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Sentencia AA-658-17 — Registro 9509

Resumen

Resoluciones No. 243/03-04-2017, 686/28-08-2017 declaró sin lugar recurso de reposición administrativo por situaciones que han evidenciado la inviabilidad de recurrente para seguir operando como institución del sistema financiero

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Las diferentes supervisiones y evaluaciones realizadas por la superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de esta comisión a Financiera Popular Ceibeña S.A., se ha determinado deficiencias administrativas y reiteradamente inadecuadas practicas e incumplimientos legales operaciones realizadas por la administración con las cuales no se revela la posición financiera, insuficiencia de Capital, deficiencias administrativas, incumplimiento al marco legal, limitado alcance y revelación de los informes de auditoría interna y gestión de riesgos, situaciones que han evidenciado la inviabilidad de la institución para seguir operando como una institución del sistema financiero, los hechos anteriores han dado lugar a medidas correctivas por la gravedad de las deficiencias que ponen en peligro el ahorro de los depositantes, que el consejo de administración no ha expresado voluntad, ni tiene la disposición para corregir dichas situaciones.”..."..."considera la Sala de lo Constitucional, de lo anteriormente expresado, que la resolución que ha sido objeto de estudio en sede de justicia constitucional, no se ajusta a las normas jurídicas constitucionales relativas al ámbito temporal de vigencia de las leyes, específicamente en lo concerniente a la aplicación de derecho administrativo sancionador en forma retroactiva a su entrada en vigencia, es decir, con anterioridad a las normas de promulgación de las leyes que rigen lo concerniente a su obligatoriedad legal;[10] lo cual se entiende en correlación al estándar constitucional de debido proceso, pues va en detrimento de tal garantía, que asiste a la generalidad de las personas, en todo lo que concierne a: “… la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; [11] correspondiendo pues, con base a lo anteriormente mencionado, la estimatoria de la censura efectuada por el garantista ante la resolución reclamada, según emitida por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete (2017)..."..."lo anteriormente considerado tiene sin duda proyección y alcance constitucional en la medida que forma parte esencial del derecho al debido proceso la no aplicación retroactiva de leyes en el Estado de Honduras, con la específica salvedad que la Ley establece y con especial atención a las sanciones patrimoniales derivadas a la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., ex post facto. Así las cosas y siendo que del informe rendido oficialmente por la Autoridad concernida, se desprende la corroboración precisa de la valoración jurídica retroactiva denunciada, procede turnar nuevamente el caso a la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), a efecto se sirva emitir, con salvaguardia a los aspectos preventivos y correctivos establecidos en el informe de mérito; una nueva resolución administrativa, la cual deberá fundamentarse y motivarse en derecho vigente, al momento de haberse producido la auditoria, en observancia del derecho a la legalidad sancionadora, el cual establece, en aras de la seguridad jurídica, que toda pena o sanción, inclusive de carácter administrativo, tiene que fundamentarse en lex scripta, lex praevia y lex certa.[12] - Por todo lo cual y para el único efecto se resuelva acorde los estándares constitucionales anteriormente especificados, se procede el otorgamiento del presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., contra las resoluciones No. 243/03-04-2017 y 686/28-08-2017 emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fechas tres (03) de abril y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (2017), respectivamente, con relación a la imposición de sanciones administrativas, económicas y diversas medidas correctivas por dicha autoridad en perjuicio de la FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 1, 80, 82, 90, 96, 127, 321 y demás aplicables de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, compareció ante este Tribunal en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., contra las resoluciones No. 243/03-04-2017 y 686/28-08-2017 emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha tres (03) de abril y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (2017), respectivamente, por considerarlas violatorias al dispositivo constitucional expresado en el preámbulo de la presente sentencia. (Folios 1–3 del presente Recurso). 2) Que en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por admitido el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rindiera un informe circunstanciado dentro del término de dos (2) días hábiles, o remitiera los antecedentes del caso. (Folio 11 del presente Recurso). 3) Que en fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en el cual se establece: “…La comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió resolución SBO NO. 243/03-04-2017 de fecha tres de abril del 2017 entre la que resolvió: 1. Acepta las acciones correctivas realizadas por la FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A para subsanar los requerimientos indicados en el romano II Acciones requeridas a los consejeros del informe de examen con cifras al 31 de enero del 2016, teniendo por cubierta la deficiencia patrimonial notificada. 2. Ratificar a FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A los demás requerimientos indicados en el romano II requeridas a los consejeros del informe de examen con cifras al 31 de enero del 2016 en consecuencia deberá realizar acciones. 3. Declarar sin lugar los descargos presentado por la FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A. a lo establecido en romanos III “INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL” del informe de examen con las cifras del 31 de enero del 2016, en vista que los mismos no desvanecen los incumplimientos notificados en el informe de evaluación. Por lo anterior se deduce que es improcedente conforme a derecho que la CNBS aplique en la resolución No. 243/03-04-2017 el decreto legislativo 160-16 todo en virtud de que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal de acuerdo a los establecido en el artículo 96 de la constitución de la República. Las diferentes supervisiones y evaluaciones realizadas por la superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de esta comisión a Financiera Popular Ceibeña S.A., se ha determinado deficiencias administrativas y reiteradamente inadecuadas practicas e incumplimientos legales operaciones realizadas por la administración con las cuales no se revela la posición financiera, insuficiencia de Capital, deficiencias administrativas, incumplimiento al marco legal, limitado alcance y revelación de los informes de auditoría interna y gestión de riesgos, situaciones que han evidenciado la inviabilidad de la institución para seguir operando como una institución del sistema financiero, los hechos anteriores han dado lugar a medidas correctivas por la gravedad de las deficiencias que ponen en peligro el ahorro de los depositantes, que el consejo de administración no ha expresado voluntad, ni tiene la disposición para corregir dichas situaciones.”. (Folio 01–29 de la pieza de la CNBS) 4) Que en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de merito, y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emitiera su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 22 del presente Recurso). 5) Que en fecha nueve (09) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “(…) SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista”; lo cual tuvo como fundamento en que la resolución impetrada comprende sanciones sobre hechos cometidos durante el segundo semestre del año 2015 y primer trimestre del año 2016; siendo que el Decreto Legislativo No. 160-2016 fue aprobado por el Congreso Nacional hasta el 29 de diciembre de 2016, siendo improcedente su aplicación en virtud que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, acorde el artículo 96 de la Constitución de la República; “…extremo que no representa ningún impedimento para que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros continúe con las investigaciones y pueda determinar si la FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A. ha continuado en la actividad con irregularidades en sus operaciones que han sido detectadas hasta el 31 de enero del 2016, para lo cual si resulta aplicable el contenido del Decreto Legislativo 160-2016.” (Folios 25-27 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que el Abogado GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, ha promovido la presente acción de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., contra las resoluciones No. 243/03-04-2017 y 686/28-08-2017 emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha tres (03) de abril y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (2017), respectivamente; con relación a la imposición de sanciones administrativas, económicas y diversas medidas correctivas por dicha autoridad en perjuicio de la persona jurídica que se presenta como agraviada, las cuales señala el amparista, no proceden en derecho por pretender aplicarse en forma retroactiva; vulnerando así el principio de no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo; según prescribe el artículo 96 de la Constitución de la República, en su relación conjunta a los artículos 1, 80, 82, 90, 127 y 321, siempre de la Norma Fundamental de la República. CONSIDERANDO (4): Que sostiene el recurrente, Abogado BUSTILLO PALMA, en formalización de su acción constitucional, a favor de la persona jurídica conocida bajo la denominación social SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., que se ha vulnerado la prohibición constitucional de irretroactividad en perjuicio de su representada; dado que se pretende imponer, en virtud de tal acto administrativo, sanciones a su representada por acciones comprendidas durante el segundo semestre del año dos mil quince (2015) y al primer semestre del año dos mil dieciséis (2016), haciendo aplicación la autoridad concernida del Decreto Legislativo No. 160-2016, aprobado por el Congreso Nacional en fecha 29 de noviembre de 2016 y publicado para su vigencia un mes después, con fecha 29 de diciembre de 2016, lo cual resulta improcedente en vista la supremacía del principio de no retroactividad de la ley, según prescrita en el artículo 96 de la Constitución de la República, con relación al artículo 7 del Código Civil. CONSIDERANDO (5): Que sigue manifestando el garantista, que al actuar de tal tenor, el Organismo Regulador no consideró que el principio de irretroactividad de la ley es garantizar la seguridad jurídica, entendida como el derecho de toda persona a tener conocimiento cabal de las consecuencias que, en derecho, derivan de sus actuaciones o de sus omisiones; debiendo actuar siempre con base a la jerarquía que establece el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, el cual define normativamente la primacía que los operadores de la Administración Pública deberán conceder a la Constitución de la República. Finalmente, que la aplicación retroactiva de la legislación que aquí se denuncia, violentaría en perjuicio de su representada la garantía de la seguridad jurídica y el derecho a la libre empresa, procediendo prácticamente a su liquidación, violentando asimismo el derecho al trabajo de sus empleados, ejecutivos y miembros del Consejo de Administración, al no permitírseles que reciban sus dietas y emolumentos respectivos, conforme a ley. Por todo lo cual, señala la recurrente, que conceptúa como violentados a la empresa reclamante los derechos y garantías fundamentales antes mencionadas, según reconocidas en los artículos 1, 80, 82, 90, 96, 127 y 321 de la Constitución de la República, infringiendo así el ordenamiento jurídico vigente; por lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional, la tutela jurisdiccional que el caso amerita. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de autos, esta Sala observa a folios números uno al veintinueve (F-1 al F. 29) de la pieza de Amparo, el Informe rendido en fecha seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), a requerimiento de esta Sala de Justicia Constitucional, por las Abogadas GLORIA ONDINA VALLECILLO, en su condición de Especialista en Dictámenes y Asuntos Judiciales de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y GUILLERMINA L. AYALA ESPINOZA, en su condición de Directora de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); quienes informan, a requerimiento de este Alto Tribunal, habérsele dictado resolución denegatoria a un principio de reposición administrativa interpuesto con ulterioridad por los solicitantes. Esto a raíz de que, en las diferentes Supervisiones y evaluaciones realizadas por la Superintendencias de Bancos y Otras Instituciones Financieras a la FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., se han determinado deficiencias administrativas, inadecuadas prácticas e incumplimientos legales, operaciones realizadas por la Administración con las cuales no se revela la verdadera posición financiera, insuficiencia de capital, limitado alcance y revelación en los informes de auditoría interna y gestión de riesgos; “… situaciones que han evidenciado la inviabilidad de la institución para seguir operando como una institución del sistema financiero; los hechos anteriores han dado lugar a medidas correctivas por la gravedad de las deficiencias que ponen en peligro el ahorro de los depositantes, que el consejo de administración no ha expresado voluntad, ni tiene una disposición para corregir dichas situaciones”.[1] CONSIDERANDO (7): Que el Informe de la Comisión de Bancos y Seguros en referencia,[2] es incisivo respecto a concederle preeminencia normativa a la LEY DEL SISTEMA FINANCIERO (DECRETO LEGISLATIVO NO. 129-2004), reformada por el DECRETO LEGISLATIVO NO. 160-2016, publicado en fecha 29 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial “La Gaceta”, por sobre cualquier otra consideración normativa legal que la contraríe y se le oponga, de ocurrir un conflicto de normas; decreto que entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. Asimismo, que los resolutivos 1 al 9 de la Resoluciones SBO No. 243/03-04-2017 emitida por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete (2017), establece derechos y obligaciones a la FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., aun sobre las reformas a la referida LEY DEL SISTEMA FINANCIERO; las cuales serían aplicable al caso concreto, de conformidad a las reglas sobre la aplicación de la legislación que corresponda según el artículo 2370 regla 9° del CÓDIGO CIVIL. – Finaliza la recensión del informe, planteando a la honorable Magistratura, que el espíritu de la LEY DEL SISTEMA FINANCIERO (DECRETO LEGISLATIVO NO. 129-2004), reformada por el DECRETO LEGISLATIVO NO. 160-2016, fue actualizar el marco legal aplicable a las instituciones que cumplen la función económica de la intermediación financiera, con el objeto de disponer diferentes mecanismos de Resolución de Instituciones del sistema financiero que adolezcan de deficiencias administrativas, financieras y de cumplimiento al marco legal vigente, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales: “… sin llegar a la intervención, liquidación o cierre de dichas instituciones financieras, en el caso concreto de FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A.”.[3] CONSIDERANDO (8): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativaas conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y que la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, tanto los hechos antecedentes como fundamentos de derecho. Asimismo, se tiene en consideración que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los informes dimanados por la Autoridad se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos. CONSIDERANDO (9): Que ha resultado invocado por el amparista lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; lo cual constituye, en efecto, el marco regulativo en el cual debe enmarcarse la función pública, incluyendo desde luego, la resolución o acto reclamado. Asimismo, que resulta mandatorio en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva a los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone, para el Estado de Honduras, la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma; lo cual vincula a las garantías judiciales mínimas relacionadas como parte esencial del denominado debido proceso, tanto a las autoridades legítimamente establecidas, así como también a los administrados, en cuanto concierne a mantener la incolumidad de los derechos fundamentales de la persona humana, relación jurídica que constituye verdadero eje transversal al ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO (10): Que en tal sentido se ha pronunciado lo más granado de la doctrina constitucional contemporánea. Ejemplificativo de ello, la jurisprudencia emanada del Tribunal Federal Constitucional de la República de Alemania (“El Tribunal de Karlsruhe”), para el establecimiento de la teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, el cual adquiere su apogeo a partir de la ratio jurisprudencial que dimana del caso Lüth (BverfGE, 1958);[4] según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”;[5] precisando al respecto Konrad HESSE el alcance de tal implicancia, en la teoría constitucional de los derechos: “Al significado de los derechos fundamentales como derechos subjetivos de defensa del individuo frente a intervenciones injustificadas del Estado corresponde su significado jurídico objetivo como preceptos negativos de competencia. Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”.[6] CONSIDERANDO (11): Que el análisis del artículo 96 de la Constitución de la República, que expresamente manda: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca el delincuente o procesado”; encontramos la correspondencia de tal texto normativo, sin variaciones sustantivas, con la generalidad de Constituciones hondureños en el periodo moderno; manteniéndose en la dogmática constitucional hondureña, al menos desde la Constitución de 1894, cuyo artículo 50 prescribía: “Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”. Cabe mencionar que idéntica redacción sostenía la Constitución abrogatoria, como fue la de 1906; la cual sistematizó tal regla garante de la metodología jurídica, trasladándola nada más al artículo 44 del título “Derechos y garantías”, siempre con el mismo contenido garante.[7] CONSIDERANDO (12): Que aunado a lo anterior, se significa, que las reglas del orden administrativo concernientes al control del sistema financiero, deberán aplicarse siempre en apego al principio derecho al debido proceso y demás garantías plasmadas en nuestra Constitución. Lo anterior incumbe a su realización y acatamiento a través del conjunto de garantías, formalidades y derechos que asiste al gobernado, tanto en procesos disciplinarios, laborales, gubernativos o análogos sustanciados ante la Administración Pública, en aras de obtener pronta y cumplida justicia; teniendo, en consecuencia, el administrado el derecho a ser oído en la sustanciación de cualquier proceso para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro orden; a proponer e instar la evacuación de pruebas ante Juez o autoridad competente, en un plazo razonable; así como también a formular argumentos y alegaciones que tuviere a bien, e interponer cuantos recursos estime oponibles, de conformidad a ley; siendo franqueada en ley al recurrente, en el caso bajo juzgamiento constitucional, la promoción del presente recurso de amparo.[8] CONSIDERANDO (13): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. Se refuerza así el objetivo y finalidad de tal norma adjetiva, como es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando la obligación de velar por el cumplimiento y realización de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República;[9] desde la cual irradian su efecto útil tanto a la sociedad como al Estado y, particularmente, a las persona humana, como centro axial de la sociedad y el Estado, tal lo establecido en el artículo 59 reformado de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (14): Que ha señalado el amparista, que no procede en derecho pretender aplicar legalidad administrativa sancionatoria en forma retroactiva; vulnerándose, en tal concepto, el principio de no retroactividad de la ley, el cual tiene única salvedad en materia penal, cuando favorezca al reo; según prescribe el artículo 96 de la Constitución de la República, en su relación conjunta a los artículos 1, 80, 82, 90, 127 y 321, siempre de la Norma Fundamental de la República y lo estipulado en el artículo 7 del Código Civil y 7 de la Ley General de la Administración Pública; lo cual se desprende efectivamente del informe rendido oficialmente por la Autoridad concernida, corroborándose precisamente la valoración jurídica denunciada vía recurso de amparo; en tanto y en cuanto se pretende hacer surtir efecto retroactivo a normas jurídicas sobrevenidas respecto a los hechos investigados, si bien enmarcadas dentro de la competencia de esa alta entidad supervisora y contralora del Sistema Financiero Nacional, como es la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS). CONSIDERANDO (15): Que considera la Sala de lo Constitucional, de lo anteriormente expresado, que la resolución que ha sido objeto de estudio en sede de justicia constitucional, no se ajusta a las normas jurídicas constitucionales relativas al ámbito temporal de vigencia de las leyes, específicamente en lo concerniente a la aplicación de derecho administrativo sancionador en forma retroactiva a su entrada en vigencia, es decir, con anterioridad a las normas de promulgación de las leyes que rigen lo concerniente a su obligatoriedad legal;[10] lo cual se entiende en correlación al estándar constitucional de debido proceso, pues va en detrimento de tal garantía, que asiste a la generalidad de las personas, en todo lo que concierne a: “… la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; [11] correspondiendo pues, con base a lo anteriormente mencionado, la estimatoria de la censura efectuada por el garantista ante la resolución reclamada, según emitida por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha tres (03) de abril de dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO (16): Que lo anteriormente considerado tiene sin duda proyección y alcance constitucional en la medida que forma parte esencial del derecho al debido proceso la no aplicación retroactiva de leyes en el Estado de Honduras, con la específica salvedad que la Ley establece y con especial atención a las sanciones patrimoniales derivadas a la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., ex post facto. Así las cosas y siendo que del informe rendido oficialmente por la Autoridad concernida, se desprende la corroboración precisa de la valoración jurídica retroactiva denunciada, procede turnar nuevamente el caso a la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), a efecto se sirva emitir, con salvaguardia a los aspectos preventivos y correctivos establecidos en el informe de mérito; una nueva resolución administrativa, la cual deberá fundamentarse y motivarse en derecho vigente, al momento de haberse producido la auditoria, en observancia del derecho a la legalidad sancionadora, el cual establece, en aras de la seguridad jurídica, que toda pena o sanción, inclusive de carácter administrativo, tiene que fundamentarse en lex scripta, lex praevia y lex certa.[12] - Por todo lo cual y para el único efecto se resuelva acorde los estándares constitucionales anteriormente especificados, se procede el otorgamiento del presente amparo. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 96, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 9, 41 Nº1, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGAR la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., contra las resoluciones No. 243/03-04-2017 y 686/28-08-2017 emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en fecha tres (03) de abril y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (2017), respectivamente. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales que han quedado taxativamente expresados. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018), certificación de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número 0658-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

LMPL

[1] Ver: página 26, 4º párrafo del “Informe…” en referencia.

[2] Ibídem, 5º y 6º párrafos.

[3] Ver: página 27, 3º párrafo del “Informe…” en referencia.

[4] “Pero los efectos del Lüth-Urteil van más lejos. Una vez que los derechos fundamentales son no solamente derechos subjetivos de defensa frente al Estado, sino también principios objetivos a los que ha de sujetarse el Ordenamiento jurídico, tienen para el Estado asimismo consecuencias impulsoras a su acción: fundan obligaciones estatales de protección dondequiera la libertad jurídico-fundamentalmente garantizada se vea amenazada por terceros o no sea ejercible sin asistencia estatal”. GRIMM, D. Constitucionalismo y derechos fundamentales (Estudio preliminar de Antonio López Pina). Madrid: Editorial Trotta, 2006, p. 12.

[5] BENDA, et al. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 90. Citado por: CASTAÑEDA OTSU, S., en: Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: Origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú. Lima: Alternativas, p. 31.

[6] Ibídem, p. 32.

[7] Vid. MARIÑAS OTERO, L. Las Constituciones de Honduras. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1962, pp. 233 y 265-267.

[8] Ver artículo 114 de la Ley del Sistema Financiero.

[9] En este sentido: BARROSO, L. El Neoconstitucionalismo y la Constitucionalización del Derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, pp. 10 y ss.

[10] “Entre nosotros, siempre se entenderá promulgada una ley cuando se inserte en el periódico oficial con el “Por tanto: ejecútese” del Poder Ejecutivo, por lo cual a nada conduciría entrar a disquisiciones acerca del concepto exacto de la palabra promulgación”, como establecía el publicista Presentación QUESADA, en: Comentarios al Código Civil Hondureño. Tegucigalpa: López y CIA., 1967, p. 39.

[11] Ver el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

[12] En este sentido: RODRÍGUEZ RUIZ, B. Los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Valencia: Tirant lo blanch, 2016, pp. 709 y ss. - El énfasis es añadido.