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Sentencia AA-66-18 — Registro 11427

Resumen

Decreto mediante el cual se aprobó un nuevo estatuto para la Universidad Nacional de Agricultura,recurrentes presentan manifestación ante el Consejo Técnico Consultivo sobre la propuesta de aprobación del Nuevo Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura ADUCIENDO VIOLACIONES DE PARTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA, creada por el CONGRESO NACIONAL mediante Decreto 172-2016, supuestamente por estar atribuyéndose facultades no consignadas en el Decreto de creación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que las normas reglamentarias son los actos de carácter general por excelencia, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo; y, en consecuencia, sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por lo que no procedente la solicitud de amparo planteada

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalan que la misma es institución autónoma del Estado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos, existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social, los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el numerale 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…; 7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que sabemos que las normas reglamentarias son un Conjunto de disposiciones orgánicas emanadas del poder público competente para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, en este caso, administrativas; así también podemos definir el reglamento con GARCÍA DE ENTERRÍA, como toda norma escrita o disposición jurídica de carácter general procedente de la Administración, en virtud de su competencia propia y con carácter subordinado a la ley. En contra, GARRIDO FALLA define la norma reglamentaria como toda disposición jurídica de carácter general dictado por la Administración y con valor subordinado a la ley. La principal característica del reglamento es el ser una norma subordinada y ello porque, como señala CARRE DE MALBERG, el reglamento es manifestación de un poder subalterno. La soberanía no radica en la Administración, sino en la colectividad, representada en el Poder Legislativo, siendo la Administración un conjunto de órganos a quienes se les encomiendan determinados fines que interesan a la comunidad. De ello se deducen dos consecuencias: - La primacía de la Ley sobre el Reglamento. - Materias donde no puede entrar el reglamento (principio de reserva de ley). Respecto a su naturaleza jurídica, decir que para la mayoría de la doctrina el reglamento es un acto de la Administración, pero no un acto administrativo propiamente dicho, ya que no es expresión de una función ejecutiva de la Administración, sino de una función normativa de la Administración. En este sentido, ENTERRÍA, TREBIJANO, ENTRENA y otros. Sin embargo, GARRIDO FALLA entiende que es un acto administrativo, ya que, según el citado autor, todo acto de la Administración regulado por el Derecho Administrativo es un acto administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que las normas reglamentarias son los actos de carácter general por excelencia, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo; y, en consecuencia, sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por lo que no procedente la solicitud de amparo planteada. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Pública, no solo está sujeta a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo ante las autoridades del Consejo Superior Universitario, como órgano máximo de dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; y, en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando corresponda"

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, a favor de los señores JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAYO, JAVIER ANTONIO REYES LUNA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA y OTROS, contra el acuerdo No. 3668-321-2017 dictada por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS en sesión extraordinaria No. 321, celebrada en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se aprobó un nuevo estatuto para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, con sede en Catacamas, Departamento de Olancho. Estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de sus representados los Artículos 80, 82, 90 y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, compareció a esta Sala de lo Constitucional el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, a favor de los señores JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAYO, JAVIER ANTONIO REYES LUNA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA y OTROS, contra actuaciones del CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, relacionadas al Acuerdo No. 3668-321-2017, dictado en sesión extraordinaria No. 321, celebrada en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se aprobó un nuevo estatuto para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, con sede en Catacamas, Departamento de Olancho. 2) Que en fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, esta Sala, tuvo por admitido el recurso de amparo sin suspensión del acto reclamado, en consecuencia, se libró comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del término de un día (01) día hábil remitiera los antecedentes del caso. 3) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, remitió un informe circunstanciado el cual se detalla así: 1. En fecha 10 de enero del 2017, EL CONGRESO NACIONAL en uso de su facultades y dado el informe de la Comisión Ordinaria de Educación nombrada por el mismo Congreso, en el cual se manifestó que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA no había obtenido los resultados esperados y dado los hallazgos encontrados por la Comisión Ordinaria de Educación del Congreso, se procedió a crear una COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. 2. Mediante Decreto Legislativo 172-2016 el Congreso crea LA COMISION INTERVENTORA de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, Olancho, con una duración de 12 meses, prorrogable, ya que consideraron indispensable y de INTERES NACIONAL su creación, que le permitiera el fortalecimiento estructural y la transformación de una Institución, otorgándoles facultades suficientes para REUBICAR, SUSPENDER, SEPARAR Y REINTEGRAR A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 1 DEL REFERIDO DECRETO. Suspendiendo de su cargo a los solicitantes representados por el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN y que eran miembros del Consejo de Dirección de la Universidad Nacional de Agricultura, asumiendo su función de la COMISION INTERVENTORA QUE FUE RATIFICADA POR EL CONGRESO POR DOS AÑOS MAS HASTA 2020. 3. En fecha 06 de diciembre del 2017 el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN en su condición de Apoderado Legal de los arriba mencionados, presenta manifestación ante el Consejo Técnico Consultivo sobre la propuesta de aprobación del Nuevo Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura ADUCIENDO VIOLACIONES DE PARTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA, creada por el CONGRESO NACIONAL mediante Decreto 172-2016, supuestamente por estar atribuyéndose facultades no consignadas en el Decreto de creación. Se conoció del escrito en el Consejo Técnico Consultivo en la sesión Ordinaria No. 315 de fecha 24 de noviembre considerándolo improcedente y se continuó con el trámite de aprobación del Estatuto. 4. El 12 de diciembre el Consejo Técnico Consultivo emite Dictamen No. 890-316-2017, Favorable de Aprobación del Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura. 5. El día veintitrés de enero el Consejo de Educación Superior, previo a dicha solicitud, ya tenía programada una sesión EXTRAORDINARIA para aprobación de dicho Estatuto, llevando la Secretaria del Consejo como correspondía, el escrito presentado el día anterior por el Abogado Escobar Guzmán para conocimiento del mismo.- Decidiendo el Consejo turnarlo a la Consultoría Legal de la Dirección para Dictamen legal y resolución para la siguiente sesión ordinaria. 6. Mediante Acuerdo No 3675-322-2018 el Consejo aprueba el Dictamen de la Consultoría Legal en el cual se declara la petición IMPROCEDENTE en primer lugar porque la Junta Interventora estaba en el pleno ejercicio de sus funciones con facultades suficientes.- Que los solicitantes estaban en el pleno ejercicio de sus funciones con facultades suficientes. Que los solicitantes estaban en pleno ejercicio de sus funciones con facultades suficientes suspenso como miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Agricultura, y si bien es cierto tenían interés al solicitar al consejo de Educación Superior para que suspendiera la aprobación del Estatuto, eso no era suficiente ya que era necesario ser titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considere infringido y no acreditaron tal derecho por autoridad competente donde se ordenara su restitución como integrantes del Consejo Directivo de la Universidad, por tanto se podían tener como parte en relación al trámite de aprobación del Estatuto. 7. El estatuó de cada centro es aprobado por el Consejo de Educación Superior. Art. 65 de Reglamento de la Ley de Educación Superior; y Articulo 66 del Reglamento de Ley. 4) Que en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, esta Sala tiene por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, dando vista de los autos al Fiscal del Despacho, para que emitiera su dictamen. 5) Que con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA en la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, a favor de los señores JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAYO, JAVIER ANTONIO REYES LUNA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA y OTROS, contra el acuerdo No. 3668-321-2017 dictada por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS en sesión extraordinaria No. 321, celebrada en fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se aprobó un nuevo estatuto para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, con sede en Catacamas, Departamento de Olancho. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de sus representados los derechos consignados en los Artículos 80, 82, 90 y 183 de la Constitución de la República; cuando como consecuencia del no pronunciamiento, se generó la imposibilidad de acudir en recurso de apelación ante el Claustro Pleno Universitario, haciendo uso de la herramienta legal para manifestarse en contra de lo resuelto, por lo cual no se pudieron hacer uso de los recursos ordinarios correspondientes, lo que a su vez genera la violación del debido proceso, y adicionalmente la indefensión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: “3. En fecha 06 de diciembre del 2017 el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN en su condición de Apoderado Legal de los arriba mencionados, presenta manifestación ante el Consejo Técnico Consultivo sobre la propuesta de aprobación del Nuevo Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura ADUCIENDO VIOLACIONES DE PARTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA, creada por el CONGRESO NACIONAL mediante Decreto 172-2016, supuestamente por estar atribuyéndose facultades no consignadas en el Decreto de creación. Se conoció del escrito en el Consejo Técnico Consultivo en la sesión Ordinaria No. 315 de fecha 24 de noviembre considerándolo improcedente y se continuó con el trámite de aprobación del Estatuto. 4. El 12 de diciembre el Consejo Técnico Consultivo emite Dictamen No. 890-316-2017, Favorable de Aprobación del Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura. 5. El día veintitrés de enero el Consejo de Educación Superior, previo a dicha solicitud, ya tenía programada una sesión EXTRAORDINARIA para aprobación de dicho Estatuto, llevando la Secretaria del Consejo como correspondía, el escrito presentado el día anterior por el Abogado Escobar Guzmán para conocimiento del mismo.- Decidiendo el Consejo turnarlo a la Consultoría Legal de la Dirección para Dictamen legal y resolución para la siguiente sesión ordinaria. 6. Mediante Acuerdo No 3675-322-2018 el Consejo aprueba el Dictamen de la Consultoría Legal en el cual se declara la petición IMPROCEDENTE en primer lugar porque la Junta Interventora estaba en el pleno ejercicio de sus funciones con facultades suficientes.- Que los solicitantes estaban en el pleno ejercicio de sus funciones con facultades suficientes. Que los solicitantes estaban en pleno ejercicio de sus funciones con facultades suficientes suspenso como miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Agricultura, y si bien es cierto tenían interés al solicitar al consejo de Educación Superior para que suspendiera la aprobación del Estatuto, eso no era suficiente ya que era necesario ser titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considere infringido y no acreditaron tal derecho por autoridad competente donde se ordenara su restitución como integrantes del Consejo Directivo de la Universidad, por tanto se podían tener como parte en relación al trámite de aprobación del Estatuto. 7. El estatuó de cada centro es aprobado por el Consejo de Educación Superior. Art. 65 de Reglamento de la Ley de Educación Superior; y Articulo 66 del Reglamento de Ley.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA en la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalan que la misma es institución autónoma del Estado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos, existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social, los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el numerale 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…; 7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que sabemos que las normas reglamentarias son un Conjunto de disposiciones orgánicas emanadas del poder público competente para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, en este caso, administrativas; así también podemos definir el reglamento con GARCÍA DE ENTERRÍA, como toda norma escrita o disposición jurídica de carácter general procedente de la Administración, en virtud de su competencia propia y con carácter subordinado a la ley. En contra, GARRIDO FALLA define la norma reglamentaria como toda disposición jurídica de carácter general dictado por la Administración y con valor subordinado a la ley. La principal característica del reglamento es el ser una norma subordinada y ello porque, como señala CARRE DE MALBERG, el reglamento es manifestación de un poder subalterno. La soberanía no radica en la Administración, sino en la colectividad, representada en el Poder Legislativo, siendo la Administración un conjunto de órganos a quienes se les encomiendan determinados fines que interesan a la comunidad. De ello se deducen dos consecuencias: - La primacía de la Ley sobre el Reglamento. - Materias donde no puede entrar el reglamento (principio de reserva de ley). Respecto a su naturaleza jurídica, decir que para la mayoría de la doctrina el reglamento es un acto de la Administración, pero no un acto administrativo propiamente dicho, ya que no es expresión de una función ejecutiva de la Administración, sino de una función normativa de la Administración. En este sentido, ENTERRÍA, TREBIJANO, ENTRENA y otros. Sin embargo, GARRIDO FALLA entiende que es un acto administrativo, ya que, según el citado autor, todo acto de la Administración regulado por el Derecho Administrativo es un acto administrativo. CONSIDERANDO TRECE (13): Que las normas reglamentarias son los actos de carácter general por excelencia, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo; y, en consecuencia, sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por lo que no procedente la solicitud de amparo planteada. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Pública, no solo está sujeta a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo ante las autoridades del Consejo Superior Universitario, como órgano máximo de dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; y, en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando corresponda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre justicia constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0066-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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