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Sentencia AA-692-18 — Registro 8893

Resumen

Línea de investigación denominada "B" en base a denuncia contra recurrente por el supuesto delito de lavado de activos, malversación de caudales públicos, cohecho, soborno en perjuicio de la Administración Pública por la supuesta utilización de Organismos no Gubernamentales (ONGs) siendo BITAL y PLANETA VERDE

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."ésta Sala no aprecia el agravio señalado por el recurrente, toda vez que la autoridad denunciada le indica que su representado no está en calidad de investigado y de encontrarlo involucrado será llamado para lo que corresponda, por cuanto con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."el recurrente indica asimismo que no se le ha dado respuesta a una reconsideración que interpuso contra la comparecencia antes relacionada con la cual el reclamante estima, agotó el trámite interno, sin embargo esta Sala aprecia que el recurso interpuesto fue ante la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), cuando la última instancia disponible y con la que se puede dar por agotada ésta, es ante la Fiscalía General de la República, lo cual hace evidente que el recurrente tiene pendientes acciones o recursos internamente si el reclamante lo estima pertinente, en virtud de lo cual es patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo por éste motivo..."..."esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado..."..."por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numeral 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito..."

Jerarquía: Reiterativa

...".Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de diciembre del año dos mil dieciocho. Visto el informe correspondiente al recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, a favor del señor MILTON JESUS PUERTO OSEGUERA, contra la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), que dictó la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho y el acta de comparecencia de fecha nueve (09) de marzo del mismo año, con relación según refiere el recurrente a la limitada información sobre los hechos que motivan una línea de investigación denominada línea B de la UFECIC y sobre una reconsideración que a la fecha indica no ha obtenido respuesta del Ministerio Público. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente indica que con el acto reclamado la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), le ha limitado la información sobre los hechos que motivan la línea de investigación denominada “B”, por lo cual presentó una reconsideración en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho, la cual refiere aun no le ha sido resuelta, todo para ejercer la defensa técnica y oportuna de su representado, estimando que con tales diligencias ha agotado los recursos internos para subsanar el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que previo a resolver sobre la admisión del presente amparo, ésta Sala en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho, solicitó a la autoridad recurrida rindiera un informe circunstanciado sobre el acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que conforme al informe rendido por la autoridad denunciada en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho, se advierte que mediante el acto reclamado de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho, se le indicó al peticionario que existe la denuncia número 001-2017, conocida también con número 1455042755-2016, por la supuesta comisión de delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, cohecho, soborno y otros en perjuicio de la Administración Pública, por la supuesta utilización de las Organismos no Gubernamentales (ONGs) las cuales son BITAL y PLANETA VERDE, para la realización de proyectos de interés social de los que derivan pagos a diferentes funcionarios y políticos, indicándole además la autoridad recurrida que de ésta denuncia se inició una Línea de Investigación denominada “B” con auto de reserva. Se establece también en dicho informe que con la resolución antes relacionada la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), le indicó al recurrente se personara en fecha el nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho, para comunicarle sobre los hechos de investigación de la denominada Línea “B”, a la cual se hizo presente el quejoso, desprendiéndose del Acta de Comparecencia levantada para tal efecto, misma que fue acompañada en el informe brindado por el ente denunciado, se desprende que se le expuso al solicitante que existen hechos denunciados que datan del año dos mil dieciséis, mismos que fueron interpuestos por varios diputados del Congreso Nacional, de lo cual no sabían con exactitud quienes son los involucrados pero que serían notificados o citados en legal y debida forma aquellos de los que se pueda apreciar por dicho ente, un grado de responsabilidad para ser escuchados y realicen sus respectivos descargos, indicándosele además en dicha comparecencia al reclamante que las personas por las cuales se personó, entre las cuales se encuentra el señor MILTON JESUS PUERTO OSEGUERA, no están en calidad de investigados pues solo figuran como que han tenido algún tipo de relación con las ONGs ya relacionadas como mecanismo de desvío de fondos. CONSIDERANDO: Que ésta Sala no aprecia el agravio señalado por el recurrente, toda vez que la autoridad denunciada le indica que su representado no está en calidad de investigado y de encontrarlo involucrado será llamado para lo que corresponda, por cuanto con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el recurrente indica asimismo que no se le ha dado respuesta a una reconsideración que interpuso contra la comparecencia antes relacionada con la cual el reclamante estima, agotó el trámite interno, sin embargo esta Sala aprecia que el recurso interpuesto fue ante la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), cuando la última instancia disponible y con la que se puede dar por agotada ésta, es ante la Fiscalía General de la República, lo cual hace evidente que el recurrente tiene pendientes acciones o recursos internamente si el reclamante lo estima pertinente, en virtud de lo cual es patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo por éste motivo. CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numeral 7 en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 127, 128, 129; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALCIDES MARTINEZ SERVELLON, a favor del señor MILTON JESUS PUERTO OSEGUERA, contra la UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN (UFECIC), que dictó la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho y el acta de comparecencia de fecha nueve (09) de marzo del mismo año, al no reunir la presente acción el requisito de definitividad que dé lugar la procedencia del mismo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha diez de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0692-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL