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Sentencia AA-709-16 — Registro 8418

Resumen

Autoridad recurrida otorgó concesión minera a favor de la Sociedad Mercantil Minerales de Occidente S A (MINOSA) bajo el proceso de extracción a cielo abierto en las comunidades de San Miguel, San Andrés y Azacualpa, jurisdicción del municipio de La Unión, departamento de Copán

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta sala al hacer un análisis del presente informe y en relación a los motivos de amparo de los recurrentes encuentra que tal y como lo establecen los recurrentes ha quedado establecido que dentro de la zona concesionada no se encuentra comprendida la zona de la comunidad de Azacualpa, jurisdicción del municipio de la Unión Copan, ya que de la lectura del informe rendido por INHGEOMIN se puede desprender que el mismo no establece que la comunidad de Azacualpa efectivamente se encuentre dentro de la zona otorgada en concesión, pues según el mapa que acompaña el presente informe podemos observar que dicha comunidad se encuentra fuera de la zona concesionada..." ..."de la revisión del caso sub judice se desprende que se han violentado totalmente la constitución y las demás leyes en perjuicio de los amparistas de la comunidad de Azacualpa, pues no se ha acreditado si quiera por parte de INHGEOMIN, la autorización u otorgamiento de la concesión sobre el área que ocupa la comunidad en mención y su informe ha sido evasivo y no se ha pronunciado si la compañía minera posee o no autorización para realizar actividades de exploración o explotación en dicha comunidad por lo que son respuestas evasivas por parte de la autoridad competente la cual no se ha pronunciado concretamente sobre los hechos denunciados en el presente amparo..."..."esta sala de lo Constitucional al hacer una revisión de dichos informes puede concluir que las actuaciones de las autoridades denunciadas por los amparistas obedecen y se han enmarcado en un estricto cumplimiento a la ley y el estricto respeto a los derechos Humanos y la Constitución de la República, por cuanto no existe violación alguna..."..."En consecuencia de la revisión del caso sub judice se desprende que la Empresa Minerales del Norte (MINOSA) y el Instituto Hondureño en Geología y minas (INHGEOMIN), no han cumplido a cabalidad con las normas legales para hacer una exploración o explotación minera, así como tampoco se ha cumplido a cabalidad con el convenio celebrado entre la empresa y la comunidad, de igual manera se ha acreditado que la empresa no cuenta con una concesión otorgada por el estado de Honduras para Explorar o Explotar los minerales de la comunidad de Azacualpa..."..."esta sala observa que con el análisis profundo realizado al presente caso se han constatado las violaciones a los derechos humanos, así como las violaciones a las leyes y el debido proceso, realizadas tanto por la Empresa Minera de Occidente, como por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), por ende las exploraciones o explotaciones realizadas en la comunidad de Azacualpa hasta obtener la concesión y los permisos ambientales pertinentes son de carácter ilícito por no cumplir con los requisitos de ley , sin embargo existe un convenio el cual se ha incumplido totalmente de fecha 24 de junio del 2012 y su respectivo adendum de fecha 11 de agosto del 2016, esto no exime a la empresa el deber de tramitar los permisos y licencias correspondientes para el otorgamiento de la concesión correspondiente por encontrarse la zona de Azacualpa fuera de la concesión minera autorizada por el estado de Honduras para la zona de San Andrés, La Unión, Copan, ya que según el mapa oficial y la información acompañada la comunidad de Azacualpa no se encuentra dentro de la concesión minera otorgada..."..."En el presente caso a pesar de las violaciones antes indicadas los amparistas debieron de haber agotado la vía administrativa previa, en virtud que la ley de minería ya establece los mecanismos para la denuncia correspondiente ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y una vez agotada la instancia administrativa y al tener una respuesta del ente encargado de velar por la correcta aplicación de la ley general de minería tal y como lo establece el artículo 41 Y 42 de la ley Sobre Justicia Constitucional ya que el mismo deberá señalar cual es el acto en concreto que causa agravio o que es impugnado y que considera que violenta los derechos de los peticionarios y cuáles son los recursos de los cuales ha hecho uso para subsanar o corregir dicha actuación, la Sala concluye, que por las razones anteriormente señaladas es procedente DENEGAR la Acción de Amparo promovida por los señores MANUEL RODRIGUEZ CHACON, JOSE ANGEL LOPEZ, REINA RODRIGUEZ CHACON, NICOLAS VILLANUEVA RODRIGUEZ, FAUSTO ERASMO MONTOYA, FLORESMILA LOPEZ, JUAN PABLO RODRIGUEZ, LIBER OMAR RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO TRIGUEROS Y FLORIDALMA VILLANUEVA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE COPAN, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS, anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA, relacionadas a que la citada autoridad otorgó una concesión minera a favor de la Sociedad Mercantil denominada MINERALES DE OCCIDENTE, S.A. (MINOSA), subsidiaria de AURA MINERALS (de capital Canadiense) en la zona denominada San Andrés..."..."en cuanto a las violaciones señaladas por parte de las demás instituciones como ser La Policía Militar, DPI, Policía nacional y Ministerio Publico, no se ha constatado violación alguna pues tal y como se estableció en los considerandos que anteceden las mismas se encontraban en el ejercicio de sus funciones sin que se observara violación alguna a los derechos de los amparistas..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los señores MANUEL RODRIGUEZ CHACON, JOSE ANGEL LOPEZ, REINA RODRIGUEZ CHACON, NICOLAS VILLANUEVA RODRIGUEZ, FAUSTO ERASMO MONTOYA, FLORESMILA LOPEZ, JUAN PABLO RODRIGUEZ, LIBER OMAR RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO TRIGUEROS Y FLORIDALMA VILLANUEVA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE COPAN, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS, anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA, relacionadas a que la citada autoridad otorgó una concesión minera a favor de la Sociedad Mercantil denominada MINERALES DE OCCIDENTE, S.A. (MINOSA), subsidiaria de AURA MINERALS (de capital Canadiense) en la zona denominada San Andrés. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado los derechos y garantías consignados en los artículos 59, 65, 68 78, 79, 80, 90, 94, 145 y 340 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional los señores MANUEL RODRIGUEZ CHACON, JOSE ANGEL LOPEZ, REINA RODRIGUEZ CHACON, NICOLAS VILLANUEVA RODRIGUEZ, FAUSTO ERASMO MONTOYA, FLORESMILA LOPEZ, JUAN PABLO RODRIGUEZ, LIBER OMAR RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO TRIGUEROS Y FLORIDALMA VILLANUEVA RODRIGUEZ, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMOS Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE COPAN, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS, anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA, consistentes en la Concesión Minera otorgada por la citada autoridad, a la empresa MINERALES DE OCCIDENTE, S.A. (MINOSA), bajo el proceso de extracción a cielo abierto, en las comunidades de San Miguel, San Andrés y Azacualpa, jurisdicción del municipio de La Unión, departamento de Copán, ésta última de manera ilegal, según los recurrentes, ya que la concesión no abarcaba esa comunidad, lo que ha generado un conflicto social por violación de los derechos humanos de los pobladores de Azacualpa, reclamando también contra la Policía Militar, la Dirección de Investigación Policial y Policía Nacional, por actos de amenazas, violación de derechos humanos y persecución contra los pobladores. (Folios 01 al 05)- 2) Que en fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, la sala tuvo por admitido el presente recurso de amparo, librando comunicación a las autoridades del Instituto Hondureño de Geología y Minas, para que dentro del plazo de dos días remitieran los antecedentes del caso o rindieran un informe circunstanciado sobre las actuaciones reclamadas en amparo. (Folio 12)- 3) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el Director del Instituto Hondureño de Geología y Minas, presentó el informe correspondiente, consignando entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha 26 de mayo de 1982, la Compañía Minerales de Copán, Sociedad Anónima, solicitó ante la entonces Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería de la Secretaría de Recursos Naturales, una concesión de explotación minera para el municipio de San Andrés, departamento de Copán; en fecha 27 de enero de 1983, la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales, otorgó un contrato de explotación a la Compañía Minerales de Copán por un período de 40 años, en una extensión de 100 hectáreas. Posteriormente, en fecha 18 de noviembre de 1992, se hizo un Adendum al contrato de explotación minera para una ampliación de 200 hectáreas, haciendo un total de 300 hectáreas, el 09 de octubre de 1996 se aprobó una ampliación de 300 a 399.09 hectáreas. b) Actualmente la concesión minera está a nombre de la Sociedad mercantil Minerales de Occidente, S.A., con una vigencia de siete años. El presente derecho minero se realiza a través de un minado de cielo abierto por lixiviación con cianuro para la extracción de oro y plata, accediendo al yacimiento mediante actividades de exploración. La empresa actualmente está realizando en la zona actividades mineras de extracción cierre y paralelamente exploración de nuevos sitios. (Folios 15 al 17)- 4) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Sala amplió de oficio el auto de admisión de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, en el sentido de que el presente recurso también fue interpuesto contra actuaciones de la POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, en consecuencia dispuso se librara comunicación a las citadas autoridades, para que en el término de cinco días hábiles, remitieran los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 19)- 5) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Ministerio Público envió el informe correspondiente, en el cual consigna lo siguiente: a) Se presentó una denuncia contra la Empresa Minerales de Occidente, S.A., por considerar que se estaba causando daños a la propiedad privada, las lápidas y tumbas, por cuanto la empresa estaba haciendo explosiones o voladuras con dinamita 50 metros debajo del cementerio de la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, departamento de Copán y 400 metros debajo de sus viviendas. b) El Ministerio Público obtuvo una copia de un convenio suscrito entre el Patronato Pro-mejoramiento de la Comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, departamento de Copán y Minerales de Occidente, S.A.(MINOSA), de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, reafirmando un compromiso de que la Empresa Minerales de Occidente, S.A., donara un lote de terreno cuyo destino sería la construcción de un proyecto habitacional, y la comunidad se comprometía para permitir la identificación y traslado de los restos esqueléticos de los sepultados, en un cementerio a reubicar. Existe además un informe de la Regional de Salud, en la cual recomendaron la suspensión del servicio que prestaba el cementerio de esa Comunidad de Azacualpa, por la existencia de peligro sanitario que puede ocasionar graves riesgos de salud, y virtud de haberse encontrado tumbas en total abandono y la exposición de restos esqueléticos de las personas sepultadas ahí, y por la falta de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas, se consideró procedente el cierre definitivo del cementerio de Azacualpa. c) Se obtuvo un dictamen del Instituto Hondureño de Geología y Minas, en relación a una denuncia que se refería a detonaciones en la mina que perjudicaban a los niños ya que se asustaban al escuchar las mismas y con el trasladado de las osamentas del cementerio de la Comunidad de Azacualpa, informe técnico en el cual concluyen, que dado la declaratoria del cierre técnico del cementerio y de un estudio realizado por COPECO, en el cual declara a la Comunidad de Azacualpa como zona de alto riesgo y vulnerabilidad; y se declaró sin lugar la denuncia pública de la comunidad de Azacualpa. d) En relación a los hechos en el cual los recurrentes aducen ser objeto de persecución por el Ministerio Público, por el hecho de defender sus derechos y proteger el Medio Ambiente, alegando que fueron detenidos, maltratados física y psicológicamente y puestos a la orden del Ministerio Público que procedió a presentar requerimiento fiscal por el delito de manifestaciones ilícitas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; sobre estas aseveraciones el Ministerio Público informó que la fiscalía presentó Requerimiento Fiscal registrado bajo el número 21-2014 contra varios ciudadanos (ver folio 30), por el delito de Manifestaciones Ilícitas, celebrándose la Audiencia de declaración de imputados e imponiéndoles medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, y seguido el procedimiento se resolvió decretar Auto de Formal Procesamiento, manteniendo las medidas cautelares impuestas previamente, en fecha catorce de julio de dos mil catorce, se decretó apertura a juicio, remitiendo el expediente al Tribunal de Sentencia, celebrándose audiencia de debate el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que se decidió absolver de responsabilidad a los encausados. En cuanto a la detención de los señores Miguel López, Orlando Rodríguez y Genaro Rodríguez ocurrida el 23 de noviembre de dos mil quince en la carretera internacional, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal el 20 de noviembre de dos mil quince, contra los señores Miguel Ángel López Trigueros, Ricardo Portillo Guevara, Genaro Rodríguez, Miguel Alvarado, Orlando Rodríguez Martínez y Silvia Ramos por suponerlos responsables del delito de Usurpación en su modalidad de Actos de Perturbación de la Pacifica Posesión de un Inmueble o Derecho Real Minero en perjuicio de la Empresa Minerales de Occidente, S.A. de C.V., y del delito de manifestaciones ilícitas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ordenando el Juzgado la captura de las personas acusadas, y una vez puestas a la orden del Juzgado, se celebró la audiencia inicial en fecha 22 de diciembre de dos mil dieciséis, en la cual los encausados Miguel Ángel Alvarado y Miguel Ángel López Trigueros suscribieron un acuerdo conciliatorio con la parte ofendida por el delito de usurpación el cual fue homologado por el Juzgado, y concluida la audiencia inicial se decretó auto de formal procesamiento contra Ricardo Portillo Guevara, Genaro Rodríguez, Orlando Rodríguez Martínez y Silvia Ramos, por el delito Usurpación en su modalidad de Actos de Perturbación y del delito de Manifestaciones Ilícitas, y contra Miguel Ángel Alvarado y Miguel Ángel López Trigueros también por el delito de Manifestaciones Ilícitas. En fecha once de febrero de dos mil dieciséis el señor Miguel Ángel López Trigueros junto con la Procuraduría General de la República, presentaron una solicitud de conciliación por el delito de Manifestaciones Ilícitas, la cual fue homologada por el órgano judicial. En fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán resolvió un recurso de apelación promovido por la defensa de los encausados Orlando Rodríguez Martínez y Genaro Rodríguez Montoya, por habérseles dictado auto de formal procesamiento, por los delitos de usurpación y manifestaciones ilícitas, siendo del parecer por declarar con lugar dicho recurso, revocando el auto de formal procesamiento y ordenó decretar sobreseimiento definitivo. En audiencia preliminar celebrada el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, los encausados Ricardo Portillo Guevara y Silvia Ramos propusieron un acuerdo conciliatorio con la empresa minera, siendo homologado por el órgano judicial, con un período de prueba de un año. En esa misma fecha se desarrolló la audiencia preliminar por el delito de manifestaciones ilícitas, formalizando acusación el Ministerio Público contra los señores miguel Enrique Alvarado, Ricardo Portillo Guevara y Silvia Ramos, resolviendo el Juzgado decretando un sobreseimiento provisional, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación siendo declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones.- 6) Que en fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría de Seguridad presentó el informe correspondiente, en el cual consigna lo siguiente: A) Que los acontecimientos datan desde el dos de abril de dos mil catorce, en los predios de la Empresa Minerales de Occidente (MINOSA), ubicada en la aldea de Azacualpa, municipio de La Unión, departamento de Copán, cuando el personal que labora en dicha empresa, observó la llegada de varias personas, quienes pararon un tractor, obligando al conductor que se bajara, ya que le estaban tirando piedras y amenazándolos con machetes, por lo que pusieron en conocimiento de lo sucedido al Gerente Juan Díaz, quien procedió a dialogar con ellos, procediendo a retirarse, regresando posteriormente el dieciséis de abril de ese mismo año, obstaculizando el paso y amenazando a las personas con armas blancas y con piedras. Dichas manifestaciones fueron encabezadas por los señores GENARO RODRIGUEZ MONTOYA Y MIGUEL ANGEL LOPEZ. B) Que existen tres denuncias ante el Ministerio Público, por los delitos de Manifestación Ilícita, Usurpación y Coacción, en donde entre otras personas se menciona al señor MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ CHACON; dichas acciones persistieron hasta abril de dos mil dieciséis, de acuerdo a la documentación remitida por parte de la Policía Preventiva y la Policía de Investigación, ya que ingresaban a los predios , obligando a los trabajadores a parar la maquinaria, siendo testigo de esto la Policía Preventiva, la Policía Militar y miembros de Derechos Humanos, quienes han querido llegar a un arreglo con los invasores, no pudiendo dialogar porque todo lo hacían con agresividad. C) Que en todas las actuaciones la Policía Nacional, lo hizo enmarcado dentro del respeto a los Derechos Humanos y las Leyes.- 7) Que en fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por formalizado el recurso de mérito, ordenando la apertura del período de pruebas por un término de ocho días para proponer y evacuar la prueba presentada. En fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por admitidos los medios de prueba denominados Documental Nos. 1), 2), 3) y 4), rechazando el medio de prueba documental número 5), en consecuencia, decretó el cierre del período probatorio, dando vista de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folios 155 y 158)- 8) Que en fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Ministerio Público se abstuvo de emitir su dictamen en virtud de que la presente acción en interpuesta contra actuaciones de varios organismos del Estado, incluyendo al Ministerio Público. (Folios 158 al 171).- FUNDAMENTACION JURIDICA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía constitucional de amparo promovida por los señores MANUEL RODRIGUEZ CHACON, JOSE ANGEL LOPEZ, REINA RODRIGUEZ CHACON, NICOLAS VILLANUEVA RODRIGUEZ, FAUSTO ERASMO MONTOYA, FLORESMILA LOPEZ, JUAN PABLO RODRIGUEZ, LIBER OMAR RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO TRIGUEROS Y FLORIDALMA VILLANUEVA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE COPAN, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS, anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA, relacionadas a que la citada autoridad otorgó una concesión minera a favor de la Sociedad Mercantil denominada MINERALES DE OCCIDENTE, S.A. (MINOSA), subsidiaria de AURA MINERALS (de capital Canadiense) en la zona denominada San Andrés, y que en la actualidad la comunidad de Azacualpa se encuentra fuera de la concesión tal y como se puede observar según el mapa oficial de la concesión, emitida por el instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), el presente recurso también fue interpuesto contra actuaciones de la POLICIA MILITAR, POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, por considerar los amparistas que las actuaciones de los mismos son constitutivas de hostigamientos, así como de persecuciones realizadas a los pobladores por parte de los entes gubernamentales, así como la violación al derecho constitucional de reunirse pacíficamente y sin armas en manifestación pública tal y como se encuentra consagrado en la constitución de la república en su artículo número 78.- CONSIDERANDO CUATRO (4): establecen los amparistas que por tratarse de actos de carácter general, los mismos no admiten recurso, al tenor del artículo 41 de la ley sobre justicia constitucional, que admite la acción de amparo, contra actos, resoluciones, como lo es en el presente caso los diversos actos y acciones, por lo cual se considera pertinente la interposición de la presente acción de amparo, para el cese de las mismas por contravenir la Constitución de la república y los tratados internacionales en derechos humanos, por lo cual al tenor de lo antes indicado le ha sido imposible a los amparistas interponer los recursos pertinentes para obtener la subsanación de los actos por lo cual solamente se ha tratado de solucionar la situación mediante las diferentes mesas de dialogo conformadas y con el acercamiento con el gobierno y la empresa, lo cual ha resultado infructuoso, ya que al tenor de lo que establece el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que admite la acción de amparo contra actos, resoluciones gubernativas refiriéndose en el presente caso a diversos actos, es procedente por lo tanto la presente acción de amparo por contravenir los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CINCO (5): consideran los recurrentes que con el acto reclamado se les violentan los derechos constitucionales como ser el derecho a la salud, consignado en el artículo 145, el derecho al debido proceso según los articulos 90 y 94, el derecho a la protección de la persona humana según el artículo 59, el derecho a reunirse con otras pacíficamente y sin armas en manifestaciones públicas, derecho garantizado a las libertades de asociación y de reunión y de petición según los artículos 78,79,80, de igual ,manera el derecho a la vida, consagrado en el artículo 65, así como el derecho a la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación, los anteriores contenidos en nuestra carta magna. Es así que se consideran violentados los convenios internacionales como ser: ● La declaración Universal de los derechos humanos. ● El pacto internacional de los derechos civiles y políticos que establece: Artículo 1.- todos los pueblos tienen libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política, y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio reciproco, así como el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.- 3. los estados partes en el presente pacto, incluso los que tiene la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la carta de las naciones unidas. ● Convención Americana de los Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causales y en las condiciones fijadas de ante mano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe de ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.- CONSIDERANDO SEIS (6): que en fecha 05 de septiembre del 2016 se recibió informe del Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN, en el cual entre otras cosas se establece que la compañía minera Copan Sociedad Anónima de Capital Variable solicito ante esta institución en fecha 26 de mayo de 1982 una concesión de Explotación Minera Metálica para la zona denominada SAN ANDRES ubicada en el municipio de San Andrés departamento de Copan con una extensión inicial de 100 Hectáreas, así mismo en fecha 27 de enero de 1983 la secretaria de estado en los despachos de recursos naturales otorgo un contrato de explotación minera de sustancias especiales Oro y Plata, al abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA MINERA DE COPAN S.A.DE C.V. por un periodo de 20 años los cuales pueden ser prorrogables por 20 años mas.- En fecha 18 de noviembre de 1992 la secretaria de estado en el despacho de recursos naturales otorgo ADENDUM al contrato de explotación minera metálica, al abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil COMPAÑIA MINERA DE COPAN S.A DE C.V, mediante el presente ADENDUM se le otorgó la ampliación de 200 hectáreas haciendo un total de 300 hectáreas para la zona denominada SAN ANDRES.- Mediante resolución de fecha 09 de octubre de 1996, se le aprueba la ampliación de 300 a 399 hectáreas. actualmente la concesión minera metálica de la presente zona se encuentra a nombre de la sociedad mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A. el presente derecho minero tiene una vigencia de 7 años el cual el concesionario puede solicitar su prorroga con tres meses de anticipación a que se le venza su contrato de concesión minera. El presente derecho minero realiza minado de cielo abierto por lixiviación con cianuro para la extracción de oro y plata, accediendo al yacimiento determinado mediante actividades de exploración, al remover la capa superficial de la tierra la empresa actualmente se encuentra realizando en la zona actividades mineras de extracción, cierre y paralelamente explotación de nuevos sitios.- Así mismo se establece que el presente derecho minero, contempla dentro de sus actividades el cierre progresivo ya que los taludes expuestos en la superficie son cubiertos con material orgánico para su posterior vegetación. Se observa también en el presente informe que se encuentra anexo el mapa ilustrativo de la zona en mención que corre agregado a folio 17 de la pieza principal.- CONSIDERANDO SIETE (7):Que esta sala al hacer un análisis del presente informe y en relación a los motivos de amparo de los recurrentes encuentra que tal y como lo establecen los recurrentes ha quedado establecido que dentro de la zona concesionada no se encuentra comprendida la zona de la comunidad de Azacualpa, jurisdicción del municipio de la Unión Copan, ya que de la lectura del informe rendido por INHGEOMIN se puede desprender que el mismo no establece que la comunidad de Azacualpa efectivamente se encuentre dentro de la zona otorgada en concesión, pues según el mapa que acompaña el presente informe podemos observar que dicha comunidad se encuentra fuera de la zona concesionada.- CONSIDERANDO OCHO(8): Que es deber del estado la protección y conservación y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales ya que los mismos son de interés público y utilidad pública, en tal razón el gobierno central y las municipalidades propiciaran la utilización racional y el manejo sostenible de esos recursos a fin de permitir su preservación y aprovechamiento económico, para lo cual el interés público y el bien común constituyen los fundamentos de toda acción en defensa del ambiente, por tanto es deber del estado a través de sus instancias técnico- administrativas y judiciales, cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas relativas al ambiente. En tal sentido todo proyecto o actividad pública o privada susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales, serán precedidos obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental, que permitirá prevenir los posibles efectos negativos, en tal sentido este es uno de los hechos alegados por los amparistas en el sentido de que dicha compañía no ha realizado dicha evaluación de impacto ambiental para establecer la viabilidad del proyecto y los efectos a futuro que podría causar el mismo o las alternativas para mitigar dicho impacto ambiental y así se confirma según el adendum al convenio que consta en el instrumento 241 de fecha 24 de julio del 2012 y el cual fue firmado en fecha 11 de agosto del 2016, a folio 121 en el cual se desprende que las evaluaciones pertinentes no han sido realizadas. En tal sentido los recursos minerales de la nación se declararán de utilidad pública tal y como lo establece la ley general de el ambiente en su artículo 63, de la misma ley, que establece que su aprovechamiento, exploración y explotación deben de sujetarse a los regímenes especiales establecidos en el código de minería , así como en sus reglamentos de aplicación debiendo observarse en todo caso las disposiciones de la ley general del ambiente y las demás leyes, para tal efecto se prohíbe a los concesionarios la explotación minera el vertimiento en suelos, ríos, lagos, lagunas y cualquier otro curso y fuente de agua de desechos tóxicos sin su debido tratamiento que perjudique la salud humana o el ambiente en general, Articulo 64 de la ley general de el ambiente.- CONSIDERANDO NUEVE (9): corresponde al estado. a través de la Secretaria de Estado en el despacho de salud pública, y con la colaboración de la Secretaria de Estado en el despacho de Ambiente, la cual vigilara el cumplimiento de las leyes en general y especiales atinentes al saneamiento básico y contaminación del aire, agua y suelos, con el objeto de garantizar un ambiente apropiado de vida para la población, de igual manera las municipalidades en el término de su jurisdicción territorial, y en concordancia con la política en general del estado, tomaran las medidas específicas de control de la contaminación ambiental según las condiciones naturales, sociales y económica imperantes, artículos 74 y 75 de la Ley General de el Ambiente. En tal sentido la misma ley general de el ambiente establece que las personas naturales o jurídicas que pretendan realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el ambiente incluyendo los recursos naturales están obligados a informar a la autoridad competente y realizar una evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la ley general del ambiente, y dentro de ellas se encuentra la actividad minera, en tal sentido, no se podrá ejecutar obra o actividad sin que se haya aprobado la evaluación de impacto ambiental se haya otorgado la autorización correspondiente, en tal sentido cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad competente la ejecución de obras o actividades contaminantes o degradantes a cuyo efecto deberá de iniciarse un expediente para su comprobación y para la adopción de las medidas que correspondan. Artículos 79 y 80 de la Ley General del Ambiente. De lo anterior se desprende que la acción para denunciar la violación o contravención a la ley precedente será de acción pública en cuanto a la normativa ambiental, por lo cual la compañía MINOSA al realizar obras y trabajos de exploración y explotación sin el respectivo estudio de impacto ambiental, la licencia ambiental correspondiente otorgada por la Secretaria de recursos naturales (Mi Ambiente) y la autorización de exploración y o explotación correspondiente otorgada por INHGEOMIN, contraviene en su totalidad el ordenamiento jurídico violentando de esta forma la constitución y las demás leyes aplicables y el debido proceso, tal y como lo han señalado los amparistas, en virtud que una conciliación o convenio entre partes no se encuentra por sobre la ley ya que la misma es clara y para la explotación o exploración minera es un requisito indispensable el cumplimiento de todos los permisos y estudios que mandan la ley, para que se pueda proceder a una concesión apegada a derecho ya que el estado de Honduras es el ente encargado de regularizar, las explotaciones mineras por ser considerado bienes del estado según la ley.- CONSIDERANDO DIEZ(10): Es de conocimiento público que los yacimientos de minerales que se encuentran en el territorio nacional, son bienes del estado y este a través de una ley especial, dispone su utilización y explotación de forma que resulte mejor al país, por lo que se hace indispensable contar con una legislación que regule la actividad minera, capaz de asegurar la defensa del ser humano como centro, razón y fin supremo de la sociedad y del estado, que se traduzca en desarrollo del país y mejoramiento de la calidad de vida del Hondureño, por lo cual el estado garantiza que los procedimientos mineros responden a los principios de: legalidad, transparencia, certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad, eficiencia, participación ciudadana, simultaneidad y sostenibilidad. En tal sentido la actividad minera se clasifica en diferentes derechos, en los cuales, según su actividad, las concesiones mineras pueden ser de Exploración, Explotación y/o beneficio; y a su vez de acuerdo a las sustancias de interés estas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas, en el caso que nos ocupa hablaremos de la actividad minera metálica, según lo establece el artículo 8 y 9 de la ley general de minería. En tal sentido y del estudio minucioso realizado a la ley general de minería y los hechos narrados por los amparistas se puede desprender que la compañía Minera de Copan Sociedad Anónima de Capital Variable pese a haber solicitado una concesión de explotación minera metálica tal y como lo establece en su informe enviado por INHGEOMIN que corre a folio 15 y 16 de la pieza de autos, en la cual la misma estableció que en la actualidad cuenta con una concesión minera que fue ampliada a 399.09 hectáreas, de las cuales adjunta mapa del área concesionada dentro de la cual se observa que no se encuentra comprendida la comunidad de Azacualpa, si bien es cierto en el informe establece que la empresa en la actualidad se encuentra realizando extracción, cierre y exploración de nuevos sitios, pero es menos cierto que no se han realizado las respectiva evaluación de impacto ambiental el cual es un requisito sine qua non, para el otorgamiento de la licencia ambiental y mucho más para la exploración y explotación minera de nuevos sitios los que aparentemente se encuentran fuera de la concesión ya otorgada, es así que se puede deducir claramente que la empresa MINOSA posee concesión sobre el área delimitada en el mapa que se adjunta al informe, la cual hace una extensión superficial de 399.09 hectáreas y que según el artículo 39 de la ley general de minería la cual se puede interpretar que para efectos de las medidas superficiales de los derechos mineros, para el área de concesión constituye un sólido de profundidad indefinida, limitado por planes verticales correspondiente a los lados de un cuadrado, rectángulo o polígono cerrado, por lo que el artículo 46 de la misma ley nos establece la ley que los titulares de derechos mineros, solo podrán aprovechar el mineral objeto de los mismos y con las medidas establecidas, del derecho minero otorgado por el estado y no de otras zonas donde no han sido debidamente autorizados y de los cuales no se pueden realizar actividades de exploración y mucho menos explotación sin los permisos correspondientes so pena de sanción por el incumplimiento de lo ordenado por la ley, tal y como lo vienen denunciando los amparistas y se ha apreciado en la presente causa, ya que no exime de responsabilidad a la empresa MINOSA por el solo hecho de contar con un convenio entre artes ya que el mismo no está sobre la ley y en todo caso de estar explotando la zona que se encuentra fuera de la concesión ya otorgada a la empresa MINOSA estaría violentando la ley y explotando una zona ilegalmente sin los permisos requeridos por el estado de Honduras y podrá ser sujeta de las penas y sanciones que la ley prevé para estos casos.- CONSIDERANDO ONCE(11): el otorgamiento de concesiones mineras no puede menoscabar la garantía de propiedad privada y la propiedad que pertenece a las municipalidades, que establece la constitución de la república y desarrolla el código civil y los tratados internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas y afro descendientes, particularmente respetando el convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, es así que los titulares de derechos mineros tienen entre sus obligaciones cumplir con toda la normativa vigente en el país, para asegurar un óptimo aprovechamiento del recurso minero, garantizando la protección de la vida y salud de la persona humana, suelo, agua, aire, flora y fauna, así mismo paralizar inmediatamente las actividades de explotación, tan pronto como tenga conocimiento que en su ejecución se han sobrepasado los límites autorizados en la concesión en perjuicio de concesión ajena o del estado, sin perjuicio de devolver a su legítimo dueño el valor de los minerales extraídos, sin deducción alguna., según lo establece el artículo 54.h. de la ley general de minería, de lo que se colige que según los hechos y de la revisión del caso sub judice se desprende que se han violentado totalmente la constitución y las demás leyes en perjuicio de los amparistas de la comunidad de Azacualpa, pues no se ha acreditado si quiera por parte de INHGEOMIN, la autorización u otorgamiento de la concesión sobre el área que ocupa la comunidad en mención y su informe ha sido evasivo y no se ha pronunciado si la compañía minera posee o no autorización para realizar actividades de exploración o explotación en dicha comunidad por lo que son respuestas evasivas por parte de la autoridad competente la cual no se ha pronunciado concretamente sobre los hechos denunciados en el presente amparo.- CONSIDERANDO DOCE (12): establece el amparista en los hechos denunciados que solicita que cesen las violaciones a los derechos humanos, el hostigamiento, la persecución, a la población de Azacualpa por parte de los entes gubernamentales en el ejercicio de sus derechos constitucionales de reunirse pacíficamente y sin armas en manifestaciones públicas, en referencia a este hecho, establece que la policía militar se encuentra realizando persecuciones a los pobladores de la zona, así como también la Dirección de Investigación Policial y la Policía Nacional, contra aquellos pobladores que cuidan y vigilan el cementerio de Azacualpa, la unión, copan. Así mismo contra el Ministerio Publico que a criterio de los amparistas han permitido se realicen persecuciones y hostigamientos, por el hecho de realizar manifestaciones pacíficas en defensa de su territorio, de la contaminación, de la destrucción del ecosistema, deforestación, cambio en la morfología de la zona etc... Manifiestan los amparistas en la relación de los hechos que en el mes de mayo del 2014 fueron detenidos, maltratados física y psicológicamente y puestos a la orden del Ministerio Publico que procedió a presentar requerimiento fiscal por el delito de manifestación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras, ante tal situación se teme por la seguridad de los líderes de la comunidad y del personal de la organización de derechos humanos que se han solidarizado con el problema afrontado tal es que los miembros de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG) y Asociación Para Una Sociedad más Participativa (Aci Participa) a quienes se están denigrando y amenazando para por el apoyo en sus gestiones para defender sus derechos, es así que en fecha 26 de junio del 2016 al señor ORLANDO RODRIGUEZ MARTINEZ, fue víctima de actos de persecución y hostigamiento psicológico ya que llego hasta su casa de habitación EL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA DE COPAN COMISIONADO DE POLICIA HENRY MARQUEZ QUINTERO, quien llego a tomarle fotos y observando su casa, lo hostigaba para que cese en su lucha por la defensa de los derechos de la comunidad, expresándole el agente de la policía que el gerente de la minera lo visita constantemente para que investiguen este asunto. Manifiestan también los amparistas que actualmente estas personas se encuentran procesadas y en espera de un juicio oral y público según el expediente número 992-2014 en el tribunal de sentencias de Santa Rosa de Copan.- En fecha 09 de noviembre del 2015, la comunidad de Azacualpa hizo una parada pacifica para que no continuara la explotación en el cerro el cementerio y otro cerro denominado los hornillos, y como consecuencia de los mismos, el 23 de noviembre del 2015, fueron interceptados y rodeados por patrullas después de una reunión donde habían estado tratando el tema de la minera por lo cual se presume que el retén era con la única y exclusiva función de dar detención a estos líderes ambientalistas por lo cual estas personas fueron procesadas por el ministerio público y dos acusadores privados de la empresa minera MINOSA, por considerarlos responsables de los delitos de manifestación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del estado y usurpación en la modalidad de perturbación de un derecho minero en perjuicio de la empresa MINOSA según expediente 205-2015- CONSIDERANDO TRECE (13): que se desprende del informe rendido por el ministerio público, que dicha institución ha dado seguimiento a las denuncias interpuestas por los amparistas y tal es el caso que de la revisión de dicho informe en la que describe las actuaciones realizadas por el ente fiscal, en la cual concluye que aun se encuentra en investigación dicha denuncia para determinar si el hecho denunciado constituye delito y si existe responsabilidad penal de la empresa denunciada. Así mismo hace una amplia exposición en cuanto al hecho cuarto del amparo en la cual los amparistas hacen mención de ser perseguidos por el ministerio público por el hecho de defender sus derechos y proteger el medio ambiente, el ministerio público se pronuncia estableciendo que dichas acusaciones son falsas y las desvanece estableciendo que se presentó requerimiento fiscal por los delitos de Manifestaciones ilícitas en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras, en la cual la juez conocedora de la causa les decreto un auto de formal procesamiento, el cual quedo firme y del que no se presentó recurso alguno por lo cual la causa se elevó a la etapa de Juicio Oral y Público en el cual en fecha 19 de Enero del 2017 el tribunal decidió absolver de responsabilidad a los encausados causa que se encontraba registrada bajo expediente número 21-2014. Que en fecha 20 de noviembre del 2015 el ministerio público presento requerimiento fiscal, registrada bajo el número 205-2015 contra los amparistas en la cual se suponen responsables por los delitos de Usurpación en su modalidad de actos de perturbación de la pacifica posesión de un inmueble o derecho real minero en perjuicio de MINOSA, y por el delito de Manifestaciones Ilícitas en prejuicio de la Seguridad Interior del estado por lo cual se libraron las respectivas órdenes de captura que fueron posteriormente ejecutadas por la autoridad competente, para su posterior procedimiento para lo cual describe el ente fiscal que se les impusieron las medidas cautelares respectivas y posteriormente las partes hicieron uso de las medidas alternas pertinentes como ser la conciliación. De igual manera describe otros requerimientos fiscales que han sido incoados y judicializados a los cuales se les ha dado el procedimiento correspondiente y de los cuales los juzgados correspondientes han garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso de los cuales los hoy amparistas han sido objeto y se les han respetado sus derechos constitucionales y en los cuales el ministerio publico después de la investigaciones realizadas y dirigidas por estos en conjunto con los agentes de investigación y la policía preventiva y policía militar han coadyuvado a la averiguación y judicialización de los hechos constitutivos de delitos tal y como lo establece el código penal y la ley del ministerio público. Que ya el artículo 1 de la Ley del Ministerio Publico establece que el ministerio es el organismo profesional especializado responsable de la representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del estado y libre de toda injerencia político sectario, por consiguiente, también le confiere la acción penal pública. De igual manera el artículo 33 numeral 3 de la Ley del Ministerio público le confiere la atribución del ejercicio de la acción penal pública cuando de las investigaciones se obtuvieren los elementos de prueba que indiquen la responsabilidad penal, así como actuar con objetividad y parcialidad conforme a lo establecido en el artículo 93 del Código Procesal Penal. Por lo cual se puede colegir que los hechos por los que han sido investigados y detenidos a criterio del ministerio público se han desprendido de acciones típicas y antijurídicas por parte de los hoy amparistas por lo que han sido debidamente presentados todos y cada uno de los requerimientos fiscales, respetándose los derechos fundamentales de los amparistas y resueltos los mismos por el juez de garantías correspondiente, razón por la cual no se ha constatado violación alguna por parte de las actuaciones del Ministerio Publico. Es preciso señalar el artículo 331 del Código Penal que establece: se sancionara con una reclusión de dos (2) a cuatro (4) años y una multa de treinta mil (L. 30,000.00) a sesenta mil lempiras (L.60,000.00) lempiras, a quienes convoquen o dirijan de manera ilícita cualquier reunión o manifestación. Tendrán el carácter de ilícitas todas aquellas reuniones a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, con el fin de cometer un delito. De lo anterior se desprende que es un derecho reconocido constitucionalmente el hecho de reunirse pacíficamente y sin armas en manifestación pública, pero ya la ley establece cual es el límite que existe para que las mismas se conviertan en ilícitas, razón está que de investigarse y comprobarse, legitima a las autoridades correspondientes para emprender las acciones legales pertinentes, tal y como lo ha hecho el ministerio público al presentar los requerimientos fiscales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): De los revisión de los informes remitidos por la Dirección Policial de Investigación (DPI), informe de la Secretaria de Seguridad, Policía Militar y Policía Nacional, en los cuales el General Director Félix Villanueva Mejía el cual informa que dichos acontecimientos se suscitan en fecha 02 de abril del 2014 en los predios propiedad de la empresa MINOSA, ubicada en la comunidad de Azacualpa, Municipio de la Unión Copan, Departamento de Copan en la cual una serie de personas llegaron a los predios a agredir a los operarios de las maquinas tirando piedras y amenazando al conductor de un tractor con arma blanca (machete) por lo que pusieron en conocimiento a la autoridad correspondiente y volviendo a repetirse las situaciones en varias coacciones por lo cual se pusieron las denuncias correspondientes para realizar la investigación correspondiente por lo cual existen 3 denuncias ante el ministerio publico siendo estas las n. 516-14 por el delito de MANIFESTACION ILICITA y la n. 485-2014 por el delito de USURPACION Y COACCION por parte de la Empresa Minera de Occidente MINOSA, y la otra denuncia la 359-2016 por el delito de USURPACION, en conclusión el actuar de la policía nacional, conjuntamente con la Policía Militar y la Dirección de Investigación Policial únicamente son las obligaciones inherentes a sus cargos, así como velar y proteger a la ciudadanía y ejecutar órdenes judiciales emitidas. Que esta sala de lo Constitucional al hacer una revisión de dichos informes puede concluir que las actuaciones de las autoridades denunciadas por los amparistas obedecen y se han enmarcado en un estricto cumplimiento a la ley y el estricto respeto a los derechos Humanos y la Constitución de la República, por cuanto no existe violación alguna.- CONSIDERANDO QUINCE (15): En fecha 20 de junio del 2017 se formaliza la acción de amparo y se abre el periodo probatorio en el que la amparista propuso sus medios de prueba a los cuales se admitió el medio de prueba 1.) denominado adendum al convenio que consta en el instrumento 241 de fecha 24 de julio del 2102 celebrado entre la empresa Mineras de Occidente MINOSA, comité ambiental, patronato pro mejoramiento de la comunidad de Azacualpa, municipalidad de la Unión Copan y acuerdos complementarios suscritos con otros actores importantes.- 2.) carta de incumplimiento de compromiso de Aura Minerales( empresa Minera de Occidente MINOSA) en el marco del adendum firmado el 11 de Agosto del 2016, dirigido al abogado Agapito Rodríguez, Director ejecutivo de INHGEOMIN. 3.) carta dirigida al embajador MICHAEL GORT de la Embajada de Canadá para los países de Costa Rica, Nicaragua, y Honduras y con sede en Costa Rica y al señor JEFFREY asesor de la oficina de responsabilidad social corporativa (RSC) 4.) Pronunciamiento público firmado por los miembros del patronato comunal y comité ambiental de la comunidad de Azacualpa, la Unión, copan dirigido a la opinión pública e internacional, medios de prueba que fueron debidamente admitidos mediante auto que corre a folio 158 de la pieza principal.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en fecha 26 de octubre del 2017 el Ministerio Publico se abstiene de emitir su dictamen en virtud de considerar que la función de dictaminar debe de ser objetiva, a fin de evitar cualquier cuestionamiento de imparcialidad, influencia, o manipulación del sistema, y ya que en el presente recurso el Ministerio Publico es una de las Autoridades cuestionadas en sus actuaciones, en consecuencia el ministerio público no deberá de dictaminar en las acciones que haya interpuesto, siendo que tiene un interés por ende, en el presente asunto, el ministerio público no puede dictaminar ya que ha rendido el informe correspondiente en la presente acción , por lo que el ministerio público se abstiene de emitir dictamen en la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): existen el ordenamiento jurídico vigente, múltiples bienes, entre otros las minas, sobre los cuales el estado mantiene, de diversos modos y para distintos fines, un estrecho vínculo que se denomina, desde el punto de vista dogmático de dominio público. Es así que la ley general de minería establece que tiene como objeto normar la actividad minera del país; por tanto es de orden público, interés general, y de aplicación obligatoria la presente ley, así mismo establece que el estado de Honduras ejerce el dominio eminente, inalienable, e imprescriptible, sobre todos los minerales que se encuentren sobre el territorio nacional , en ejercicio de su derecho de dominio, el estado regula los recursos minerales inorgánicos y fiscaliza el aprovechamiento técnico y racional de los mismos. Por lo que el estado garantiza que los procedimientos mineros se desarrollen bajo los principios de legalidad, transparencia, certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad, eficiencia, participación ciudadana, simultaneidad y sostenibilidad, en tal sentido el estado como garante debe de velar por que las concesiones mineras se limiten a respetar los acuerdos y derechos de los demás que se verán afectados tanto para salvaguardar la vida humana y la salud en general, privilegiando el cuidado del suelo, agua, flora, aire, etc. mediante la aplicación de rigurosos controles ambientales en todas las operaciones mineras. En consecuencia de la revisión del caso sub judice se desprende que la Empresa Minerales del Norte (MINOSA) y el Instituto Hondureño en Geología y minas (INHGEOMIN), no han cumplido a cabalidad con las normas legales para hacer una exploración o explotación minera, así como tampoco se ha cumplido a cabalidad con el convenio celebrado entre la empresa y la comunidad, de igual manera se ha acreditado que la empresa no cuenta con una concesión otorgada por el estado de Honduras para Explorar o Explotar los minerales de la comunidad de Azacualpa.- CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): La legislación nacional hondureña ofrece un reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la mención en la Constitución de derechos que corresponden a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 346 constitucional, que establece el deber del Estado de "dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas". Otras disposiciones constitucionales se refieren a deberes estatales de fomentar la riqueza antropológica, culturas nativas y expresiones folklóricas en el país (arts. 172 y 173) constitucionales. La Constitución establece que los tratados internacionales forman parte del derecho interno (art. 15) y que "en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero" (art. 18). Honduras ha ratificado los principales tratados universales y regionales de derechos humanos, así como el Convenio núm. 169 de la OIT (en 1995), y votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ("la Declaración"). Sin embargo, no existe una legislación secundaria que permita la real aplicación de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales referidos. Según la legislación agraria, las comunidades indígenas que acrediten la ocupación de sus tierras pueden obtener títulos de dominio pleno extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA)1. La legislación forestal "reconoce el derecho sobre las áreas forestales a favor de los pueblos indígenas y afro-hondureños, situados en las tierras que tradicionalmente poseen, de conformidad a las Leyes Nacionales y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. La Ley de Propiedad (2004) que establece la regularización de tierras indígenas dirigida por el Instituto de la Propiedad. La ley reconoce las formas tradicionales de tenencia de las tierras de los pueblos indígenas y el carácter de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de éstas. Sin embargo, permite a las comunidades "poner fin al régimen comunal de tierras, autorizar arrendamientos a favor de terceros" o autorizar contratos para inversiones de desarrollo. La ley otorga derechos de posesión a favor de terceros que obtuvieron título dentro de tierras comunales y hayan poseído esas tierras, así como derechos de indemnización por mejoras realizadas si poseen títulos anulables, y en caso de no tener título alguno, "podrán negociar su permanencia con la comunidad pagando el canon de arrendamiento que acuerden". Según representantes indígenas, estas disposiciones atentan contra las garantías de inalienabilidad de las tierras indígenas según los estándares internacionales y legitiman la presencia de terceros sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas enfrentan problemas sistémicos que impiden el pleno goce de sus derechos. La desprotección de sus tierras, territorios y recursos naturales y la impunidad y deficiente acceso a la justicia son problemas fundamentales que los colocan en una situación de total indefensión ante actos de violencia por distintos actores. Asimismo, enfrentan una precaria situación socioeconómica de pobreza multidimensional relacionada con la extrema desigualdad, la corrupción y la carencia de servicios sociales básicos, situación está que ha sido plasmada en el presente recurso así como también se desprende de los diferentes instrumentos internacionales y organismos internacionales que velan por los derechos humanos según informes rendidos ante las naciones unidas en fechas 21 de julio del 2016, en la que se establece la situación actual y los derechos de los pueblos indígenas que hoy nos ocupan. En conclusión esta sala observa que con el análisis profundo realizado al presente caso se han constatado las violaciones a los derechos humanos, así como las violaciones a las leyes y el debido proceso, realizadas tanto por la Empresa Minera de Occidente, como por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), por ende las exploraciones o explotaciones realizadas en la comunidad de Azacualpa hasta obtener la concesión y los permisos ambientales pertinentes son de carácter ilícito por no cumplir con los requisitos de ley , sin embargo existe un convenio el cual se ha incumplido totalmente de fecha 24 de junio del 2012 y su respectivo adendum de fecha 11 de agosto del 2016, esto no exime a la empresa el deber de tramitar los permisos y licencias correspondientes para el otorgamiento de la concesión correspondiente por encontrarse la zona de Azacualpa fuera de la concesión minera autorizada por el estado de Honduras para la zona de San Andrés, La Unión, Copan, ya que según el mapa oficial y la información acompañada la comunidad de Azacualpa no se encuentra dentro de la concesión minera otorgada.- CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que se considera la violación al derecho de Defensa o a un Debido Proceso cuando se vulnera sustancialmente a alguna de las partes durante el trámite procedimental, el incumplimiento de los requisitos y permisos otorgados por las instancias administrativas. En el presente caso a pesar de las violaciones antes indicadas los amparistas debieron de haber agotado la vía administrativa previa, en virtud que la ley de minería ya establece los mecanismos para la denuncia correspondiente ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y una vez agotada la instancia administrativa y al tener una respuesta del ente encargado de velar por la correcta aplicación de la ley general de minería tal y como lo establece el artículo 41 Y 42 de la ley Sobre Justicia Constitucional ya que el mismo deberá señalar cual es el acto en concreto que causa agravio o que es impugnado y que considera que violenta los derechos de los peticionarios y cuáles son los recursos de los cuales ha hecho uso para subsanar o corregir dicha actuación, la Sala concluye, que por las razones anteriormente señaladas es procedente DENEGAR la Acción de Amparo promovida por los señores MANUEL RODRIGUEZ CHACON, JOSE ANGEL LOPEZ, REINA RODRIGUEZ CHACON, NICOLAS VILLANUEVA RODRIGUEZ, FAUSTO ERASMO MONTOYA, FLORESMILA LOPEZ, JUAN PABLO RODRIGUEZ, LIBER OMAR RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO TRIGUEROS Y FLORIDALMA VILLANUEVA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE COPAN, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS, anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA, relacionadas a que la citada autoridad otorgó una concesión minera a favor de la Sociedad Mercantil denominada MINERALES DE OCCIDENTE, S.A. (MINOSA), subsidiaria de AURA MINERALS (de capital Canadiense) en la zona denominada San Andrés.- CONSIDERANDO VEINTE (20): en cuanto a las violaciones señaladas por parte de las demás instituciones como ser La Policía Militar, DPI, Policía nacional y Ministerio Publico, no se ha constatado violación alguna pues tal y como se estableció en los considerandos que anteceden las mismas se encontraban en el ejercicio de sus funciones sin que se observara violación alguna a los derechos de los amparistas.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 15, 18, 19, 64, 59, 63, 65, 78, 79, 80, 90, 94, 145, 183, 303, 313, 346, 304, 305, 320, 321, 340 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 INCISO 2), 5, 6, 7, 9.3.d, 37, 41, 45, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; art. 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, art. 7 de la convención americana de derechos humanos, art. 5, 54 h, 63, 64, 67, 74, 75, 79, 80 de la ley general del ambiente. Art.2, 3, 4, 5, 8 y 9 de la ley general de minería y demás aplicables, art. 15.1 del convenio 169 de la OIT. FALLA: PRIMERO: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los señores MANUEL RODRIGUEZ CHACON, JOSE ANGEL LOPEZ, REINA RODRIGUEZ CHACON, NICOLAS VILLANUEVA RODRIGUEZ, FAUSTO ERASMO MONTOYA, FLORESMILA LOPEZ, JUAN PABLO RODRIGUEZ, LIBER OMAR RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO TRIGUEROS Y FLORIDALMA VILLANUEVA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS Y DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE AZACUALPA, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE COPAN, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS, anteriormente denominada DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA MINERIA, relacionadas a que la citada autoridad otorgó una concesión minera a favor de la Sociedad Mercantil denominada MINERALES DE OCCIDENTE, S.A. (MINOSA), subsidiaria de AURA MINERALS (de capital Canadiense) en la zona denominada San Andrés, Y contra actuaciones del Ministerio Publico, Policía Militar, Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Órgano Administrativo de la procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0709-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”