Sentencia AA-685-16 — Registro 7595
Resumen
Resolución No.SO-041-2016 emitida por Autoridad recurrida declaró con lugar recurso de revisión interpuesto por recurrente en virtud que la UNAH no dió respuesta a la solicitud de información pública en el plazo de ley y ordena al recurrente de la acción de amparo entregar de inmediato al peticionario la información solicitada y proceder a la apertura del expediente con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega, en tiempo y forma, de la información solicitada UNAH
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Licenciado MAURICIO A. DURÓN, actuando en su condición de ciudadano y jubilado afiliado al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud que la referida Institución Obligada no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Titular Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, a que haga entrega inmediata al Licenciado MAURICIO A. DURÓN de la información referente a:…” –Folios 20v y 21f de la pieza de antecedentes del IAIP, lo subrayado es nuestro..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 27 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 28 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No.SO-041-2016 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró con lugar un recurso de revisión interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos de defensa y debido proceso, estipulados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, interponiendo acción de amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución NO. SO-041-2016, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, contra la UNIVESRSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por considerar que la misma violenta los derechos de defensa y debido proceso estipulados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Resolución mediante la cual el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016): resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Licenciado MAURICIO A. DURÓN, actuando en su condición de ciudadano y jubilado afiliado al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud que la referida Institución Obligada no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Titular Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, a que haga entrega inmediata al Licenciado MAURICIO A. DURÓN de la información referente a: “convocatorias; agendas; ayudas de memoria; dictámenes; grabaciones; resoluciones; apuntes; circulares; memorandos; notificaciones; memorandos; actas; correos electrónicos; comunicados; etc.) de instancias administrativas subordinadas por ley al Consejo Universitario (CU) y a la Junta de Dirección Universitaria (JDU), particularmente la rectoría de la UNAH y/o demás instancias administrativas subordinadas por ley al CU y/o a la JDU, que desde abril 2009 al 1 de agosto de 2014, haya (n) celebrado o sostenido contactos, reuniones y gestiones ante la CNBS en que la rectoría de la UNAH y demás instancias, sin competencia de ley y/o sin mandato del CU o de la JDU, haya (n) indagado y conocido información sobre interioridades del Inpreunah”. Tercero: Que se proceda la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega, en tiempo y forma, de la información solicitada por el Recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de Marzo de 2014….” (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP)- 2) Que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de amparo interpuesto y ordenó librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida, para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera las diligencias del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 22 de la pieza de Amparo)- 3) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal ordenó continuar con la substanciación del recurso de mérito, concediéndose vista de los antecedentes al recurrente por el término de cuarenta y ocho (48) horas, a efecto de formalizar su petición por escrito. (Folio 29 de la pieza de Amparo)- 4) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 33 de la pieza de Amparo)- 5) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. (Folios del 36 al 42 de la pieza de Amparo)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, el señor MAURICIO A. DURÓN, en su condición personal, interponiendo recurso de revisión al no habérsele proporcionada la información pública solicitada, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH).- CONSIDERANDO (3): Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No.SO-041-2016 de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); resolución que declara Con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor Mauricio A. Durón, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente sostiene que es evidente la violación al derecho de defensa, ello en vista que su representada nunca se personó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)[1], como parte del proceso, que su representada se ha limitado únicamente a lo solicitado o requerido por dicho Instituto, por lo cual al dictar una resolución en contra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)[2], sin que la misma sea escuchada en el proceso, la deja en estado de indefensión. Argumenta el recurrente en Amparo, que el Código Procesal Civil desarrolla en su artículo 3 el debido proceso, en el sentido de establecer que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Que el debido proceso no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública y que en este caso la UNAH nunca formó parte del proceso de manera directa, pero en cambio la resolución si le afecta de manera directa.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-041-2016 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, que declara Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el Licenciado Mauricio A. Durón, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, por la falta de respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP)- CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos.- CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[3] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[4]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[5]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[6].- CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que mediante providencia de fecha 1 de septiembre del año 2015, el IAIP ordenó requerir a la Doctora Julieta Castellanos, en su condición de Rectora de la UNAH, a afecto que en el plazo de tres días hábiles remitiera al IAIP los antecedentes relacionados al Recurso de Revisión interpuesto por el señor Mauricio A. Durón; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrían las sanciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; requerimiento que se realizó en fecha 22 de octubre del año 2015, dejando transcurrir el plazo concedido de tres días hábiles la Rectora de la UNAH, omitiendo el envió de los antecedentes al IAIP y la no acreditación de la entrega de la información al recurrente, tal y como se hace constar en informe de fecha 11 de noviembre del año 2015, emitido por el Asistente de la Secretaría General del IAIP. –Folios 6, 7 y 8 de la pieza de antecedentes del IAIP- CONSIDERANDO (9): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública, es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 2. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley. En ese orden de ideas, el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en cuanto a las infracciones administrativas en el numeral 1 la siguiente: “1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;…”.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Licenciado MAURICIO A. DURÓN, actuando en su condición de ciudadano y jubilado afiliado al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud que la referida Institución Obligada no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Titular Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, a que haga entrega inmediata al Licenciado MAURICIO A. DURÓN de la información referente a:…” –Folios 20v y 21f de la pieza de antecedentes del IAIP, lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.”; asimismo ordena se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a las atribuciones conferidas por ley al Instituto de Acceso a la Información Pública.- CONSIDERANDO (12): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 8, 11, 21 y 27.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra la Resolución No.SO-041-2016 de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0685-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No.SO-041-2016 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró con lugar un recurso de revisión interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos de defensa y debido proceso, estipulados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, interponiendo acción de amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución NO. SO-041-2016, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, contra la UNIVESRSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por considerar que la misma violenta los derechos de defensa y debido proceso estipulados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Resolución mediante la cual el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) en fecha siete (7) de marzo del año dos mil dieciséis (2016): resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Licenciado MAURICIO A. DURÓN, actuando en su condición de ciudadano y jubilado afiliado al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud que la referida Institución Obligada no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Titular Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, a que haga entrega inmediata al Licenciado MAURICIO A. DURÓN de la información referente a: “convocatorias; agendas; ayudas de memoria; dictámenes; grabaciones; resoluciones; apuntes; circulares; memorandos; notificaciones; memorandos; actas; correos electrónicos; comunicados; etc.) de instancias administrativas subordinadas por ley al Consejo Universitario (CU) y a la Junta de Dirección Universitaria (JDU), particularmente la rectoría de la UNAH y/o demás instancias administrativas subordinadas por ley al CU y/o a la JDU, que desde abril 2009 al 1 de agosto de 2014, haya (n) celebrado o sostenido contactos, reuniones y gestiones ante la CNBS en que la rectoría de la UNAH y demás instancias, sin competencia de ley y/o sin mandato del CU o de la JDU, haya (n) indagado y conocido información sobre interioridades del Inpreunah”. Tercero: Que se proceda la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega, en tiempo y forma, de la información solicitada por el Recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de Marzo de 2014….” (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP)- 2) Que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de amparo interpuesto y ordenó librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida, para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera las diligencias del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 22 de la pieza de Amparo)- 3) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal ordenó continuar con la substanciación del recurso de mérito, concediéndose vista de los antecedentes al recurrente por el término de cuarenta y ocho (48) horas, a efecto de formalizar su petición por escrito. (Folio 29 de la pieza de Amparo)- 4) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 33 de la pieza de Amparo)- 5) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. (Folios del 36 al 42 de la pieza de Amparo)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, el señor MAURICIO A. DURÓN, en su condición personal, interponiendo recurso de revisión al no habérsele proporcionada la información pública solicitada, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH).- CONSIDERANDO (3): Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No.SO-041-2016 de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); resolución que declara Con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor Mauricio A. Durón, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente sostiene que es evidente la violación al derecho de defensa, ello en vista que su representada nunca se personó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)[7], como parte del proceso, que su representada se ha limitado únicamente a lo solicitado o requerido por dicho Instituto, por lo cual al dictar una resolución en contra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)[8], sin que la misma sea escuchada en el proceso, la deja en estado de indefensión. Argumenta el recurrente en Amparo, que el Código Procesal Civil desarrolla en su artículo 3 el debido proceso, en el sentido de establecer que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Que el debido proceso no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública y que en este caso la UNAH nunca formó parte del proceso de manera directa, pero en cambio la resolución si le afecta de manera directa.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-041-2016 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, que declara Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el Licenciado Mauricio A. Durón, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, por la falta de respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Folios del 18 al 21fv de la pieza de antecedentes del IAIP)- CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos.- CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[9] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[10]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[11]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[12].- CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que mediante providencia de fecha 1 de septiembre del año 2015, el IAIP ordenó requerir a la Doctora Julieta Castellanos, en su condición de Rectora de la UNAH, a afecto que en el plazo de tres días hábiles remitiera al IAIP los antecedentes relacionados al Recurso de Revisión interpuesto por el señor Mauricio A. Durón; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrían las sanciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; requerimiento que se realizó en fecha 22 de octubre del año 2015, dejando transcurrir el plazo concedido de tres días hábiles la Rectora de la UNAH, omitiendo el envió de los antecedentes al IAIP y la no acreditación de la entrega de la información al recurrente, tal y como se hace constar en informe de fecha 11 de noviembre del año 2015, emitido por el Asistente de la Secretaría General del IAIP. –Folios 6, 7 y 8 de la pieza de antecedentes del IAIP- CONSIDERANDO (9): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública, es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 2. Aplicar el marco sancionatorio de la presente Ley. En ese orden de ideas, el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en cuanto a las infracciones administrativas en el numeral 1 la siguiente: “1. Estando obligado por Ley, no proporcionare de oficio o se negare a suministrar la información pública requerida en el tiempo estipulado o de cualquier manera obstaculizare su acceso;…”.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Licenciado MAURICIO A. DURÓN, actuando en su condición de ciudadano y jubilado afiliado al INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud que la referida Institución Obligada no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Titular Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, a que haga entrega inmediata al Licenciado MAURICIO A. DURÓN de la información referente a:…” –Folios 20v y 21f de la pieza de antecedentes del IAIP, lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.”; asimismo ordena se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente; resolución que fue dictada en apego al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a las atribuciones conferidas por ley al Instituto de Acceso a la Información Pública.- CONSIDERANDO (12): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley al caso concreto, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 8, 11, 21 y 27.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra la Resolución No.SO-041-2016 de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0685-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX,
Secretario Sala
[1] En Adelante IAIP.
[2] En adelante UNAH.
[3] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[4] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[5] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[6] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
[7] En Adelante IAIP.
[8] En adelante UNAH.
[9] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[10] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[11] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[12] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf