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Sentencia AA-726-17 — Registro 8538

Resumen

En relación al incidente de nulidad de actuaciones presentado en la demanda promovida contra impetrante por sociedades mercantiles a fin de que se declare la nulidad de actos administrativos por haber sido dictados contrario a derecho, violentando el procedimiento del juicio de lesividad,reconocimiento y validez de un acto administrativo que tenía carácter de firme y consentido, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(8): Que del estudio de la foliada, y de la resolución objeto de consulta esta Sala ha podido constar que ciertamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, si bien ha relacionado los hechos controvertidos en cada momento procesal, también es cierto que no ha guardado la correlación existente entre sus fundamentos de derecho y la parte dispositiva de su sentencia, por lo que el pronunciamiento por el tribunal de alzada desnaturaliza propiamente la forma y contenido de las sentencias.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala ha sostenido[1] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. La congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. Como afirma RODRÍGUEZ-AGUILERA, la congruencia no impide la posibilidad de aplicar, el juez o magistrado, normas distintas de las alegadas por las partes, pudiendo incluso rectificar errores de técnica jurídica en que éstas hubieren incurrido[2]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[3], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[4] CONSIDERANDO ONCE (11): Que vista la sentencia objeto de estudio, se advierte que la misma no cumple los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a las alegaciones del recurrente en forma clara y precisa y tampoco hace una relación entre la pretensión del impetrante y el fallo, puesto que el recurrente aduce la existencia de una violación al debido proceso en el fallo que recurre por vía de amparo y la sentencia de la Alzada no incluye razonamiento alguno sobre este respecto, limitándose a hacer acopio de lo resuelto por el Juez A-Quo, sin establecer argumentos lógico-jurídicos en los que se funde la denegatoria del recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que la fundamentación de la misma, NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente, imprecisa y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso, en perjuicio del recurrente, Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA. Consecuentemente, la sentencia venida en consulta de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, debe ser REVOCADA, debiendo OTORGARSE la garantía de amparo, para el solo efecto que el referido Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada, dando respuesta a las alegaciones del amparista en forma clara y precisa, debiendo hacer una relación entre la pretensión del recurrente y el fallo, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde su decisión"

Legislación citada

Sentencia

CERTFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, en relación al incidente de nulidad de actuaciones presentado en la demanda promovida por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Procesal de las sociedades mercantiles DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A DE C.V. e INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha siete de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, actuando en su condición de apoderado legal de las sociedades mercantiles DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A DE C.V. e INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A., promoviendo Demanda para que se declarara la nulidad de actos administrativos por haber sido dictados contrario a derecho, violentando el procedimiento del juicio de lesividad, que se declarara el reconocimiento y la validez de un acto administrativo que tenía carácter de firme y consentido, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se ordenaran las medidas para su restablecimiento, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. (Folios 01 al 14 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en audiencia preliminar celebrada en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, el citado Juzgado resolvió: “… Después de haber escuchado los medios de prueba propuestos por la parte demandada, consistentes todos en documentales siendo éstos: la solicitud de pago de obligaciones no depositadas presentada por la sociedad Desarrolladores Asociados de Honduras, S.A. de C.V., que obra a folios del 1 al 8 que obra en el expediente administrativo, la resolución DAL1527/30-08-2011, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que la suscrita tenga énfasis en el considerando número nueve; el Testimonio de Escritura Pública No. 49 de Compraventa de dos módulos ubicados en el Centro Financiero Capital; resolución SG38-12 de fecha 30 de julio del 2012, emitida por la Secretaría de Finanzas, que obra a folio 726 al 750; decretos 274-2010 y 162-2011, no pueden ser objeto de valoración porque ya son incorporados en el expediente y obran del folio 23 al 26, se va a manera de ilustración; en cuanto a la resolución No. P038/04-01-2012 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de fecha 04 de enero de 2012 que obra a folio 120 al 124; acta parcial de traspaso de bienes debidamente autenticada también se admite en su totalidad; la resolución 1052/20-12-02 que contiene la liquidación forzosa de Banco Capital, S.A., se admite; la protocolización de escrituras que ha traído a este Despacho debidamente autenticadas en el cual se van a admitir únicamente las números 17, 13, 19 y 30 en donde se acredita quien funge como liquidador de Banco Capital, no obstante el Testimonio 121 se deja fuera por no constar en la auténtica presentada en este Juzgado; el Dictamen Legal 169-12 que obra a folios 787 al 790 solicitando que la Procuraduría se pronuncie al respecto, opinión legal No. DNC-055-2012, del 30 de noviembre del 12 emitida por la Procuraduría General de la República 793-800; copia de la demanda entablada en el Juzgado Civil, copia de la demanda de ejecución de hacer, la resolución AL 166-2013, así como la resolución AL 30-2014, se aceptan en su totalidad ya que al momento de manifestarse la parte demandada sobre la utilidad o pertinencia de los medios de prueba que han sido aportados, la suscrita considera son útiles para emitir un fallo conforme a derecho en la presente causa, en vista de que no es necesario abrir audiencia probatoria por haber sido todos documentales y constan en el expediente administrativo y expediente judicial, …” (Folios 135 al 140 de la primera pieza de los antecedentes)3) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES interponiendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir de la Audiencia Preliminar de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, relacionada en el numeral precedente, alegando el incidentista que aún y cuando se compareció al Tribunal, su participación le fue negada injustificadamente y sin ninguna base legal, en la citada audiencia. (Folios 01 al 03 de la pieza separada de Nulidad de Actuaciones) 4) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia, dictó resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, la excepción de nulidad de actuaciones presentada por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición incidentista, retómese la audiencia preliminar desde el momento que se fija el debate, por ser el momento procesal en que comparece al juzgado el incidentista SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.- ….” (Folios del 21 al 24 de la pieza Separada de Nulidad de Actuaciones). 5) Que la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de Apoderada Sustituta del Estado, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, alegando la recurrente que con esos actos se violenta los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, la citada Corte de Apelaciones, dictó sentencia mediante la cual, falló: “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. …” (Folios del 43 al 45 de la pieza de la Corte de Apelaciones).7) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, que denegó el recurso de amparo venido en consulta de fecha trece (13) de septiembre del dos mil diecisiete (2017) interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA a favor del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el origen de la controversia surge de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, mediante la cual falló declarando con lugar la excepción de nulidad de actuaciones presentada por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADRES, en su condición de incidentista y ordena retomar la audiencia preliminar desde el momento procesal en que comparece el incidentista. Contra esta resolución la parte demandada presentó Recurso de Amparo, manifestando que tal resolución violenta las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso, en virtud que en la resolución recurrida, no existe conexión lógica entre la motivación y el fallo, específicamente en el numeral quinto de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva del fallo, que declara con lugar la excepción de nulidad absoluta de actuaciones, señalando asimismo la recurrente que no se encuentra un asidero legal en que se haya fundamentado el juzgador de primera instancia para declarar con lugar el incidente de nulidad de actuaciones.CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Ad quem dictó resolución de cuya lectura se desprende un detallado relato del origen del recurso interpuesto, que no es otra que la demanda ordinaria de nulidad de actos administrativos por haber sido dictados contrarios a derecho y violentado el procedimiento del juicio de lesividad, ha descrito los momentos procesales del procedimiento donde apreció inconsistencias que sucedieron durante la audiencia, manifestándose en el sentido de que “no debió de haberse anulado la audiencia preliminar, procediendo en este caso la aplicación del artículo 446 numeral 3 del mismo cuerpo legal, que cuando dejare de comparecer el demandado o profesional del derecho que le defienda y represente, o cuente ante la inasistencia del demandante aquel mostrare interés legítimo en la prosecución del proceso, el juez ordenara la continuación del mismo, siguiendo la tramitación en lo que resulte procedente, por ende haberse declarado con lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones.” Y en numeral quinto establece “Que este Tribunal de Alzada estima que al revisar la resolución recurrida, la misma no cumple con el requisito de congruencia tal y como lo ha señalado la censora, pues al confrontar los numerales quinto, sexto y séptimo del acápite de la fundamentación jurídica con la parte resolutiva de la misma, se concluye que esta no guarda una debida armonía y concordancia, al fundamentarse en argumentos o juicios excluyentes, por lo que debe declararse nula por haber producido indefensión al prescindir de normas esenciales de procedimiento.” En la parte dispositiva la Corte impugnada falla “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS.…” (Folios del 43 al 45 de la pieza de la Corte de Apelaciones).CONSIDERANDO SIETE (7): Que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada o de la pretensión ejercida y además aclara el derecho controvertido. En materia de amparo la sentencia debe ser otorgada, denegada o sobreseída, según el caso, por eso, es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate, a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica, por lo que se hace necesario que se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. (El subrayado es nuestro). En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces. En consecuencia cuando se establece que las sentencias deben ser razonadas y fundadas, no significa copiar literalmente los antecedentes y los artículos de un cuerpo legal, eso no equivale a razonamiento jurídico, por lo que el juzgador deberá analizar y razonar las peticiones de la partes, es decir las partes deben entender claramente porque el juzgador decidió en tal cual forma, dentro de los parámetros establecidos en la ley, porque son norma de orden público que no están al arbitrio de los particulares, por lo que deben ceñirse estrictamente a sus postulados, (no hacerlo implica arbitrariedad, desnaturalizando los procedimientos, requisitos y exigencias establecidas en la ley), de esta manera el fallo estará fundado en derecho y de acuerdo a la naturaleza de la resolución de que se trate. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la foliada, y de la resolución objeto de consulta esta Sala ha podido constar que ciertamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, si bien ha relacionado los hechos controvertidos en cada momento procesal, también es cierto que no ha guardado la correlación existente entre sus fundamentos de derecho y la parte dispositiva de su sentencia, por lo que el pronunciamiento por el tribunal de alzada desnaturaliza propiamente la forma y contenido de las sentencias.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala ha sostenido[1] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. La congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. Como afirma RODRÍGUEZ-AGUILERA, la congruencia no impide la posibilidad de aplicar, el juez o magistrado, normas distintas de las alegadas por las partes, pudiendo incluso rectificar errores de técnica jurídica en que éstas hubieren incurrido[2]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[3], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[4] CONSIDERANDO ONCE (11): Que vista la sentencia objeto de estudio, se advierte que la misma no cumple los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a las alegaciones del recurrente en forma clara y precisa y tampoco hace una relación entre la pretensión del impetrante y el fallo, puesto que el recurrente aduce la existencia de una violación al debido proceso en el fallo que recurre por vía de amparo y la sentencia de la Alzada no incluye razonamiento alguno sobre este respecto, limitándose a hacer acopio de lo resuelto por el Juez A-Quo, sin establecer argumentos lógico-jurídicos en los que se funde la denegatoria del recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que la fundamentación de la misma, NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente, imprecisa y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso, en perjuicio del recurrente, Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA. Consecuentemente, la sentencia venida en consulta de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, debe ser REVOCADA, debiendo OTORGARSE la garantía de amparo, para el solo efecto que el referido Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada, dando respuesta a las alegaciones del amparista en forma clara y precisa, debiendo hacer una relación entre la pretensión del recurrente y el fallo, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde su decisión. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: REVOCANDO la sentencia venida en consulta de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SEGUNDO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, para el solo efecto que el referido Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada; Y MANDA: 1. Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia; 2. Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se sirva emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto de consulta. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-726-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho.VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, en relación al incidente de nulidad de actuaciones presentado en la demanda promovida por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Procesal de las sociedades mercantiles DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A DE C.V. e INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha siete de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, actuando en su condición de apoderado legal de las sociedades mercantiles DESARROLLADORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S.A DE C.V. e INMOBILIARIA SOL NACIENTE, S.A., promoviendo Demanda para que se declarara la nulidad de actos administrativos por haber sido dictados contrario a derecho, violentando el procedimiento del juicio de lesividad, que se declarara el reconocimiento y la validez de un acto administrativo que tenía carácter de firme y consentido, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y se ordenaran las medidas para su restablecimiento, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. (Folios 01 al 14 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en audiencia preliminar celebrada en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, el citado Juzgado resolvió: “… Después de haber escuchado los medios de prueba propuestos por la parte demandada, consistentes todos en documentales siendo éstos: la solicitud de pago de obligaciones no depositadas presentada por la sociedad Desarrolladores Asociados de Honduras, S.A. de C.V., que obra a folios del 1 al 8 que obra en el expediente administrativo, la resolución DAL1527/30-08-2011, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que la suscrita tenga énfasis en el considerando número nueve; el Testimonio de Escritura Pública No. 49 de Compraventa de dos módulos ubicados en el Centro Financiero Capital; resolución SG38-12 de fecha 30 de julio del 2012, emitida por la Secretaría de Finanzas, que obra a folio 726 al 750; decretos 274-2010 y 162-2011, no pueden ser objeto de valoración porque ya son incorporados en el expediente y obran del folio 23 al 26, se va a manera de ilustración; en cuanto a la resolución No. P038/04-01-2012 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de fecha 04 de enero de 2012 que obra a folio 120 al 124; acta parcial de traspaso de bienes debidamente autenticada también se admite en su totalidad; la resolución 1052/20-12-02 que contiene la liquidación forzosa de Banco Capital, S.A., se admite; la protocolización de escrituras que ha traído a este Despacho debidamente autenticadas en el cual se van a admitir únicamente las números 17, 13, 19 y 30 en donde se acredita quien funge como liquidador de Banco Capital, no obstante el Testimonio 121 se deja fuera por no constar en la auténtica presentada en este Juzgado; el Dictamen Legal 169-12 que obra a folios 787 al 790 solicitando que la Procuraduría se pronuncie al respecto, opinión legal No. DNC-055-2012, del 30 de noviembre del 12 emitida por la Procuraduría General de la República 793-800; copia de la demanda entablada en el Juzgado Civil, copia de la demanda de ejecución de hacer, la resolución AL 166-2013, así como la resolución AL 30-2014, se aceptan en su totalidad ya que al momento de manifestarse la parte demandada sobre la utilidad o pertinencia de los medios de prueba que han sido aportados, la suscrita considera son útiles para emitir un fallo conforme a derecho en la presente causa, en vista de que no es necesario abrir audiencia probatoria por haber sido todos documentales y constan en el expediente administrativo y expediente judicial, …” (Folios 135 al 140 de la primera pieza de los antecedentes)3) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES interponiendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir de la Audiencia Preliminar de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, relacionada en el numeral precedente, alegando el incidentista que aún y cuando se compareció al Tribunal, su participación le fue negada injustificadamente y sin ninguna base legal, en la citada audiencia. (Folios 01 al 03 de la pieza separada de Nulidad de Actuaciones) 4) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia, dictó resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, la excepción de nulidad de actuaciones presentada por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición incidentista, retómese la audiencia preliminar desde el momento que se fija el debate, por ser el momento procesal en que comparece al juzgado el incidentista SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.- ….” (Folios del 21 al 24 de la pieza Separada de Nulidad de Actuaciones). 5) Que la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de Apoderada Sustituta del Estado, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, alegando la recurrente que con esos actos se violenta los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, la citada Corte de Apelaciones, dictó sentencia mediante la cual, falló: “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. …” (Folios del 43 al 45 de la pieza de la Corte de Apelaciones).7) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, que denegó el recurso de amparo venido en consulta de fecha trece (13) de septiembre del dos mil diecisiete (2017) interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA a favor del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el origen de la controversia surge de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, mediante la cual falló declarando con lugar la excepción de nulidad de actuaciones presentada por el Abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADRES, en su condición de incidentista y ordena retomar la audiencia preliminar desde el momento procesal en que comparece el incidentista. Contra esta resolución la parte demandada presentó Recurso de Amparo, manifestando que tal resolución violenta las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso, en virtud que en la resolución recurrida, no existe conexión lógica entre la motivación y el fallo, específicamente en el numeral quinto de la fundamentación jurídica y la parte dispositiva del fallo, que declara con lugar la excepción de nulidad absoluta de actuaciones, señalando asimismo la recurrente que no se encuentra un asidero legal en que se haya fundamentado el juzgador de primera instancia para declarar con lugar el incidente de nulidad de actuaciones.CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Ad quem dictó resolución de cuya lectura se desprende un detallado relato del origen del recurso interpuesto, que no es otra que la demanda ordinaria de nulidad de actos administrativos por haber sido dictados contrarios a derecho y violentado el procedimiento del juicio de lesividad, ha descrito los momentos procesales del procedimiento donde apreció inconsistencias que sucedieron durante la audiencia, manifestándose en el sentido de que “no debió de haberse anulado la audiencia preliminar, procediendo en este caso la aplicación del artículo 446 numeral 3 del mismo cuerpo legal, que cuando dejare de comparecer el demandado o profesional del derecho que le defienda y represente, o cuente ante la inasistencia del demandante aquel mostrare interés legítimo en la prosecución del proceso, el juez ordenara la continuación del mismo, siguiendo la tramitación en lo que resulte procedente, por ende haberse declarado con lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones.” Y en numeral quinto establece “Que este Tribunal de Alzada estima que al revisar la resolución recurrida, la misma no cumple con el requisito de congruencia tal y como lo ha señalado la censora, pues al confrontar los numerales quinto, sexto y séptimo del acápite de la fundamentación jurídica con la parte resolutiva de la misma, se concluye que esta no guarda una debida armonía y concordancia, al fundamentarse en argumentos o juicios excluyentes, por lo que debe declararse nula por haber producido indefensión al prescindir de normas esenciales de procedimiento.” En la parte dispositiva la Corte impugnada falla “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS.…” (Folios del 43 al 45 de la pieza de la Corte de Apelaciones).CONSIDERANDO SIETE (7): Que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada o de la pretensión ejercida y además aclara el derecho controvertido. En materia de amparo la sentencia debe ser otorgada, denegada o sobreseída, según el caso, por eso, es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate, a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica, por lo que se hace necesario que se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. (El subrayado es nuestro). En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces. En consecuencia cuando se establece que las sentencias deben ser razonadas y fundadas, no significa copiar literalmente los antecedentes y los artículos de un cuerpo legal, eso no equivale a razonamiento jurídico, por lo que el juzgador deberá analizar y razonar las peticiones de la partes, es decir las partes deben entender claramente porque el juzgador decidió en tal cual forma, dentro de los parámetros establecidos en la ley, porque son norma de orden público que no están al arbitrio de los particulares, por lo que deben ceñirse estrictamente a sus postulados, (no hacerlo implica arbitrariedad, desnaturalizando los procedimientos, requisitos y exigencias establecidas en la ley), de esta manera el fallo estará fundado en derecho y de acuerdo a la naturaleza de la resolución de que se trate. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la foliada, y de la resolución objeto de consulta esta Sala ha podido constar que ciertamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, si bien ha relacionado los hechos controvertidos en cada momento procesal, también es cierto que no ha guardado la correlación existente entre sus fundamentos de derecho y la parte dispositiva de su sentencia, por lo que el pronunciamiento por el tribunal de alzada desnaturaliza propiamente la forma y contenido de las sentencias.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala ha sostenido[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. La congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. Como afirma RODRÍGUEZ-AGUILERA, la congruencia no impide la posibilidad de aplicar, el juez o magistrado, normas distintas de las alegadas por las partes, pudiendo incluso rectificar errores de técnica jurídica en que éstas hubieren incurrido[6]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[7], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[8] CONSIDERANDO ONCE (11): Que vista la sentencia objeto de estudio, se advierte que la misma no cumple los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a las alegaciones del recurrente en forma clara y precisa y tampoco hace una relación entre la pretensión del impetrante y el fallo, puesto que el recurrente aduce la existencia de una violación al debido proceso en el fallo que recurre por vía de amparo y la sentencia de la Alzada no incluye razonamiento alguno sobre este respecto, limitándose a hacer acopio de lo resuelto por el Juez A-Quo, sin establecer argumentos lógico-jurídicos en los que se funde la denegatoria del recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que la fundamentación de la misma, NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente, imprecisa y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso, en perjuicio del recurrente, Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA. Consecuentemente, la sentencia venida en consulta de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, debe ser REVOCADA, debiendo OTORGARSE la garantía de amparo, para el solo efecto que el referido Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada, dando respuesta a las alegaciones del amparista en forma clara y precisa, debiendo hacer una relación entre la pretensión del recurrente y el fallo, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde su decisión. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: REVOCANDO la sentencia venida en consulta de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SEGUNDO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, para el solo efecto que el referido Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada; Y MANDA: 1. Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia; 2. Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo se sirva emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto de consulta. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-726-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] AP 259-12

[2] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55

[3] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[4] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag. 56

[5] AP 259-12

[6] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55

[7] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[8] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag. 56