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Sentencia AA-664-17 — Registro 9510

Resumen

Resolución No. 092-CCJ-2017 declaró sin lugar reclamo contra sanción disciplinaria de despido de funcionaria judicial, se confirmó la destitución de recurrente del cargo de juez de letras supernumeraria de familia contenido en el Acuerdo No. 69 emitido por la Corte Suprema de Justicia por haber decretado nulidad de oficio de una sentencia de divorcio firme y ya ejecutoria en el Registro Nacional de las Personas; La Autoridad recurrida señala que la reclamante no desvaneció las causas que motivaron su destitución con las pruebas evacuadas y alegatos vertidos durante la audiencia de descargo, de manera que se le garantizó su derecho a la defensa y debido proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Constitucional al analizar las presentes diligencias, estima procedente estudiar y resolver previamente a los asuntos de fondo propuestos por la parte censora, lo expuesto por el agente de tribunales del Ministerio Público, quien entre otras alegaciones señala que, el plazo legal dispuesto para interponer la garantía de amparo en el presente caso, ya había expirado, de manera que su interposición es extemporánea, debiéndose por tanto denegar su admisión a trámite, o declararse su sobreseimiento posterior..."..."la Sala de lo constitucional, procede a analizar la presentación extemporánea de la garantía de amparo de mérito, resaltando las actuaciones siguientes: 1. El Consejo de la Carrera Judicial procedió a resolver el reclamo presentado por la abogada Diamantina Molina Lagos en contra del acuerdo de destitución del cargo de juez, mediante la resolución definitiva del miércoles diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 2. Dicha resolución definitiva fue notificada personalmente a la abogada Diamantina Molina Lagos el viernes veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 3. El jueves veinte de julio de dos mil diecisiete, la abogada Diamantina Molina Lagos presentó escrito, interponiendo el recurso de reposición, el cual fue denegado mediante la resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 4. La garantía constitucional de amparo fue interpuesta el viernes uno de septiembre de dos mil diecisiete, o sea antes de que se resolviera el recurso de reposición..."..."Ambos señalamientos o motivos de amparo no son de recibo, debido a que no corresponde a la Sala de lo Constitucional resolver si la autoridad administrativa resolvió correctamente el asunto disciplinario administrativo, sino mantener o restituir un derecho humano garantizado por la Constitución o instrumento internacional, o bien, declarar que un reglamento, resolución o hecho no le es exigible porque contraviene, disminuye o tergiversa alguno de estos derechos que se mencionan..."..."la amparista...pretende que la Sala, estime como una excepción exculpatoria, el hecho de que la decisión de anular una sentencia ya ejecutoria, se encuentra justificada por una razón legítima. Sin embargo, esta decisión es de fondo, cuyo examen corresponde a la autoridad sancionadora en sus diferentes etapas: investigación ante la Inspectoría, procedimiento de defensa ante la dirección de personal y reclamo de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial..."..."De acuerdo con el acta de la audiencia consta que la abogada Diamantina Molina Lagos no opuso ni alegó prescripción..."..."la Dirección de administración de personal de la carrera judicial dictó la resolución No. 145-2011 mediante la cual recomienda la destitución de la abogada Diamantina Molina Lagos del cargo de juez por haber incurrido en ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, al haber decretado de oficio, en fecha diez de agosto de dos mil diez, la nulidad de una sentencia de divorcio dictada por ella misma el día veintitrés de abril de dos mil diez, que se encontraba firme y ejecutada ante el Registro Nacional de las Personas..."..."se constata que previo a dictarse la sanción, no se opuso en ningún momento la prescripción de mérito, de manera que su alegación en amparo es extemporánea...".."En conclusión, la Sala de lo Constitucional, una vez estudiado y analizado las alegaciones que sustentan los motivos de amparo, los antecedentes puestos a la vista y el parecer del agente de tribunales del Ministerio Público, llega a la conclusión de que corresponde denegar la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de la Carrera Judicial, art. 55 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Carrera Judicial, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Carrera Judicial, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Constitucional al analizar las presentes diligencias, estima procedente estudiar y resolver previamente a los asuntos de fondo propuestos por la parte censora, lo expuesto por el agente de tribunales del Ministerio Público, quien entre otras alegaciones señala que, el plazo legal dispuesto para interponer la garantía de amparo en el presente caso, ya había expirado, de manera que su interposición es extemporánea, debiéndose por tanto denegar su admisión a trámite, o declararse su sobreseimiento posterior..."..."la Sala de lo constitucional, procede a analizar la presentación extemporánea de la garantía de amparo de mérito, resaltando las actuaciones siguientes: 1. El Consejo de la Carrera Judicial procedió a resolver el reclamo presentado por la abogada Diamantina Molina Lagos en contra del acuerdo de destitución del cargo de juez, mediante la resolución definitiva del miércoles diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 2. Dicha resolución definitiva fue notificada personalmente a la abogada Diamantina Molina Lagos el viernes veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 3. El jueves veinte de julio de dos mil diecisiete, la abogada Diamantina Molina Lagos presentó escrito, interponiendo el recurso de reposición, el cual fue denegado mediante la resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 4. La garantía constitucional de amparo fue interpuesta el viernes uno de septiembre de dos mil diecisiete, o sea antes de que se resolviera el recurso de reposición..."..."Ambos señalamientos o motivos de amparo no son de recibo, debido a que no corresponde a la Sala de lo Constitucional resolver si la autoridad administrativa resolvió correctamente el asunto disciplinario administrativo, sino mantener o restituir un derecho humano garantizado por la Constitución o instrumento internacional, o bien, declarar que un reglamento, resolución o hecho no le es exigible porque contraviene, disminuye o tergiversa alguno de estos derechos que se mencionan..."..."la amparista...pretende que la Sala, estime como una excepción exculpatoria, el hecho de que la decisión de anular una sentencia ya ejecutoria, se encuentra justificada por una razón legítima. Sin embargo, esta decisión es de fondo, cuyo examen corresponde a la autoridad sancionadora en sus diferentes etapas: investigación ante la Inspectoría, procedimiento de defensa ante la dirección de personal y reclamo de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial..."..."De acuerdo con el acta de la audiencia consta que la abogada Diamantina Molina Lagos no opuso ni alegó prescripción..."..."la Dirección de administración de personal de la carrera judicial dictó la resolución No. 145-2011 mediante la cual recomienda la destitución de la abogada Diamantina Molina Lagos del cargo de juez por haber incurrido en ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, al haber decretado de oficio, en fecha diez de agosto de dos mil diez, la nulidad de una sentencia de divorcio dictada por ella misma el día veintitrés de abril de dos mil diez, que se encontraba firme y ejecutada ante el Registro Nacional de las Personas..."..."se constata que previo a dictarse la sanción, no se opuso en ningún momento la prescripción de mérito, de manera que su alegación en amparo es extemporánea...".."En conclusión, la Sala de lo Constitucional, una vez estudiado y analizado las alegaciones que sustentan los motivos de amparo, los antecedentes puestos a la vista y el parecer del agente de tribunales del Ministerio Público, llega a la conclusión de que corresponde denegar la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Constitucional al analizar las presentes diligencias, estima procedente estudiar y resolver previamente a los asuntos de fondo propuestos por la parte censora, lo expuesto por el agente de tribunales del Ministerio Público, quien entre otras alegaciones señala que, el plazo legal dispuesto para interponer la garantía de amparo en el presente caso, ya había expirado, de manera que su interposición es extemporánea, debiéndose por tanto denegar su admisión a trámite, o declararse su sobreseimiento posterior..."..."la Sala de lo constitucional, procede a analizar la presentación extemporánea de la garantía de amparo de mérito, resaltando las actuaciones siguientes: 1. El Consejo de la Carrera Judicial procedió a resolver el reclamo presentado por la abogada Diamantina Molina Lagos en contra del acuerdo de destitución del cargo de juez, mediante la resolución definitiva del miércoles diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 2. Dicha resolución definitiva fue notificada personalmente a la abogada Diamantina Molina Lagos el viernes veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 3. El jueves veinte de julio de dos mil diecisiete, la abogada Diamantina Molina Lagos presentó escrito, interponiendo el recurso de reposición, el cual fue denegado mediante la resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 4. La garantía constitucional de amparo fue interpuesta el viernes uno de septiembre de dos mil diecisiete, o sea antes de que se resolviera el recurso de reposición..."..."Ambos señalamientos o motivos de amparo no son de recibo, debido a que no corresponde a la Sala de lo Constitucional resolver si la autoridad administrativa resolvió correctamente el asunto disciplinario administrativo, sino mantener o restituir un derecho humano garantizado por la Constitución o instrumento internacional, o bien, declarar que un reglamento, resolución o hecho no le es exigible porque contraviene, disminuye o tergiversa alguno de estos derechos que se mencionan..."..."la amparista...pretende que la Sala, estime como una excepción exculpatoria, el hecho de que la decisión de anular una sentencia ya ejecutoria, se encuentra justificada por una razón legítima. Sin embargo, esta decisión es de fondo, cuyo examen corresponde a la autoridad sancionadora en sus diferentes etapas: investigación ante la Inspectoría, procedimiento de defensa ante la dirección de personal y reclamo de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial..."..."De acuerdo con el acta de la audiencia consta que la abogada Diamantina Molina Lagos no opuso ni alegó prescripción..."..."la Dirección de administración de personal de la carrera judicial dictó la resolución No. 145-2011 mediante la cual recomienda la destitución de la abogada Diamantina Molina Lagos del cargo de juez por haber incurrido en ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, al haber decretado de oficio, en fecha diez de agosto de dos mil diez, la nulidad de una sentencia de divorcio dictada por ella misma el día veintitrés de abril de dos mil diez, que se encontraba firme y ejecutada ante el Registro Nacional de las Personas..."..."se constata que previo a dictarse la sanción, no se opuso en ningún momento la prescripción de mérito, de manera que su alegación en amparo es extemporánea...".."En conclusión, la Sala de lo Constitucional, una vez estudiado y analizado las alegaciones que sustentan los motivos de amparo, los antecedentes puestos a la vista y el parecer del agente de tribunales del Ministerio Público, llega a la conclusión de que corresponde denegar la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley de la Carrera Judicial, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Carrera Judicial, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada Julia Daniela Guardado Erazo en su condición de apoderada judicial de la señora Diamantina Molina Lagos, contra la resolución No. 092-CCJ-2017 dictada en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete por el Consejo de la Carrera Judicial, con relación al reclamo interpuesto contra la sanción disciplinaria de despido presentada por la señora Diamantina Molina Lagos, mediante la cual solicita el “reintegro al cargo de juez de letras supernumeraria del Juzgado de Letras de Familia y de la nulidad del despido del que fue objeto”[1]. Estima la garantista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o CADH. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante este alto tribunal de justicia la abogada Julia Daniela Guardado Erazo en su condición de apoderada judicial de la señora Diamantina Molina Lagos, interponiendo la presente garantía constitucional de amparo en contra de la resolución No. 092-CCJ-2017 dictada en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, por el Consejo de la Carrera Judicial. Actuaciones que tienen relación con el reclamo interpuesto por la señora Diamantina Molina Lagos, en contra de la sanción disciplinaria de despido, mediante la cual solicita “reintegro al cargo de Juez de Letras Supernumeraria del Juzgado de Letras de Familia y de la nulidad del despido del que fue objeto”. (Folios 1-12 de la pieza de amparo) 2. En fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, en aras de contribuir a la buena administración de justicia y por considerarse comprendido dentro de la causal número 4 del artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por haber sido nombrado Presidente del Consejo de la Carrera Judicial, se tuvo por excusado del conocimiento del presente asunto de conformidad a lo ordenado por el artículo 189 del mismo cuerpo legal; llamando a integrar al Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle. (Folios 14/16 de la pieza de amparo). 3. En fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, este alto tribunal de justicia, admitió la garantía constitucional de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de tres días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo. Haciendo la observación a la referida autoridad, que el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones. (Folio 17 de la pieza de amparo). 4. Remitidos que fueron los antecedentes por la autoridad recurrida, se desprende del mismo, la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, objeto de la presente garantía constitucional, en la cual el Consejo de la Carrera Judicial, resolvió: “Primero: Declarar sin lugar el reclamo contra una sanción disciplinaria de despido presentada por la abogada Diamantina Molina Lagos. Segundo: Confirmar la destitución de la abogada Diamantina Molina Lagos, del cargo de Juez de Letras de Familia, del departamento de Francisco Morazán, contenido en el acuerdo No. 69 de fecha 25 de enero del 2012 emitido por la Corte Suprema de Justicia…”. (Folios 336-344 del antecedente) 5. En fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la presente garantía constitucional por parte de la abogada Julia Daniela Guardado Erazo, y se ordenó dar vista de las diligencias al fiscal del despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 102 de la pieza de amparo). 6. En fecha dos de abril de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por evacuado el dictamen del fiscal del despacho, abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, del que se desprende de su apreciación jurídica que: “se sobresea la presente acción de amparo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[4]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los artículos 90, 321 de la Constitución de la República 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los derechos contenidos en la Constitución y en la Convención Americana de los Derechos Humanos siguientes: el debido proceso, el principio de legalidad derecho a ser oída. Básicamente los argumentos que sustentan la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la manera siguiente. La amparista refiere que la destitución del cargo de juez de familia realizada mediante acuerdo número 69 del veinticinco de enero de dos mil doce se debió a que dictó sentencia definitiva en fecha veintitrés de abril de dos mil diez, en la demanda ordinaria de divorcio promovida por el señor Marco Vinicio Espinoza Barrientos y que dicha sentencia fue notificada a las partes por la tabla de avisos del despacho el treinta de abril de dos mil diez. Así mismo decretó de oficio nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la notificación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, librando oficio al Registro Nacional de las Personas a fin de que dejara sin ningún valor y efecto la copia autorizada que en su momento había sido enviada, constituyendo esto la falta grave de inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo. Señala la garantista que en el marco de su independencia judicial la jueza dictó en el expediente 3578-2009 de divorcio la resolución siguiente: “Habiéndose realizado un estudio minucioso en las presentes diligencias de oficio decretase nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la notificación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve realizada por la receptora del despacho Vilma Zavala que corre agregada a folio trece vuelto, en virtud de que en dicha notificación se está notificando a la parte demandada rebelde, no siendo lo correcto por constar en auto de fecha seis de noviembre de dos mil nueve que corre agregado a folio trece, haberse decretado de oficio nulidad y tener por contestada en tiempo y forma la demanda de mérito, abierto el juicio a prueba y se tiene como apoderado legal de la parte demandada, al abogado Daniel A. Flores Hernández, sin que se éste haya aceptado el poder a él conferido, en consecuencia líbrese atenta nota al Registro Nacional de las Personas a fin de que se deje sin ningún valor ni efecto la copia autorizada enviada por este Juzgado, en virtud de haberse violado normas de orden procesal cuya inobservancia acarrea nulidad de lo actuado. Artículo 8 del Código de Procedimientos Comunes, 1586 y 1589 del Código Civil. Notifíquese.” Entonces la violación constitucional que se denuncia, se produce por las razones siguientes: 1. No es posible fundamentar la destitución del cargo a juez bajo la circunstancia de considerar ilegal la resolución de nulidad de actuaciones, dictada por la ahora agraviada, cuando: a) Consta a folio 82 la resolución de fecha veintinueve de octubre de dos mil nueve, mediante la cual la parte demandada fue declarada en rebeldía por no haber contestado la demanda; b) a folio 84 aparece agregada la contestación de la demanda y por eso a folio 88 mediante auto del seis de noviembre de dos mil nueve, se corrige la indefensión de la demandada, declarando la nulidad de la rebeldía y teniendo por contestada en tiempo y forma la demanda, con la apertura a pruebas y teniendo como apoderado de la demandada al abogado Daniel A. Flores Hernández; c) consta que la razón para declarar la nulidad fue enderezar el proceso, evitando la indefensión de la parte demandada, siendo injusta la destitución. 2. Argumenta que la decisión de destitución del cargo, carece de fundamentos y legitimidad, debido a que la declaratoria de nulidad de actuaciones se hizo para evitar la indefensión de una de las partes en el proceso. Señala que la decisión de destitución se encuentra fuera de la ley en los términos del artículo 321 constitucional, ya que la resolución contra la cual se pide amparo, califica y sanciona de ilegal lo resuelto en cumplimiento de la Ley, sin tomar en cuenta que la nulidad de la sentencia es una enmienda que corrigió la indefensión cometida. Manifiesta que su poderdante más bien estaba obligada a cumplir con el principio fundamental de legalidad. 3. Denuncia violación al debido proceso por haberse tardado cinco años con tres meses[5] el reclamo interpuesto por su poderdante en contra de la sanción disciplinaria de despido. Dicho derecho se encuentra contenido en el artículo 90 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido denuncia violación al derecho a un plazo razonable dañando su persona por la indeterminación de su situación laboral. Señala que el reclamo planteado por su mandante no reviste ninguna complejidad como tampoco se realizó actividad procesal de mala fe para demorar la resolución, siendo por tanto evidente la conducta negligente del Consejo de la Carrera Judicial para resolver dentro de un plazo razonable. 4. Hubo también violación al debido proceso en virtud de que le prescribió a la autoridad sancionadora el plazo legal para imponer sanciones disciplinarias de conformidad a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 83 de la Ley de la Carrera Judicial. Dicha norma expresa: “Los derechos y acciones que esta Ley confiere a los servidores judiciales prescribirán en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivo, salvo que tuvieren otro plazo especialmente establecido al efecto. Dicho término comenzará a contarse desde el día habíl siguiente a la fecha en que se hubiere notificado al servidor judicial, la resolución que lo afecte. En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta Ley. El término a que se refiere este párrafo comenzará a contarse desde el día siguiente hábil a la fecha en que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la infracción.” La censora señala que el informe de la Inspectoría de juzgados y tribunales que recomienda a la autoridad sancionadora instruir el expediente disciplinario, contra mi mandante es de trece de enero de dos mil once y la resolución número 145-2011 de la Dirección de Administración de personal que recomienda la destitución es del diecisiete de octubre de dos mil once; igualmente el acuerdo de destitución es del veinticinco de enero de dos mil doce. No existe duda de que la autoridad sancionadora conoció de la supuesta falta de orden disciplinario desde el trece de enero de dos mil once antes referido; sin embargo el acuerdo de destitución fue emitido hasta el veinticinco de enero de dos mil doce, comunicándolo a mi mandante mediante oficio del treinta de enero del mismo año dos mil doce, con lo cual queda sumamente claro que la acción de autoridad sancionadora para imponer el despido le prescribió, porque desde la fecha del informe de Inspectoría, trece de enero de dos mil once a la fecha del acuerdo de despido veinticinco de enero de dos mil doce trascurrió un año y doce días, término que se encuentra muy por afuera y distante de los sesenta días o dos meses que autorizan el artículo 83 de la Ley de la Carrera Judicial, para imponer sanciones, incluido el despido. Sobre lo anterior, alega el derecho de su poderdante de no ser sancionada sino es, dentro del término de sesenta días ya indicados, constituyendo una violación al debido proceso, el no haberlo hecho así. Reclama que el hecho de que se haya declarado el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial inconstitucional por la Sala, mediante la sentencia RI-SCO-0696-2012, y que éste haya evacuado actuaciones, hace nulo de pleno derecho el proceso disciplinario. La garantista cita la sentencia de la Corte Interamericana dictada en el Caso López Lone y otros contra Honduras.[6] “D. Conclusión sobre las garantías de debido proceso y derechos políticos. 239. En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte concluye que: los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las presuntas víctimas no estaban establecidos legalmente; el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver recursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia; la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las presuntas víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad, y la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las presuntas víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. 259. Respecto al primer aspecto, este Tribunal reitera que la garantía de estabilidad en el cargo de jueces y juezas requiere que estos no sean destituidos o removidos de sus cargos, salvo por conductas claramente reprochables, es decir, razones verdaderamente graves de mala conducta o incompetencia (supra párrs. 196, 198 y 199). Por tanto, la Corte considera que, en virtud de la garantía de estabilidad judicial, las razones por las cuales los jueces y juezas pueden ser removidos de sus cargos deben estar clara y legalmente establecida. Teniendo en cuenta que la destitución o remoción de un cargo es la medida más restrictiva y severa que se puede adoptar en materia disciplinaria, la posibilidad de su aplicación deber ser previsible, sea porque está expresa y claramente establecida en la ley la conducta sancionable de forma precisa, taxativa y previa o porque la ley delega su asignación al juzgador o a una norma infra legal, bajo criterios objetivos que limiten el alcance de la discrecionalidad. Asimismo, la posibilidad de destitución debe obedecer al principio de máxima gravedad expuesto previamente. En efecto, la protección de la independencia judicial exige que la destitución de jueces y juezas sea considerada como la ultima ratio en materia disciplinaria judicial. 261. Asimismo, la Corte constata que el régimen disciplinario aplicado a las presuntas víctimas, establecido principalmente en la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, prima facie se adecuaba a lo anteriormente expuesto pues la remoción de un juez era considerada la sanción más grave y, en principio se reservaba para las conductas también más graves. Al respecto, este Tribunal nota que la Ley de la Carrera Judicial especificaba una serie de faltas disciplinarias, consideradas como actos “atentan contra la dignidad de la administración de justicia” en su artículo 53 (que el reglamento a dicha ley calificaba como “faltas menos graves”) y “actos contrarios a la eficacia de la administración de justicia”, definidos en su artículo 54 (que el reglamento a dicha ley calificaba como “faltas graves”. La ley no establecía con claridad las sanciones que correspondían a cada una de estas faltas, sino que establecía que las sanciones (de amonestación, multa, suspensión del cargo y destitución) debían aplicarse de acuerdo a la gravedad de la infracción y teniendo en cuenta los antecedentes del caso (supra párrs. 74 y 75). Ahora bien el Reglamento de la ley, al calificar la gravedad de las distintas faltas (entre faltas leves, menos graves y graves), sí establecía las sanciones correspondientes a cada tipo de falta. De esta forma, el régimen disciplinario aplicable a las presuntas víctimas, en principio establecía la posibilidad de destitución para la comisión de faltas graves o la reincidencia de las menos graves, además de las causales de destitución expresamente establecidas en el artículo 64 de la Ley de la Carrera Judicial (supra párr. 74. Asimismo, respecto a la sanción de destitución, tanto la ley como su reglamento, establecieron que solo era posible “conforme a las causas y el procedimiento establecido” en dicha ley. 262. No obstante, la Corte nota que el artículo 64.a de la referida norma establecía dentro de las causales de despido que: Los servidores del Poder Judicial, podrán ser despedidos de sus cargos por cualesquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento o violación grave o reiterado de alguno de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los Capítulos X y XI de esta Ley 263. De esta forma, si bien en principio la Ley y su Reglamento establecían un sistema de gradación de las sanciones, por el cual la destitución se aplicaba a las faltas graves, el artículo 64.a de la Ley extendió esta sanción a las faltas calificadas leves o menos graves en caso de incumplimiento o violación grave o reiterado de cualquiera de ellas. Este Tribunal resalta que todas las presuntas víctimas de este caso fueron destituidas por la Corte Suprema, entre otras múltiples normas, con base en dicha causal (supra párrs. 95, 115, 132 y 145). 264. La Corte considera que este diseño normativo afectaba la previsibilidad de la sanción porque permitía la destitución de un juez o jueza por el incumplimiento de cualquiera de los deberes o incompatibilidades de su cargo cuando el juzgador entendiera que se trataba de un incumplimiento grave y de esta forma concedía una excesiva discrecionalidad al órgano encargado de aplicar la sanción. Este Tribunal estima que cierto grado de indeterminación no genera, per se, una violación de la Convención, es decir, el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad exigible, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que no se produzca una interferencia arbitraria. En consecuencia, la Corte considera las normas disciplinarias aplicables a los casos de las presuntas víctimas otorgaban una excesiva discrecionalidad al juzgador en el establecimiento de la sanción de destitución. (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana). 286. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. 287. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados.” CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. El fiscal René Mauricio Aceituno Ulloa en su dictamen concluyó que SE SOBRESEA la presente garantía de amparo de la cual se hace mérito. El fiscal basa su opinión en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, el cual manda que contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario. Señala además el fiscal, que conforme al numeral 4 del artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, debió denegarse la admisión de la presente garantía, en virtud de que consta en autos que se dejó pasar el plazo legal para presentar en tiempo el amparo; constando en autos que la compareciente se notificó personalmente el veintitrés de junio de dos mil diecisiete de la resolución definitiva del Consejo de la Carrera judicial e interpuso la presente demanda hasta el uno de septiembre de ese mismo. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del Consejo de la Carrera Judicial que fundamentaron la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El Consejo de la Carrera Judicial por unanimidad de votos confirmó la destitución de la ciudadana Diamantina Molina Lagos de juez de letras de familia del departamento de Francisco Morazán, según acuerdo 69 contenido en el oficio 238 de fecha treinta de enero de dos mil doce, en el cual se señala que dicha decisión se hace por concurrir la causal de ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, al haber decretado en fecha diez de agosto de dos mil diez la nulidad de oficio de una sentencia de divorcio dictada por ella misma el día veintitrés de abril de dos mil diez, en el expediente No. 3578-2009, al cual se encontraba firme y debidamente inscrita en el Registro Nacional de las Personas. El Consejo manifiesta que al hacer un análisis en su conjunto del reclamo interpuesto por la ahora amparista, las pruebas evacuadas y los fundamentos de derecho, asimismo la audiencia de descargo y demás actuaciones practicadas en el expediente sancionatorio, llega a la conclusión de que la abogada Diamantina Molina Lagos, incurrió en ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, al tenor de los artículos 55 de la Ley de la Carrera Judicial y 161, 174 y 187 literal c) del reglamento de dicha Ley. Agrega el Consejo que: “… se considera mala conducta de los funcionarios y empleados judiciales, entre otras, la ’c) inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo‘; falta grave cometida por la parte reclamante en el desempeño de sus funciones, pues se observa y está plenamente probado en autos, que como juez de letras del Juzgado de Familia decretó de oficio la nulidad de una sentencia de divorcio dictada por ella misma el día 23 de abril del 2010, en el expediente No. 3578-2009 la cual se encontraba firme y debidamente inscrita en el Registro Nacional de la Personas bajo el número 2009-3552; contraviniendo a todas luces lo señalado en el artículo 188 del Código Procedimientos Comunes de que: ‘las sentencias son firmes o ejecutorias cuando no cabe contra ellas recurso alguno, ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentidas por las partes’, relacionado al párrafo primero del artículo 195 de la misma Ley, vigente en ese momento, que señala: ’tampoco podrán los jueces y tribunales variar ni modificar sus sentencias después de firmadas‘…” El Consejo deja claro que, en el presente caso, la sentencia ya estaba firmada por la reclamante, incluso notificada a las partes en fecha treinta de abril de dos mil diez por la tabla de avisos del despacho. Agrega el Consejo que a su juicio la parte reclamante no llegó a desvanecer las causas que motivaron su destitución, con las pruebas evacuadas y con los alegatos vertidos durante la audiencia de descargo. Caso contrario, la Dirección de administración de personal de la carrera judicial, que con sus pruebas y alegatos llegó a justificar la destitución. El Consejo señala que en el presente caso se siguió todo el procedimiento, desde la investigación de los hechos por parte de la Inspectoría general de juzgados y tribunales, celebración de audiencia de descargo con derecho a presentar prueba de descargo, resolución por parte de la Dirección de administración de personal del Poder Judicial, ratificada mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de fecha veinte de enero de dos mil doce y el acuerdo final número 69 de fecha veinticinco de enero de dos mil doce; de manera que se le garantizó a la parte reclamante su derecho a la defensa y al debido proceso, sin poder desvirtuar los cargos en su contra. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos que cita la amparista. La Sala de lo Constitucional al analizar las presentes diligencias, estima procedente estudiar y resolver previamente a los asuntos de fondo propuestos por la parte censora, lo expuesto por el agente de tribunales del Ministerio Público, quien entre otras alegaciones señala que, el plazo legal dispuesto para interponer la garantía de amparo en el presente caso, ya había expirado, de manera que su interposición es extemporánea, debiéndose por tanto denegar su admisión a trámite, o declararse su sobreseimiento posterior. En este sentido, la Sala de lo constitucional, procede a analizar la presentación extemporánea de la garantía de amparo de mérito, resaltando las actuaciones siguientes: 1. El Consejo de la Carrera Judicial procedió a resolver el reclamo presentado por la abogada Diamantina Molina Lagos en contra del acuerdo de destitución del cargo de juez, mediante la resolución definitiva del miércoles diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 2. Dicha resolución definitiva fue notificada personalmente a la abogada Diamantina Molina Lagos el viernes veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 3. El jueves veinte de julio de dos mil diecisiete, la abogada Diamantina Molina Lagos presentó escrito, interponiendo el recurso de reposición, el cual fue denegado mediante la resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 4. La garantía constitucional de amparo fue interpuesta el viernes uno de septiembre de dos mil diecisiete, o sea antes de que se resolviera el recurso de reposición. De lo anterior, la Sala de lo Constitucional, deduce lo siguiente: A. La Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 48 dispone que la acción de amparo deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella que haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio le perjudica o pudiere perjudicarle. B. Constando en autos que la notificación de la resolución, objeto de impugnación del presente amparo, se hizo en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la afectada devenía en la obligación de interponer la garantía de amparo a más tardar el jueves veinticuatro de agosto de ese año. Tomando en cuenta estas dos cuestiones, es evidente de que la presentación de la garantía constitucional de amparo se hizo en forma extemporánea; sin embargo este alto tribunal, también estima importante señalar que, en el presente caso la autoridad denunciada no actuó adecuadamente, llamando a confusión a la amparista, quien por no tener reglas claras, no pudo actuar en su defensa correctamente. Es indudable que en el párrafo último del artículo 31 del Reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial, se dispone que no cabe ningún tipo de recurso, ordinario ni extraordinario en contra de la resolución definitiva del Consejo, sin embargo se debe entender que esto no incluye el derecho que tienen los afectados de acudir en amparo, en virtud de que esto sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone la obligación estatal de proveer el acceso a un recurso sencillo y eficaz dispuesto para la defensa de los derechos constitucionales y dispuestos en la misma Convención. Es por ello, que la Sala de lo Constitucional de manera reiterada ha permitido la admisión a trámite de las garantías de amparo dirigidas en contra de las resoluciones del Consejo. Pero es inobjetable la confusión que provoca la norma antes aludida, de manera que para que un afectado pueda hacer uso de su derecho de acudir en amparo, es imprescindible que el Consejo de la Carrera Judicial, señale a las partes en la parte dispositiva de sus decisiones, que tienen la vía del amparo como recurso o medio de impugnación, indicando el plazo legal de que disponen para hacerlo efectivo ante la Sala de lo Constitucional. Esta regla de señalar los medios de impugnación a que tienen derecho los administrados en el momento de la notificación de la resolución, está dispuesta en el artículo 89 de la Ley del Procedimiento Administrativo que a la letra dice: “Artículo 89. En la notificación se expresará, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos.” Esta salvaguarda de poner en conocimiento los recursos o vías que se encuentran a disposición del administrado, constituyen un importante medio para garantizar el derecho de defensa, todavía más en casos como el que nos ocupa, donde existe una disposición reglamentaria que causa confusión. Se reitera que en el presente caso, es evidente que la amparista no tuvo acierto al presentar primero un recurso de reposición que de todas maneras le fue resuelto posteriormente al hecho de haber accedido en amparo. En todo caso, la presentación extemporánea del amparo es atribuible a la autoridad en virtud de que mantiene en vigencia una norma que provoca confusión y perjuicio a los administrados y por no señalar en forma clara el acceso al derecho de interponer amparo. En virtud de lo cual, para la Sala de lo Constitucional es procedente haber admitido a trámite la presente garantía constitucional de amparo, aun cuando su interposición fue extemporánea. Pasando ahora al asunto de fondo, la Sala de lo Constitucional analiza cada uno de los motivos alegados por la amparista. Básicamente, lo que señala la amparista es que, su destitución no puede sustentarse en que actuó ilegalmente, porque estima haber procedido correctamente al anular una sentencia que evidentemente se había dictado causando indefensión a la parte demandada, debido a que se le había declarado erróneamente en rebeldía. De hecho, señala que la decisión de destitución violenta el artículo 321 constitucional, porque califica de ilegal una decisión que tenía como objeto restituir la legalidad. Ambos señalamientos o motivos de amparo no son de recibo, debido a que no corresponde a la Sala de lo Constitucional resolver si la autoridad administrativa resolvió correctamente el asunto disciplinario administrativo, sino mantener o restituir un derecho humano garantizado por la Constitución o instrumento internacional, o bien, declarar que un reglamento, resolución o hecho no le es exigible porque contraviene, disminuye o tergiversa alguno de estos derechos que se mencionan. En el presente caso, el motivo alegado pretende que la Sala de lo Constitucional examine la subsunción de la conducta de la amparista con relación a la causal prevista en la normativa de la carrera judicial, para verificar si hubo o no concurrencia de dicha causal. En ese sentido pretende que la Sala, estime como una excepción exculpatoria, el hecho de que la decisión de anular una sentencia ya ejecutoria, se encuentra justificada por una razón legítima. Sin embargo, esta decisión es de fondo, cuyo examen corresponde a la autoridad sancionadora en sus diferentes etapas: investigación ante la Inspectoría, procedimiento de defensa ante la dirección de personal y reclamo de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial. Otro motivo de amparo que alega la garantista es la violación al derecho que se resuelva dentro de un plazo razonable. Con relación a este punto, la Sala de lo Constitucional estima que efectivamente el tiempo transcurrido podría resultar excesivo y constituir una falta de la administración que debe ser corregida en lo sucesivo; sin embargo, en este caso particular es un asunto ex post de imposible restitución. La amparista alega como motivo de amparo, la violación al debido proceso en virtud de que prescribió el plazo legal para imponer sanciones disciplinarias y por tanto la autoridad sancionadora debió declararlo de esta manera, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 83 de la Ley de la Carrera Judicial, que dice: En igual forma prescribirá en el término de sesenta días, la acción de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias y de despido que contempla esta Ley. El término a que se refiere este párrafo comenzará a contarse desde el día siguiente hábil a la fecha en que la autoridad inmediata tuvo conocimiento de la infracción.” De conformidad a lo que establece la norma mencionada, se observa que existe una dificultad conceptual para determinar a qué se refiere con “la autoridad inmediata”, pudiendo ser todo el aparato administrativo que interviene a través de sus diferentes dependencias, o únicamente la última etapa del proceso, previo a la resolución sancionatoria. No obstante, es importante resaltar que la prescripción es una defensa que debe ser opuesta por la parte interesada y contrarii sensu no debe ser aplicada de oficio. Por ende, debió ser alegada oportunamente por la ahora amparista. En virtud de ello, se observa lo siguiente: 1. La abogada Diamantina Molina Lagos fue denunciada por el señor Marco Vinicio Espinoza Barrientos. La fecha de la denuncia no se menciona en los antecedentes, pero es una fecha que debe estar entre el ocho de diciembre de dos mil diez que es la fecha en que la parte demandante solicitó la nulidad del auto que anuló la sentencia definitiva y el trece de enero del año siguiente, fecha en que se rindió informe de una investigación practicada por la Inspectoría general de juzgados y tribunales. 2. En fecha trece de enero de dos mil once el inspector que investigó el caso remitió su informe a su superior el Inspector General, señalando que se encuentra acreditado que la entonces jueza Diamantina Molina Lagos anuló una sentencia que se encontraba firme y que causaba ejecutoria, justificándose en que había irregularidades en el proceso que dejaban en indefensión a la parte demandada, debido a que se le declaró en rebeldía, habiendo contestado la demanda en tiempo y forma. 3. En fecha trece de enero la Inspectoría general de juzgados y tribunales ordena la remisión del caso a la Dirección de administración de personal de la carrera judicial y al Ministerio Público. 4. En fecha veintisiete de septiembre de dos mil once se celebró audiencia de descargo ante la Dirección de administración de personal de la carrera judicial. De acuerdo con el acta de la audiencia consta que la abogada Diamantina Molina Lagos no opuso ni alegó prescripción. 5. En fecha diecisiete de octubre de dos mil once la Dirección de administración de personal de la carrera judicial dictó la resolución No. 145-2011 mediante la cual recomienda la destitución de la abogada Diamantina Molina Lagos del cargo de juez por haber incurrido en ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, al haber decretado de oficio, en fecha diez de agosto de dos mil diez, la nulidad de una sentencia de divorcio dictada por ella misma el día veintitrés de abril de dos mil diez, que se encontraba firme y ejecutada ante el Registro Nacional de las Personas. 6. En fecha veinte de enero de dos mil doce la presidencia de la Corte Suprema de Justicia dictó resolución confirmando la recomendación de la Dirección de administración de personal de la carrera judicial, número 145-2011 de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, y en consecuencia procede a la destitución de la abogada Diamantina Molina Lagos, sin ninguna responsabilidad para el Poder Judicial. 7. Dicha resolución se ejecuta en el acta número 69 del veinticinco de enero de dos mil doce, señalándose que la destitución se haga efectiva a partir del uno de febrero de dos mil doce. 8. El nueve de febrero de dos mil doce se presenta reclamo para el reintegro al cargo, nulidad del despido, pago de salarios y derechos laborales dejados de percibir. Consta en el escrito que la abogada Diamantina Molina Lagos no opuso ni alegó prescripción alguna. En vista de lo anterior, se constata que previo a dictarse la sanción, no se opuso en ningún momento la prescripción de mérito, de manera que su alegación en amparo es extemporánea. El último motivo de amparo que alega la amparista se sustenta en que el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial fue declarado inconstitucional, mediante la sentencia RI-SCO-0696-2012, y en virtud de que este órgano intervino en el presente asunto evacuando algunas actuaciones, hace nulo de pleno derecho el proceso disciplinario. Este motivo no es de recibo en virtud de que la sentencia citada se dictó con efecto ex nunc o sea que quedan válidas las actuaciones que hayan sido dictadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad. En conclusión, la Sala de lo Constitucional, una vez estudiado y analizado las alegaciones que sustentan los motivos de amparo, los antecedentes puestos a la vista y el parecer del agente de tribunales del Ministerio Público, llega a la conclusión de que corresponde denegar la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada JULIA DANIELA DOBLADO ERAZO a favor de la abogada DIAMANTINA MOLINA LAGOS, en contra de la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual confirmó la destitución de la agraviada, del cargo de juez de letras de familia de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez firme el presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su procedencia y se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiocho de enero de dos mil dieciocho. Este alto tribunal de justicia, declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual se denegó la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada Julia Daniela Guardado Erazo en su condición de apoderada judicial de la señora Diamantina Molina Lagos, en contra de la resolución No. 092-CCJ-2017 dictada en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, por el Consejo de la Carrera Judicial, con relación al reclamo interpuesto contra la sanción disciplinaria de despido presentada por la señora Diamantina Molina Lagos, mediante la cual solicita el “reintegro al cargo de juez de letras supernumeraria del Juzgado de Letras de Familia y de la nulidad del despido del que fue objeto”. La presente decisión judicial se hace bajo la motivación siguiente: 1. La abogada Julia Daniela Guardado Erazo, interpuso recurso de reposición en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en contra del fallo de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, que fuera proferido por este alto tribunal de justicia. Al hacerlo reproduce el escrito de formalización de la garantía de amparo presentada el uno de marzo de dos mil dieciocho, repitiendo los mismos argumentos, sin agregar nada en contra de la sentencia pronunciada por este alto tribunal de justicia. 2. No habiendo más argumentos que los expuestos con anterioridad, este alto tribunal los reexamina confrontándolos con los de la fundamentación que se encuentra en la sentencia que denegó la garantía constitucional de amparo. Como resultado, este alto tribunal de justicia estima que procede la denegatoria de la reposición, en virtud de que la sentencia impugnada mediante ese recurso, se encuentra debidamente fundada y correctamente dictada. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 80, 303 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 46 No.6 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por este alto tribunal de justicia. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se cumpla con lo ordenado en la parte dispositiva de la sentencia. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia y resolución de fechas treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y veintiocho de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-664-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver preámbulo del escrito de interposición del recurso

[2] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] En fecha nueve de febrero de dos mil doce se presentó ante el Consejo de la judicatura y la carrera judicial la impugnación o reclamo administrativo , la cual fue resuelta hasta el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

[6] Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párrs. 239, 259, 261, 262, 263, 264, 286, 287.