretación dada al procedimiento contenido en dicha fundamentación, <artículo 89 del Código procesal Civil en relación con el 43 del Arancel del Profesional del Derecho>, lo que conlleva a que de manera errónea se otorgue más de lo que la ley manda a ser otorgado. Es menester mencionar que tanto el Juez de Letras como la Corte de Apelaciones omitieron motivar la decisión que los llevó a determinar la cantidad de honorarios profesionales a pagar. En la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, el Ad-quem refiere únicamente: “De una revisión realizada a la minuta presentada por el incidentado, el Juzgado aprueba parcialmente la misma en lo que concierne a los cálculos elaborados tomando como base los honorarios mínimos fijados por el Arancel para cuantificar las diferentes etapas en las que ha actuado como procurador del litigante demandante.” De igual manera el Tribunal de alzada hace referencia a: “…lo procedente es liquidar los honorarios solicitados, solicitados los montos mínimos establecidos en el Arancel del profesional del Derecho y en cuanto a los honorarios reclamados, y de la revisión hecha al momento presentado por el incidentado, se aprueba parcialmente la misma en lo que concierne a los cálculos realizados tomando como base los honorarios mínimos fijados por el Arancel…”; coincidiendo ambos en desestimar la solicitud de pago de gastos de traslados, por no haberse acreditado con los medios de prueba requeridos.-CONSIDERANDO (13): Que en los casos cuya pretensión sea el pago de cantidades dinerarias, las partes tienen el derecho de conocer el cálculo minucioso que realice el Juez de instancia; Cálculo que el Ad-quem, en su función revisora, está obligado a exigir como parte vital de la motivación de la sentencia. En ese sentido, en el presente caso, la Sala de lo Constitucional estima fundamental que el Tribunal recurrido corrija el error del inferior, realizando el cálculo de acuerdo a la legislación supramencionada. El artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho, manda a realizar el calculo de forma escalonada, por ejemplo: La cuantía condenada es de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS, (L10,945,710.18); por lo que el 25% de los primeros L30,000.00 lempiras son L.7,500.00 lempiras, y al estar calculado el porcentaje de esta cantidad, la misma debe ser restada de la correspondiente al segundo escalón el que tiene como cantidad máxima L200,000,00 lempiras; es decir que se deberá calcular el 15% de L.170,000,00, y de la misma manera hasta llegar a la tarifa ordinaria establecida. En caso de recursos, la aplicación debida del artículo 43.g, manda a calcular un 33% sobre el 3% que corresponde a la cantidad surgida como la tarifa legal ordinaria, así como correspondería realizar el cálculo de un 5% del 33% por los incidentes que se ventilaron en el juicio por disponerlo así el artículo 43.h del Arancel del Profesional del Derecho.-CONSIDERANDO(14): Que se han proporcionado las pautas a seguir a efecto de una debida aplicación de la norma, y siendo que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, y siendo que de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia la vulneración al debido proceso, es procedente OTORGAR el presente recurso, teniendo como consecuencia que la Corte de Apelaciones recurrida, proceda a realizar el cálculo de pago de honorarios profesionales y plasmarlo en la sentencia cumpliendo con ello con el principio de motivación de la sentencia, con la finalidad de lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 5 y 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Artículo 12 del Código de Procedimientos FALLA: 1.- OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS a favor de la Sociedad Mercantil denominada “GRUPO DE ASESORES PRIVADOS, S. DE R.L DE C.V. 2.- Que se proceda a la realización de un nuevo calculo de honorarios profesionales aplicando la legislación que en derecho corresponde Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0738-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL